Guadalupe Virginia Eziquio León

Expediente 612/2014 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
612/2014
Año
2014
Actuaciones
6
Última actuación
31/08/2015

Partes del expediente

  • Guadalupe Virginia Eziquio León
  • Víctoria Delfina Francisca
  • GUADALUPE VIRGINIA EZIQUIO LEÓN y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación, se advierte que el término de quince días que concede la ley a las partes, a fin de que se inconformaran respecto al proveído de veintinueve de mayo del presente año, ha transcurrido. se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. envíese al archivo.

  2. Principal

    Agréguese el oficio enviado por el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio de veintinueve de mayo de dos mil quince, mediante el cual se le notificó el auto por el cual se declaró cumplida la ejecutoria de amparo...

  3. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa y terceros interesados en proveído de doce de mayo del presente año (foja 199), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado; sin que hubiesen hecho manifestación alguna. Por consiguiente, dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se analiza si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Lo anterior, con base en la jurisprudencia 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia definitiva dictada el veintisiete de febrero de dos mil quince (fojas 148 a 161), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, con los siguientes efectos: "En estas condiciones, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a las quejosas Guadalupe Virginia Eziquio León y Victoria Delfina Francisca, en contra de la resolución de nueve de mayo de dos mil catorce, emitida en los autos del recurso de queja número 03/2014, por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, por medio del cual declaró improcedente el recurso de queja interpuesto por el defensor particular de las procesadas, en contra del Juez Octavo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Tabares, en la causa penal 23-1/2013, por la comisión del delito de lesiones en agravio de Marcela Martínez Luckie, para los efectos siguientes: 1. Deberá dejar insubsistente el acto reclamado de nueve de mayo de dos mil catorce, dictado dentro del recurso de queja número 03/2014, de su índice. 2. Pronunciar un nuevo auto, en el cual siguiendo los lineamientos de la presente resolución, exprese si existe motivo manifiesto de improcedencia del recurso de queja interpuesto. 3. De no admitir alguna causa de improcedencia del recurso, deberá analizar los agravios del recurrente y resolver de manera congruente, así como debidamente fundada y motivada, lo que en derecho resulte procedente". Mediante proveído de seis de abril del corriente año (fojas 171 a 174), causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Ahora bien, como un esbozo sobre los efectos restitutorios de una sentencia protectora, es pertinente dejar apuntado que el efecto jurídico de toda sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, conforme a lo preceptuado por el artículo 77 de la Ley de Amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven cuando el acto sea de carácter positivo, en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, y para su procedencia es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. En efecto, el artículo 77 de la Ley de Amparo, prevé dos hipótesis con relación a la finalidad de la sentencia que concede la protección de la justicia federal: si el acto reclamado es de carácter positivo, esto es, cuando la autoridad responsable actúa afectando la esfera jurídica del particular, el efecto de la sentencia que le otorga el amparo en contra de dicha actuación, estribará en la restitución al quejoso del pleno goce de la garantía individual violada, restableciéndose las cosas al estado que guardan antes de la violación. Una segunda hipótesis se actualiza cuando el acto reclamado es de carácter negativo: en estos casos, el objeto de la sentencia que concede el amparo consistirá en constreñir a la autoridad responsable a que acate lo ordenado por la garantía constitucional de que se trate. Tal supuesto acontece cuando la autoridad responsable rehúsa otorgar a un particular algún beneficio previsto por la ley. Bajo ese orden de ideas, debe precisarse que en el caso que nos ocupa, se está en presencia de actos de carácter negativo, puesto que la ejecución de la sentencia de amparo se constriñe en que el Juez responsable, obre en el sentido de respetar el principio de congruencia y seguridad jurídica, y éste se colma con obedecer lo que se ordena en forma obligada, pues dicho supuesto encuadra en la hipótesis normativa contemplada en la segunda parte del artículo 77 de la Ley de Amparo. En ese contexto, previo a determinar el alcance de la ejecutoria dictada en este juicio de garantías es importante señalar que de las actuaciones judiciales que forman el presente asunto, se advierte que en la sentencia concesora del amparo, se especificó que de los artículos 147 a 153 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, no se advertía que la modificación de la autorización para comparecer a firmar el libro de procesados en libertad bajo caución, pudiera decretarse sobre la base de que sea más importante el juzgamiento de las partes, pues esa modificación debe tomarse como una facultad discrecional por parte de la autoridad judicial que tiene para dar celeridad y garantía a las partes para la administración de justicia; sin embargo, cuando esa facultad se traduce a favor de los implicados para comparecer cada quince días a firmar el libro de control de procesados en libertad, es obligación fundar y motivar bajo un margen de racionalidad, la existencia de causas justificadas que ameriten su modificación e incluso, su revocación, lo que no acontece en el caso a estudio en virtud de que el motivo por el cual se dio dicha modificación atendió a que el Juez de origen estimó que era necesario para el juzgamiento de las partes en los términos de ley, que comparecieran a firmar el libro de control cada semana, a efecto de notificarles las resoluciones dictadas en el juicio en términos del artículo 37 del Código de Procedimientos Penales, lo que no se estimó jurídico, por no ser un motivo suficiente para proceder en la forma en que hizo, pues para proceder a modificar o revocar el beneficio de una libertad en perjuicio de quien venía gozando de ella dentro de un proceso penal, es necesario que el motivo que dé lugar a ello, se encuentre debidamente justificado en el actuar de las procesadas, y no en la facilidad de las notificaciones, pues es obligación de la autoridad jurisdiccional notificar las determinaciones que dicte en los términos previstos legalmente. Por lo tanto, del artículo 152 del ordenamiento legal invocado, prevé las causas de revocación del beneficio de la libertad provisional bajo caución en sus ocho fracciones, sin que en alguna de ellas se establezca que la revocación de esa medida proceda porque sea fundamental el juzgamiento de los procesados en los términos establecidos en la ley. En ese orden de ideas, en cumplimiento al fallo protector, el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por oficio 132/2015-II (foja 181), informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para lo cual, remitió copia certificada de la resolución de once de mayo del corriente año, dictada en el recurso de queja 3/2014, relativa a la causa penal 23/2013-I, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa resolución de nueve de mayo de dos mil catorce, y en su lugar, determinó procedente el recurso de queja interpuesto por Victoria Delfina Francisca y Guadalupe Virginia Eziquio León, en contra del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, por lo que dejó firme el auto de once de junio de dos mil trece, en que se autorizó a las procesadas a firmar el libro de control de procesados que se encuentran bajo caución, cada quince días, con el respectivo apercibimiento de ley que en el mismo se señala, precisando además, hacer una llamada de atención al referido juez de primera instancia, para que en lo subsecuente se conduzca con más cuidado en sus funciones. En ese orden de ideas, la autoridad responsable argumenta que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y analizados los hechos y agravios expuestos en la queja de mérito, no es jurídico considerar que las procesadas Victoria Delfina Francisca y Guadalupe Virginia Eziquio León, para poder conocer las determinaciones que se dicten dentro de los plazos previstos por la ley, sea modificando la autorización que les había concedido por auto de once de junio de dos mil trece, de firmar el libro de control de procesados en libertad bajo caución, cada quince días, en donde se ponderó sus condiciones económicas y laborales, circunstancias que no han cambiado. En ese contexto, si bien es cierto que los quince días concedidos a las encausadas para firmar en el libro de control de procesados que se encuentran en libertad bajo caución, en cualquier momento se pueden modificar según el caso y cuando cambien las circunstancias que fueron tomadas en cuenta para ese efecto, en el auto de once de junio de dos mil trece, como no han dado motivo sobre alguna causa justificada que amerite la modificación del beneficio concedido, para no seguir compareciendo cada quince días a firmar el referido libro de control, de las que se refieren los artículos 150 y 152 del Código de Procedimientos Penales, sino que lo han estado cumpliendo, pues no existe prueba en contrario, además dichas disposiciones no establecen que proceda su modificación porque sea fundamental su juzgamiento en los términos establecidos en el diverso 37 de dicha codificación, ya que la notificación a las partes, respecto a las determinaciones del a quo, es obligación de éste de velar a que se cumplan oportunamente como lo marca la ley de la materia, de ahí que arribó a la conclusión de dejar firme el referido auto de once de junio de dos mil trece, al igual el respectivo apercibimiento de ley que en él se señala. Por lo anterior, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por otra parte, debe precisarse que, existe defecto de ejecución cuando la autoridad responsable no se ciñe estrictamente a los términos de la ejecutoria de amparo, es decir, cuando su actuación es parcial o incompleta, en la medida que no obedece de manera cabal lo mandado; en contrapartida, hay exceso en la ejecución cuando va más allá de lo ordenado. Ahora bien, en el presente asunto, no se advierte que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, puesto que, como ya se indicó, la protección constitucional se concedió para el efecto de que la Sala responsable, dejara insubsistente el acto reclamado de nueve de mayo de dos mil catorce, dictado dentro del recurso de queja número 03/2014, de su índice, y Pronunciar un nuevo auto, en el cual siguiendo los lineamientos de la sentencia definitiva concesora del amparo, expresara si existe motivo manifiesto de improcedencia del recurso de queja interpuesto, y de no admitir alguna causa de improcedencia del recurso, analizara los agravios del recurrente y resolver de manera congruente, así como debidamente fundada y motivada, lo que en derecho resulte procedente. En ese contexto, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que siguió los lineamientos dados en la sentencia de amparo, como se destacó a lo largo de esta resolución. Por consiguiente, se concluye que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía legal violada, al dar cumplimiento al fallo protector la autoridad responsable ciñéndose a los efectos precisados; de ahí que, no existe defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Tampoco se advierte, imposibilidad jurídica para cumplirla, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a las partes.-- EN CUMPLIMIENTO al proveído de nueve de marzo en cuso, que obra a fojas ciento sesenta y ocho de autos, NOTIFICO a las quejosas, GUADALUPE VIRGINIA EZIQUIO LEÓN Y VICTORIA DELFINA FRANCISCA, el diverso que antecede, mediante LISTA que se publica en los ESTRADOS del Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente...

  4. Principal

    NOTIFICO A LA TERCERA INTERESADA MARCELA MARTÍNEZ LUCKIE, EL PROVEÍDO DE DOCE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · 9,409 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano