Guadalupe Velez Almazán
Expediente 896/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 896/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Guadalupe Velez Almazán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución que sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria. Asimismo, remítase a las autoridad responsable, copia autorizada de la sentencia de amparo dictada en el presente juicio para los efectos legales conducentes. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la citada ley archívese el mismo. Por otra parte, de las constancias de autos se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio, sin que se advierta del mismo, documento alguno en original exhibido por las partes; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuestos II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser destruido.
- Principal
Primero. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido ..... contra los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas en el resultando primero de este fallo, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la misma. Segundo. Queda hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y que solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta de los que se advierte que se encuentra programada para el día de la fecha la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que aún está transcurriendo el plazo con el que cuentan las autoridades responsables Juez Segundo y Secretaria Actuaria ambos adscritos al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad, residente en esta ciudad, para que remitan las constancias que le fueron requeridas en auto de veinticuatro del presente mes y año. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional de mérito se difiere para las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo. Por último, visto el escrito signado por **********, autorizado de la quejosa **********, téngasele desahogada la vista dada en proveído de once de septiembre del año en curso, y con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, por hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, sin perjuicio de que sean tomadas en consideración en la etapa procesal oportuna.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que de las constancias remitidas con los informes justificados, rendidos por las autoridades responsables Juez Segundo y Secretaria Actuaria ambos adscritos al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad, no obran las razones actuariales en las cuales la referida Secretaria Actuaria, haya hecho constar que se constituyó en los domicilios de los demandados *********, y que no le fue posible realizar el emplazamiento a juicio a estos. Por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Segundo y Secretaria Actuaria ambos adscritos al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, siguientes al en que reciban el oficio de notificación del presente proveído, remitan copias certificadas de las documentales señaladas en párrafo que precede, toda vez que resultan necesarias para el estudio del asunto, en virtud que la actuaría en comento refirió en su informe justificado (foja 17), que no le fue posible realizar el emplazamiento en comento. Tiene aplicación al caso concreto la tesis P./J. 17/97, visible a página 108, Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, que es del rubro siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues a aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo señalado, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos del artículos 237, fracción I, en relación con el 260, fracción IV, de la Ley de Amparo y del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas las diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.
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