GUADALUPE VASQUEZ REYES y Otros.

Expediente 1092/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1092/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
13/12/2019

Partes del expediente

  • GUADALUPE VASQUEZ REYES y Otros.
  • IRENE ROBLES LOPEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV-B "...Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1092/2019. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 3 a 7), en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, recibido en esa fecha por razón de turno, en este Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en el Estado de Oaxaca, ..., a través de su apoderado legal ... solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. Autoridad responsable, actos reclamados y derechos humanos que se estiman vulnerados. La parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de quien reclamó: ".V.- ACTO Y OMISIÓN QUE SE RECLAMA. La omisión de resolver el recurso de revisión de actos del Presidente Ejecutor dentro del expediente laboral número 731/2009 (4) bis, que se tramita ante la Autoridad responsable Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado." Actos que estimaron vulneran sus derechos humanos contenidos en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión a trámite de la demanda. En acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 9 a 12), este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, bajo el registro 1092/2019; ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete y solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable. Finalmente, seguido que fue el procedimiento, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Amparo en vigor, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la falta de resolución del recurso de revisión interpuesto ante la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho dentro del expediente laboral 731/2009 (4) bis. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado (foja 17), al rendir su informe justificado, negó el acto reclamado, pues argumentó que el veintisiete de noviembre del año en curso dictó la resolución relativa al recurso de revisión interpuesto por la actora -aquí quejosa- (fojas 18 a 21) en el expediente laboral 731/2009 (4) bis, y de la cual fue notificada el seis de diciembre de esta anualidad (fojas 21 a 22). Sin embargo, dicha negativa debe desvirtuarse porque antes de la presentación de la demanda de amparo, la responsable no había dictado resolución en el recurso de revisión interpuesto ante su potestad, desde el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, cuando se llevó a cabo el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos. Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas al efecto (foja 18 a 23), las cuales tienen pleno valor probatorio en su calidad de documental pública de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado. CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Previo al análisis del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en principio se analizan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia ochocientos catorce, visible en la página quinientos cincuenta y tres, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así, respecto a la falta de resolución del recurso de revisión interpuesto ante la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho dentro del expediente laboral 731/2009 (4) bis, no se estudiarán los conceptos de violación expresados por la parte agraviada, toda vez que en la especie se surte la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme al cual el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, conforme a las constancias de autos se advierte que el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, el apoderado de la parte actora -aquí quejosa- promovió recurso de revisión contra el acuerdo de quince de agosto de ese año, en el que se negó dictar el auto de requerimiento y embargo contra el Instituto de Educación Pública de Oaxaca. Así el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se celebró el desahogo de la audiencia en el incidente de revisión de actos de ejecución, donde la junta responsable se reservó el derecho para calificar las pruebas ofrecidas por las partes y dictar resolución. Posteriormente en acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 18 a 21) procedió a calificar las pruebas ofrecidas por las partes y resolvió el recurso de revisión de actos de ejecución promovido por la parte quejosa, confirmando la resolución recurrida, de cuya noticia hizo del conocimiento a Gabriel Fuentes Cruz, el seis de diciembre del año en curso, según se advierte de la constancia de notificación remitida (fojas 21 a 22). Por tal motivo, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, ya que se atendió al núcleo esencial de lo solicitado por la parte quejosa, y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación Constitucional anotada. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página treinta y ocho, tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, materia común, Novena Época, registro 193758, que a continuación se cita: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así como la tesis aislada P. CL/97 del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a página setenta y uno, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, materia común, Novena Época, registro 197367, que enseguida se transcribe: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la citada fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el juicio respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la propia ley de la materia. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por la parte promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia mil veintiocho, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página setecientos ocho, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente QUINTO. Transparencia Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. SEXTO. Captura de la sentencia en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Captúrese la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en vigor a partir del día siguiente y agréguese a los autos la constancia respectiva. Por lo expuesto y fundado; se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ..., por conducto de su apoderado legal ..., en términos del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a los dos últimos considerandos de esta determinación, en los términos ahí precisados. Notifíquese y regístrese.

  2. Principal

    MESA IV B "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; doce de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Dése vista a las partes con el referido informe y anexo por el término genérico de ocho días. Por otra parte, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas las documentales que remite en apoyo a su informe justificado, las que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    MESA V B "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito de cuenta, firmado por el quejoso .... en atención a su contenido, se le tiene revocando domicilio y autorizados señalados en el expediente y designado nuevos para tales efectos. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el Ayuntamiento del Municipio de Santo Tomas Tamazulapan, Miahuatlan, Oaxaca, no ha informado las medidas que se encuentra realizando para pagar el laudo emitido en el juicio laboral 326/2009 del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Síndico Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Santo Tomas Tamazulapan, Miahuatlan, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias que demuestren el cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo emitida en estos autos, o bien, informe las providencias decretadas para ello. Se apercibe a la autoridad antes citada, que de no cumplir con lo indicado o de no justificar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización Vigente, de conformidad con el artículo 260 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

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