GUADALUPE VÁSQUEZ CHINCOYA y Otros.

Expediente 1086/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1086/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
23/12/2022

Partes del expediente

  • GUADALUPE VÁSQUEZ CHINCOYA y Otros.
  • Guadalupe Vásquez Chincoya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el treinta de noviembre de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en los artículos 1, 14, 15 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecisiete de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, en vigor el veintiséis de marzo de la misma anualidad, archívese el presente asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este juzgado durante tres años, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del expediente y remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Anotaciones en la carátula y libro de gobierno Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el informe justificado que rinde la Jefa de Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, en representación de las autoridades responsables Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene y Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación Estatal Oaxaca -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía correo electrónico oficial-. Pruebas En ese orden, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite como prueba de las citadas autoridades responsables, la copia certificada de las siguientes documentales: 1.- Oficio **********.....**, de veinticuatro de noviembre del año en curso, mediante el cual esta representación dio respuesta a lo solicitado por el actor y sus anexos. 2.- Oficio ****....*, de veinticinco de octubre de dos mil veintidós. 3.- Oficio ********************, de veintiocho de noviembre del presenten año. Así como, la copia simple de la cédula de notificación del oficio **..*, de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Domicilio y delegados En otro orden, con apoyo en el numeral 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados de las autoridades responsables, a las personas que menciona, y de conformidad con lo en el numeral 28, fracción I, de dicho ordenamiento legal, por señalado como domicilio para recibir notificaciones el que indican, por corresponder a su residencia oficial. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, de la lectura integra de la demanda de amparo origen del presente juicio, se desprende que la parte quejosa reclamó de las mencionadas autoridades, la omisión de dar contestación a su escrito presentado en la Oficialía de Partes de la Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el veintiocho de junio de dos mil veintidós, en el que solicita se le dé a conocer y notifique la resolución administrativa que dé cumplimiento a la sentencia definitiva y firme dictada en el expediente *******.....*del índice de la Sala Regional del Sureste. En ese tenor, la Jefa de Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, en representación de las autoridades responsables Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene y Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación Estatal Oaxaca, en el informe de cuenta, negó la existencia del acto reclamado, pues aduce que el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, mediante oficio *****.....*, y anexos, atendió la omisión de la que se duele la parte quejosa; no obstante lo anterior, también se aprecia que, fue hasta el veintiocho de noviembre siguiente -fecha posterior a la presentación de la demanda- en la que se notificó, mediante cédula de notificación, dicha respuesta a la impetrante, por conducto de su autorizado, en el domicilio señalado para tal efecto. Para lo cual las autoridades responsables anexaron a su informe justificado, copia certificada del oficio ******.......*, de veinticuatro de noviembre del año en curso, y anexos al mismo, -oficio *****..*, de veinticinco de octubre de dos mil veintidós y oficio ********************, de veintiocho de noviembre del presenten año- deducidos de los archivos de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mismos que en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, por ser documentales públicas, se les confiere valor probatorio pleno. Por lo anterior, en el caso, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado cesó en sus efectos, como se verá a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (...)." La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera emergido. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de derechos fundamentales desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del impetrante, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de aquélla es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Con esas bases, toda vez que las autoridades responsables mediante oficio *****.......*, de veinticuatro de noviembre del año en curso, y anexos, otorgaron respuesta a las peticiones de la parte quejosa contenidas en su escrito presentado el veintiocho de junio del año en curso, como se advierte a continuación: Así también, del oficio ******************** de fecha veintiocho de octubre del presente año, que la autoridad responsable adjuntó a la contestación antes citada, se advierte que en atención a la petición de la quejosa formulada en su escrito de veintiocho de junio del año en curso, el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del ISSSTE, emitió respuesta en los siguientes términos: "Esta Subdelegación de Prestaciones se encuentra en proceso de análisis para posteriormente otorgar la resolución correspondiente y así otorgar el cumplimiento a la sentencia de mérito. En tales términos, es fehaciente que esta Subdelegación de Prestaciones se encuentra realizando todos los actos administrativos que correspondan para dar cabal cumplimiento a la sentencia que nos ocupa". Bajo este contexto, si la parte quejosa se duele de la omisión de dar contestación a la petición formulada mediante escrito presentado el veintiocho de junio del año en curso, es claro que se está en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos del acto que motivó el amparo, respuesta que, como ya se precisó en líneas que anteceden, le fue notificada a la parte quejosa mediante cédula el veintiocho de noviembre del año en curso, por conducto de su autorizado, en el domicilio señalado para tal efecto; y con ello se deja a la parte quejosa en el estado en el que se encontraba antes de la omisión combatida, de ahí que se le restituya en el goce del derecho fundamental vulnerado. En el anterior contexto, la omisión reclamada ya no se materializa en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues el veintiocho de noviembre del año en curso, la responsable dejó de incurrir en la omisión reclamada, lo que aconteció con posterioridad al diecinueve de septiembre del presente año, en que se presentó la demanda de amparo, por lo que, se insiste, cesaron los efectos de la acto combatido. Aplica al caso concreto, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, página 38, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así, queda acreditado en autos que la omisión reclamada por la parte quejosa ha cesado en forma incondicional y absoluta; esto, sin que haya lugar a dar vista a la peticionaria para que, en su caso, amplíe la demanda de amparo contra la citada respuesta, dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado en criterio obligatorio que si bien procede el juicio de amparo contra omisiones en que incurran los órganos de seguridad social ante la petición hecha por uno de sus derechohabientes, no sucede lo mismo con la respuesta dada, pues en ese caso debe agotarse la vía ordinaria que establezca la ley correspondiente, al no existir supra subordinación entre asegurado y asegurador. Sirve de apoyo por analogía a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 93/2018 (10a.), registro digital: 2017817, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 1021, que dice: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN. El juicio de amparo procede cuando se pone en evidencia que el funcionario o empleado público obligado a contestar una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responderla, pues esto supone una violación al derecho relativo reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, si el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un ente público y está facultado para emitir actos por medio de los cuales resuelve sobre el destino de los recursos a su cargo y el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuando se le atribuya la omisión de responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, procede el juicio de amparo indirecto para garantizar la protección efectiva del derecho indicado, con la finalidad de que el funcionario o empleado público del Instituto emita una respuesta, en el entendido de que respecto de ésta no procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto, cuando el tema involucrado se refiera a las facultades ejercidas por el Instituto en su carácter de administrador de fondos, sino que una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, el quejoso debe estarse a lo establecido en los artículos 52 y 53 de la ley mencionada." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 898, libro 31, junio de 2016, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época , con número de registro 2011948 , de rubro y texto siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." En este orden de ideas, al quedar de manifiesto que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho humano que estimaba vulnerado, de manera total e incondicional como si se le hubiere otorgado el amparo, por tanto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, Novena Época, con número de registro 184572, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por consecuencia, queda sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    POR LISTA: MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el informe justificado que rinde la Jefa de Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, en representación de las autoridades responsables Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene y Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación Estatal Oaxaca -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía correo electrónico oficial-. Pruebas En ese orden, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite como prueba de las citadas autoridades responsables, la copia certificada de las siguientes documentales: 1.- Oficio **********.....**, de veinticuatro de noviembre del año en curso, mediante el cual esta representación dio respuesta a lo solicitado por el actor y sus anexos. 2.- Oficio ****....*, de veinticinco de octubre de dos mil veintidós. 3.- Oficio ********************, de veintiocho de noviembre del presenten año. Así como, la copia simple de la cédula de notificación del oficio **..*, de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Domicilio y delegados En otro orden, con apoyo en el numeral 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados de las autoridades responsables, a las personas que menciona, y de conformidad con lo en el numeral 28, fracción I, de dicho ordenamiento legal, por señalado como domicilio para recibir notificaciones el que indican, por corresponder a su residencia oficial. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, de la lectura integra de la demanda de amparo origen del presente juicio, se desprende que la parte quejosa reclamó de las mencionadas autoridades, la omisión de dar contestación a su escrito presentado en la Oficialía de Partes de la Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el veintiocho de junio de dos mil veintidós, en el que solicita se le dé a conocer y notifique la resolución administrativa que dé cumplimiento a la sentencia definitiva y firme dictada en el expediente *******.....*del índice de la Sala Regional del Sureste. En ese tenor, la Jefa de Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, en representación de las autoridades responsables Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene y Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación Estatal Oaxaca, en el informe de cuenta, negó la existencia del acto reclamado, pues aduce que el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, mediante oficio *****.....*, y anexos, atendió la omisión de la que se duele la parte quejosa; no obstante lo anterior, también se aprecia que, fue hasta el veintiocho de noviembre siguiente -fecha posterior a la presentación de la demanda- en la que se notificó, mediante cédula de notificación, dicha respuesta a la impetrante, por conducto de su autorizado, en el domicilio señalado para tal efecto. Para lo cual las autoridades responsables anexaron a su informe justificado, copia certificada del oficio ******.......*, de veinticuatro de noviembre del año en curso, y anexos al mismo, -oficio *****..*, de veinticinco de octubre de dos mil veintidós y oficio ********************, de veintiocho de noviembre del presenten año- deducidos de los archivos de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mismos que en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, por ser documentales públicas, se les confiere valor probatorio pleno. Por lo anterior, en el caso, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado cesó en sus efectos, como se verá a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (...)." La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera emergido. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de derechos fundamentales desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del impetrante, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de aquélla es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Con esas bases, toda vez que las autoridades responsables mediante oficio *****.......*, de veinticuatro de noviembre del año en curso, y anexos, otorgaron respuesta a las peticiones de la parte quejosa contenidas en su escrito presentado el veintiocho de junio del año en curso, como se advierte a continuación: Así también, del oficio ******************** de fecha veintiocho de octubre del presente año, que la autoridad responsable adjuntó a la contestación antes citada, se advierte que en atención a la petición de la quejosa formulada en su escrito de veintiocho de junio del año en curso, el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del ISSSTE, emitió respuesta en los siguientes términos: "Esta Subdelegación de Prestaciones se encuentra en proceso de análisis para posteriormente otorgar la resolución correspondiente y así otorgar el cumplimiento a la sentencia de mérito. En tales términos, es fehaciente que esta Subdelegación de Prestaciones se encuentra realizando todos los actos administrativos que correspondan para dar cabal cumplimiento a la sentencia que nos ocupa". Bajo este contexto, si la parte quejosa se duele de la omisión de dar contestación a la petición formulada mediante escrito presentado el veintiocho de junio del año en curso, es claro que se está en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos del acto que motivó el amparo, respuesta que, como ya se precisó en líneas que anteceden, le fue notificada a la parte quejosa mediante cédula el veintiocho de noviembre del año en curso, por conducto de su autorizado, en el domicilio señalado para tal efecto; y con ello se deja a la parte quejosa en el estado en el que se encontraba antes de la omisión combatida, de ahí que se le restituya en el goce del derecho fundamental vulnerado. En el anterior contexto, la omisión reclamada ya no se materializa en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues el veintiocho de noviembre del año en curso, la responsable dejó de incurrir en la omisión reclamada, lo que aconteció con posterioridad al diecinueve de septiembre del presente año, en que se presentó la demanda de amparo, por lo que, se insiste, cesaron los efectos de la acto combatido. Aplica al caso concreto, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, página 38, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así, queda acreditado en autos que la omisión reclamada por la parte quejosa ha cesado en forma incondicional y absoluta; esto, sin que haya lugar a dar vista a la peticionaria para que, en su caso, amplíe la demanda de amparo contra la citada respuesta, dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado en criterio obligatorio que si bien procede el juicio de amparo contra omisiones en que incurran los órganos de seguridad social ante la petición hecha por uno de sus derechohabientes, no sucede lo mismo con la respuesta dada, pues en ese caso debe agotarse la vía ordinaria que establezca la ley correspondiente, al no existir supra subordinación entre asegurado y asegurador. Sirve de apoyo por analogía a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 93/2018 (10a.), registro digital: 2017817, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 1021, que dice: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN. El juicio de amparo procede cuando se pone en evidencia que el funcionario o empleado público obligado a contestar una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responderla, pues esto supone una violación al derecho relativo reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, si el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un ente público y está facultado para emitir actos por medio de los cuales resuelve sobre el destino de los recursos a su cargo y el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuando se le atribuya la omisión de responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, procede el juicio de amparo indirecto para garantizar la protección efectiva del derecho indicado, con la finalidad de que el funcionario o empleado público del Instituto emita una respuesta, en el entendido de que respecto de ésta no procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto, cuando el tema involucrado se refiera a las facultades ejercidas por el Instituto en su carácter de administrador de fondos, sino que una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, el quejoso debe estarse a lo establecido en los artículos 52 y 53 de la ley mencionada." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 898, libro 31, junio de 2016, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época , con número de registro 2011948 , de rubro y texto siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." En este orden de ideas, al quedar de manifiesto que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho humano que estimaba vulnerado, de manera total e incondicional como si se le hubiere otorgado el amparo, por tanto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, Novena Época, con número de registro 184572, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por consecuencia, queda sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintidós. De los autos y el cómputo secretarial que antecede, se advierte, por una parte, que está señalada para hoy la audiencia constitucional y, por otro lado, que se encuentra transcurriendo el plazo de diez días, que se concedió a las autoridades responsables señaladas como Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene y Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación Estatal Oaxaca, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por conducto de la Representante Legal de ese Instituto, en auto de nueve de noviembre del año en curso, -con motivo de la prórroga concedida-, para que rindan su informe justificado. Con motivo de lo anterior, no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para hoy, misma que se difiere para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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