Guadalupe Valenzuela Valenzuela
Expediente 366/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 366/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 23/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Guadalupe Valenzuela Valenzuela
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense a los autos el escrito de cuenta suscrito por la licenciada Blanca María de Jesús León López, autorizada legal de la parte tercero interesada, mediante el cual solicita copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, de conformidad con los numerales 278 y 279 del Código citado aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, expídase las copias solicitadas por la promovente, y entréguesele a cualquiera de los autorizados, previo recibo que se deje en autos.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se desprende que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en la Ley de Amparo para que las partes en este juicio constitucional interpusieran el recurso de revisión contra la resolución de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que en autos no se encuentre agregada la totalidad de los acuses de recibo de las autoridades responsables que radican fuera de esta ciudad, con los cuales se haga constar que fueron debidamente notificadas de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en virtud de que resulta innecesario, pues carecen de legitimación para en un momento dado, interponer el recurso de revisión, toda vez que la sentencia no les perjudica, pues el sobreseimiento del amparo decretado en el presente asunto sólo podría en su caso, agraviar a la parte quejosa, a quien ya le transcurrió el término para interponer el medio de impugnación correspondiente. Es aplicable la Jurisprudencia XX. J/74, visible en la página 84 del Tomo 83 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra la sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguna a la citada autoridad recurrente.". Pues bien, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como la fracción II, del numeral Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que, por resolución de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se sobreseyó el presente juicio de amparo. En ese contexto, regístrese en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del numeral noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto 1/2009. De igual modo, glósese a los autos el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración conforme a la fracción I, del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, motivo por el que deberá conservarse el auto en el cual se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo cual deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión, en forma separada, una vez transcurridos más de tres años de ordenado su archivo, donde se deberán resguardar y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes. En la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión respectivo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde con la fracción III, del apartado vigésimo, del Acuerdo General reseñado. Por otra parte, del análisis de este asunto se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este juzgado federal el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquellos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. Por último, en el entendido de que, una vez transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar donde se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda de amparo y del auto en el cual se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, que obra en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este juzgado.
- Principal
Único. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Guadalupe Valenzuela Valenzuela, contra actos del Presidente Municipal, Sindica Procuradora, Director General de Obras y Servicios Públicos, Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Síndico Municipal de la Sindicatura de San Miguel Zapotitlán y Comandante de la Policía Municipal adscrito a la Sindicatura de San Miguel Zapotitlán, todos del Municipio de Ahome, Sinaloa, por los motivos expuestos en el considerando segundo del presente fallo.
- Principal
Visto el escrito de cuenta suscrito por Concepción Valenzuela Velázquez, en su carácter de Gobernadora Tradicional del Centro Ceremonial Yoremes de San Miguel Zapotitlán, personalidad que acredita con la copia certificada de la acta de asamblea, mediante el cual se apersona al presente juicio de amparo como tercero interesado, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, designa autorizados, hace manifestaciones y ofrece pruebas documental, documentales en vía de informe y presuncional legal y humana; agréguese al presente juicio de garantías, para que surta sus efectos legales. Ahora bien, téngase al tercero por apersonado al presente Juicio de Amparo en que se actúa, con el carácter que se ostenta, y como domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado en calle Belisario Domínguez número 472-1, entre Lázaro Cárdenas e Ignacio Ramírez, de esta ciudad, y como autorizada a la licenciada Blanca María de Jesús León López. Ahora bien, con fundamento en el artículo 119 de la nueva Ley de Amparo, se tiene por ofrecida en tiempo y forma las pruebas documentales, sin perjuicio de hacer nuevamente relación de las mismas al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, en lo que respecta a las pruebas documentales en vía de informe, dígasele a la parte oferente que no ha lugar a proveer sobre las nombradas pruebas documentales en vía de informe, considerando que está en aptitud de solicitarla directamente y en caso de negarse la autoridad a cargo de la misma, para acordar de conformidad esa petición, este Juzgado Federal a solicitud de parte y con apoyo en el artículo 121 de la Ley de Amparo, podrá requerir a la omisa por esa información. "Artículo 121. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquellos les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que se le envíen directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días...". Asimismo, cobra aplicación el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la página 2683, del Tomo XXVI, Julio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y contenido siguientes: "PRUEBA "DOCUMENTAL VÍA INFORME" EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO PUEDE SOLICITARLA CON LA SIMPLE MANIFESTACIÓN DEL OFERENTE, SI CORRESPONDE A ÉSTE LA OBLIGACIÓN DE GESTIONAR Y REQUERIRLA DIRECTAMENTE A LA AUTORIDAD, Y SÓLO EN CASO DE NEGATIVA INTERVENIR PARA QUE SE LE EXPIDA. El artículo 152, párrafo primero, de la Ley de Amparo dispone que los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad las copias o documentos que las partes del juicio de garantías les soliciten para ofrecerlos como prueba en la audiencia constitucional y en caso de negativa serán requeridos por el Juez de Distrito. En esa tesitura, si en el juicio de garantías una de las partes ofrece como prueba la "documental vía informe" de determinada autoridad, al margen de su denominación, dicha probanza constituye una prueba documental al tener como objetivo obtener información, pues de qué otra manera tendría que rendirse por la autoridad a quien se le solicita para hacer constar su existencia o inexistencia y, en su caso, otorgar la copia que avale su contenido. Consecuentemente, el Juez de Distrito no puede solicitar a la autoridad el informe pretendido con la simple manifestación del oferente, ya que al juzgador no le corresponde procurar las pruebas de las partes, sino que a éstas les incumbe la obligación de gestionar y requerir directamente ante la autoridad la información respectiva y sólo en caso de negativa el juzgador de amparo puede intervenir para que se le otorgue en aras de respetar el espíritu del citado precepto. Finalmente, se da cuenta con el oficio suscrito por el Juez Menos Propietario, con residencia en San Miguel Zapotitlán, Ahome, Sinaloa, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho telegráfico número 436/2019, en el cual se le encomendó notificar y citar a los testigos Jacinto López Osorio y Otilio Valencia Valenzuela; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes, téngase por notificados a los citados testigos en términos de las diligencias de ocho de agosto del presente año, practicadas por el citado Juez.
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