Guadalupe Urdiana Cruz
Expediente 81/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 81/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Guadalupe Urdiana Cruz
Actuaciones
- Principal
PRAL 81/2021 MESA 3º San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. 1. Se agrega oficio. Agréguese para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio remitido electrónicamente, por la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, por el cual acusa recibo del oficio por el que se le remitió el original de este juicio de amparo, así como sus anexos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 81/2021 MESA 3º San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. 1. Se agrega oficio Agréguese para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio remitido electrónicamente, por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, por el cual comunica que a) aceptó la competencia declinada para conocer de ese expediente, mismo que registró con el juicio 85/2021, de ese órgano jurisdiccional y b) solicita la remisión del original de este juicio de amparo; así como los anexos respectivos. 2. Se remite original del juicio de amparo y formación de cuaderno de antecedentes. Tomando en consideración que en proveído de cuatro de febrero de dos mil veintiuno se reservó remitir físicamente este juicio de amparo al referido Juzgado, así como los anexos que remitió el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, hasta en tanto se aceptara la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, lo que ya aconteció. Por tanto, remítase, vía estafeta con un embalaje asegurado, el original de este juicio de amparo, así como los anexos antes referidos, y se solicita el acuse respectivo. Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias respectivas. 3. Archivo del expediente. Como no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso j), 24 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino. Con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, así como el punto 8.1.2., 10, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es destruible, por lo cual, transcurridos tres años a partir de la fecha en que se ordenó el archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción dentro de los treinta días siguientes, y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible. 5. Instrucción (certificación). Asimismo, se le instruye para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
pral.23/2018 mesa 3 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. 1. Se agrega oficio. Agréguese el oficio firmado por el subdirector Jurídico del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual comunica que, por el cambio de titular de la Tesorería del Ayuntamiento, están en la espera del nombramiento de la titular de la citada tesorería para firmar el convenio celebrado entre las partes, a fin de remitirlo a este juzgado y dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 2. Requerimiento a la autoridad responsable. Por lo anterior, requiérase a la responsable, tesorera del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, para que, una vez que cuente con dicho convenio firmado, de inmediato, lo haga saber a este juzgado y remita las constancias respetivas. 2.1. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que de no cumplir o no informar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 192 en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien días calculados al valor inicial diario de la unidad de medida y de actualización (UMA), que asciende a un *** Pero, además, se continuará con el trámite previsto en el numeral 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, esto es, se impondrán las multas que procedan y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Número de expediente: 81/2021 Acuerdo: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Con el oficio firmado por el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez; al que anexa el juicio de amparo directo 21/2021, promovido por Guadalupe Urdiana Cruz, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Familiar del Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca y de otra autoridad; así como sus anexos; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 81/2021. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al(a) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Estudio de la competencia. Visto el acuerdo de veintinueve de enero del año en curso, se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, para conocer de la demanda de amparo promovida por Guadalupe Urdiana Cruz, pues consideró que dicha demanda debe substanciarse en la vía indirecta, y no directa, como inicialmente lo promovió la parte quejosa; en consecuencia, acúsese recibo del mismo. Ahora, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y por ser un presupuesto procesal que trasciende al orden público, se analiza, en primer término, el relativo a la competencia. En ese sentido, cabe puntualizar que de la lectura de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa señaló como autoridades responsables las siguientes: En su carácter de ordenadora a la Primera Sala Familiar del Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca. En su carácter de ejecutora al juez Civil de Matías Romero, Oaxaca. Por otra parte, precisó como acto reclamado: La resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca familiar 135/2019 por la Primera Sala Familiar del Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca, en la cual confirmó la resolución de diez de mayo de dos mil dieciocho, emitida en el incidente de cancelación de pensión alimenticia promovido por Ciro Rasgado Godínez en el expediente 93/2008 del Juzgado Civil de Matías Romero, Oaxaca. 4. Competencia por razón de territorio. De lo antes señalado se advierte que este Juzgado carece de competencia legal para conocer de la referida demanda de amparo, por razón de territorio. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas de competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio constitucional, al señalar lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De conformidad con lo ahí dispuesto, cuando el acto reclamado tiene efectos ejecutivos, la competencia, por razón de territorio, se fija en atención a cuatro supuestos que giran en torno al espacio o lugar territorial donde: a) Deba tener ejecución, b) trate de ejecutarse, c) se esté ejecutando, o d) se haya ejecutado el acto reclamado. De lo expuesto, se concluye que tratándose de actos que ameriten ejecución material, el legislador privilegió, para determinar la competencia de los jueces de Distrito, la naturaleza del acto y el lugar de su ejecución (sea que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o ya se haya ejecutado). En efecto, dicha regla se caracteriza por la existencia de la ejecución material del acto reclamado, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora, y el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse esta regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución. Como ya se vio, la parte quejosa reclama: La resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca familiar 135/2019 por la Primera Sala Familiar del Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca, en la cual confirmó la resolución de diez de mayo de dos mil dieciocho, emitida en el incidente de cancelación de pensión alimenticia promovido por Ciro Rasgado Godínez en el expediente 93/2008 del Juzgado Civil de Matías Romero, Oaxaca. Acto reclamado que tiene ejecución material, por lo siguiente. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2008, determinó: "(.) OCTAVO. Sobre esas premisas, el tema de la contradicción consiste en determinar si una resolución recaída a un recurso de apelación, mediante la cual se aprueba una planilla de liquidación de intereses derivada de una condena de pago en el juicio de origen, es materialmente ejecutable o es sólo declarativa, para efectos de determinar qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto. (.). Dadas las características y naturaleza del punto de contradicción que se dilucida, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la relativa a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, que consiste, en el caso específico que se analiza, en una resolución recaída a un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia interlocutoria dictada por un Juez de Primera Instancia. En la resolución que se impugna en el juicio de garantías, se aprueba la condena al pago de intereses, con base en la planilla de liquidación fijada en primera instancia por el Juez de origen. Los efectos de ese acto indefectiblemente implican, que se ha confirmado que una de las partes del juicio natural está obligada a pagar a la otra, intereses moratorios. Este aspecto es el que precisamente motiva la promoción de la vía constitucional. - - - - (.). En esa tesitura, si como se ha evidenciado, contra la resolución pronunciada en un recurso de apelación que obliga a que se paguen intereses moratorios, puede concederse la suspensión en el juicio de amparo; resulta incuestionable que no puede calificársele como meramente declarativa, pues lleva inmersa una ejecución material, la cual es ciertamente la que se suspende, ya que se entiende por declarativa, de acuerdo a lo señalado por el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, aquella determinación que sin mandamiento ejecutivo, proclama la existencia o inexistencia de una relación jurídica, manifestando, proclamando, explicando o aclarando lo ignorado, dudoso o discutido; mientras que por resolución materialmente ejecutable, se entiende lo que es factible, posible y susceptible de ejecución o realización, aplicándose (como en el caso), a la deuda exigible por la vía ejecutiva. Conforme a lo expuesto, si bien en un principio pudiera parecer que siendo el acto reclamado en la demanda de garantías, sólo la resolución dictada por una Sala del Tribunal Superior de Justicia en un recurso de apelación, no podría tener una ejecución material porque la Sala responsable no es la que requiere de pago, ni lleva a cabo, en su caso, el embargo respectivo en caso de desacato; lo cierto es que sólo en apariencia no la tiene, pero de ninguna manera puede sostenerse que se trata de una resolución declarativa, ya que sí es ejecutable, en la medida en que lo que ese fallo determina, es la cantidad precisa que una de las partes en el juicio de origen debe pagar por concepto de intereses moratorios, porque al analizar la legalidad de la planilla de liquidación fijada por el Juez de Primera Instancia, aprobó el pago de intereses en cantidad líquida; y, los efectos inmediatos son el requerimiento de pago, que evidentemente implican una ejecución. Por consiguiente, ya sea que en el juicio de amparo únicamente se impugne por vicios propios la resolución dictada en segunda instancia, y se señale como responsable a la autoridad que la emitió; o bien, también se señale como autoridad a la ejecutora: Juez de Primera Instancia, reclamando en la demanda los efectos y consecuencias del fallo reclamado; debe determinarse que se trata de una resolución que lleva inmersa una ejecución material, y por tanto, el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto será aquél en cuya jurisdicción deba ejecutarse el acto, y no aquél en cuyo Distrito resida la autoridad que lo emitió. Lo anterior se basa en que el solo señalamiento de una autoridad ejecutora o la omisión de éste, no evidencia la competencia del Juez de Distrito, sino que esta deriva de la naturaleza del acto reclamado. Asimismo, si en el incidente de liquidación de intereses ya confirmado, se determinó una cantidad cierta a que está obligada a pagar una de las partes del juicio de origen, esto evidencia la existencia de un procedimiento que tiene ejecución material; y, si ese acto es susceptible de suspenderse con la simple promoción del juicio de garantías, cuyos efectos son precisamente que no se ejecute esa decisión, que se mantengan las cosas en el estado que guardan sin exigir el pago de los intereses, y que de ningún modo se proceda al embargo correspondiente en caso de desacato; entonces, se hace patente que no se trata de una resolución sólo declarativa, sino con ejecución material, desde el momento en que dicha ejecución puede ser suspendida. En las relatadas condiciones, si en un juicio de amparo indirecto se combate de la Sala responsable la resolución de un recurso de apelación mediante el cual se aprueba el pago de intereses en cantidad cierta, debe concluirse que se trata de un acto ejecutable; por tanto, el Juez de Distrito donde dicho acto deba ejecutarse es el competente para conocer del asunto; sin que obste el que no se hubieren señalado autoridades ejecutoras, ni reclamado los efectos y consecuencias de dicho fallo, ya que como se expuso, la resolución impugnada, por sí, está obligando a que una de las partes del juicio natural pague intereses moratorios en la cantidad fijada en una planilla de liquidación; obligación que necesariamente es ejecutable en el lugar en que reside el Juez de Primera Instancia, y porque siendo susceptible de suspenderse el acto al momento de la promoción de la demanda de garantías, no podría afirmarse que se trata de una resolución sólo declarativa. La transcripción previa clarifica que el punto que dirimió esa contradicción versó sobre determinar a qué juez le corresponde conocer la ejecución del acto consistente en una resolución recaída a un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia interlocutoria dictada por un juez de primera instancia, en la que se aprobó la condena al pago de intereses, con base en la planilla de liquidación fijada en primera instancia por el juez de origen, cuyos efectos implican que una de las partes del juicio natural está obligada a pagar a la otra intereses moratorios. Así, en primer lugar, se estableció que la resolución controvertida no puede calificarse como meramente declarativa, pues lleva inmersa una ejecución material; que por declarativo, de acuerdo a lo señalado por el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, es aquella determinación que, sin mandamiento ejecutivo, proclama la existencia o inexistencia de una relación jurídica, manifestando, proclamando, explicando o aclarando lo ignorado, dudoso o discutido; que por una resolución materialmente ejecutable se entiende lo que es factible, posible y susceptible de ejecución o realización, aplicándose a la deuda exigible por la vía ejecutiva. Que si de entrada pudiera parecer que siendo el acto reclamado en la demanda de amparo, solo la resolución dictada por una Sala del Tribunal Superior de Justicia en un recurso de apelación, no podría tener una ejecución material porque la Sala responsable no es la que requiere de pago, ni lleva a cabo el embargo respectivo en caso de desacato; lo cierto es que solo en apariencia no la tiene, pero de ninguna manera puede sostenerse que se trata de una resolución declarativa, ya que sí es ejecutable, en la medida en que lo que ese fallo determina es una cantidad que una de las partes en el juicio de origen debe pagar por concepto de intereses moratorios, porque al analizar la legalidad de la planilla de liquidación fijada por el juez de primera instancia, aprobó el pago de intereses en cantidad líquida; y, los efectos inmediatos son el requerimiento de pago que, evidentemente, implican una ejecución. Por consiguiente, con independencia de que en el juicio de amparo únicamente se impugne por vicios propios la resolución dictada en segunda instancia, y se señale como responsable a la autoridad que la emitió; o bien, también se señale como autoridad a la ejecutora al juez de primera instancia, reclamando en la demanda los efectos y consecuencias del fallo reclamado; se trata de una resolución que lleva inmersa una ejecución material y, por tanto, el juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto será aquel en cuya juisdicción deba ejecutarse el acto, y no aquel en cuyo Distrito resida la autoridad que lo emitió. Que si en el incidente de liquidación de intereses ya confirmado se determinó una cantidad cierta a que está obligada a pagar una de las partes del juicio de origen, evidencia la existencia de un procedimiento que tiene ejecución material; y, si ese acto es susceptible de suspenderse con la simple promoción del juicio de amparo, cuyos efectos son, precisamente, que no se ejecute esa decisión, que se mantengan las cosas en el estado que guardan sin exigir el pago de los intereses, y que de ningún modo se proceda al embargo correspondiente en caso de desacato; entonces, se hace patente que no se trata de una resolución solo declarativa, sino con ejecución material, desde el momento en que dicha ejecución puede ser suspendida. Razonamientos que dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 192/2008, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de 2009, página 606, registro 168187, del texto siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE APELACIÓN QUE APRUEBA UNA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RADIQUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE DEBA EJECUTAR EL ACTO. Cuando en la demanda de garantías se reclama la resolución recaída a un recurso de apelación que aprueba la planilla de liquidación de intereses moratorios fijada por un Juez de primera instancia, debe considerarse que dicha sentencia lleva inmersa una ejecución material que es susceptible de suspenderse en caso de solicitarse la medida cautelar relativa, siendo sus efectos que el fallo no se ejecute, esto es, que no se obligue al pago de los intereses, debiendo permanecer las cosas en el estado que guardan. En estas condiciones, independientemente de que la Sala responsable no sea la que en su momento requiera el pago ni lleve a cabo el embargo respectivo en caso de desacato, la resolución combatida sí es ejecutable, pues lo que se determina es la cantidad cierta que una de las partes en el juicio natural debe pagar por concepto de intereses moratorios y, por ende, se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, que determina que es competente para conocer del juicio de garantías el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado". Ahora, los razonamientos que anteceden son aplicables al caso concreto, aun cuando en este juicio de amparo el acto reclamado sea la cancelación de la pensión alimenticia y en la contradicción de tesis el tema versó sobre la planilla de liquidación de intereses. Lo anterior es así, pues en ambos casos se está en el supuesto de que el acto reclamado es una resolución de segunda instancia (en el caso, la determinación de 24 de febrero de 2020, dictada por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el toca 135/2019); y la resolución conlleva una obligación de hacer (cancelar la pensión alimenticia) que altera y modifica el entorno o esfera jurídica de la ahora quejosa (demandada incidentista en el incidente de cancelación de pensión alimenticia) y no se trata solamente de un pronunciamiento que ocasione que las cosas se mantengan en el estado que conservan y que tampoco requiera de una actuación posterior que la complemente. No es óbice a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 119/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 167963, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO QUE CONFIRMA LA INTERLOCUTORIA QUE DESECHA UNA EXCEPCIÓN PROCESAL DILATORIA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO RECLAMADO". Ello, toda vez que se refiere a la resolución de segundo grado que confirma el desechamiento de una excepción procesal dilatoria, que no implica ejecución, mientras que la resolución controvertida confirma la resolución de primera instancia en que se cancela la pensión alimenticia decretada a favor de la aquí quejosa, lo que implica actos o gestiones de ejecución para la cancelación de esa pensión que le fue fijada a la parte quejosa en el incidente respectivo. De ahí que se concluye que la resolución reclamada no es simplemente declarativa, sino tiene efectos de ejecución. En el caso, la resolución reclamada se ejecutará en Matías Romero, Oaxaca, pues en ese lugar tiene su residencia oficial el Juzgado Civil de Matías Romero, Oaxaca (juez natural, autoridad que llevará la ejecución de tal acto), y la cancelación de la pensión alimenticia se realizará en la empresa Cooperativa "LA CRUZ AZUL S.C.L.", que tiene su domicilio en Boulevard Cruz Azul, Lagunas, Barrio de la Soledad, Matías Romero, Oaxaca, ya que los descuentos realizados con motivo de la pensión alimenticia decretada a favor de la aquí quejosa se realizan por dicha empresa, como se advierte de la audiencia de pruebas y alegatos de veinte de mayo de dos mil ocho, y del oficio de trece de junio de dos mil diecisiete: Audiencia: De ahí que la resolución reclamada en este juicio de amparo a la Primera Sala Familiar del Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca, deberá cumplirse y ejecutarse en Matías Romero, Oaxaca, pues, se reitera, la misma no es de carácter simplemente declarativa, porque en razón de dicha determinación la ahora quejosa quedará restringida del goce de la pensión alimenticia que venía gozando, mismo que le fue fijado, en su momento, en el expediente 93/2008 del Juzgado Civil de Matías Romero, Oaxaca, por lo cual será ese órgano jurisdiccional el que llevará los actos o gestiones de ejecución para la cancelación de esa pensión que le fue fijada a la parte quejosa en aquel expediente. De ahí que la ejecución material del fallo confirmatorio tendrá ejecución en Matías Romero, Oaxaca, lugar donde no ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional; por tanto, carece de competencia para conocer de este asunto. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la tesis XXI.2o.C.T.31C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, Novena Época, Materia Común, tomo XXXIII, febrero de 2011, página 2265, registro 162920, del rubro siguiente: "COMPETENCIA DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDE LA AUTORIDAD EJECUTORA QUE REALIZA EL DESCUENTO AL SALARIO DEL DEUDOR ALIMENTARIO, Y NO AL DEL LUGAR DONDE TIENE SU DOMICILIO EL QUEJOSO". 5. Precisión. No pasa desapercibido que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, declinó competencia, a favor de un Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, para conocer de la demanda de amparo promovida por Guadalupe Urdiana Cruz; porque dicha declinación se debió a que la demanda debe substanciarse en la vía indirecta, y no directa como inicialmente lo promovió la parte quejosa; de ahí que no existe obstáculo en que este Juzgado determine carecer de la competencia para conocer de la misma por razón de territorio. 6. Remisión. En consecuencia, dado que en Matías Romero, Oaxaca, ejercen jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, conforme con lo establecido por el punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por tanto, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca no es competente legalmente para conocer de la demanda de amparo; y se estima que el que debe conocer de la misma es un Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. 7. Comunicación de la competencia planteada. En tales condiciones, mediante el oficio que al efecto se gire, vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), hágase lo anterior del conocimiento del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en Salina Cruz, Oaxaca (por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, Oaxaca), a efecto de que informe si acepta o no la competencia planteada por este órgano jurisdiccional. 8. Se reserva remisión del original del expediente y anexos. Se precisa que se reserva remitir físicamente este expediente de amparo así como los anexos respectivos, hasta en tanto se acepte la competencia declinada por este órgano jurisdiccional; sin embargo, a efecto de que pueda pronunciarse respecto a la ya referida competencia, se ordena remitir copia certificada de la demanda de amparo que dio origen a este juicio. Medida preventiva que se adopta tomando en consideración la seguridad jurídica del envío de las documentales que en original remitió la Sala responsable, a efecto de evitar un extravío, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal para resguardar la integridad y salud de quienes la imparten, tal como lo determina el acuerdo General 8/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia de los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (vigente a la fecha en que se actúa). 9. Vinculación electrónica. Con independencia de lo anterior, se ordena a la analista jurídica de esta adscripción, haga disponible el expediente electrónico de este juicio de amparo a través de la plataforma del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, a fin de que el Juzgado declinado pueda consultar este expediente a través de esa vía. 10. Domicilio y personas autorizadas. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda; y de conformidad con el artículo 24, segundo párrafo de dicha ley, por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas precisadas en la demanda de amparo, por así solicitarlo la parte quejosa. 11. Autorización para la consulta electrónica. No ha lugar a tener por autorizado al usuario "001412020" para la consulta del expediente electrónico y para recibir notificaciones a través de esta vía; lo anterior, en razón de que, del reporte de autorizados para consultar el expediente electrónico que se realizó en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), no se encontró el mismo. 12. Autorización de correo electrónico. Se precisa que el correo personal proporcionado en la demanda de amparo no reúne los requisitos previstos en los artículos 3º y 24, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; sin embargo, debido a la situación de contingencia en que se encuentra el país, se autoriza dicho medio únicamente para que el actuario judicial tenga comunicación con la parte quejosa y, en su caso, sirvan como auxiliar para lograr las notificaciones personales. 13. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa; únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 14. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 15. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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