Guadalupe Trinidad Reyes Garcia

Expediente 1363/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1363/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
13/07/2023

Partes del expediente

  • Guadalupe Trinidad Reyes Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad de México, a trece de julio de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio signado por la Subdirectora de Juicios de Amparo de Ingresos Locales, en suplencia por ausencia de la Subprocuradora de lo Contencioso, quien firma en representación del Tesorero, todos de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por medio del cual, solicita copia de la sentencia dictada por este Órgano Jurisdiccional el siete de marzo de dos mil veintidós, para lo cual señala domicilio para recibir dichas copias y designa delegados; con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese tomando conocimiento de su contenido. En atención a su solicitud, dígase a la oficiante que las copias de la sentencia que solicita fueron remitidas mediante el oficio 9422/2022, de siete de marzo de dos mil veintidós, mismo que fue recibido en dicha dependencia el nueve de marzo siguiente. No obstante lo anterior, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales, dígasele a la oficiante que el expediente en que se actúa puede ser consultado vía electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), o bien, de estimarlo necesario, proporcione un correo electrónico oficial, al cual pueda ser enviado el archivo electrónico respectivo. Aunado a ello, toda vez que en el oficio de mérito designó delegados, dígasele que cualquiera de ellos puede acudir a las instalaciones de éste juzgado para reproducir por cualquier medio electrónico, tales como cámara fotográfica y/o escáner, las constancias que integran este expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a uno de abril de dos mil veintidós. Por recibido el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado el siete de marzo del año en curso; con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos tomando conocimiento de su contenido. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 90, de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes copia del escrito de expresión de agravios y, dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase electrónicamente el escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para la substanciación del recurso de revisión, a fin de que tenga a bien resolver lo que en derecho corresponda. Ahora bien, tal como lo establece el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; que a la letra refiere: "En los casos de la interposición de recursos, los órganos jurisdiccionales del PJF pondrán a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda, incluida la SCJN, la consulta de los expedientes electrónicos respectivos a través del Sistema Electrónico del PJF"; hágase disponible la "vinculación con otro órgano" del presente asunto en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que el Tribunal Colegiado que por turno le corresponda conocer del recurso, se encuentre en aptitud de relacionar y consultar la totalidad del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior, en el entendido que en caso de que el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente requiera de las constancias físicas que integran el presente asunto, una vez que lo haga del conocimiento le serán remitidas de inmediato. Por lo tanto, y toda vez que para la substanciación de dicho recurso se remitirán al citado Tribunal de Alzada, las constancias relativas al incidente de suspensión en que se actúa, únicamente de manera electrónica a través del sistema de interconexión y con la finalidad de ahorrar en recursos materiales y evitar la duplicidad de actuaciones innecesarias, no se forma cuaderno de antecedentes. Notifíquese personalmente al tercero interesado

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 1363/2021-I, promovido por Guadalupe Trinidad Reyes García, por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido por razón de turno a este Juzgado Sexto de Distrito en la materia y sede citados, Guadalupe Trinidad Reyes García, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del acto y por las autoridades siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora: Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Ejecutora: Tesorero de la Ciudad de México. IV.-ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad ordenadora, El acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno [.], dictado en el juicio contencioso administrativo con número de expediente TJ-II-60406/2018, por el que se me impuso una multa por el monto equivalente a CINCUENTA VECES LA UNIDAD DE CUENTA MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, [.] De La autoridad ejecutora: el cumplimiento que dé o pretenda dar a la orden contenida en el acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, dictado por la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. SEGUNDO. La peticionaria de amparo consideró que los actos reclamados violan los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda registrada con el número 1363/2021-I, se requirió su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde al Fiscal Ejecutivo Titular de la adscripción; se ordenó emplazar a Bruno Enrique Ramírez Ornelas en su calidad de tercero interesado; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, la cual concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver en el presente juicio de amparo, conforme a los preceptos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el punto primero, fracción I; el punto segundo, fracción I, numeral 3; y, el punto cuarto, fracción I, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; toda vez que se reclaman actos emitidos por un tribunal y una autoridad administrativa con residencia en la Ciudad de México, ámbito material y territorial en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual impone la obligación de que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar lo siguiente: - De la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México: El acuerdo de acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio contencioso administrativo TJ-II-60406/2018, por el que se le impuso una multa por el monto equivalente a cincuenta veces la unidad de cuenta medida y actualización vigente en la Ciudad de México. - Del Tesorero de la Ciudad de México: La ejecución de la multa impuesta en el acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. TERCERO.- Es cierto el acto que se atribuye a la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado; lo cual se corrobora con las copias certificadas que integran el juicio de nulidad número TJ/II-60406/2018, las cuales obran en legajo de pruebas por separado, de las que se advierte que el acuerdo reclamado fue emitido dicha autoridad; constancias a las que se concede pleno valor probatorio, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. También, es cierto el acto reclamado al Tesorero de la Ciudad de México, consistente en la ejecución de la determinación reclamada, pues no obstante que al rendir su informe justificado negó su existencia, lo cierto es que del contenido de esta última, se advierte la orden para girar oficio a la referida autoridad, a fin de que procediera a hacer efectiva la multa impuesta equivalente a cincuenta veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. De ahí que, atendiendo a su carácter de autoridad ejecutora, bien puede establecerse que su ejecución es un acto inminente y, por lo tanto, cierto, pues desde que la multa fue impuesta y se ordenó hacerla efectiva, sólo falta que se cumplan determinadas formalidades legales para su ejecución, que es precisamente lo que se atribuye al Tesorero de la Ciudad de México. Es aplicable al caso concreto, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXVII, página 1912, que es del tenor literal siguiente: ACTOS INMINENTES, NO DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE TRATA DE. Si la autoridad ordenadora certifica la existencia del acto reclamado, aun en el supuesto de que la ejecutora niegue haber recibido la orden correspondiente y que en realidad no la haya recibido, sin duda alguna la ejecución de la misma es inminente, y por lo mismo, no debe sobreseerse contra el acto de ejecución que de ella se reclama. CUARTO. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Sin embargo, al no existir causa de sobreseimiento propuesta por las partes, además de que este juzgado no advierte alguna que deba analizarse de oficio, se procede al estudio de la litis fijada en el presente asunto. QUINTO. Para mejor comprensión del asunto, es oportuno citar los antecedentes que se obtienen de las constancias que obran agregadas en autos y de las relativas al juicio de nulidad TJ/II-60406/2018, a las que previamente se les otorgó pleno valor probatorio, y de las que se advierte lo siguiente: 1. Por escrito presentado en la Oficialía de Partes del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el quince de junio de dos mil dieciocho, Bruno Enrique Ramírez Ornelas, por su propio derecho, promovió demanda de nulidad en contra de la emisión del recibo de pago por concepto de prima vacacional y quinquenio identificados bajo el concepto 3623 y 1063, respectivamente, correspondientes a diversos periodos de dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. 2. De dicha demanda conoció la Segunda Sala Ordinaria del citado Tribunal, bajo el número de expediente TJ/II- 60406/2018, quien por sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, sobreseyó en el juicio. 3. Inconforme con lo anterior, el actor hoy tercero interesado, interpuso recurso de apelación del que conoció la Sala Superior del citado Tribunal, quien por sentencia de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dictada en los autos del expediente RAJ. 194406/2018, de su índice, revocó la sentencia recurrida y declaró la nulidad del acto impugnado. 4. Ante el incumplimiento del fallo anulatorio, la parte actora, aquí tercero interesada, promovió queja por incumplimiento, la cual fue declarada fundada por la Sala responsable, mediante resolución de diecisiete de enero de dos mil veinte, y requirió el cumplimiento de la sentencia de nulidad al Director General de Recursos Humanos de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y la apercibió con imponerle una multa por el equivalente a cincuenta veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México, en caso de renuencia, determinación que le fue notificada el cuatro de febrero de dos mil veinte. 5. Seguido el procedimiento de ejecución de sentencia, mediante por acuerdo de trece de febrero de dos mil veinte, se tuvo a la Directora General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, informando sobre las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo anulatorio. 6. Mediante acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veinte, notificado el veinte de abril de dos mil veintiuno, se requirió de nueva cuenta a la Directora General de Recursos Humanos de la ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el cumplimiento a la sentencia de nulidad, apercibida que de no hacerlo se le haría efectivo el apercibimiento decretado en interlocutoria de queja de diecisiete de enero de dos mil veinte. 7. Posteriormente, por acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte actora manifestando su conformidad con la cantidad propuesta por la autoridad demandada a fin de cumplir con la sentencia de nulidad; además de requerir a esta última acreditara el pago de la cantidad fijada, apercibida que de no hacerlo se le haría efectivo el apercibimiento decretado en interlocutoria de queja de diecisiete de enero de dos mil veinte. 8. Por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, la Sala responsable determinó hacer efectiva la multa decretada en interlocutoria de queja de diecisiete de enero de dos mil veinte, e imponer a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México, determinación que constituye el acto reclamado en el presente asunto. SEXTO. Sin que se transcriban los conceptos de violación por considerarlo innecesario, es conveniente adentrarse a su análisis, amén del criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, la cual es de rubro siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. No. Registro: 164,618, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXI, Mayo de 2010, Página: 830 En ese sentido, la quejosa alega que los argumentos en que la Sala responsable sustenta el acuerdo por el que le impone una multa por el equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México resultan contrarios a derecho, pues no existe negativa de su parte a cumplir con el fallo anulatorio, aunado a que su nombramiento como Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, le fue otorgado al dieciséis de marzo de dos mil veinte, por lo que desconoce el sentido del fallo de nulidad, además de que por oficio ingresado el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, exhibió la planilla de liquidación respecto de la cantidad a pagar al actor con motivo del acto declarado nulo y, el diez de septiembre siguiente, exhibió copia del recibo de pago y/o finiquito de la cantidad entregada a este último. Al respecto, es necesario referir el contenido del artículo 16 constitucional, en la parte que interesa: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento . El precepto constitucional transcrito consagra lo que la doctrina jurídica ha denominado garantía de legalidad, el cual constituye un mandamiento supremo para que toda autoridad al emitir los actos que trasciendan a la esfera jurídica de los particulares, los funde y motive suficientemente. Expuesto lo anterior, es preciso destacar que el acto reclamado constituye una determinación jurisdiccional, en la que la fundamentación la constituye el análisis exhaustivo de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda dicho acuerdo, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar sus determinaciones citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de esa formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. Sirve de apoyo la tesis de rubro: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. Tesis: P. CXVI/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XII, Agosto de 2000, Página 143 Asimismo, cabe citar la jurisprudencia que dice: FUNDAMENTACIÓN. GARANTÍA DE. SE CUMPLE AUN CUANDO LA AUTORIDAD OMITA CITAR LOS PRECEPTOS QUE APOYAN SU DECISIÓN.- Tesis: I.1o.C. J/1, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo III, Enero de 1996, Página 134 Ante tales premisas, el suscrito estima que los argumentos sintetizados son infundados. Ello en razón de que, por un lado, el acuerdo reclamado no se funda en la negativa a cumplir el fallo anulatorio por parte de la autoridad responsable, sino en la omisión de acatarlo en su totalidad en los términos establecidos para ello; y por otro, no obstante la quejosa alegue que el nombramiento de Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, le fue otorgado el dieciséis de marzo de dos mil veinte, de las constancias que integran el juicio de origen y que obran en copia certificada en legajo de pruebas por separado, se advierte que el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, presentó ante la Sala del conocimiento, oficio por el que exhibió la planilla de liquidación a favor del actor aquí tercero interesado, con la cual se le dio vista para que manifestara su conformidad, lo cual se tuvo por desahogado en acuerdo de veintiséis de mayo siguiente, en el que se le requirió el pago de la cantidad ahí propuesta, apercibida que de no hacerlo se haría efectivo el apercibimiento decretado en interlocutoria de queja de diecisiete de enero de dos mil veinte. Lo anterior pone de relieve, que el motivo de la multa impuesta no es la negativa a cumplir el fallo de nulidad, sino la omisión de acatarlo en su totalidad, específicamente, en acreditar haber realizado el pago correspondiente al actor por la cantidad líquida de ... aunado a que la fecha en que aduce la quejosa, le fue otorgado el nombramiento respecto del cual se le aplicó la multa que reclama, en nada transciende a tal determinación, pues como se expuso, desde el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, tuvo participación el juicio anulatorio, inclusive, dando cumplimiento a uno de los extremos del fallo emitido en esa instancia, lo cual, contrario a lo que afirma, pone de relieve el conocimiento del asunto y en concreto de los efectos del fallo de nulidad. Por otro lado, resulta igualmente infundado el argumento que esgrime en torno a que el diez de septiembre siguiente, exhibió copia del recibo de pago y/o finiquito de la cantidad entregada a este último, pues ello aconteció con posterioridad a que se le impuso la multa que ahora reclamada, esto es, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. En diverso apartado, la quejosa alega que si bien la autoridad responsable funda su determinación para imponer la multa reclamada en el artículo 106 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, pasó por alto que el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, presentó ante ella oficio por el que exhibió la planilla de liquidación a favor del actor aquí tercero interesado, por concepto de diferencias de prima vacacional dos mil diecisiete al primer periodo de dos mil quince, además de que por diverso oficio presentado el quince de junio siguiente, solicitó una prórroga para dar cumplimiento a la sentencia de nulidad y posteriormente, exhibió el recibo de pago y/o finiquito correspondiente. Al respecto, el suscrito estima que el concepto de violación es fundado pero inoperante. Lo fundado radica en el hecho de que la Sala responsable, al emitir el acuerdo reclamado, no realiza un análisis específico de las actuaciones que integran el juicio de origen en su etapa de ejecución de sentencia, limitándose a señalar que de las actuaciones que lo integran se advierte que la autoridad demandada ha sido omisa en dar cumplimiento a la resolución de apelación de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, emitida en los autos del expediente RAJ.194406/2018, por lo que al haber excedido el término otorgado para ello, resultaba procedente hacer efectivo el apercibimiento decretado en la interlocutoria de queja de diecisiete de enero de dos mil quince. Sin embargo, lo inoperante deriva del hecho de que la autoridad demandada, pese al requerimiento formulado por auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, así como a la negativa de otorgarle una prórroga para acatar el fallo anulatorio, contenida en el diverso acuerdo de dieciséis, de los cuales tuvo conocimiento tal como se advierte de las constancias de notificación respectivas, incumplió con dicha obligación en el término de cinco días que le fue otorgado para ello en el primero de los acuerdos citados. Consecuentemente, no obstante la Sala responsable no motiva debidamente el acuerdo que se le reclama, de las constancias que integran el juicio de origen, resulta innegable que la autoridad ahí demandada, fue omisa en dar cumplimiento a la totalidad del fallo anulatorio dentro del plazo otorgado para tal efecto, pues no obstante, argumenta la quejosa, que el diez de septiembre de dos mil veintiuno, exhibió el recibo de pago y/o finiquito, de uno de septiembre de ese mismo año, con el que acredita que entregó al actor el cheque que cubre las diferencias de prima vacacional de dos mil diecisiete al primer periodo de dos mil veinte, lo cierto es que tales constancias son posteriores a la emisión del acuerdo de veintitrés de agosto de esa misma anualidad, el cual constituye el acto reclamado en el presente juicio. Por otro lado, la quejosa se duele de que la Sala responsable no fundó ni motivó adecuadamente la multa impuesta, pues no atiende a su verdadera capacidad económica y reincidencia, además de que no precisa la cantidad líquida a que asciende. Al respecto, se advierte que la sanción pecuniaria impuesta al quejoso constituye la mínima que establece el artículo 106 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, cuyo tenor es el siguiente: Artículo 106.- ... Si la sentencia no quedó cumplida en el plazo fijado, la Sala emitirá la resolución respectiva, e impondrá el arresto del servidor público renuente hasta por treinta y seis horas, y a su superior jerárquico una multa de 50 a 180 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, requiriéndoles por una última vez el cumplimiento íntegro de la sentencia respectiva en un término no mayor a cinco días. Razón por la cual la Sala responsable no se encontraba obligada a actuar en el sentido que refiere el quejoso. Lo anterior se considera así, ya que en diversas tesis la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados, han sostenido el criterio de que cuando alguna autoridad impone una medida de apremio, en el caso una multa, que tenga como sanción un mínimo y un máximo, si se impone éste con una duración superior al mínimo, o si la redacción del precepto legal que lo contenga establece un límite superior con el uso de la preposición "hasta", la autoridad correspondiente debe cumplir con los principios de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual deberá razonar y pormenorizar los motivos que le permitan fijar la magnitud de tal medida, tomando en cuenta para ello los elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como los de naturaleza subjetiva que se refieran a las circunstancias personales del infractor. Supuesto que en el caso no se actualiza, en virtud de que la autoridad responsable determinó sancionar al accionante de garantías con la sanción mínima que impone el referido artículo 106, de la Ley Federal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por el equivalente de 50 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, motivo por el cual no estaba obligada a exponer las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas por las que estimó imponer dicha medida disciplinaria a la parte quejosa. Sustenta lo anterior, por analogía y por el criterio que sostiene, la jurisprudencia por contradicción que es de texto siguiente: MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. Registro:192,796, Instancia Segunda Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Diciembre de 1999, Página 219, De lo que se concluye que si la Sala responsable impuso al quejoso la sanción mínima que establece el citado numeral, es incuestionable que no se encontraba obligada a individualizar la multa impuesta, y por tanto el concepto de violación en estudio es infundado. En ese tenor, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación analizados, se niega el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Tesorero de la Ciudad de México, ya que no lo impugna por vicios propios en razón de que hace derivar su inconstitucionalidad del acuerdo reclamado. Apoya a lo anterior, por su contenido jurídico la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 357, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada". En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación aducidos por la quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal que solicita. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ..., en contra de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de la presente sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio ubicado en la ; y al tercero interesado en el domicilio ..

  4. Principal

    En la Ciudad de México, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado por la Subprocuradora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal, en representación del Tesorero, todos de la Ciudad de México, por medio del cual rinde su informe justificado. Se agrega el oficio de cuenta y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad citada en el párrafo precedente, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional, con éste se da vista a las partes a fin de que manifiesten y puedan hacer valer lo que a su interés y derecho convenga. Con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados a las personas que menciona. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 fracción I, del citado ordenamiento, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Finalmente, en atención a su solicitud de que se autorice el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio, deberá estarse a lo acordado en proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, en el cual se otorgó dicha autorización a la totalidad de las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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