Guadalupe Tornel Gómez
Expediente 1103/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1103/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Guadalupe Tornel Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que la parte quejosa omitió recurrir el auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en este juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA QUE EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO; por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y se ordena archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, así como a que carece de relevancia documental.
- Principal
SE DEJO CITATORIO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA.- Se agrega el escrito del quejoso ***, por el cual solicita la devolución del billete de depósito ***, que exhibió para garantizar la suspensión provisional que le fue concedida el veintinueve de julio del año en curso. En consecuencia, se pone a disposición del quejoso el billete de depósito antes detallado, para que lo recoja en cualquier hora y día hábil de este juzgado, previa toma de razón y recibo que se otorgue en autos. Asimismo, se hace saber al quejoso la oportunidad de recoger el billete en mención dentro del plazo de dos años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, ya que pasados los dos años se declarará prescrito su derecho para ello y se remitirá el referido billete a la Tesorería de la Federación; lo anterior con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación.
- Principal
DADO QUE SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE FORMA PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN DE VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA. Se agrega al expediente, el escrito de cuenta signado por ***, mandatario de ***, por el cual da cumplimiento a lo requerido en la prevención de catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Así, bajo protesta de decir verdad manifiesta como acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la resolución de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, dictada dentro de la averiguación previa ***, el cual involucra la omisión de desahogar diversas pruebas solicitadas a dicha autoridad, por escrito de catorce de septiembre de dos mil dieciocho. Ahora, en el acuerdo de prevención también se requirió al promovente precisara si deseaba reclamar como actos la omisión del referido agente del ministerio público, de dictar la resolución relativa al ejercicio o no ejercicio de la acción penal, y realizar la consignación correspondiente; y al ingeniero *** en su carácter de perito en topografía y agrimensura adscrito al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, le reclamaba la irregularidad en la emisión de su dictamen en topografía y agrimensura, el cual consideraba incompleto, y solo en caso de indicar ambos como actos reclamados, debí indicar la fecha en la cual el perito emitió su dictamen y precisar si a la fecha aun no existe pronunciamiento respecto del ejercicio o no ejercicio de la acción penal o si este ya se emitió y la fecha. En cuanto a la omisión del referido agente del ministerio público, de dictar la resolución relativa al ejercicio o no ejercicio de la acción penal, el promovente se limitó a indicar que, en efecto, el catorce de noviembre de dos mil diecisiete (sic) se le notificó la resolución de no ejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa ***. Al respecto debo indicar, corresponde a un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, que, tal como lo indicó el promovente en su escrito inicial de demanda, existe el juicio de amparo ***, del índice de este juzgado, y de éste se advierte que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, el trece de noviembre del año en curso, determinó el no ejercicio de la acción penal, resolución que fue notificada a la quejosa el catorce de noviembre de dos mil diecinueve. En ese sentido, no se puede tener como acto reclamado la omisión de dictar la resolución relativa al ejercicio o no ejercicio de la acción penal pues resulta evidente que dicha determinación ya fue dictada. Tampoco corresponde requerir a la quejosa para que aclare su deseo de señalar como acto reclamado la referida determinación de trece de noviembre de dos mil diecinueve, notificada al día siguiente, en virtud que dicho acto fue conocido por aquélla en fecha posterior a la presentación de la demanda, por lo que, si el juicio de amparo es improcedente contra actos futuros, no podría tenerse como acto reclamado la determinación de no ejercicio de la acción penal notificada por la quejosa en una fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo. Ahora, en cuanto al tercer acto reclamado referido en el acuerdo de prevención, el promovente omitió realizar algún pronunciamiento, pues nunca indicó de forma textual si en efecto deseaba reclamar al perito **** el dictamen pericial en topografía y agrimensura, sin embargo refirió que dicho dictamen fue emitido el once de noviembre de dos mil diecinueve; por tal motivo, se tiene éste como acto reclamado a la referida persona, a quien le atribuyó, desde el escrito inicial de demanda, el carácter de autoridad responsable. De esa forma, se tiene cumplido el requerimiento de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, formulado a la quejosa y se establece que los actos reclamados en este juicio de amparo quedan acotados a: 1. La resolución de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, dictada por parte del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, dentro de la averiguación previa ****, el cual involucra la omisión de desahogar diversas pruebas solicitadas a dicha autoridad, por escrito de catorce de septiembre de dos mil dieciocho. 2. El dictamen en topografía y agrimensura, emitido el once de noviembre de dos mil diecinueve, por el ingeniero **** en su carácter de perito en topografía y agrimensura adscrito al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado. Análisis respecto de la procedencia de la demanda de amparo conforme los actos reclamados en la demanda y escrito que la aclaró. El numeral 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar la demanda de protección; y si al hacerlo se detectara una causal de improcedencia manifiesta e indudable, procederá el desechamiento de plano. La hipótesis normativa anterior se configura en la demanda de ***, mandatario de ****, pues al revisar los actos que pretende reclamar, se visualizan diversas causales de improcedencia conforme a las cuales se habrá de desechar la demanda. Así, la solicitud de protección de derechos fundamentales en cuanto a la resolución de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, dictada por parte del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, dentro de la averiguación previa ****, corresponde a una determinación incompatible con el parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) motivo por el que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo (en lo sucesivo la legislación). Para demostrarlo, se precisa que el parámetro actual de imposible reparación derivó de los problemas que se detectaron en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se permite obtener una resolución definitiva y completa desde los aspectos procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales aspectos ya fueron examinados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013 determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento, se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la legislación, porque esa hipótesis sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la legislación). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación: afectación material a derechos sustantivos, en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a aspectos procesales. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.) -derivada de la contradicción de tesis 377/2013- publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Pero además, se hace notar que el espectro actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio, tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la legislación. En particular por los alcances del principio de progresividad tutelado en el artículo 1 de la constitución, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se precisa que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales, porque éstos involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno cuanta con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una una sentencia de parte del juzgador. Entonces, frente al particular que encuentra limitada su posibilidad de impugnar actos de naturaleza adjetiva -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas de origen para esclarecer derechos sustantivos, nunca los procesales. Por ello es que la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que éste busca la celeridad en la tramitación de los juicios para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias -como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas- en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución. Con lo anterior queda explicado el parámetro actual de imposible reparación. Ahora, la quejosa reclama -a través de su mandatario en la demanda de juicio de amparo indirecto- la resolución de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, dictada por parte del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, dentro de la averiguación previa ****, el cual involucra la omisión de desahogar diversas pruebas solicitadas a dicha autoridad, por escrito de catorce de septiembre de dos mil dieciocho. Entonces, el escenario jurídico explicado se traslada a la etapa de investigación, la cual concluye en la determinación de ejercicio o no ejercicio de la acción penal. En ese contexto, el acuerdo reclamado sólo puede generar a la quejosa, violaciones procesales o adjetivas, porque la decisión por parte de la autoridad en mención en ese proveído, nunca resolvió los derechos sustantivos involucrados en la averiguación previa. Más aún, si se toma en consideración a que después de emitido dicho auto, podía continuarse la investigación, aportarse nuevos medios de prueba e insistirse en el ejercicio de la acción penal (con independencia que con fecha catorce de noviembre del año en curso, se notificó a la parte quejosa la resolución relativa al no ejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa ****, empero, como se dijo en el apartado anterior, dicho acto fue notificado en fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo materia de este juicio.) Situación que determina la improcedencia de este amparo indirecto conforme al parámetro actual de imposible reparación, pues al reclamarse un auto donde el promovente alega se omitió desahogar diversas pruebas que le fueron solicitadas a la autoridad responsable y, al momento en que fue promovido este juicio de amparo, estar pendiente de notificar la determinación de no ejercicio de la acción penal, se carece de elementos, en ese contexto) para visualizar un impacto a los derechos sustantivos de la quejosa. Bajo tales argumentos, se afirma que el acto reclamado, carece de los atributos necesarios al parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) los cuales resultan indispensables para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la nueva técnica establecida para los actos dictados en el trámite del procedimiento de instancia. Lo anterior valida la determinación de que el acto reclamado consistente en la resolución de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, dictada por parte del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, dentro de la averiguación previa ****, el cual involucra la omisión de desahogar diversas pruebas solicitadas a dicha autoridad, por escrito de catorce de septiembre de dos mil dieciocho, no es un acto de imposible reparación porque lo relacionado con la omisión de desahogar las pruebas solicitadas constituye una violación procesal. Sólo resta decir que la improcedencia advertida en este sumario, también puede comprenderse en los alcances del derecho a la protección judicial, tutelado por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la demora en la tramitación de los procedimientos, implica una denegación del acceso a la justicia que se relaciona con la efectividad de los recursos. Por ello determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los jueces encargados de los procesos, o, como en el caso acontece, las autoridades encargadas de dirigir la investigación, a evitar dilaciones y entorpecimientos que conduzcan a la impunidad y frustren la debida protección de los derechos humanos. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la pertinencia del amparo frente al derecho a la protección judicial, hasta puntualizar que debe evitarse el uso indebido de ese recurso (sic) para cancelar la posibilidad de que se transforme en un medio de dilación y entorpecimiento del proceso judicial. Premisas que robustecen la aplicación de la improcedencia relativa al parámetro de imposible reparación, en el acuerdo reclamado, pues de analizarse el contenido de este habrá de prolongarse la integración de la averiguación previa de la cual emanan los actos reclamados. En consecuencia, y conforme el contexto en el cual fue presentada la demanda de amparo, debe privilegiarse la continuidad de la investigación -a través de la improcedencia decretada conforme al parámetro de imposible reparación- para que las partes logren llegar a la determinación de ejercicio o no ejercicio de la acción penal y con esto obtengan una tutela judicial efectiva en los derechos sustantivos a discusión. En otro orden de ideas y respecto del segundo acto, se advierte el reclamo al ingeniero **** en su carácter de perito en topografía y agrimensura adscrito al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, del dictamen emitido el once de noviembre de dos mil diecinueve; sin embargo, respecto de dicha autoridad se surte una diversa causal de improcedencia, puesto que la actuación del referido perito carece del carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Ello acontece, puesto que, en términos de lo establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, adquiere el carácter de autoridad responsable aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese orden de ideas, al emitir, el ingeniero *****en su carácter de perito en topografía y agrimensura, el dictamen pericial el once de noviembre de dos mil diecinueve, no lo hizo de manera unilateral o directa, imperativa o coercitivamente, desde una posición de supra a subordinación; sino que fue en cumplimiento a lo ordenado por la autoridad investigadora de los hechos dentro de la aludida averiguación previa. Además, el dictamen pericial en topografía y agrimensura por sí mismo no crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, pues solo se limita a desahogar el requerimiento solicitado por el agente del ministerio público conforme la investigación. Lo anterior valida la determinación de que el ingeniero **** en su carácter de perito en topografía y agrimensura adscrito al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, no es autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Desechamiento de la demanda de amparo. En tales condiciones, en términos de lo dispuesto por las fracciones XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107 y artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda por notoria improcedencia, respecto de los actos que se les reclama al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla y al ingeniero ****** en su carácter de perito en topografía y agrimensura adscrito al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado. En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, porque se actualizaron de forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia explicadas en el apartado anterior. En consecuencia, de todo lo anterior se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Agrego al expediente el oficio de cuenta, signado por la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el que remite tres anexos consistentes en un cuaderno auxiliar (con copias cotejadas y tres discos dvd de la carpeta ****) el expediente original del presente juicio de amparo y testimonio de la ejecutoria pronunciada el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en el toca ***, que en sus puntos resolutivos establece: ".PRIMERO. Se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo *** del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por ***.". Por tanto, ordeno glosar la ejecutoria al sumario constitucional de este juzgado; acusar recibo a la superioridad por todo lo recibido; y agregar a este juicio las constancias relevantes del cuadernillo formado para el trámite de la revisión. Luego, instruyo realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y en atención a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, por la sentencia dictada en el mismo. También determino que el presente asunto carece de relevancia documental. Instruyo al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. Además, descarto emitir oficio para notificar este acuerdo a las autoridades responsables (con excepción de una) pues ningún derecho procesal está involucrado en la recepción de la ejecutoria, aunado a que si las responsables o el fiscal adscrito desearan conocer el estado de este juicio, asumo que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, dejo establecido que si alguna responsable pidiera conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio donde lo solicite; lo mismo habrá de suceder con cualquier otra parte que presente escrito para conocer el estado procesal. Asimismo, ordeno devolverle al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, un cuaderno auxiliar con copias de la carpeta judicial ***, y tres discos formato DVD que contienen los audios y videos de audiencias relativas a esa carpeta. Descarto requerir acuse de recibo al citado juez, porque sólo remito copias tanto de actuaciones como de videograbaciones, y considero que existe seguridad en la entrega de esas copias porque habrá de realizarla el actuario judicial adscrito. Por otro lado, dejo establecido que ningún otro documento original tiene que devolverse al quejoso o a las demás partes. En último lugar, ordeno glosar copia certificada de este acuerdo al cuaderno incidental derivado del presente juicio, para los efectos legales conducentes.
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