Guadalupe Toledo Olguin

Expediente 313/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
313/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
16/07/2019

Partes del expediente

  • Guadalupe Toledo Olguin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 313/2019-V-B, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Por otra parte, toda vez que el TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos I y II; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, en caso de que las autoridades responsables, se encuentren gozando del primer periodo vacacional correspondiente a este año, instrúyase al Actuario de la adscripción para que una vez que reanuden labores, proceda a notificar el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante ese periodo vacacional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Paulo Yair García Meza, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/2127/2019 de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que la parte tercera interesada Ayuntamiento Constitucional de Jiutepec, Morelos, no se encuentra notificado de la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve; en consecuencia y en obvio de mayores dilaciones, se ordena notificar dicha resolución a la parte tercera interesada por medio de lista, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 313/2019-V-B, promovido por GUADALUPE TOLEDO OLGUÍN, por su propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el ocho de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día en este órgano jurisdiccional, GUADALUPE TOLEDO OLGUÍN, por su propio derecho, solicitó el amparo de la justicia federal contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Previo desahogo de prevención, por acuerdo de veinte de marzo del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado, se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como a la parte tercera interesada (fojas 21 a 23). Seguida la secuela procesal, previo diferimiento realizado en proveído de veintitrés de abril del año en curso, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, atento a los conceptos de violación formulados, así como a las constancias que integran este asunto, privilegiando la tutela de derechos humanos formulados por la parte impetrante, accediendo al acto de autoridad que efectivamente le agravia y no a lo que aparentemente le duele, se concluye que el acto reclamado consiste en: La omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en acordar los escritos presentados por la parte quejosa el trece de junio, veintiocho de septiembre y ocho de noviembre del dos mil dieciocho, así como el diverso de uno de marzo del año en curso, por medio de los cuales solicita la ejecución del laudo dictado en el expediente burocrático 01/402/16 (fojas 17 a 20). TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado (fojas 29 y 30). Asimismo, exhibió copia certificada de la actuación de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve (foja 150, Anexo II), que obra en el juicio de origen; documental que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser las causales de improcedencia de estudio preferente por disposición del artículo 62 de la Ley de Amparo se procede a estudiar lo que invoca la autoridad responsable. En ese sentido, este juzgador advierte que los efectos de la negativa combatida cesaron al haberse emitido el acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve (foja 150, Anexo II), por lo que se considera que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXI, en comento es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..." Efectivamente, se actualiza dicha causal porque la negativa combatida por la parte quejosa ha cesado, toda vez que así se advierte de las documentales aportadas por la autoridad responsable. Bajo ese tenor, del escrito de demanda se concluyó que la parte quejosa, señaló como acto reclamado la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en acordar los escritos presentados por la parte quejosa el trece de junio, veintiocho de septiembre y ocho de noviembre del dos mil dieciocho, así como el diverso de uno de marzo del año en curso, medio de los cuales solicita la ejecución del laudo dictado en el expediente burocrático 01/402/16, en el entendido de que la etapa de ejecución recae en el impulso procesal que dé la parte actora en el expediente aludido. Bajo ese tenor, al rendir el informe justificado la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado y además, entre otras remitió copia certificada del auto de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve (foja 150, Anexo II), en el que dio contestación a los citados escritos, en el entendido de que no acordó de conformidad lo solicitado, toda vez que el laudo dictado el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, fue combatido en amparo directo por el Ayuntamiento de Jiutepec Morelos. La constancia de mérito, al haberse certificado por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tales condiciones, se puede concluir que con posterioridad al ocho de marzo de dos mil diecinueve, fecha de presentación de la demanda, la autoridad responsable emitió el acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve (foja 150, Anexo II), en el que dio contestación a los escritos presentados por la parte quejosa el trece de junio, veintiocho de septiembre y ocho de noviembre del dos mil dieciocho, así como el diverso de uno de marzo del año en curso, por medio de los cuales solicita la ejecución del laudo dictado en el expediente burocrático 01/402/16. Por ende, se advierte que la junta responsable hizo que cesaran los efectos de la negativa de acordar los citados ocursos; con lo que se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, en la medida que las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de la violación combatida. Lo anterior es así ya que al reclamar un acto negativo, se aborda su análisis por los efectos transgresores de derecho que genera y por consecuencia, una eventual concesión de amparo tiene por efecto que la autoridad restituya en sus derechos violados al peticionario y para ello impondrá a la responsable la única obligación de proveer sobre los multicitados escritos. Por lo que puede estimarse como resarcida la transgresión a la garantía de acceso a la justicia alegada, al haberse satisfecho en todos sus extremos la omisión combatida; en el entendido de que la responsable ordenó la notificación personal del acuerdo en cita a las partes y este órgano jurisdiccional le dio vista al aquí quejoso con las constancias relatadas en los párrafos que preceden. Condiciones que en el particular se satisfacen con la emisión del acuerdo pronunciado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, restituyéndose así la garantía constitucional que inicialmente fue violada y por ende, no habría materia para resolver de fondo el asunto. La anterior consideración, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, página 38 del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Consecuentemente, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, y se sobresee en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por GUADALUPE TOLEDO OLGUÍN, respecto del acto precisado en el considerando segundo, por los motivos señalados en el considerando cuarto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe, hasta hoy treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron. FCG Se hace constar que esta foja es parte última de la resolución dictada el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo 313/2019-V-B.Conste.

  4. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: ... Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 313/2019-V-B, promovido por GUADALUPE TOLEDO OLGUÍN, por su propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el ocho de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día en este órgano jurisdiccional, GUADALUPE TOLEDO OLGUÍN, por su propio derecho, solicitó el amparo de la justicia federal contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Previo desahogo de prevención, por acuerdo de veinte de marzo del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado, se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como a la parte tercera interesada (fojas 21 a 23). Seguida la secuela procesal, previo diferimiento realizado en proveído de veintitrés de abril del año en curso, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, atento a los conceptos de violación formulados, así como a las constancias que integran este asunto, privilegiando la tutela de derechos humanos formulados por la parte impetrante, accediendo al acto de autoridad que efectivamente le agravia y no a lo que aparentemente le duele, se concluye que el acto reclamado consiste en: La omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en acordar los escritos presentados por la parte quejosa el trece de junio, veintiocho de septiembre y ocho de noviembre del dos mil dieciocho, así como el diverso de uno de marzo del año en curso, por medio de los cuales solicita la ejecución del laudo dictado en el expediente burocrático 01/402/16 (fojas 17 a 20). TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado (fojas 29 y 30). Asimismo, exhibió copia certificada de la actuación de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve (foja 150, Anexo II), que obra en el juicio de origen; documental que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser las causales de improcedencia de estudio preferente por disposición del artículo 62 de la Ley de Amparo se procede a estudiar lo que invoca la autoridad responsable. En ese sentido, este juzgador advierte que los efectos de la negativa combatida cesaron al haberse emitido el acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve (foja 150, Anexo II), por lo que se considera que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXI, en comento es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..." Efectivamente, se actualiza dicha causal porque la negativa combatida por la parte quejosa ha cesado, toda vez que así se advierte de las documentales aportadas por la autoridad responsable. Bajo ese tenor, del escrito de demanda se concluyó que la parte quejosa, señaló como acto reclamado la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en acordar los escritos presentados por la parte quejosa el trece de junio, veintiocho de septiembre y ocho de noviembre del dos mil dieciocho, así como el diverso de uno de marzo del año en curso, medio de los cuales solicita la ejecución del laudo dictado en el expediente burocrático 01/402/16, en el entendido de que la etapa de ejecución recae en el impulso procesal que dé la parte actora en el expediente aludido. Bajo ese tenor, al rendir el informe justificado la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado y además, entre otras remitió copia certificada del auto de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve (foja 150, Anexo II), en el que dio contestación a los citados escritos, en el entendido de que no acordó de conformidad lo solicitado, toda vez que el laudo dictado el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, fue combatido en amparo directo por el Ayuntamiento de Jiutepec Morelos. La constancia de mérito, al haberse certificado por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tales condiciones, se puede concluir que con posterioridad al ocho de marzo de dos mil diecinueve, fecha de presentación de la demanda, la autoridad responsable emitió el acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve (foja 150, Anexo II), en el que dio contestación a los escritos presentados por la parte quejosa el trece de junio, veintiocho de septiembre y ocho de noviembre del dos mil dieciocho, así como el diverso de uno de marzo del año en curso, por medio de los cuales solicita la ejecución del laudo dictado en el expediente burocrático 01/402/16. Por ende, se advierte que la junta responsable hizo que cesaran los efectos de la negativa de acordar los citados ocursos; con lo que se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, en la medida que las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de la violación combatida. Lo anterior es así ya que al reclamar un acto negativo, se aborda su análisis por los efectos transgresores de derecho que genera y por consecuencia, una eventual concesión de amparo tiene por efecto que la autoridad restituya en sus derechos violados al peticionario y para ello impondrá a la responsable la única obligación de proveer sobre los multicitados escritos. Por lo que puede estimarse como resarcida la transgresión a la garantía de acceso a la justicia alegada, al haberse satisfecho en todos sus extremos la omisión combatida; en el entendido de que la responsable ordenó la notificación personal del acuerdo en cita a las partes y este órgano jurisdiccional le dio vista al aquí quejoso con las constancias relatadas en los párrafos que preceden. Condiciones que en el particular se satisfacen con la emisión del acuerdo pronunciado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, restituyéndose así la garantía constitucional que inicialmente fue violada y por ende, no habría materia para resolver de fondo el asunto. La anterior consideración, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, página 38 del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Consecuentemente, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, y se sobresee en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por GUADALUPE TOLEDO OLGUÍN, respecto del acto precisado en el considerando segundo, por los motivos señalados en el considerando cuarto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe, hasta hoy treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

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