Guadalupe Tiburcio Torres Acosta
Expediente 189/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 33 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 189/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 09/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Guadalupe Tiburcio Torres Acosta
- Omar Hernández Castan
- Guadalupe Tiburcio Torres Acosta y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, nueve de noviembre de dos mil quince. Vista la certificación secretarial de cuenta, en la que aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de catorce de octubre de dos mil quince. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicha se sobreseyó en el presente juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. DEPURAR el cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo. 3. DESTRUIR el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. TRANSFERIR el cuaderno original del incidente de suspensión junto con el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, catorce de octubre de dos mil quince. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte la imposibilidad de notificar personalmente a los quejosos Guadalupe Tiburcio Torres Acosta y Omar Hernández Castan, el acuerdo de ocho de los corrientes; en virtud de que al presentarse en las instalaciones del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, con sede en esta ciudad, fue informado por Julio Vallejo Peña, encargado del Departamento Jurídico de dicho centro penitenciario, que los mencionados agraviados obtuvieron su libertad, el dieciséis de junio y veintiocho de agosto, ambos del año en curso, respectivamente. Por otra parte, se tiene por recibido y se ordena agregar en autos, el oficio 3971/2015, signado por el Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al diverso 56730/2015, de ocho de octubre del año en curso, manifiesta que no le es posible remitir las copias certificadas de los expedientes clínicos de los quejosos Guadalupe Tiburcio Torres Acosta y Omar Hernández Castan, en virtud de que los mismos obtuvieron su libertad de ese centro de reclusión, los días dieciséis de junio y veintiocho de agosto, ambos de dos mil quince. Asimismo, informa que los antes mencionados estuvieron internos en esa prisión en calidad de tránsito, a disposición exclusivamente del Complejo Penitenciario Islas Marías, por lo que no cuenta con los solicitados expedientes clínicos; y al efecto remite copia certificada de las constancias que soportan su informe, entre los que destacan las Actas Administrativas Números 106 y 196, de Egreso por Orden Administrativa, de fechas dieciséis de junio y veintiocho de agosto, ambas de dos mil quince, de las que se advierte que los quejosos Guadalupe Tiburcio Torres Acosta y Omar Hernández Castan, respectivamente, fueron puestos en inmediata libertad en las citadas datas. En atención a lo anterior, de autos se aprecia que en el presente juicio de amparo 189/2015, los quejosos Guadalupe Tiburcio Torres Acosta y Omar Hernández Castan, reclamaron la orden de traslado o relegación al Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades responsables. Al rendir informe justificado la autoridad responsable Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en México Distrito Federal, se advierte que mediante oficios SEGOB/CNS/OADPRS/39927/2014, de diecisiete de septiembre y SEGOB/CNS/OADPRS/41601/2014, de dos de octubre, ambos del año dos mil catorce, se autorizó el egreso temporal de los quejosos GUADALUPE TIBURCIO TORRES ACOSTA y OMAR HERNÁNDEZ CASTAN del Complejo Penitenciario "Islas Marías", para que recibieran atención médica especializada, de manera que una vez concluida dicha atención, deberían ser reingresado a su lugar de procedencia (fojas123 a 129). Lo anterior hace evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, actualizándole de esta manera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V del ordenamiento legal invocado. Por lo anterior, se ordena dejar sin efecto la citación para la celebración de la audiencia constitucional (NUEVE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE). Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Finalmente, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, notifíquese por lista a los quejosos Guadalupe Tiburcio Torres Acosta y Omar Hernández Castan, el proveído de ocho de octubre del año en curso, así como las subsecuentes notificaciones que se les realicen. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, ocho de octubre de dos mil quince. Vistos los presentes autos de los que se advierte que para la resolución del presente juicio de amparo, es necesario que el Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con residencia en esta ciudad, remita copias certificadas del expediente clínico de los quejosos Guadalupe Tiburcio Torres Acosta y Omar Hernández Castan. En ese sentido, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, prevéngase a la mencionada autoridad para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, remita copias certificadas de las referidas constancias. Apercibido que de no cumplir con lo anterior o no informar los motivos que le impidan hacerlo, se hará acreedor a una multa de cincuenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, acorde con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I en relación con el 259 de la Ley de comento. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que de las documentales que anexó a su informe justificado la autoridad responsable Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede en esta ciudad, se observa que en los actos reclamados tienen participación el Encargado del Despacho de la Dirección General del CEFERESO de Mínima Seguridad "Aserradero" y el Encargado de la Dirección General en el Centro Federal de Readaptación Social de Seguridad Máxima Laguna del Toro ambos en el Complejo Penitenciario Islas Marías; por tanto requiérase a los quejosos GUADALUPE TIBURCIO TORRES ACOSTA y OMAR HERNÁNDEZ CASTAN, para que dentro del término de tres días contado a partir de su notificación manifiesten si designan como autoridades responsables a las mencionadas en líneas que anteceden, apercibidos que de no hacer manifestación al respecto, no se tendrán como responsables. Tiene aplicación al respecto la tesis número P. CXI/98, visible en la página 242, del Tomo VIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Diciembre de 1998, bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición". Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy SE DIFIERE y se fijan las NUEVE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LOS QUEJOSOS GUADALUPE TIBURCIO TORRES ACOSTA Y OMAR HERNÁNDEZ CASTAN.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, ocho de septiembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el informe justificado rendido por la Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en México, Distrito Federal. En atención a lo anterior, se hace el mismo del conocimiento de las partes, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Asimismo, como lo solicita la autoridad responsable mencionada, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el informe de cuenta, y por designados como delegados en términos del artículo 9 de la citada ley, a los profesionistas a que hace alusión. De igual forma, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo vigente, téngase ofrecida la prueba documental que se acompaña al informe de cuenta, sin perjuicio de hacer nueva relación de ella en la audiencia constitucional respectiva y con la misma dese vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como aún no transcurre el término de ocho días a fin de que la parte quejosa se imponga del informe justificado rendido por la autoridad responsable antes señalada, para no vulnerar en su perjuicio, las normas fundamentales que rigen al juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo vigente, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, SE DIFIERE para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. NOTIFÍQUESE.
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