Guadalupe Stefany Suárez López
Expediente 440/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 440/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Guadalupe Stefany Suárez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
."Vistas las certificaciones que anteceden, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión, contra la sentencia dictada en el presente juicio, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que hasta estos momentos lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. Devolución de constancias. Devuélvanse al Juez Cuarto de Proceso Escrito de Primera Instancia en Materia Civil de la Ciudad de México, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, en virtud de que el sello de recibido por la citada autoridad hará las veces de acuse. En otro aspecto, requiérase a la tercera interesada para que acuda a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, dentro de un plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a recoger el documento exhibido en este expediente, Hágase de su conocimiento que las citas para presentarse físicamente conforme al horario asignado a este órgano jurisdiccional en el artículo 15 y Anexo I del Acuerdo General 21/2020; es de las siete horas con cuarenta y cinco minutos a las doce horas con cuarenta y cinco minutos. Por tanto, a fin de que pueda presentarse ante este órgano federal, con fundamento en el numeral 3 del citado acuerdo, dígase a la tercera interesada que deberá programar una cita a través del sistema "Agenda OJ", ubicado en el micrositio "Servicios jurisdiccionales" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese al presente asunto como totalmente concluido. ." agréguese a los autos el escrito signado por Pedro Chávez Acosta, autorizado por la tercera interesada Martha Elba Urzua Puente, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual solicita la devolución de la copia certificada del testimonio de la escritura pública dieciocho mil ochocientos seis de diez de marzo de dos mil diecisiete, del protocolo del Notario Público ciento cuarenta y siete de la Ciudad de Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de México, al efecto se acuerda: Dígase al promovente que se esté a lo acordado en líneas que anteceden, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
Acto continuo, procede la secretaria a hacer relación de constancias, da lectura al escrito de demanda y auto de admisión, da nueva cuenta con los oficios 2885 y 2884, por virtud de los cuales la Juez Cuarto de Proceso Escrito de Primera instancia en Materia Civil de Poder Judicial de la Ciudad de México y secretario actuario adscrito a dicho juzgado rindieron su informe con justificación y remitió la autoridad citada en primer término copia certificada del juicio ordinario civil 789/2019. Al efecto, el Juez acuerda: Se tiene a Guadalupe Stefany Suárez López, por propio derecho, solicitando el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades responsables en comento, por hecha la relación de constancias que antecede y por rendidos en los términos a que se contraen los informes justificados de las autoridades responsables, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar, las que serán tomadas en consideración al momento de emitir la resolución que en derecho proceda. Sin promociones pendientes de acuerdo, se abre el periodo probatorio, en el que la secretaria hace constar que la quejosa ofreció como pruebas en el escrito de demanda, las siguientes: Documental consistente en fotografía del citatorio del treinta y uno de agosto del año en curso. Documental consistente en una impresión fotográfica de la que se aprecia una ventana. Documental consistente en fotografía del instructivo de uno de septiembre del presente año. A su vez, la autoridad responsable ordenadora remitió en apoyo a su informe, las constancias a que se hizo mención en la relación que antecede, las cuales se tienen como instrumental de actuaciones, en virtud de que deben tomarse en consideración al momento de resolver todas aquellas constancias remitidas por las autoridades como complemento a su informe justificado. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relacionadas con antelación, la cuales por obrar en autos, se desahogan por su propia y especial naturaleza. Sin más pruebas pendientes que desahogar, se abre el periodo de alegatos, en el que la Secretaria hace constar, que ninguna de las partes los formuló. Al efecto, el Juez acuerda: Téngase por precluido el derecho de las partes para formularlos. Al no existir promociones pendientes de acuerdo, pruebas que desahogar, alegatos que reproducir, quedan vistos los autos para dictar la resolución que en derecho corresponda. La Secretaria Dana Zizlilí Quintero Martínez. Doy fe. SENTENCIA Relativa al juicio de amparo indirecto 440/2020-I, promovido por Guadalupe Stefany Suárez López, por propio derecho, contra actos de la Juez Cuarto de Proceso Escrito de Primera Instancia en Materia Civil de la Ciudad de México y ejecutor adscrito a ese juzgado. ANTECEDENTES 1. Demanda. Mediante escrito presentado el once de junio de dos mil dieciocho, Martha Elba Urzua Puente, por conducto de sus apoderados legales, demandó en la vía de ordinaria civil de Marisol Cabrera Corona, Miriam Méndez Hernández, José Agustín Romero B, Rocío Morales Pulido, Francisco Marín Reyes, Enrique Marín "N", Martha García Espíndola, Silvia González Hernández y Reyna "N", entre otras prestaciones, la desocupación y entrega del inmueble ubicado en avenida Río Consulado número 37, esquina con calle Tlaxcaltecas, colonia La Raza, código postal 02990, alcaldía Azcapotzalco, en esta ciudad, también conocido como Paseo de las Jacarandas número 37, colonia La Raza, código postal 02990, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. 2. Admisión. Por razón de turo, tocó conocer a la Juez Cuarto Civil de la Ciudad de México, misma que en proveído de doce de junio siguiente, admitió a trámite la demanda registrándola con el número de expediente 568/2018 y ordenó emplazar a los coenjuiciados para que contestara el líbelo incoado en su contra. 3. Sentencia. El seis de mayo de dos mil diecinueve, la juez natural dictó sentencia definitiva en la que, entre otras cuestiones, declaró que Martha Elba Urzua Puente es legítima propietaria del inmueble ubicado en avenida Río Consulado número 37, esquina con calle Tlaxcaltecas, colonia La Raza, código postal 02990, alcaldía Azcapotzalco, en esta ciudad, también conocido como Pasero de las Jacarandas número 37, colonia La Raza, código postal 02990, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, por lo que condenó a los codemandados la desocupación y entrega del citado bien. 4. Orden de desocupación. En proveídos de nueve de julio, veintitrés de agosto de esa anualidad y veinte de agosto de dos mil veinte, la juez del conocimiento ordenó requerir a los enjuiciados que en el término de cinco días desocuparan y entregaran el inmueble materia de la controversia, bajo apercibimiento que de no hacerlo serían lanzados a su costa. TRÁMITE DEL JUICIO 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el diez de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, remitido el diecisiete de septiembre siguiente a este órgano federal, Guadalupe Stefany Suárez López, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos de la Juez Cuarto de Proceso Escrito de Primera Instancia en Materia Civil de la Ciudad de México y ejecutor adscrito a ese juzgado, que a continuación se precisan: "IV. ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades señaladas como ordenadoras reclamo: DEL JUEZ CUARTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SE RECLAMA: La orden de lanzamiento solicitada por el Juez Cuarto de la Ciudad de México, en el juicio ordinario civil, expediente 568/2018. De las autoridades señaladas como ejecutoras se reclama: La orden de lanzamiento emitida por las autoridades responsables señaladas como ordenadoras, pues la hoy quejosa pretenden privarme de la posesión que ostento con el carácter der poseedora del inmueble que se encuentra ubicado en: Avenida Río Consulado, número 37, interior 4, colonia La Raza, alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02990, en esta Ciudad de México [...]". 2. Admisión. En auto de dieciocho de septiembre siguiente, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo; dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete; tuvo como tercera interesada a Martha Elba Urzua Puente; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 3. Emplazamiento. El veinticinco de septiembre de esta anualidad se emplazó a la tercera interesada al presente juicio de amparo. 4. Audiencia constitucional. El veintinueve de octubre del año en curso, tuvo lugar la audiencia constitucional, tal y como se advierte de lo asentado en el acta que antecede a esta resolución. III. COMPETENCIA Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 36/2016, que reformó al diverso 3/2013, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario delimitar los actos reclamados, que se deducen del estudio íntegro de la demanda y de las constancias del juicio natural. En este sentido, este órgano jurisdiccional advierte la quejosa en su calidad de tercera extraña a juicio en estricto sentido, reclama: 1. De la Juez Cuarto de Proceso Escrito de Primera Instancia en Materia Civil de la Ciudad de México, el emplazamiento al juicio ordinario civil 568/2018, y de manera destacada la orden de lanzamiento respecto del inmueble ubicado en avenida Río Consulado número treinta y siete, interior cuatro, colonia La Raza, alcaldía Azcapotzalco, código postal cero dos mil novecientos noventa, en esta Ciudad. 2. Del actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Proceso Escrito de Primera Instancia en Materia Civil de la Ciudad de México, la ejecución del acto atribuido a su titular. V. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Son ciertos los actos que se reclaman de la Juez Cuarto de Proceso Escrito de Primera Instancia en Materia Civil de la Ciudad de México, dado que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 917812, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". De igual forma, son ciertos los actos que se atribuyen al actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Proceso Escrito de Primera Instancia en Materia Civil de la Ciudad de México, dado que manifestó adherirse al informe rendido por su titular. Certeza que se corrobora con las documentales que la juez responsable anexó a su informe justificado, consistentes en copia certificada del expediente 568/2018, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, atento a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al constituir actuaciones judiciales. VII. OPORTUNIDAD La demanda se presentó dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso manifestó que tuvo conocimiento de los actos reclamados el treinta y uno de agosto de dos mil veinte. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó el diez de septiembre siguiente, es inconcuso que resulta oportuna. VIII. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA Previo al estudio del fondo, por ser una cuestión de orden público y de carácter preferente, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, las que de oficio se adviertan. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia II.1o. J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa carece de interés jurídico en el presente juicio constitucional, dado que no exhibió algún documento con el que acredite la causa legal del derecho de posesión respecto del inmueble materia de la litis. Para evidenciar lo anterior, es preciso traer a cuenta la porción normativa referida, cuyo texto es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia [.]". Del citado precepto, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros supuestos, cuando los actos reclamados no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Al respecto, los artículos 107, fracción I de la Constitución General de la República; 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente. "Artículo 107. [.] I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.]". De los preceptos legales transcritos, se advierte que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, como ocurre en el caso, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, por lo que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Así, la causal de improcedencia en estudio se traduce en la falta de interés jurídico que pesa sobre la parte solicitante de la protección constitucional, en relación con el acto que reclama; interés que se hace consistir en el derecho que le asiste a los gobernados para reclamar en vía de amparo cualquier acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio. Esto es, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por determinado acto de autoridad, al ocasionar un perjuicio a su titular. De esa manera, se requiere de una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses jurídicamente tutelados del peticionario, para que válidamente pueda acudir al juicio de amparo. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia XXVII.1o, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa". Por tanto, para que la autoridad federal esté en aptitud de advertir que un acto reclamado en amparo causa perjuicio a una persona (quejoso), ésta debe acreditar la titularidad respecto del derecho subjetivo reconocido por la ley y la afectación, agravio o perjuicio que le causa el acto de autoridad, la cual debe estar plenamente acreditada y no inferirse con base en presunciones. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En este sentido, cuando una persona se ostenta extraña al juicio de donde provienen los actos reclamados y aduce tener un derecho de posesión, habitación o propiedad, puede ser materia de protección constitucional siempre que derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que genere ese derecho, a fin de que tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que se tiene esa prerrogativa. Es aplicable la jurisprudencia 1/2002 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Bajo este contexto, se estima que en el caso, la impetrante debe ofrecer los medios de convicción que acrediten: Su condición de tercera extraña al juicio del que derivan los actos reclamados. La existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho de posesión que defiende. La afectación a ese derecho, a través de la ejecución de los actos reclamados. En la especie, el elemento número 1 se colma, dado que de las constancias que obran en el juicio ordinario civil 568/2018, no existe dato objetivo del que se infiera que la quejosa participó en la relación jurídico-procesal de manera activa, es decir, como parte formal en la contienda de origen, sea actor, demandado o tercero llamado. Por tanto, a Guadalupe Stefany Suárez López le asiste la calidad de tercera extraña en estricto sentido. Sin embargo, este juzgador considera que no se justifica el requisito marcado con el numeral 2 consistente en la existencia de algún título que sustente la causa legal generadora del derecho que por esta vía defiende. Ciertamente, la quejosa ofreció como medios de prueba, los siguientes: Documental consistente en fotografía del citatorio del treinta y uno de agosto del año en curso. Documental consistente en una impresión fotográfica de la que se aprecia una ventana. Documental consistente en fotografía del instructivo de uno de septiembre del presente año. Al respecto, las pruebas anteriormente relacionadas, fueron admitidas y desahogadas en la audiencia constitucional; sin embargo, se estima que las mismas, valoradas en términos de los artículos 133, 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son insuficientes para acreditar el interés jurídico de la quejosa, toda vez que al ser fotografías carecen de valor probatorio pleno. Incluso, aun adminiculadas sólo generan un indicio de las actuaciones en el juicio natural, sin que en modo alguno constituyan un título generador de la posesión que aduce respecto del inmueble ubicado en avenida Río Consulado número treinta y siete, interior cuatro, colonia La Raza, alcaldía Azcapotzalco, código postal cero dos mil novecientos noventa, en esta Ciudad. En este sentido, si la quejosa no acreditó la existencia de un título que sustente el derecho de posesión que dice tener, es inconcuso que tampoco cumple con el supuesto número 3, puesto que los actos que reclama no le irrogan perjuicio de ninguna especie. IX. DECISIÓN En mérito de lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en el artículos 61, fracciones XII, 63, fracción V, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Guadalupe Stefany Suárez López, por propio derecho, contra actos de la Juez Cuarto de Proceso Escrito de Primera Instancia en Materia Civil de la Ciudad de México y ejecutor adscrito a ese juzgado, por las razones expresadas en el último considerando de este fallo. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Incidental
CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107 fracción VII, constitucionales; 1°, 35, 125, 128, 129 y 138 de la Ley de Amparo; 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de enero de dos mil trece, en virtud de que se reclama un acto dictado por una autoridad que tiene su residencia en la jurisdicción de este Juzgado. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 146, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo acordado, es dable precisar que para efecto del presente incidente de suspensión, la parte quejosa ostentándose tercera extraña en estricto sentido, reclama: Todo lo actuado en el juicio ordinario civil 568/2018, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, y de manera particular la orden de lanzamiento respecto del inmueble que dice poseer ubicado en Avenida Río Consulado número treinta y siete, interior cuatro, colonia La Raza, alcaldía Azcapotzalco, código postal cero dos mil novecientos noventa, en esta Ciudad. Tercero. Existencia del acto controvertido. Son ciertos los actos que se reclaman al Juez Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México y ejecutor adscrito a dicho juzgado, dado que así lo manifestaron al rendir su informe previo. Cuarto. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada por la quejosa, toda vez que no aportó medio de prueba alguno para demostrar, aunque fuera indiciariamente, que el acto reclamado le causa algún agravio a su esfera jurídica. Así es, a la quejosa le asiste la carga probatoria de acreditar que con la tramitación del juicio tildado de inconstitucional, le resulta la calidad de agraviada y que de no concederse la suspensión solicitada, se causarán daños y perjuicios de difícil reparación, en la inteligencia de que, por tratarse precisamente de la suspensión y dada la prontitud que se requiere para su emisión, es necesario únicamente acreditar de manera indiciaria que se es titular del derecho que se invoca. De manera indiciaria implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además, de que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación. Así, como a la peticionaria del amparo le asiste la calidad de tercera extraña en estricto sentido, deviene inconcuso que le asiste la carga probatoria de acreditar, por lo menos a título presuntivo, que en relación al juicio ordinario civil 568/2018, le asiste la titularidad de algún derecho respecto al inmueble que dice poseer ubicado en Avenida Río Consulado número treinta y siete, interior cuatro, colonia La Raza, alcaldía Azcapotzalco, código postal cero dos mil novecientos noventa, en esta Ciudad. Lo que no ocurre, razón por la cual no resulta jurídicamente posible concederle la suspensión definitiva de los actos que reclama. Se arriba a dicha conclusión, porque no basta con solicitarla, sino que debe acreditar su interés en que se suspendan los actos reclamados; situación que en la especie no se actualiza, sin que sea suficiente su manifestación bajo protesta de decir verdad, que el acto de autoridad que tilda de inconstitucional le agravia, para que se acredite la presunción aludida; ya que una persona extraña al procedimiento de donde emana el acto reclamado debe probar el supuesto ya dicho y, al no haber aportado al menos, alguna prueba que confirmara o hiciera presumir que la tramitación del juicio de origen le pudiera ocasionar un perjuicio de difícil reparación en su esfera jurídica, no es posible determinar si se cumple o no con lo establecido en el artículo 128 de la Ley de Amparo. De igual manera, la jurisprudencia VI.2o. J/, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto es: "SUSPENSION PEDIDA POR EXTRAÑOS A UN PROCEDIMIENTO. Los extraños a un juicio deben probar, aun cuando sea de una manera presuntiva, el interés que tienen en que se suspenda el acto reclamado y si no lo hacen así, la suspensión debe negarse. No pasa desapercibido para este Juzgador, que la quejosa haya acompañado a su escrito de demanda fotocopia del citatorio del treinta y uno de agosto del año en curso; una impresión fotográfica; y, fotocopia del instructivo de uno de septiembre del presente año; sin embargo, con ello no se demuestra, incluso de modo presuntivo, la existencia del derecho de la posesión que la quejosa dice tener sobre el inmueble mencionado, sino que únicamente se evidencia que el juez responsable ordenó una diligencia y ésta se practicó. Por lo antes expuesto, fundado y además con apoyo en los artículos 125, 128, 132, 133, 136 y 146 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Guadalupe Stefany Suárez López, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México y ejecutor adscrito a dicho juzgado. Notifíquese en el portal del internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
."agréguese el escrito de cuenta, signado por la quejosa Guadalupe Stefany Suárez López, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en proveído de dieciocho de septiembre de la presente anualidad, exhibe dos copias del escrito de demanda, a efecto de que se aperture el incidente de suspensión respectivo; al efecto se acuerda: Como lo solicita ." fórmese por cuerda separada y por duplicado el incidente de suspensión respectivo. En tal virtud, hágase de su conocimiento que la entrega de copias se realizará conforme al horario asignado a este órgano jurisdiccional en el artículo 15 y Anexo I del Acuerdo General 21/2020; esto es, de las siete horas con cuarenta y cinco minutos a las doce horas con cuarenta y cinco minutos. Por tanto, deberá programar una cita a partir de la fecha indicada y en el horario precisado, a través del sistema "Agenda OJ", ubicado en el micrositio "Servicios jurisdiccionales", del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, intégrese a los autos el escrito de cuenta firmado por Ricardo Carrera Flores, en su carácter de apoderado de la tercera interesada Martha Elba Urzua Puente,..."mediante el cual se apersona al presente sumario constitucional, formula manifestaciones en vía de alegatos y ofrece una prueba. En ese sentido, ténganse por apersonada a la tercera interesada al juicio de amparo en que se actúa. ."Por otro lado, se tienen por autorizados en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a Pedro Chávez Acosta y Marco Antonio López Montalvo, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales en Derecho, como se advierte de la certificación de cuenta. Asimismo, ténganse por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos e imponerse de los autos a las diversas personas que menciona, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo. De igual manera, como lo solicita la promovente, con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por autorizado al usuario "PEDROCHAVEZACOSTA", para que consulte vía internet el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Por otro lado, hágase del conocimiento de la promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formuladas las manifestaciones que realiza el promovente en vía de alegatos, y con éstas dese nueva cuenta en la audiencia constitucional. Finalmente, téngase por anunciada como prueba la documental consistente en: Copia certificada del juicio ordinario civil 568/2018. Con la prueba relacionada, dese cuenta en la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
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