Guadalupe Sonia Moreno Alfan
Expediente 1255/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 39 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1255/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 15/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Diego Alexis Hernandez Moreno
- Guadalupe Sonia Moreno Alfan
- Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos
- GUADALUPE SONIA MORENO ALFAN y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo 1255/2019-IV, se advierte que en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, no se constata la notificación realizada a Trinidad Bernabé Zaragoza Tenorio, representante especial del menor de iniciales D.A.H.M., respecto a la sentencia pronunciada el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. En tal virtud, toda vez que el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo establece que el expediente electrónico debe coincidir fiel y exactamente con el físico, se instruye al Actuario adscrito, para que proceda a subir al expediente electrónico la notificación faltante o en caso de que no se haya practicado ésta, inmediatamente notifique a Trinidad Bernabé Zaragoza Tenorio, representante especial del menor de iniciales D.A.H.M. la sentencia de mérito. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Gabriela Tirado Ruiz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular autorizadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y comunicada mediante oficio CCJ/ST/2059/2021 de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, ante el Secretario Fernando Cobos González, que autoriza y da fe. *ediaz*
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1255/2019-IV, promovido por ********************.; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido el día siguiente en la oficialía de partes de este juzgado, ROSALINA FLORES SALGADO por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales D.A.H.M., solicitaron el amparo y la protección de la justicia federal contra actos de la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, que hizo consistir en la resolución emitida el nueve de agosto de dos mil diecinueve en el recurso de revocación intentado contra el auto de dieciocho de junio del mismo año, por el que ordenaron las convivencias entre el adolescente quejoso DIEGO ALEXIS HERNÁNDEZ MORENO y su padre René Hernández Salgado, relativo al incidente de guarda y custodia deducido del expediente ********************. SEGUNDO. Por acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve se previno a la promovente para que acreditara la personalidad con la que promueve con relación al menor de edad. TERCERO. Por escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, allegó copia certificada del acta de nacimiento del menor, por lo que se admitió la demanda de amparo por auto de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se designó un representante especial al menor, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al tercero interesado. El tercero interesado ********************, se apersonó en el juicio el seis de noviembre de dos mil diecinueve. CUARTO. La audiencia constitucional inició el once de diciembre de dos mil diecinueve; sin embargo, se suspendió para dar trámite al incidente de falsedad de firma de la quejosa, interpuesto por el tercero interesado, reanudándose en términos del acta que antecede y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Incidente de falsedad de firma planteado. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Amparo, corresponde a este Juzgado resolver conjuntamente con el amparo, por no estar previsto como artículo de previo y especial pronunciamiento en el ordenamiento citado, lo relativo al incidente de falsedad de firma planteado por el tercero interesado ********************; ya que asevera que la firma que aparece en la demanda de amparo que dio origen a este juicio y la firma que calza el escrito mediante el cual se subsanó la prevención no fueron puestas del puño y letra de ********************, por lo que considera que son falsas. En principio debe precisarse que la falsificación de la firma es un punto que para ser eficazmente corroborado requerirá acudir a la experticia de determinada persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafóscopo, ya que es la persona calificada, con conocimientos especiales en esa ciencia o arte, que ilustrará al juzgador en cuestiones técnicas que ignora y que forman parte de la controversia. Ahora bien, una vez desahogada la prueba en mención se advierte que la perita oficial Rebeca Murillo Muñoz, adscrita a la Coordinación de Servicios Periciales del Estado de Morelos de la Procuraduría General de la República, en lo que interesa concluyó que la firma que calza la demanda de amparo presentada el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve y la firma que calza el escrito de desahogo de prevención presentado el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, no provienen de ********************. A efecto de establecer el valor probatorio que debe otorgarse a la pericial referida, se debe precisar, como complemento de lo que en forma introductoria se sostuvo al inicio del presente considerando, que el peritaje es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada en virtud del encargo judicial por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos y mediante la cual se proporcionan argumentos y razones al juzgador, para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos también especiales, cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de las personas y requieren esa capacidad particular para su adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas y de sus efectos o, simplemente, para su apreciación e interpretación. Por lo que dicha prueba cumple con una doble función, que es por una parte verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la noción común del juzgador y de las personas, sus causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción sobre tales hechos y para ilustrar al juzgador con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. El valor probatorio del peritaje radica en una presunción concreta, para el caso particular, de que el perito es sincero, veraz y posiblemente acertado, cuando es una persona honesta, imparcial, capaz, experta en la materia que forma parte del hecho sobre el cual dictamina, que además ha estudiado cuidadosamente el problema sometido a su consideración, ha realizado sus percepciones de los hechos o del material probatorio del proceso con eficacia y ha emitido su concepto sobre tales percepciones y las deducciones que de ellas se concluyen, gracias a las reglas técnicas, científicas o artísticas de la experiencia que conoce y aplica para esos fines, en forma explicada, motivada fundada y conveniente. Por lo tanto, el valor probatorio de un peritaje depende de si está debidamente fundado, pues la claridad en las conclusiones es indispensable para que aparezcan exactos y la autoridad jurisdiccional pueda adoptarlas como convincentes la lógica relación entre ellas y los fundamentos que las respaldan debe existir siempre, para que merezcan absoluta credibilidad. Lo anterior es así, dado que la prueba en cita es de aquellas consideradas de libre convicción que son las que se fundan en la sana crítica, y que constituyen las reglas del correcto entendimiento humano. En éstas interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del Juez, que contribuyen a que pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas, de modo que, salvo en aquellos casos en que la ley otorga el valor probatorio a una prueba, el Juez debe decidir con arreglo a la sana crítica, esto es, sin razonar a voluntad, discrecionalmente o arbitrariamente. Las reglas de la sana crítica consisten en su sentido formal en una operación lógica, además de la aplicación de la lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida. Luego, es necesario considerar en la valoración de la prueba el carácter forzosamente variable de la experiencia humana, tanto como la necesidad de mantener con el rigor posible los principios de la lógica en que el derecho se apoya. Precisado lo anterior, debe tenerse presente que en la valoración de las pruebas existen los sistemas tasados o legales y pruebas libres, o de libre convicción. Las pruebas legales son aquellas a las que la ley señala la eficacia probatoria que el juzgador debe atribuirles. Por su parte, las pruebas de libre convicción son las que se fundan en la sana crítica y que constituyen las reglas del correcto entendimiento humano. En estas interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del Juez, que contribuyen a que pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. De modo que, salvo en aquellos casos en que la ley otorga el valor probatorio a una prueba, el Juez debe decidir con arreglo a la sana crítica; esto es, sin razonar a voluntad, discrecionalmente o arbitrariamente. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 33/2018 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6 del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, correspondiente a la Décima Época, registro electrónico 2018954de rubro: "INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA LA ADMISIÓN, PREPARACIÓN Y DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL GRAFOSCÓPICA, ES APLICABLE LA LEY DE AMPARO." Las reglas de la sana crítica consisten en su sentido formal en una operación lógica. Las máximas de experiencia contribuyen tanto como los principios lógicos a la valoración de la prueba. El Juez es quien toma conocimiento del mundo que le rodea y le conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. La sana crítica es, además de la aplicación de la lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida. Es de invocarse al respecto la jurisprudencia I.4o.C. J/22, de la Novena Época, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizada en la página 2095 del Tomo XXIV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Agosto de 2006, registro 174,352, cuyo rubro es: "SANA CRÍTICA. SU CONCEPTO.". Luego, es necesario considerar en la valoración de la prueba el carácter forzosamente variable de la experiencia humana, tanto como la necesidad de mantener con el rigor posible los principios de la lógica en que el derecho se apoya. Bajo ese marco teórico, la prueba pericial tiene por objeto que personas calificadas, con conocimientos especiales en alguna ciencia o arte, ilustren al juzgador sobre cuestiones técnicas que escapan al conocimiento del común de las personas, por lo que es claro que a los peritos, en tanto coadyuvantes del Juez, les corresponde únicamente exponer los elementos de juicio necesarios, mediante aseveraciones debidamente razonadas y sustentadas en circunstancias objetivas que esclarezcan el hecho controvertido para el suscrito. Es decir, la eficacia demostrativa de aquella prueba depende de que cumpla con la finalidad señalada, esto es, esclarecer en forma razonablemente e inobjetable el hecho controvertido y la valoración relativa debe hacerla el que ahora juzga, haciendo uso de su prudente arbitrio, por lo que si éste no encuentra que la opinión del perito cumple con la mencionada finalidad, estará en aptitud de negarle eficacia probatoria al dictamen si se considera que no fue emitido conforme a los lineamientos establecidos para la prueba pericial. En consecuencia, un peritaje debe dar luz al juez sobre las cuestiones que ignora y que forman parte de la controversia. Pero dar luz no significa, en este contexto, hacer aseveraciones abstractas y generales, enunciar principios y formular enunciados, más o menos vagos, sino que significa ilustrar el criterio del suscrito, implica explicar en forma detallada, a su alcance, el contenido y significado de aquellos enunciados y principios, y hacer una aplicación concreta, detallada e individual de los mismos a los hechos controvertidos del caso, para que el que ahora resuelve, con ese aprendizaje, pueda por sí mismo, hasta donde es razonable posible, efectuar los razonamientos técnicos o revisarlos, para que esté en posibilidad de determinar si el peritaje merece o no valía probatoria. En este caso, el punto a dictaminar consistió en si la firma que obra en el escrito inicial de demanda y la que obra en el escrito a través del cual se subsanó la prevención, fue puesta del puño y letra de la quejosa ********************. En ese orden de ideas, en el dictamen rendido por la perita oficial Rebeca Murillo Muñoz, adscrita a la Coordinación de Servicios Periciales del Estado de Morelos de la Procuraduría General de la República, concluyó que las firmas que aparecen en la demanda de amparo y en el escrito a través del cual se subsanó la prevención, presentado el treinta de septiembre de dos mil diecinueve no provienen por su ejecución de ********************. En su dictamen, la experta utilizó como métodos de estudio para la realización de su opinión, el analítico, el descriptivo, el comparativo y demostrativo, empleándolos de la siguiente manera: I. Análisis integral de las características de orden general y conjunto de gestos gráficos que particularizan e identifican a las firmas base del cotejo. II. Análisis integral de las características de orden general y conjunto de gestos gráficos que particularizan e identifican a las firmas cuestionadas. III. Confronta y de los resultados obtenidos; IV. Emisión de la conclusión; y V Anexo fotográfico. Explicando las consideraciones técnicas y científicas que sustentan su conclusión, lo cual, es suficiente para llevar al ánimo del juzgador a adoptarlos, ya que determinan, que en relación con las firmas impugnadas y la indubitable, que fueron puestas del puño y letra por ********************, se desprenden notables y contundentes discrepancias gráficas, con lo cual auxilia al suscrito juzgador para llegar a la consecución de la verdad. En esa tesitura y en razón de lo expuesto, atendiendo a las reglas de la lógica y la sana crítica, es válido conceder valor probatorio al dictamen rendido por la perito oficial Rebeca Murillo Muñoz, adscrita a la Coordinación de Servicios Periciales del Estado del Morelos de la entonces Procuraduría General de la República, al otorgar convicción plena, exclusivamente para los efectos del presente juicio de amparo. En vista de lo anterior, es factible concluir que la firma que aparece en la demanda de amparo y en el escrito de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, a través del cual se subsanó la prevención, no fueron puestas del puño y letra de ********************, por lo que se declara fundado el incidente de falsedad promovido por el tercero interesado ********************. TERCERO. Toda vez que se ha resuelto el incidente de falsedad, se procede al estudio acerca de la existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, consistente en la resolución de nueve de agosto de dos mil diecinueve dentro del incidente de guarda y custodia deducido del expediente ********************, ya que así lo manifestó la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos, al rendir el informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada del referido expediente que remitiera la responsable como complemento al informe de la que se advierte la existencia de la mencionada resolución; documental que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. En la especie, este órgano de control constitucional, después de haber analizado el incidente de falsedad de firma planteado por el tercero interesado considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6° de la ley de la materia, preceptos legales que literalmente disponen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;" "Artículo 6°.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De dichas disposiciones legales se desprende uno de los principios fundamentales del juicio de amparo denominado "de instancia de parte agraviada" consistente en que por regla general el juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto que se reclame. Además, en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o, si no saben firmar, mediante la huella digital y la firma de otra persona a su ruego, pues de otra manera no habría forma de saber si es realmente la voluntad de la persona a cuyo nombre se encabeza el escrito, la de hacer valer las pretensiones que en él se deducen. En el caso, de las constancias que conforman el presente juicio, se advierte que el escrito de demanda recibido el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes de esta Juzgado de Distrito fue promovido por ********************. Asimismo se aprecia que mediante escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se subsanó la prevención que se realizó por acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. De igual forma, se advierte que el tercero interesado ******************** objetó de falsa la firma de ******************** que aparece estampada en la demanda de amparo y el mencionado escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que una vez que se desahogó el incidente de falsedad se determinó que la firma que se le atribuye a ********************, no fue puesta de su puño y letra. Sin que la quejosa hubiese aportado elementos de prueba a fin de desvirtuar lo concluido en el dictamen pericial de grafoscopía. En tal contexto, si el tercero interesado objetó la autenticidad de la firma que calza la demanda de amparo y la del escrito a través del cual subsanó la prevención y tal objeción resultó fundada, en los términos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, resulta evidente que en el caso no se actualiza uno de los principios rectores del juicio de amparo, consistente en la existencia de instancia de parte agraviada en términos de los artículos 107, fracción I, Constitucional y 6° de la Ley de Amparo, puesto que quedó acreditada la ilegitimidad de la firma mencionada, es decir, la demanda de amparo no fue firmada por el gobernado a quien se dice perjudica el acto de autoridad ni corresponde a la firma de la madre o como representante legal del menor y dado que la firma de la demanda constituye la manifestación de voluntad del impetrante, esto conlleva a considerar que tal manifestación volitiva no se gestó y, por tanto, en realidad quien se señala como promovente no lo es. Cobra especial aplicación la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, correspondiente a la Décima Época, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, tomo 3, julio de 2012, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. AL SER LA FALSEDAD DE LA FIRMA DEL ESCRITO RELATIVO UN CASO ANÁLOGO AL DE LA AUSENCIA DE ÉSTA, LA ACCIÓN DE AMPARO ES IMPROCEDENTE." No se soslaya la designación del representante especial en términos del artículo 8 de la Ley de Amparo, a favor del menor, pues aunque con tal carácter está permitido incluso intervenir en el juicio en tutela de los derechos de éstos, tal designación se gestó como se dijo a virtud de la pretensión inicial de amparo que, como se estableció, carece de la voluntad de la que se dijo promovente, por lo que se realizó a razón de una pretensión inexistente y, por ello, no puede estimarse como externada la voluntad del menor para promover amparo al derivar de un acto inexistente y por ende, del mismo no puede generarse acto alguno. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107 fracción I Constitucional y 6° de la ley de la materia, de ahí que proceda ******************** en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el diverso precepto 63, fracción V, de esta última. Por lo expuesto y fundado se resuelve; PRIMERO. SE DECLARA FUNDADO EL INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA interpuesto por el tercero interesado ********************. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por ******************** por derecho propio y en representación de su menor hijo de iniciales D.A.H.M., contra la resolución de nueve de agosto de dos mil diecinueve dentro del incidente de guarda y custodia deducido del expediente ********************, que se reclamó a la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos por los razonamientos contenidos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que da fe, en observancia al Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia.
- Principal
CITATORIO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del treinta y uno de mayo del dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1255/2019-IV, promovido por ********************.; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido el día siguiente en la oficialía de partes de este juzgado, ROSALINA FLORES SALGADO por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales D.A.H.M., solicitaron el amparo y la protección de la justicia federal contra actos de la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, que hizo consistir en la resolución emitida el nueve de agosto de dos mil diecinueve en el recurso de revocación intentado contra el auto de dieciocho de junio del mismo año, por el que ordenaron las convivencias entre el adolescente quejoso DIEGO ALEXIS HERNÁNDEZ MORENO y su padre René Hernández Salgado, relativo al incidente de guarda y custodia deducido del expediente ********************. SEGUNDO. Por acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve se previno a la promovente para que acreditara la personalidad con la que promueve con relación al menor de edad. TERCERO. Por escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, allegó copia certificada del acta de nacimiento del menor, por lo que se admitió la demanda de amparo por auto de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se designó un representante especial al menor, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al tercero interesado. El tercero interesado ********************, se apersonó en el juicio el seis de noviembre de dos mil diecinueve. CUARTO. La audiencia constitucional inició el once de diciembre de dos mil diecinueve; sin embargo, se suspendió para dar trámite al incidente de falsedad de firma de la quejosa, interpuesto por el tercero interesado, reanudándose en términos del acta que antecede y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Incidente de falsedad de firma planteado. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Amparo, corresponde a este Juzgado resolver conjuntamente con el amparo, por no estar previsto como artículo de previo y especial pronunciamiento en el ordenamiento citado, lo relativo al incidente de falsedad de firma planteado por el tercero interesado ********************; ya que asevera que la firma que aparece en la demanda de amparo que dio origen a este juicio y la firma que calza el escrito mediante el cual se subsanó la prevención no fueron puestas del puño y letra de ********************, por lo que considera que son falsas. En principio debe precisarse que la falsificación de la firma es un punto que para ser eficazmente corroborado requerirá acudir a la experticia de determinada persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafóscopo, ya que es la persona calificada, con conocimientos especiales en esa ciencia o arte, que ilustrará al juzgador en cuestiones técnicas que ignora y que forman parte de la controversia. Ahora bien, una vez desahogada la prueba en mención se advierte que la perita oficial Rebeca Murillo Muñoz, adscrita a la Coordinación de Servicios Periciales del Estado de Morelos de la Procuraduría General de la República, en lo que interesa concluyó que la firma que calza la demanda de amparo presentada el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve y la firma que calza el escrito de desahogo de prevención presentado el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, no provienen de ********************. A efecto de establecer el valor probatorio que debe otorgarse a la pericial referida, se debe precisar, como complemento de lo que en forma introductoria se sostuvo al inicio del presente considerando, que el peritaje es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada en virtud del encargo judicial por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos y mediante la cual se proporcionan argumentos y razones al juzgador, para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos también especiales, cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de las personas y requieren esa capacidad particular para su adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas y de sus efectos o, simplemente, para su apreciación e interpretación. Por lo que dicha prueba cumple con una doble función, que es por una parte verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la noción común del juzgador y de las personas, sus causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción sobre tales hechos y para ilustrar al juzgador con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. El valor probatorio del peritaje radica en una presunción concreta, para el caso particular, de que el perito es sincero, veraz y posiblemente acertado, cuando es una persona honesta, imparcial, capaz, experta en la materia que forma parte del hecho sobre el cual dictamina, que además ha estudiado cuidadosamente el problema sometido a su consideración, ha realizado sus percepciones de los hechos o del material probatorio del proceso con eficacia y ha emitido su concepto sobre tales percepciones y las deducciones que de ellas se concluyen, gracias a las reglas técnicas, científicas o artísticas de la experiencia que conoce y aplica para esos fines, en forma explicada, motivada fundada y conveniente. Por lo tanto, el valor probatorio de un peritaje depende de si está debidamente fundado, pues la claridad en las conclusiones es indispensable para que aparezcan exactos y la autoridad jurisdiccional pueda adoptarlas como convincentes la lógica relación entre ellas y los fundamentos que las respaldan debe existir siempre, para que merezcan absoluta credibilidad. Lo anterior es así, dado que la prueba en cita es de aquellas consideradas de libre convicción que son las que se fundan en la sana crítica, y que constituyen las reglas del correcto entendimiento humano. En éstas interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del Juez, que contribuyen a que pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas, de modo que, salvo en aquellos casos en que la ley otorga el valor probatorio a una prueba, el Juez debe decidir con arreglo a la sana crítica, esto es, sin razonar a voluntad, discrecionalmente o arbitrariamente. Las reglas de la sana crítica consisten en su sentido formal en una operación lógica, además de la aplicación de la lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida. Luego, es necesario considerar en la valoración de la prueba el carácter forzosamente variable de la experiencia humana, tanto como la necesidad de mantener con el rigor posible los principios de la lógica en que el derecho se apoya. Precisado lo anterior, debe tenerse presente que en la valoración de las pruebas existen los sistemas tasados o legales y pruebas libres, o de libre convicción. Las pruebas legales son aquellas a las que la ley señala la eficacia probatoria que el juzgador debe atribuirles. Por su parte, las pruebas de libre convicción son las que se fundan en la sana crítica y que constituyen las reglas del correcto entendimiento humano. En estas interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del Juez, que contribuyen a que pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. De modo que, salvo en aquellos casos en que la ley otorga el valor probatorio a una prueba, el Juez debe decidir con arreglo a la sana crítica; esto es, sin razonar a voluntad, discrecionalmente o arbitrariamente. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 33/2018 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6 del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, correspondiente a la Décima Época, registro electrónico 2018954de rubro: "INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA LA ADMISIÓN, PREPARACIÓN Y DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL GRAFOSCÓPICA, ES APLICABLE LA LEY DE AMPARO." Las reglas de la sana crítica consisten en su sentido formal en una operación lógica. Las máximas de experiencia contribuyen tanto como los principios lógicos a la valoración de la prueba. El Juez es quien toma conocimiento del mundo que le rodea y le conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. La sana crítica es, además de la aplicación de la lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida. Es de invocarse al respecto la jurisprudencia I.4o.C. J/22, de la Novena Época, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizada en la página 2095 del Tomo XXIV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Agosto de 2006, registro 174,352, cuyo rubro es: "SANA CRÍTICA. SU CONCEPTO.". Luego, es necesario considerar en la valoración de la prueba el carácter forzosamente variable de la experiencia humana, tanto como la necesidad de mantener con el rigor posible los principios de la lógica en que el derecho se apoya. Bajo ese marco teórico, la prueba pericial tiene por objeto que personas calificadas, con conocimientos especiales en alguna ciencia o arte, ilustren al juzgador sobre cuestiones técnicas que escapan al conocimiento del común de las personas, por lo que es claro que a los peritos, en tanto coadyuvantes del Juez, les corresponde únicamente exponer los elementos de juicio necesarios, mediante aseveraciones debidamente razonadas y sustentadas en circunstancias objetivas que esclarezcan el hecho controvertido para el suscrito. Es decir, la eficacia demostrativa de aquella prueba depende de que cumpla con la finalidad señalada, esto es, esclarecer en forma razonablemente e inobjetable el hecho controvertido y la valoración relativa debe hacerla el que ahora juzga, haciendo uso de su prudente arbitrio, por lo que si éste no encuentra que la opinión del perito cumple con la mencionada finalidad, estará en aptitud de negarle eficacia probatoria al dictamen si se considera que no fue emitido conforme a los lineamientos establecidos para la prueba pericial. En consecuencia, un peritaje debe dar luz al juez sobre las cuestiones que ignora y que forman parte de la controversia. Pero dar luz no significa, en este contexto, hacer aseveraciones abstractas y generales, enunciar principios y formular enunciados, más o menos vagos, sino que significa ilustrar el criterio del suscrito, implica explicar en forma detallada, a su alcance, el contenido y significado de aquellos enunciados y principios, y hacer una aplicación concreta, detallada e individual de los mismos a los hechos controvertidos del caso, para que el que ahora resuelve, con ese aprendizaje, pueda por sí mismo, hasta donde es razonable posible, efectuar los razonamientos técnicos o revisarlos, para que esté en posibilidad de determinar si el peritaje merece o no valía probatoria. En este caso, el punto a dictaminar consistió en si la firma que obra en el escrito inicial de demanda y la que obra en el escrito a través del cual se subsanó la prevención, fue puesta del puño y letra de la quejosa ********************. En ese orden de ideas, en el dictamen rendido por la perita oficial Rebeca Murillo Muñoz, adscrita a la Coordinación de Servicios Periciales del Estado de Morelos de la Procuraduría General de la República, concluyó que las firmas que aparecen en la demanda de amparo y en el escrito a través del cual se subsanó la prevención, presentado el treinta de septiembre de dos mil diecinueve no provienen por su ejecución de ********************. En su dictamen, la experta utilizó como métodos de estudio para la realización de su opinión, el analítico, el descriptivo, el comparativo y demostrativo, empleándolos de la siguiente manera: I. Análisis integral de las características de orden general y conjunto de gestos gráficos que particularizan e identifican a las firmas base del cotejo. II. Análisis integral de las características de orden general y conjunto de gestos gráficos que particularizan e identifican a las firmas cuestionadas. III. Confronta y de los resultados obtenidos; IV. Emisión de la conclusión; y V Anexo fotográfico. Explicando las consideraciones técnicas y científicas que sustentan su conclusión, lo cual, es suficiente para llevar al ánimo del juzgador a adoptarlos, ya que determinan, que en relación con las firmas impugnadas y la indubitable, que fueron puestas del puño y letra por ********************, se desprenden notables y contundentes discrepancias gráficas, con lo cual auxilia al suscrito juzgador para llegar a la consecución de la verdad. En esa tesitura y en razón de lo expuesto, atendiendo a las reglas de la lógica y la sana crítica, es válido conceder valor probatorio al dictamen rendido por la perito oficial Rebeca Murillo Muñoz, adscrita a la Coordinación de Servicios Periciales del Estado del Morelos de la entonces Procuraduría General de la República, al otorgar convicción plena, exclusivamente para los efectos del presente juicio de amparo. En vista de lo anterior, es factible concluir que la firma que aparece en la demanda de amparo y en el escrito de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, a través del cual se subsanó la prevención, no fueron puestas del puño y letra de ********************, por lo que se declara fundado el incidente de falsedad promovido por el tercero interesado ********************. TERCERO. Toda vez que se ha resuelto el incidente de falsedad, se procede al estudio acerca de la existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, consistente en la resolución de nueve de agosto de dos mil diecinueve dentro del incidente de guarda y custodia deducido del expediente ********************, ya que así lo manifestó la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos, al rendir el informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada del referido expediente que remitiera la responsable como complemento al informe de la que se advierte la existencia de la mencionada resolución; documental que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. En la especie, este órgano de control constitucional, después de haber analizado el incidente de falsedad de firma planteado por el tercero interesado considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6° de la ley de la materia, preceptos legales que literalmente disponen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;" "Artículo 6°.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De dichas disposiciones legales se desprende uno de los principios fundamentales del juicio de amparo denominado "de instancia de parte agraviada" consistente en que por regla general el juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto que se reclame. Además, en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o, si no saben firmar, mediante la huella digital y la firma de otra persona a su ruego, pues de otra manera no habría forma de saber si es realmente la voluntad de la persona a cuyo nombre se encabeza el escrito, la de hacer valer las pretensiones que en él se deducen. En el caso, de las constancias que conforman el presente juicio, se advierte que el escrito de demanda recibido el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes de esta Juzgado de Distrito fue promovido por ********************. Asimismo se aprecia que mediante escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se subsanó la prevención que se realizó por acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. De igual forma, se advierte que el tercero interesado ******************** objetó de falsa la firma de ******************** que aparece estampada en la demanda de amparo y el mencionado escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que una vez que se desahogó el incidente de falsedad se determinó que la firma que se le atribuye a ********************, no fue puesta de su puño y letra. Sin que la quejosa hubiese aportado elementos de prueba a fin de desvirtuar lo concluido en el dictamen pericial de grafoscopía. En tal contexto, si el tercero interesado objetó la autenticidad de la firma que calza la demanda de amparo y la del escrito a través del cual subsanó la prevención y tal objeción resultó fundada, en los términos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, resulta evidente que en el caso no se actualiza uno de los principios rectores del juicio de amparo, consistente en la existencia de instancia de parte agraviada en términos de los artículos 107, fracción I, Constitucional y 6° de la Ley de Amparo, puesto que quedó acreditada la ilegitimidad de la firma mencionada, es decir, la demanda de amparo no fue firmada por el gobernado a quien se dice perjudica el acto de autoridad ni corresponde a la firma de la madre o como representante legal del menor y dado que la firma de la demanda constituye la manifestación de voluntad del impetrante, esto conlleva a considerar que tal manifestación volitiva no se gestó y, por tanto, en realidad quien se señala como promovente no lo es. Cobra especial aplicación la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, correspondiente a la Décima Época, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, tomo 3, julio de 2012, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. AL SER LA FALSEDAD DE LA FIRMA DEL ESCRITO RELATIVO UN CASO ANÁLOGO AL DE LA AUSENCIA DE ÉSTA, LA ACCIÓN DE AMPARO ES IMPROCEDENTE." No se soslaya la designación del representante especial en términos del artículo 8 de la Ley de Amparo, a favor del menor, pues aunque con tal carácter está permitido incluso intervenir en el juicio en tutela de los derechos de éstos, tal designación se gestó como se dijo a virtud de la pretensión inicial de amparo que, como se estableció, carece de la voluntad de la que se dijo promovente, por lo que se realizó a razón de una pretensión inexistente y, por ello, no puede estimarse como externada la voluntad del menor para promover amparo al derivar de un acto inexistente y por ende, del mismo no puede generarse acto alguno. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107 fracción I Constitucional y 6° de la ley de la materia, de ahí que proceda ******************** en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el diverso precepto 63, fracción V, de esta última. Por lo expuesto y fundado se resuelve; PRIMERO. SE DECLARA FUNDADO EL INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA interpuesto por el tercero interesado ********************. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por ******************** por derecho propio y en representación de su menor hijo de iniciales D.A.H.M., contra la resolución de nueve de agosto de dos mil diecinueve dentro del incidente de guarda y custodia deducido del expediente ********************, que se reclamó a la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos por los razonamientos contenidos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que da fe, en observancia al Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia.
- Principal
CITATORIO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte TERCERO INTERESADA: RENÉ HERNÁNDEZ SALGADO, el auto y/o resolución de TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, que en lo conducente establece: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1255/2019-IV, promovido por ********************.; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido el día siguiente en la oficialía de partes de este juzgado, ROSALINA FLORES SALGADO por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales D.A.H.M., solicitaron el amparo y la protección de la justicia federal contra actos de la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, que hizo consistir en la resolución emitida el nueve de agosto de dos mil diecinueve en el recurso de revocación intentado contra el auto de dieciocho de junio del mismo año, por el que ordenaron las convivencias entre el adolescente quejoso DIEGO ALEXIS HERNÁNDEZ MORENO y su padre René Hernández Salgado, relativo al incidente de guarda y custodia deducido del expediente ********************. SEGUNDO. Por acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve se previno a la promovente para que acreditara la personalidad con la que promueve con relación al menor de edad. TERCERO. Por escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, allegó copia certificada del acta de nacimiento del menor, por lo que se admitió la demanda de amparo por auto de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se designó un representante especial al menor, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al tercero interesado. El tercero interesado ********************, se apersonó en el juicio el seis de noviembre de dos mil diecinueve. CUARTO. La audiencia constitucional inició el once de diciembre de dos mil diecinueve; sin embargo, se suspendió para dar trámite al incidente de falsedad de firma de la quejosa, interpuesto por el tercero interesado, reanudándose en términos del acta que antecede y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Incidente de falsedad de firma planteado. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Amparo, corresponde a este Juzgado resolver conjuntamente con el amparo, por no estar previsto como artículo de previo y especial pronunciamiento en el ordenamiento citado, lo relativo al incidente de falsedad de firma planteado por el tercero interesado ********************; ya que asevera que la firma que aparece en la demanda de amparo que dio origen a este juicio y la firma que calza el escrito mediante el cual se subsanó la prevención no fueron puestas del puño y letra de ********************, por lo que considera que son falsas. En principio debe precisarse que la falsificación de la firma es un punto que para ser eficazmente corroborado requerirá acudir a la experticia de determinada persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafóscopo, ya que es la persona calificada, con conocimientos especiales en esa ciencia o arte, que ilustrará al juzgador en cuestiones técnicas que ignora y que forman parte de la controversia. Ahora bien, una vez desahogada la prueba en mención se advierte que la perita oficial Rebeca Murillo Muñoz, adscrita a la Coordinación de Servicios Periciales del Estado de Morelos de la Procuraduría General de la República, en lo que interesa concluyó que la firma que calza la demanda de amparo presentada el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve y la firma que calza el escrito de desahogo de prevención presentado el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, no provienen de ********************. A efecto de establecer el valor probatorio que debe otorgarse a la pericial referida, se debe precisar, como complemento de lo que en forma introductoria se sostuvo al inicio del presente considerando, que el peritaje es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada en virtud del encargo judicial por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos y mediante la cual se proporcionan argumentos y razones al juzgador, para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos también especiales, cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de las personas y requieren esa capacidad particular para su adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas y de sus efectos o, simplemente, para su apreciación e interpretación. Por lo que dicha prueba cumple con una doble función, que es por una parte verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la noción común del juzgador y de las personas, sus causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción sobre tales hechos y para ilustrar al juzgador con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. El valor probatorio del peritaje radica en una presunción concreta, para el caso particular, de que el perito es sincero, veraz y posiblemente acertado, cuando es una persona honesta, imparcial, capaz, experta en la materia que forma parte del hecho sobre el cual dictamina, que además ha estudiado cuidadosamente el problema sometido a su consideración, ha realizado sus percepciones de los hechos o del material probatorio del proceso con eficacia y ha emitido su concepto sobre tales percepciones y las deducciones que de ellas se concluyen, gracias a las reglas técnicas, científicas o artísticas de la experiencia que conoce y aplica para esos fines, en forma explicada, motivada fundada y conveniente. Por lo tanto, el valor probatorio de un peritaje depende de si está debidamente fundado, pues la claridad en las conclusiones es indispensable para que aparezcan exactos y la autoridad jurisdiccional pueda adoptarlas como convincentes la lógica relación entre ellas y los fundamentos que las respaldan debe existir siempre, para que merezcan absoluta credibilidad. Lo anterior es así, dado que la prueba en cita es de aquellas consideradas de libre convicción que son las que se fundan en la sana crítica, y que constituyen las reglas del correcto entendimiento humano. En éstas interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del Juez, que contribuyen a que pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas, de modo que, salvo en aquellos casos en que la ley otorga el valor probatorio a una prueba, el Juez debe decidir con arreglo a la sana crítica, esto es, sin razonar a voluntad, discrecionalmente o arbitrariamente. Las reglas de la sana crítica consisten en su sentido formal en una operación lógica, además de la aplicación de la lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida. Luego, es necesario considerar en la valoración de la prueba el carácter forzosamente variable de la experiencia humana, tanto como la necesidad de mantener con el rigor posible los principios de la lógica en que el derecho se apoya. Precisado lo anterior, debe tenerse presente que en la valoración de las pruebas existen los sistemas tasados o legales y pruebas libres, o de libre convicción. Las pruebas legales son aquellas a las que la ley señala la eficacia probatoria que el juzgador debe atribuirles. Por su parte, las pruebas de libre convicción son las que se fundan en la sana crítica y que constituyen las reglas del correcto entendimiento humano. En estas interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del Juez, que contribuyen a que pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. De modo que, salvo en aquellos casos en que la ley otorga el valor probatorio a una prueba, el Juez debe decidir con arreglo a la sana crítica; esto es, sin razonar a voluntad, discrecionalmente o arbitrariamente. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 33/2018 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6 del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, correspondiente a la Décima Época, registro electrónico 2018954de rubro: "INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA LA ADMISIÓN, PREPARACIÓN Y DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL GRAFOSCÓPICA, ES APLICABLE LA LEY DE AMPARO." Las reglas de la sana crítica consisten en su sentido formal en una operación lógica. Las máximas de experiencia contribuyen tanto como los principios lógicos a la valoración de la prueba. El Juez es quien toma conocimiento del mundo que le rodea y le conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. La sana crítica es, además de la aplicación de la lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida. Es de invocarse al respecto la jurisprudencia I.4o.C. J/22, de la Novena Época, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizada en la página 2095 del Tomo XXIV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Agosto de 2006, registro 174,352, cuyo rubro es: "SANA CRÍTICA. SU CONCEPTO.". Luego, es necesario considerar en la valoración de la prueba el carácter forzosamente variable de la experiencia humana, tanto como la necesidad de mantener con el rigor posible los principios de la lógica en que el derecho se apoya. Bajo ese marco teórico, la prueba pericial tiene por objeto que personas calificadas, con conocimientos especiales en alguna ciencia o arte, ilustren al juzgador sobre cuestiones técnicas que escapan al conocimiento del común de las personas, por lo que es claro que a los peritos, en tanto coadyuvantes del Juez, les corresponde únicamente exponer los elementos de juicio necesarios, mediante aseveraciones debidamente razonadas y sustentadas en circunstancias objetivas que esclarezcan el hecho controvertido para el suscrito. Es decir, la eficacia demostrativa de aquella prueba depende de que cumpla con la finalidad señalada, esto es, esclarecer en forma razonablemente e inobjetable el hecho controvertido y la valoración relativa debe hacerla el que ahora juzga, haciendo uso de su prudente arbitrio, por lo que si éste no encuentra que la opinión del perito cumple con la mencionada finalidad, estará en aptitud de negarle eficacia probatoria al dictamen si se considera que no fue emitido conforme a los lineamientos establecidos para la prueba pericial. En consecuencia, un peritaje debe dar luz al juez sobre las cuestiones que ignora y que forman parte de la controversia. Pero dar luz no significa, en este contexto, hacer aseveraciones abstractas y generales, enunciar principios y formular enunciados, más o menos vagos, sino que significa ilustrar el criterio del suscrito, implica explicar en forma detallada, a su alcance, el contenido y significado de aquellos enunciados y principios, y hacer una aplicación concreta, detallada e individual de los mismos a los hechos controvertidos del caso, para que el que ahora resuelve, con ese aprendizaje, pueda por sí mismo, hasta donde es razonable posible, efectuar los razonamientos técnicos o revisarlos, para que esté en posibilidad de determinar si el peritaje merece o no valía probatoria. En este caso, el punto a dictaminar consistió en si la firma que obra en el escrito inicial de demanda y la que obra en el escrito a través del cual se subsanó la prevención, fue puesta del puño y letra de la quejosa ********************. En ese orden de ideas, en el dictamen rendido por la perita oficial Rebeca Murillo Muñoz, adscrita a la Coordinación de Servicios Periciales del Estado de Morelos de la Procuraduría General de la República, concluyó que las firmas que aparecen en la demanda de amparo y en el escrito a través del cual se subsanó la prevención, presentado el treinta de septiembre de dos mil diecinueve no provienen por su ejecución de ********************. En su dictamen, la experta utilizó como métodos de estudio para la realización de su opinión, el analítico, el descriptivo, el comparativo y demostrativo, empleándolos de la siguiente manera: I. Análisis integral de las características de orden general y conjunto de gestos gráficos que particularizan e identifican a las firmas base del cotejo. II. Análisis integral de las características de orden general y conjunto de gestos gráficos que particularizan e identifican a las firmas cuestionadas. III. Confronta y de los resultados obtenidos; IV. Emisión de la conclusión; y V Anexo fotográfico. Explicando las consideraciones técnicas y científicas que sustentan su conclusión, lo cual, es suficiente para llevar al ánimo del juzgador a adoptarlos, ya que determinan, que en relación con las firmas impugnadas y la indubitable, que fueron puestas del puño y letra por ********************, se desprenden notables y contundentes discrepancias gráficas, con lo cual auxilia al suscrito juzgador para llegar a la consecución de la verdad. En esa tesitura y en razón de lo expuesto, atendiendo a las reglas de la lógica y la sana crítica, es válido conceder valor probatorio al dictamen rendido por la perito oficial Rebeca Murillo Muñoz, adscrita a la Coordinación de Servicios Periciales del Estado del Morelos de la entonces Procuraduría General de la República, al otorgar convicción plena, exclusivamente para los efectos del presente juicio de amparo. En vista de lo anterior, es factible concluir que la firma que aparece en la demanda de amparo y en el escrito de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, a través del cual se subsanó la prevención, no fueron puestas del puño y letra de ********************, por lo que se declara fundado el incidente de falsedad promovido por el tercero interesado ********************. TERCERO. Toda vez que se ha resuelto el incidente de falsedad, se procede al estudio acerca de la existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, consistente en la resolución de nueve de agosto de dos mil diecinueve dentro del incidente de guarda y custodia deducido del expediente ********************, ya que así lo manifestó la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos, al rendir el informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada del referido expediente que remitiera la responsable como complemento al informe de la que se advierte la existencia de la mencionada resolución; documental que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. En la especie, este órgano de control constitucional, después de haber analizado el incidente de falsedad de firma planteado por el tercero interesado considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6° de la ley de la materia, preceptos legales que literalmente disponen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;" "Artículo 6°.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De dichas disposiciones legales se desprende uno de los principios fundamentales del juicio de amparo denominado "de instancia de parte agraviada" consistente en que por regla general el juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto que se reclame. Además, en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o, si no saben firmar, mediante la huella digital y la firma de otra persona a su ruego, pues de otra manera no habría forma de saber si es realmente la voluntad de la persona a cuyo nombre se encabeza el escrito, la de hacer valer las pretensiones que en él se deducen. En el caso, de las constancias que conforman el presente juicio, se advierte que el escrito de demanda recibido el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes de esta Juzgado de Distrito fue promovido por ********************. Asimismo se aprecia que mediante escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se subsanó la prevención que se realizó por acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. De igual forma, se advierte que el tercero interesado ******************** objetó de falsa la firma de ******************** que aparece estampada en la demanda de amparo y el mencionado escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que una vez que se desahogó el incidente de falsedad se determinó que la firma que se le atribuye a ********************, no fue puesta de su puño y letra. Sin que la quejosa hubiese aportado elementos de prueba a fin de desvirtuar lo concluido en el dictamen pericial de grafoscopía. En tal contexto, si el tercero interesado objetó la autenticidad de la firma que calza la demanda de amparo y la del escrito a través del cual subsanó la prevención y tal objeción resultó fundada, en los términos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, resulta evidente que en el caso no se actualiza uno de los principios rectores del juicio de amparo, consistente en la existencia de instancia de parte agraviada en términos de los artículos 107, fracción I, Constitucional y 6° de la Ley de Amparo, puesto que quedó acreditada la ilegitimidad de la firma mencionada, es decir, la demanda de amparo no fue firmada por el gobernado a quien se dice perjudica el acto de autoridad ni corresponde a la firma de la madre o como representante legal del menor y dado que la firma de la demanda constituye la manifestación de voluntad del impetrante, esto conlleva a considerar que tal manifestación volitiva no se gestó y, por tanto, en realidad quien se señala como promovente no lo es. Cobra especial aplicación la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, correspondiente a la Décima Época, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, tomo 3, julio de 2012, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. AL SER LA FALSEDAD DE LA FIRMA DEL ESCRITO RELATIVO UN CASO ANÁLOGO AL DE LA AUSENCIA DE ÉSTA, LA ACCIÓN DE AMPARO ES IMPROCEDENTE." No se soslaya la designación del representante especial en términos del artículo 8 de la Ley de Amparo, a favor del menor, pues aunque con tal carácter está permitido incluso intervenir en el juicio en tutela de los derechos de éstos, tal designación se gestó como se dijo a virtud de la pretensión inicial de amparo que, como se estableció, carece de la voluntad de la que se dijo promovente, por lo que se realizó a razón de una pretensión inexistente y, por ello, no puede estimarse como externada la voluntad del menor para promover amparo al derivar de un acto inexistente y por ende, del mismo no puede generarse acto alguno. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107 fracción I Constitucional y 6° de la ley de la materia, de ahí que proceda ******************** en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el diverso precepto 63, fracción V, de esta última. Por lo expuesto y fundado se resuelve; PRIMERO. SE DECLARA FUNDADO EL INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA interpuesto por el tercero interesado ********************. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por ******************** por derecho propio y en representación de su menor hijo de iniciales D.A.H.M., contra la resolución de nueve de agosto de dos mil diecinueve dentro del incidente de guarda y custodia deducido del expediente ********************, que se reclamó a la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos por los razonamientos contenidos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que da fe, en observancia al Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia.
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