Guadalupe Soberanes Rubio
Expediente 2966/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2966/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/12/2018
Partes del expediente
- Guadalupe Soberanes Rubio
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: toda vez que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede un término de diez días para interponer recurso de revisión, sin que la parte quejosa en dicho plazo hubiera recurrido la resolución de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según su artículo 2º. En consecuencia, archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Ahora bien, en razón de lo acordado líneas precedentes, de donde se desprende, que con esta fecha se ordenó el archivo del presente asunto, para todos sus efectos legales, en ese tenor, se provee conforme lo manda el capítulo quinto, punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, relacionado con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente es susceptible de destrucción, en mérito del sobreseimiento en él decretado; lo que acontecerá una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Realícense las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Se precisa que este asunto no es de relevancia documental. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante la secretaria Alondra Betania Loza Aguilar quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. Doy fe. FRG/ABLA/jlm
- Principal
Zapopan, Jalisco, ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibido el oficio signado por el Director General del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, mediante el cual informa que no le es posible remitir el expediente clínico del quejoso, en virtud de que dichas documentales son controladas por el Hospital Central Militar dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional. En virtud de lo anterior, requiérase al Director del Hospital Central Militar dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, a efecto de que acorde a lo establecido por el artículo 75 de la ley de la materia, dentro del término de tres días, legalmente computados, según dispone el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, remita a este juzgado copias certificadas, completas y legibles de la totalidad de constancias que integren el expediente clínico del quejoso Francisco Javier Ibarra Echeverría; lo anterior es con el apercibimiento que de incumplir o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme dispone el arábigo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Es aplicable al respecto la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, Tomo V, febrero 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro establece: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". Es oportuno precisar que el presente requerimiento judicial, no está condicionado sobre la base de que debe estarse a lo resuelto en un procedimiento de acceso a la información, ni está supeditado a que se niegue so pretexto de que es información confidencial o reservada. Es ilustrativa la jurisprudencia P./J. 13/2018, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRUEBA DOCUMENTAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO, EL SERVIDOR PÚBLICO QUE POSEA ALGÚN DOCUMENTO OFRECIDO Y ADMITIDO COMO TAL NO PUEDE REHUSARSE A UN REQUERIMIENTO JUDICIAL, SOBRE LA BASE DE QUE DEBE ESTARSE A LO RESUELTO EN UN PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. En términos del precepto citado, y conforme a los derechos de audiencia y de plenitud en la impartición de justicia, el órgano jurisdiccional de amparo debe requerir a cualquier servidor público la exhibición de un documento ofrecido y admitido como prueba conforme a derecho, en cuyo caso, el servidor público que lo posea no puede oponerse a ello, argumentando que existe un impedimento jurídico, en virtud de que la información contenida en el documento debe sujetarse a un procedimiento de transparencia, que está sujeto a un procedimiento de esta naturaleza pendiente de resolución, o incluso que fue objeto de una resolución por parte del organismo garante o de alguno de los organismos especializados locales en materia de acceso a la información pública, en la que se determinó que el documento contiene datos clasificados como confidenciales o reservados; lo anterior, pues la exhibición del documento en el juicio de amparo no implica ni permite que esos datos se publiquen o divulguen ya que, en primer término, el público en general sólo tendrá acceso, en su caso, a una versión pública en la que esos datos se supriman y, en segundo lugar, el órgano jurisdiccional únicamente podrá permitir a las partes el acceso a dichos datos, bajo su más estricta responsabilidad: (i) si su valoración es precisamente la prueba idónea respecto de los hechos a demostrar, siempre que el objeto del acto reclamado no sea el acceso a esa información; (ii) si ello es indispensable para que una o algunas de las partes hagan valer sus derechos con la pretensión de que se dicte una resolución apegada a derecho, bajo su responsabilidad en cuanto al uso y destino de dichos datos; y (iii) con las condiciones y medidas que el propio juzgador considere necesarias para la protección de los datos de que se trata." En relación con el expediente personal del peticionario del amparo, este juzgado queda a la espera de que el Secretario de la Defensa Nacional, se pronuncie al respecto. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el secretario Luis Ángel González Plascencia, que certifica que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta que precede a este acuerdo, coincide en su integridad con los que obran en el expediente electrónico. Doy fe. LAPT/HAGS/kygm
- Principal
Zapopan, Jalisco, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de ocho de noviembre de dos mil diecisiete (foja 231), se tuvo al tercero interesado Arturo Fernando Labastida Ontiveros, interponiendo recurso de queja en contra del auto admisorio de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, mismo que correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y del que aún no se ha emitido la resolución respectiva. Por tanto, se ordena diferir la audiencia señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante la secretaria Alondra Betania Loza Aguilar quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/ABLA/msm
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