Guadalupe Serafin Quintana Y /O Graciela Serafin
Expediente 669/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 669/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Guadalupe Serafin Quintana Y /O Graciela Serafin
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que en auto de seis de noviembre pasado se concedió a las partes el término de ocho días para se impusieran del contenido de los informes justificados de las responsables: Apoderada Jurídica de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud por sí y en cuanto a superior jerárquico y representante legal del Director del Hospital General Dr. Pedro Daniel Martínez, con residencia en la ciudad de Uruapan, Michoacán. Termino que se computa de la siguiente forma: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 6 Auto 7 Notifica 8 Surte efectos 9 (1) 10 (2) 11 12 13 (3) 14 (4) 15 (5) 16 (6) 17 (7) 18 19 20 Inhábil 21 (8) Asimismo, se hace constar que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las diez horas con cincuenta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, de lo anterior se advierte que la celebración de la citada audiencia resulta jurídica y materialmente imposible celebrarse, en tales condiciones se difiere anticipadamente la misma y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. (I) Agréguese a los autos para que obre como legalmente le correspondan el oficio de cuenta, signado por la Apoderada Jurídica de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud por sí y en cuanto a superior jerárquico y representante legal del Director del Hospital General Dr. Pedro Daniel Martínez, con residencia en la ciudad de Uruapan, Michoacán ; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe justificado de la autoridad responsable antes descrita. Con el informe de referencia, dese vista a las partes, por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de hacerlo en la audiencia constitucional. Así mismo, téngase a la citada autoridad informando que la quejosa ya se encuentra dada de alta para recibir sesiones de hemodiálisis de manera subrogada en la clínica denominada Unidad renal Ambulatoria UREA, con domicilio en Loma larga Número 1235 San Juan Bautista en esta ciudad de Uruapan, Michoacán. Lo anterior hágase del conocimiento a la quejosa, a fin de que acuda a la citada clínica a recibir las sesiones se hemodiálisis solicitadas. (II) Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que derivado de los avisos de suspensión de labores suscritos por el Coordinador de Jueces de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Uruapan, Juez René Castro Lara, se suspendieron las labores del día diecinueve al veintisiete de octubre de dos mil veintitrés; por lo cual, durante dicho periodo se estableció que no correrían plazos ni términos procesales. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se ordena regularizar el procedimiento, para el único efecto de señalar nueva fecha en que tenga verificativo la audiencia constitucional, por lo que se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. NOTIFÍQUESE; y personalmente a la quejosa.
- Principal
Uruapan, Michoacán, dos de octubre de dos mil veintitrés. Glósense a sus autos para que obren como legalmente corresponden los alegatos suscritos por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por realizadas las manifestaciones a manera de alegatos, sin perjuicio de su relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN. Agréguese a sus autos el escrito signado por Graciela Serafín Quintana y/o Guadalupe Serafín Quintana, mediante el cual cumple en tiempo con lo requerido en proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, para lo cual manifiesta lo siguiente: ... Asimismo, exhibe constancias de no derechohabiencia al Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. SUSPENSIÓN DE OFICIO DEL ACTO RECLAMADO. Tomando en consideración que la quejosa reclama la falta de atención médica, tratamiento adecuado y suministro de fármacos para la enfermedad de insuficiencia renal crónica, que padece, y que en el Hospital General de Uruapan, Michoacán, se niegan a proporcionarle el tratamiento que necesita para vivir, toda vez que refiere, debido a su padecimiento, ya no trabaja, y en dicha institución le es negada la atención medica por no contar con médico especialista ni contar con la infraestructura correspondiente. Importa aclarar que la peticionaria de amparo indica que derivado de las negativas por parte de la responsable, se vio obligada a recibir el tratamiento médico que requiere para vivir en la clínica particular en la ciudad de Uruapan, Michoacán, en la que le realizan las hemodiálisis que le fueron prescritas por el médico nefrólogo particular (dos hemodiálisis por semana); sin embargo, ya no cuenta con los recursos suficientes para asistir a la clínica privada y recibir el tratamiento médico, debido a la falta de recursos económicos. En ese contexto, se tiene que el acto que se reclama encuadra en el supuesto normativo del numeral 15 de la Ley de Amparo, como aquellos actos de autoridad que ponen en peligro la vida de la quejosa; por tanto, es evidente que ante la omisión y negativa de no prestarle la atención médica que requiere el promovente, se pone en riesgo su existencia. En efecto, el derecho a la salud es fundamental para todo ser humano, a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. Además de que el artículo 126 de la Ley de Amparo, refiere que procede la suspensión de oficio cuando, entre otros actos, importen peligro de privación de la vida de una persona, y en el caso, nos encontramos como lo refiere la promovente que tiene una enfermedad grave que, al no ser atendida, debido a la omisión y negativa que se atribuye a la autoridad responsable, se pone en peligro la vida de la quejosa. Ello obliga al Tribunal de amparo a que aborde la cuestión con plenitud y analice las implicaciones pronta y frontalmente, para exigir a las autoridades responsables las acciones médicas correspondientes relativas al estado de salud del solicitante del amparo. ... Ahora bien, en su demanda de amparo, la quejosa refirió que solicitó atención médica al Hospital General de Uruapan, Michoacán; sin embargo, indicó, que derivado de la negativa para brindarle la atención médica requerida, se encuentra cubriendo los gastos para el tratamiento en la clínica particular de esta ciudad, en la que le realizan las hemodiálisis que le fueron prescritas por el médico nefrólogo particular (dos por semana); lo anterior, debido a que, la quejosa no cuenta con seguridad social, es decir, IMMS, ISSTE o en alguna otra institución de salud pública, en reiteradas ocasiones le dijeron que dicho tratamiento no puede ser proporcionado por esa Institución. Circunstancia que acredita al tenor de las constancias de no derechohabiencia que anexa. Por otra parte con respecto a las sesiones de hemodiálisis que refiere requerir, en el escrito inicial de demanda, se encuentra una imagen de un resumen clínico expedido por el doctor ***** y de la que se observa, entre otras cosas que requiere dos sesiones por semana de hemodiálisis. Bajo ese tenor, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 48, primer párrafo, 126 y 147, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO, CON EFECTOS RESTITUTORIOS, para los siguientes efectos: Que la quejosa sea valorada por especialista en nefrología, en atención a su diagnóstico de "insuficiencia renal crónica" y tratamiento relativo. A partir de la revisión y de los estudios clínicos que se le realicen a la quejosa, los médicos tratantes valoren si es conveniente para su salud, el que le sean suministradas o no, las hemodiálisis y medicamentos que éste aduce para su padecimiento. Ello, con el consentimiento informado del paciente. En la inteligencia, que si el servicio médico se proporciona subrogado en Instituciones diversas, debe ser puesto a disposición de la quejosa. La medida cautelar que se concede, no desconoce la autoridad de los médicos tratantes de la quejosa para que conforme a la praxis médica y la lex artis ad hoc, otorguen la atención médica que requiere, atendiendo a su criterio. Ahora, para dar cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable debe tener presente que puede recurrir de manera coordinada con otras autoridades que puedan auxiliarle, incluso, de no tener el personal ni instrumental, puede, como ya se dijo, otorgar la atención médica de manera subrogada en instituciones privadas; además que, de ser necesario, puede enviar a la quejos a otro hospital que tenga el nivel adecuado para tratarlo, para lo cual, deberá ofrecerle el traslado respectivo, así como cubrirle los gastos para un acompañante si es necesario. En todo lo anterior, las autoridades responsables tomarán en cuenta el lugar de residencia de la quejosa (Uruapan, Michoacán), su edad (cincuenta y tres años) y su estado de salud (insuficiencia renal crónica), y deberán gestionar las medidas administrativas necesarias para lograr tal objetivo. Lo anterior, con base en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que establece que: ".cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos." Hágase saber la suspensión de plano a las autoridades responsables, quienes deberán informar dentro del término de veinticuatro horas, como lo establece el artículo 158 de la ley de la materia, sobre el cumplimiento de esta determinación, apercibida que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá MULTA equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, de conformidad con los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Orden que deben obedecer bajo su más estricta responsabilidad; haciéndoles de su conocimiento que la desobediencia de este auto de suspensión se considera un delito especial y se sanciona con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, según lo prevé el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Ahora, dada la particularidad del asunto, también requiérase a las autoridades responsables: Una vez que se remita a la quejosa al hospital o centro que lo atenderá y que haya sido efectivamente atendido, informe el estado de salud del solicitante del amparo. Informe el plan o tratamiento médico para el promovente de que se trata. Indique si el promovente necesita algún o algunos medicamentos; así como si en efecto requiere de la hemodiálisis para la atención de su enfermedad, y de ser así, si ya se los proporcionaron, en caso contrario, expliquen los motivos. Ahora bien, toda vez que las autoridades responsables, tienen su sede fuera de esta ciudad, para efectos de notificación urgente del presente acuerdo, se autoriza la expedición de telegramas o correo electrónico institucional con efectos de notificación para la responsable, ello, sin perjuicio de ordenar la expedición de oficios por la vía de correo ordinario. Con independencia del medio empleado, se le solicita confirmar su recepción al correo electrónico institucional (8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx). Con fundamento en los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígasele a las autoridades responsables que la notificación que se les haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. ADMISIÓN Por otro lado, con fundamento en los artículos... se ADMITE A TRÁMITE la referida demanda de amparo. Resulta innecesario tramitar por separado incidente de suspensión, toda vez que como se advierte de párrafos anteriores, se está concediendo la suspensión de plano respecto de los actos que reclama la parte quejosa. Respecto al emplazamiento de quién o quiénes les pudiera resultar el carácter de terceros interesados, se reserva acordar lo que en derecho corresponda hasta en tanto obren constancias en autos que así lo acrediten, de ser ciertos los actos reclamados. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase INFORME JUSTIFICADO a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que tomaron en consideración para emitirlo. Asimismo, se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que, al momento de rendir su informe justificado, informen si la parte quejosa con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata promovió algún medio ordinario de defensa o, bien, diverso juicio de amparo en contra del acto que por esta vía constitucional reclama. En términos de los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, la notificación que se realice a las autoridades responsables surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para que tenga verificativo. Dese la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. Háganse las anotaciones en el libro Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables.
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