Guadalupe Selene Pardo Salazar
Expediente 866/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 67 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 866/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 67
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Guadalupe Selene Pardo Salazar
- Guadalupe Selene Pardo Salazar y Otros.
- Jueces de Control del Distrito Judicial Bravos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 67.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 866/2021-VII-B, promovido por Guadalupe Selene Pardo Salazar y Nazario Alejandro Padilla Pardo, contra actos que reclamaron al Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el cual por razón de distribución de correspondencia fue asignado a este Juzgado y, se recibió el día siguiente en oficialía de partes de este Órgano Jurisdiccional; Guadalupe Selene Pardo Salazar y Nazario Alejandro Padilla Pardo, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos que reclamaron del Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit y otras autoridades, consistentes en la orden de aprehensión y/o detención y su ejecución. La parte quejosa considera trastocados en su perjuicio los artículos 1º, 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, se registró como expediente 866/2021-VII-B; solicitó informe justificado a las autoridades responsables, dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien sí presentó pedimento; señaló día y hora para la audiencia constitucional, la cual se verificó en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O ÚNICO. Este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, en términos previstos en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por las razones que se expondrán a continuación. Lo anterior es así, toda vez que, en el caso, el acto reclamado se hace consistir en: ? La orden de aprehensión librada contra los quejosos el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, por el Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral de Bucerías, Municipio de Banderas, Nayarit, en autos de la causa penal 437/2021, que se instruye contra de la parte quejosa, por el delito de fraude especifico, previsto por los numerales 400, fracción IV, en relación con el 401, fracción XVI del Código para el Estado de Nayarit; y, ? La ejecución del libramiento de captura. Ahora bien, en el caso particular la autoridad responsable Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral de Bucerías, Municipio de Banderas, Nayarit, aceptó el acto que se le reclama, consistente en el libramiento de una orden de aprehensión contra la parte quejosa. Al respecto, la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetaran a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecte a personas extrañas a juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia ." Por su parte, los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo señalan: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior." Del análisis de tales preceptos se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación en el orden siguiente: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37 de la ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presenta la demanda. c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Luego, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo, del artículo 37 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado o resulta inexistente y el quejoso no desvirtúa esta negativa o no señala nuevas autoridades, dicho Juez, debe declarar que carece de competencia legal y, en los términos establecidos en el artículo 48 de la ley en cita, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia correspondiente. En el caso particular, de los autos que integran el juicio se desprende que es cierto el acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión reclamada; sin embargo, las autoridades señaladas en el escrito de demanda que le otorgaba competencia a este Juzgado de Distrito, para conocer del juicio, al rendir sus informes justificados, negaron categóricamente la existencia del acto reclamado. En conclusión, este Juzgado de Distrito considera que carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de derechos fundamentales, pues conforme se describió en el párrafo precedente, las autoridades ejecutoras que lo hacía competente para conocer de la demanda de amparo, negaron la existencia del acto reclamado; razón por la cual el presente asunto deberá remitirse al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, que es el que ejerce jurisdicción en el lugar donde residen las restantes autoridades responsables ordenadora y ejecutoras, al actualizarse la hipótesis establecida en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. Por lo que, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 03/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número y a la jurisdicción territorial y especializada por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, éste órgano jurisdiccional declara de plano su falta de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo y declina la competencia al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia por contradicción 8/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 5, del Tomo XIII, Enero de 2001, correspondiente a la Novena Época: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta, ya sea por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, que el Juez de Distrito continuó conociendo de un juicio de amparo y dictó la sentencia respectiva, no obstante que la autoridad que se señaló como ejecutora y cuya residencia originó su competencia, negó la certeza del acto reclamado, sin que se desvirtuara tal negativa, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez de Distrito que considere competente, para que éste dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo; con independencia de la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el Juez de Distrito incompetente." Asimismo, la jurisprudencia por contradicción 9/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, del Tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda." De igual manera, la jurisprudencia PC.IP. J/39 P, sustentada por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1071, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo II; Décima Época, que en su rubro y texto dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución." No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que en la demanda de amparo la parte quejosa señaló domicilio convencional para oír y recibir notificaciones en esta ciudad fronteriza; empero, ese dato es insuficiente para determinar la competencia del juez a quien corresponde conocer del asunto, pues si bien, el acto reclamado podría ser ejecutado en ese o en cualquier lugar donde eventualmente se encontrara la impetrante, admitir esa afirmación como criterio para determinar la competencia de un órgano jurisdiccional implicaría dejar al arbitrio del justiciable la elección del Juez de Distrito que habrá de conocer de su demanda, pues bastaría con que afirme residir en determinado lugar para que ahí se ventile su juicio, lo cual es jurídicamente inadmisible porque la ley fija los parámetros a considerar para determinar si se surte o no la competencia en favor de un juzgador. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 12/95, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 97, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Septiembre de 1995, Novena Época, que en su rubro y texto dice: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." Por otra parte, resta decir que se encuentra satisfecho lo previsto en el artículo 48, último párrafo, de la Ley de Amparo, en virtud de que en el incidente de suspensión derivado de este juicio ya se resolvió sobre la suspensión definitiva. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítanse los autos del presente juicio de amparo al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, con el propósito de que si lo estima pertinente se avoque a la resolución del mismo, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Este juzgado se declara incompetente para conocer del presente juicio de amparo, por los motivos expuestos en el considerando único de esta resolución. SEGUNDO. Remítanse los autos del presente juicio de amparo al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en turno con el propósito de que si lo estima pertinente se avoque a la resolución del mismo. Notifíquese.Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Abraham Smeke García, quién autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se señalaron las nueve horas con diez minutos del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, a efecto de que tuviera verificativo la audiencia constitucional, actuación que no se llevó a cabo en virtud de la declaración de días inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, mediante circular 28/2023 de diecinueve de octubre del presente año, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; en consecuencia, se señalan las nueve horas con diez minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, a efecto de que tenga verificativo dicha audiencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que aún no ha sido posible emplazar al presente juicio de amparo a Mónica Alejandra Carranza Navarro, a quien le reviste el carácter de tercera interesada en el presente asunto. En mérito de lo anterior, y en concordancia con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se le requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación de presente acuerdo, manifieste donde puede ser localizada la tercera interesada a fin de que pueda ser emplazada a este juicio, apercibida que de no hacerlo así, este órgano jurisdiccional decretará las medidas de investigación para localizar a dicha tercero interesada. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que estaba programada para celebrarse el día de hoy, y se señalan las nueve horas con diez minutos del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejoso proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo
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