Guadalupe Saraí Aveldaño Valdovinos

Expediente 674/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
674/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
31/01/2022

Partes del expediente

  • Guadalupe Saraí Aveldaño Valdovinos

Actuaciones

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se aprecia que con fecha de veintiocho de enero del presente año, se dictó un proveído en el juicio de amparo en que se actúa; no obstante, por un error en el empleo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y la herramienta tecnológica VPN, se advierte que la evidencia criptográfica -firma electrónica- no corresponde a la del titular de este órgano jurisdiccional. Por lo anterior, a fin de evitar futuras nulidades procesales, se precisa que el proveído antes indicado fue dictado por el Licenciado Guillermo Campos Osorio, Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante el secretario correspondiente que autorizó y dio fe; debiendo formar parte de dicho proveído, la presente determinación. Se hace la presente aclaración para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    México, Ciudad de México, a veintiocho de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de CINCO DÍAS para recurrir el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que ha quedado FIRME EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO promovida por XXXXXXXXXXX, por propio derecho. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al quince de febrero de dos mil veintidós. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa exhibió documentos originales, hágase de su conocimiento que tiene el plazo de noventa días para recoger tales documentos, apercibida de que, en caso de no hacerlo, los mismos serán destruidos junto con este expediente por el Centro de Documentación y Análisis. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, como fue ordenado en acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, practíquese a la quejosa la notificación del presente acuerdo por medio de lista. NOTIFÍQUESE por medio de lista a la promovente.

  3. Principal

    En la Ciudad de México, a veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Por recibido el oficio de cuenta del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al que anexa los autos del expediente 1108/2021-V, de su índice, en virtud que por auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, se declaró legalmente carente de competencia para conocer de dicho asunto y ordenó remitir las constancias al Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno; en consecuencia, acúsese el recibo correspondiente, y con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de mérito y se procede a acordar en los siguientes términos: ...REGISTRO Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de Gobierno con el número 674/2021-IV, y con número de NEUN 28680056. ...FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA En el caso, se actualiza la CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, porque el acto impugnado no es un acto de autoridad. En efecto, los preceptos invocados dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De la transcripción que antecede, se obtiene que las causas de improcedencia pueden resultar de alguna disposición de la ley; asimismo, que es autoridad responsable la que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En el presente asunto, la quejosa señala como acto reclamado la negativa de la institución bancaria HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, de entregarle la cantidad de $522,534.18 (quinientos veintidós mil quinientos treinta y cuatro pesos 18/100 moneda nacional), que se encuentran en la cuenta bancaria 6522633705, a nombre de la impetrante del amparo Así, se desprende que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos de autoridad que violen los derechos fundamentales, así como que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En la especie, la autoridad señalada como responsable no puede tener ese carácter para los efectos del juicio de amparo, ya que el acto que se le atribuye no se encuentra en un plano de supra a subordinación en relación con la peticionaria de amparo, pues tal conducta no puede ser considerada como de aquéllos actos emitidos de manera unilateral, con facultad de imperio, y respecto de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica de la parte promovente. La anterior afirmación se sustenta en el concepto de autoridad responsable, la cual parte de la distinción entre actos de particulares en estricto sentido y los que no lo son, siendo que contra aquéllos realizados por particulares será improcedente el juicio de amparo, salvo que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de los particulares y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En este contexto, cabe señalar que la definición del concepto de autoridad responsable se ha transformado a través del tiempo, quedando en la actualidad definidas las notas distintivas de los actos de autoridad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para dar certeza de cuáles son los mismos. En tal sentido, la Jurisprudencia emitida en la novena época de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre 2011, sostuvo: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Conforme a la jurisprudencia transcrita, las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Luego, se considera como "autoridad responsable" para los efectos del juicio de amparo a los entes de gobierno (y en ciertos casos a un particular), únicamente cuando los vincule con la parte impetrante de amparo una relación de supra a subordinación, en la que dicha parte promovente tenga incorporada en su esfera jurídica un conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en una específica situación jurídica que crea, modifica o extingue sus derechos en forma unilateral y obligatoria. En el presente caso, se está en presencia de un acto derivado de la relación contractual que tiene la quejosa y la institución bancaria mencionada, respecto de la cuenta bancaria 6522633705, por ello, el acto de la institución bancaria se debió a un actuar de igualdad y bilateralidad con la aquí quejosa, por lo que para dirimir sus diferencias existen normas generales que crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, como es la vía ordinaria mercantil prevista por el Código de Comercio. Por tal situación, la relación existente entre la institución bancaria y los usuarios del servicio de contratos no corresponde a una relación de supra a subordinación, sino que es de coordinación al derivar de contratos de prestación de servicios que es un acuerdo de voluntades entre particulares, que aunque es de adhesión se debe entender como un acuerdo para los trámites bancarios. Así, es evidente que en la emisión del acto materia del presente asunto, la responsable no actúa en calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por lo que no le recae tal carácter, de conformidad con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, únicamente cuando realizan actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, no así cuando la relación existente provenga de una relación de coordinación como es el caso. Resulta aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis IV.2o.A.61 K (10a.), visible en el libro 7, tomo II, junio de 2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. EL INSTITUTO DE CONTADORES PÚBLICOS DE NUEVO LEÓN, ASOCIACIÓN CIVIL, NO TIENE DICHO CARÁCTER AL IMPONER SANCIONES A SUS MIEMBROS, CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DE SU NORMATIVA INTERNA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en vigor a partir del 3 de abril de 2013, modifica el concepto tradicional de autoridad responsable, se aleja de la naturaleza formal del emisor del acto, para atender a su unilateralidad, a fin de incluir a los particulares como autoridades responsables, cuando éstos dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omitan el que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dicha situación jurídica, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general -entendida ésta como aquella que es impersonal y abstracta-, pero además, que deriven de una disposición jurídica de orden público y que, por ello, constituyan una potestad cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. Ahora bien, el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León es una asociación civil que tiene como objeto regular el aspecto ético y promover el profesionalismo de sus asociados y actúa con base en sus disposiciones internas, las cuales rigen únicamente para aquellos individuos que, por voluntad propia, tienen el carácter de asociados y que, a partir de la aplicación de sus estatutos y el Código de Ética Profesional expedido por la Asociación Nacional de Contadores Públicos, Asociación Civil, crea, modifica o extingue, por sí y para sus asociados, situaciones de derecho que afectan únicamente el ámbito de derecho interno que rige las relaciones o vínculos -existentes entre la asociación y sus asociados-; hechos y actos jurídicos que ocurren en la esfera del derecho privado, dentro de una relación lineal o de coordinación entre el instituto y sus miembros con el carácter de asociados. Con base en lo anterior, se tiene que la imposición de sanciones por dicho instituto a sus asociados, con motivo del incumplimiento de su normativa interna, se despliega a través del uso de atribuciones regladas en disposiciones de derecho privado, como son sus estatutos internos, los cuales no tienen el carácter de una norma jurídica general que lo dote de una potestad cuyo ejercicio sea irrenunciable, su acatamiento sea obligatorio para la generalidad y su origen tenga naturaleza pública; por consiguiente, al no verse satisfechos tales requisitos, no puede estimarse que el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, Asociación Civil, sea un particular que efectúa actos equivalentes a los de una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en términos del precepto citado inicialmente, porque la relación que entabla con sus asociados no denota una característica de supra a subordinación." DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por *******************. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos del promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DEL PROMOVENTE Ahora bien, tomando en consideración que la quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, las listas de publicación de este juzgado, lo cual no constituye propiamente un domicilio procesal; en tal virtud, HÁGASE LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE AUTO Y LAS SUBSECUENTES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, POR MEDIO DE LISTA, HASTA EN TANTO SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD. Lo anterior con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Se tiene por autorizado al profesionista Zeferino Ramírez Millán, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que tiene debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por autorizadas a las diversas personas que señala únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se le tiene señalando el correo electrónico y el teléfono que refiere para recibir comunicaciones no oficiales, en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SE EXHORTA A LAS PARTES CONTINUAR EL TRÁMITE DEL PRESENTE JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus covid-19, de conformidad con lo previsto en los artículo 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia Sanitaria, se exhorta a las partes a que continúe su tramitación vía electrónica, para lo cual deberán realizar el registro correspondiente en el Portal de Servicios en Línea, crear su usuario y proporcionarlo ante éste órgano jurisdiccional para acceder al expediente electrónico y notificarse por dicho medio. HABILITACIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 21 de la Ley de Amparo. ACUERDO DE TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de la promovente que si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y IV y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública y sobre todo atendiendo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese por lista a la parte quejosa, y por oficio al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

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