Guadalupe Santes Santiago
Expediente 266/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 266/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 26/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Guadalupe Santes Santiago
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Visto; el escrito de la quejosa ********************; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias a que hace referencia y hágase entrega a la promovente o al autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorguen en autos para debida constancia. En el entendido que, para poder ingresar de manera física a este órgano jurisdiccional y recoger las copias solicitadas, deberá generar una cita mediante la obtención del Código QR, a través del procedimiento automatizado disponible en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en dicho portal del micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales" de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a nueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto, así como el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del mismo, son susceptibles de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadran en las hipótesis establecidas en el artículo 21, incisos a) y c), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído en sentencia y al haberse negado la medida cautelar solicitada respecto del acto reclamado, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, se destruirán los expedientes y se remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal; por lo que, agréguese a dicho cuaderno original una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, agréguesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase al Fiscal Segunda de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Octavo Distrito Judicial de Papantla de Olarte, Veracruz, el cuaderno de pruebas formado con la copia autenticada de la carpeta de investigación UIPJ/DVIII/F2/1106/2019, de su índice; y al Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Papantla de Olarte, Veracruz, el cuaderno de pruebas formado con copia certificada del proceso penal 6/2020 de su índice y un disco versátil digital que dice contener las audiencias realizadas en dicho expediente, los cuales remitieron a este órgano jurisdiccional como justificación de sus actos. Sin que pase inadvertido para el suscrito, que en el sumario no obra la constancia de notificación del oficio 11860/2021, remitido a la Fiscal Segunda de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con residencia en Papantla, Veracruz, con el que se le hizo del conocimiento la sentencia dictada en el presente asunto; empero, en el caso, aquélla carece de legitimación para interponer recurso de revisión, al haberse sobreseído en el juicio. De lo que se colige que no le ocasiona ningún agravio, pues es inconcuso que dicha resolución únicamente es desfavorable para la impetrante del amparo, quien es la que tiene el agravio personal y directo, al verse afectada por el sobreseimiento decretado. Se cita por analogía, la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2012455 Época: Novena Época Registro: 1003171 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Sección - Recursos Materia(s): Común Tesis: 1292 Página: 1452 REVISIÓN. LA AUTORIDAD QUE NIEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER AQUEL RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. La legitimación para que las autoridades responsables interpongan el recurso de revisión en los casos a que se refiere el artículo 83, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, sólo se genera cuando la resolución que decida sobre la suspensión definitiva del acto reclamado pueda causar una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones; pero tal perjuicio no debe ser meramente hipotético, sino un hecho real, cuya demostración incumbe a las autoridades que invoquen su presencia, como uno de los presupuestos necesarios para interponer el recurso. Ahora bien, si al rendir informe previo las autoridades recurrentes negaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, y a pesar de tal negativa, sin prueba en contrario, el Juez de Distrito o superior de la autoridad responsable, en su caso, concede la suspensión definitiva, esa resolución no puede ocasionar perjuicio a las autoridades recurrentes, porque ante la inexistencia de los actos reclamados, según su informe, la suspensión otorgada no les priva del derecho a ejecutar acto alguno, ni restringe su libertad de acción; circunstancia que implica una falta de interés jurídico para que el Tribunal Colegiado que conozca del recurso confirme, modifique o revoque la resolución impugnada; de ahí que, siendo la posible afectación al interés jurídico un presupuesto indispensable para la legitimación del recurrente en el juicio de garantías, el recurso de revisión que se interponga en esas condiciones resulta improcedente conforme al artículo 87 de la Ley citada. Época: Décima Época Registro: 2012455 Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: XIX.1o.A.C. J/1 (10a.) Página: 2464 LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita. En virtud de lo expuesto, una vez que obre el acuse de notificación de la autoridad responsable, relativos a la sentencia dictada en el presente asunto, así como de este proveído, glósense al sumario para que surtan sus efectos legales procedentes. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
- Principal
SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 266/2020, promovido por Guadalupe Santes Santiago, en contra de los actos reclamados y por las autoridades precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución
- Principal
Poza Rica, Veracruz, a veintiséis de marzo de dos mil veintiuno Visto; el oficio 82/2021 de la Jueza Municipal de Tecolutla, Veracruz, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 74/2021 (194/2021), que se envió para que dicha autoridad emplazara al tercero interesado J****; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes, dese de baja en el libro cuatro de comunicaciones oficiales enviadas y téngase a dicha parte por emplazada a la presente instancia judicial. Ahora bien, vista la certificación secretarial de cuenta, de donde se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a dicha parte, mediante proveído de veintiséis de febrero del año en curso, para que señalara domicilio procesal en esta ciudad, sin que hubiera cumplido con lo requerido. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de mérito, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hágansele las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. En otro orden de ideas, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con diez minutos del dos de abril de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional del presente asunto; sin embargo, tomando en consideración que el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio SEPLE./GEN./001/1112/2021, informó que en sesión ordinaria celebrada el veinticuatro de marzo de la presente anualidad, el Pleno acordó declarar como días no laborales para las áreas administrativas del propio Consejo, para los órganos auxiliares, así como para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, el miércoles treinta y uno de marzo, jueves uno y viernes dos de abril de dos mil veintiuno, con motivo de la Semana Santa, por lo que en esas fechas, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, no correrán términos de ley. En tal virtud, no es posible llevar a cabo la citada audiencia constitucional, por lo que se difiere y como nueva fecha para que tenga verificativo se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, en que lo permiten las labores del juzgado. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
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