Guadalupe Santes Salas
Expediente 1407/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1407/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Guadalupe Santes Salas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Juez Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en Coatzacoalcos, por el cual solicita que se le informe si este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del juicio en que se actúa, mismo que se remitió al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de esa ciudad, quedando registrado con el conflicto competencial 11/2021. De lo que toma conocimiento la suscrita juzgadora. En ese sentido, hágase del conocimiento del Juez citado en el párrafo que precede, que el tres de febrero de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del juicio en que se actúa, por lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, mediante resolución de trece de enero del año en curso, en el que se determinó que este Juzgado es competente para conocer del juico promovido por Guadalupe Santes Salas, en contra de la Junta Especial Número 38 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Coatzacoalcos, Veracruz y otra. Lo anterior, para los fines legales a que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por **, en su carácter de apoderado legal, por medio del cual solicita se autorice el acceso al expediente electrónico. En atención a su contenido se autoriza la consulta del presente expediente vía electrónica, a través de los usuario "LICALCARAZ"; por tanto, se encomienda al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que dé de alta al usuario de referencia, en el expediente electrónico del juicio en que se actúa, para dicho efecto. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada el tres de febrero del año en curso, dentro del término de cinco días que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, la resolución por la que se DESECHO la demanda de amparo promovida por ********************; para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 25/03/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que es destruible. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese
- Principal
Visto el oficio signado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, por medio del cual mediante resolución de trece de enero del año en curso, determinó que este Juzgado es competente para conocer del juico promovido por ***, en contra de la Junta Especial Número 38 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Coatzacoalcos, Veracruz y otra. Confírmese la recepción del oficio a la Superioridad. DETERMINACIÓN DE SEPARACIÓN DE JUICIOS Vista la demanda de derechos de la cual se advierte que la parte quejosa reclama dos actos distintos a diversas autoridades responsables los cuales hace consistir en los siguientes: De la Junta Especial Número 38 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Coatzacoalcos, Veracruz. La declinación de competencia por razón de territorio, respecto de la demanda formulada por la aquí quejosa. De la Junta Especial Número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Pachuca, Hidalgo. La aceptación de la competencia por razón de territorio, respecto de la demanda formulada por la aquí quejosa. PROCEDENCIA DE LA SEPAREACIÓN DE JUICIOS. Así, resulta conveniente señalar que los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia". "Artículo 67. En el escrito con el cual se inicia el incidente deberán ofrecerse las pruebas en que se funde. Se dará vista a las partes por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. Atendiendo a la naturaleza del caso, el órgano jurisdiccional determinará si se requiere un plazo probatorio más amplio y si suspende o no el procedimiento. Transcurrido el plazo anterior, dentro de los tres días siguientes se celebrará la audiencia en la que se recibirán y desahogarán las pruebas, se oirán los alegatos de las partes y, en su caso, se dictará la resolución correspondiente". Luego, de la exposición de motivos de la reforma a la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, se desprende que el Congreso de la Unión estableció la modificación al trámite de los incidentes con el siguiente argumento: "IncidentesEn materia de incidentes los cambios propuestos consisten, en lo fundamental, en establecer una tramitación genérica para dar claridad y evitar remisiones inútiles y confusas a la ley supletoria. Asimismo, permitirá al órgano jurisdiccional de amparo que determine la forma en que debe ser resuelto. Para ello deberá atender a las características del asunto y definir si lo resuelve de plano, si el mismo requiere de un especial pronunciamiento o si reserva su resolución para el momento de fallar el fondo. Esta solución permite, por una parte, mantener ciertos procedimientos específicos o formas de resolución para aquellos incidentes a los que la ley les confiera un trámite especial pero, por la otra, posibilita que el juzgador decida cómo proceder dadas las situaciones particulares que concurran al caso sometido a su resolución." Luego, en relación con las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, se aprecian las novedades esenciales siguientes: Las cuestiones incidentales no sólo procede contra las cuestiones previstas en la ley, sino también contra cualquier cuestión que por su naturaleza amerite ese tratamiento; Procede A PETICIÓN DE PARTE O DE OFICIO ofreciendo las pruebas en el escrito que plantee el incidente; El juzgador decide si el incidente debe tramitarse de PLANO, ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO O SE DEBE RESERVAR PARA EL MOMENTO DE DICTAR SENTENCIA DEFINITIVA; Salvo las excepciones previstas en la ley, el juzgador también decide si el incidente SUSPENDE O NO EL PROCEDIMIENTO; Se regula el trámite de los incidentes, en cuanto a las pruebas a ofrecer, el momento procesal para ofrecerlas; así como las etapas y plazas de la audiencia de recepción, desahogo de pruebas y alegatos. Así, en la especie, se desprende que conforme a las nuevas disposiciones establecidas en la Ley de Amparo a partir del tres de abril de dos mil trece, el artículo citado prevé la facultad de tramitar cualquier cuestión que surja durante el trámite del juicio de amparo, el cual será a través de la vía incidental. A su vez, nuestro Máximo Tribunal Constitucional, ha determinado que si en una demanda de amparo se reclaman actos derivados del mismo procedimiento y a las mismas autoridades responsables, el Juez de Distrito, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios de juicios. Por tanto, atendiendo a que el juicio de amparo en que se actúa, apenas dará inicio con el dictado de esta resolución y tomando en consideración que los actos que se les reclama a las dos diversas autoridades responsables son distintos entre si, en virtud de que derivan de diferentes juicios laborales y diferentes tribunales y que además no requiere de un pronunciamiento especial en el que haya que tramitar un incidente no especificado en el que se tengan que desahogar pruebas, para resolver sobre la separación de juicios; con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo, en relación con el 72 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia aplicado al contrario sensu, este juzgador federal considera decretar de oficio y de plano dicha separación de juicios, como a continuación se demuestra. Lo anterior es así, en virtud de que para la procedencia de ésta, dos o más juicios deban resolverse total o parcialmente en diferentes controversias, en virtud de que los actos reclamados no se encuentren íntimamente vinculados, es decir, que se trate de actos de autoridad autónomos que por derivar de hechos acontecidos en lugares y momentos diferentes y en perjuicio de diversas personas, no tengan relación entre sí, razón por la cual resulta improcedente resolverlos en una misma sentencia. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia P./J.76/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA.- Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación. En efecto, el artículo 72, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, establece: Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. En tales condiciones, tenemos que si los supuestos de la acumulación a que se refiere el artículo 72 del citado ordenamiento procesal, no se actualizan, debe decretarse de oficio y de plano la separación de juicios, pues en el caso los actos reclamados derivan de diversas juicios, emitidos en diversas fechas, es decir uno en el que se declina la competencia y otro en el que se acepta dicha competencia el primero por la Junta especial en Veracruz y la segunda por la Junta Especial en Hidalgo, por tanto, no existe motivo justificado para que éstos sean analizados en un mismo juicio de amparo. Luego, el presente juicio de amparo 1407/20212-1, sólo deberá seguirse tramitando en este Juzgado de Distrito respecto del acto reclamado consistente en la declinación de competencia por razón de territorio, respecto de la demanda formulada por la aquí quejosa por parte de la Junta Especial Número 38 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Coatzacoalcos, Veracruz. Entonces, deberá de darse de alta como nueva demanda de amparo, con copia certificada de las constancias que integran el presente juicio, la relativa al acto reclamado consistente en la aceptación de la competencia por razón de territorio, respecto de la demanda formulada por la aquí quejosa, por parte de la Junta Especial Número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Pachuca, Hidalgo. En tales condiciones, de conformidad con lo establecido en la fracción VIII, del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil quince, remítase a este juzgado copia certificada del juicio en que se actúa, por conducto del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con el objeto de que realice el registro y compensación correspondiente. Ahora por lo que hace al acto reclamado del cual se conoce en el presente asunto, esto es la declinación de competencia por razón de territorio, respecto de la demanda formulada por la aquí quejosa por parte de la Junta Especial Número 38 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Coatzacoalcos, Veracruz, se pasa aproveer en los sigunetes términos: DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien del análisis de la citada demanda, contra los actos reclamados a la Junta Especial Número 38 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Coatzacoalcos, Veracruz, consistentes en la declinación de competencia por razón de territorio, respecto de la demanda formulada por la aquí quejosa, se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia, prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, disponen respectivamente lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número P./J.37/2014(10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En el caso concreto, de la demanda se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional es la resolución en la que la Junta Especial Número 38 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Coatzacoalcos, Veracruz, declina competencia por razón de territorio a la Junta Especial 51 de Hidalgo, para que se avoque al conocimiento del juicio. Sin embargo, el aludido auto, no es un acto de imposible reparación, pues para que el mismo sea calificado como irreparable, debe producir una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, además de ser definitivo, esto es, sus consecuencias han de ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; lo que en la especie no ocurre, pues la determinación adoptada por la autoridad responsable, en el sentido de declararse incompetente para seguir conociendo del juicio laboral de origen, aún se encuentra supeditada a que la diversa autoridad a la que se estimó competente para ello y a la que se ordenó remitir los autos de ese asunto, la acepte, y será hasta ese momento que la cuestión de competencia produzca una afectación personal, actual y directa en la esfera jurídica del gobernado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis (V Región) 5o.20 L (10a.), visible en la página 1663, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II. Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA UNA CUESTIÓN DE INCOMPETENCIA, AUN CUANDO ÉSTA INVOLUCRE A ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE DISTINTO RÉGIMEN, POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO [ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS (V REGIÓN) 5o.18 L (10a.)]. Este Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el amparo en revisión 234/2014 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, emitió la tesis (V Región)5o.18 L (10a.), en la que sostuvo que aun cuando el acto reclamado consistente en la sentencia interlocutoria que declara improcedente la excepción de incompetencia planteada en un juicio laboral, no encuadra en las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, previstas en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, atinentes a actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, lo cierto es que se ubica en la fracción V de dicho precepto, relativa a actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la incompetencia planteada involucra a órganos jurisdiccionales de distinto régimen, como lo son la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a abandonar ese criterio y a sostener que, tratándose de la resolución de una cuestión de competencia, como lo es aquella que determina que el juzgador de origen sí es competente para conocer la acción ejercida ante él y dilucidar el juicio correspondiente y no el órgano perteneciente a un régimen distinto, el amparo indirecto es improcedente, ya que dicha resolución no constituye un acto de imposible reparación como lo establece la referida fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, en virtud de que no trae aparejada consigo una ejecución que lesione materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, independientemente de que la cuestión de incompetencia planteada comprenda órganos jurisdiccionales de regímenes distintos y que, al resolverse dicha cuestión, implícitamente se determine cuál es la legislación aplicable conforme a la cual será analizada y resuelta la litis, atendiendo precisamente al régimen al que se encuentre sujeto el órgano declarado competente, reflejándose, de esa manera, en las cuestiones de fondo, dado que ello no representa un impedimento en el libre ejercicio de alguno de los derechos sustantivos a la libertad, propiedad, posesión u otros semejantes, como los derechos de familia o los que nacen de las relaciones de trabajo, entre otros y, por lo mismo, no involucran su afectación material, sino que la resolución indicada sólo tiene el efecto de someter a las partes a las determinaciones que se tomen dentro de un procedimiento jurisdiccional para dilucidar el juicio y resolver la controversia, lo que significa una afectación a derechos adjetivos, que sólo produce efectos formales o intraprocesales, y que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo, por lo que la asunción de la competencia sólo podrá controvertirse al promoverse el amparo directo". Así como la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), visible en la página 5, Libro 21, Agosto 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". En consecuencia, por todo lo anteriormente señalado, se concluye que la determinación por parte de la Junta Especial Número 38 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Coatzacoalcos, Veracruz, en la que declina competencia a la Junta 51 de Hidalgo por razón de territorio, tiene el carácter de intraprocesal para los efectos del juicio de derechos, el cual, por el momento no irroga perjuicio a la parte quejosa, pues no constituye un acto de ejecución irreparable. Resulta aplicable por identidad de razón la tesis aislada VI.2o.T.1 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito del Semanario Judicial de la Federación que dice: "COMPETENCIA. LA SOLA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD QUE LA DECLINA ES INSUFICIENTE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, AL NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE VULNERE DERECHOS SUSTANTIVOS DEL QUEJOSO. El hecho de que el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, disponga que el juicio de amparo indirecto procede contra la determinación de una autoridad en la que inhibe o declina la competencia, o el conocimiento de un asunto, no implica que deba imperar su sentido gramatical; por el contrario, debe interpretarse sistemáticamente con la regla general de procedencia de amparo indirecto del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la fracción V del artículo 107 de la propia Ley de Amparo, los cuales fijan el supuesto general de procedencia para actos dentro del juicio, cuya condición necesaria es que sean de imposible reparación; es decir, cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos. En esa medida, si una Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado declina su competencia para conocer de un asunto a favor del Tribunal de Arbitraje del Estado, ese acto no conlleva una ejecución irreparable, dado que no afecta materialmente derechos sustantivos, pues el tribunal de arbitraje al que se declinó la competencia, aún no se ha pronunciado sobre ésta y al margen de que puede darse el caso de que éste estime que tampoco sea competente o, incluso, también podría generarse un conflicto competencial entre ambas autoridades laborales; de ello se sigue que el acto reclamado consistente en la declaratoria de incompetencia de una Junta local no es un acto de imposible reparación, al no establecerse aún, en la época de la promoción del amparo, cuál es la autoridad que deberá conocer del asunto, pues será hasta que asuma la competencia la autoridad a la que se le declinó, o se resuelva, en su caso, el conflicto competencial, que se podrá determinar si existe o no afectación de derechos sustantivos, aspecto que podrá ser impugnado mediante el juicio de amparo. Por lo anterior, se concluye que la sola determinación de incompetencia no vulnera los derechos fundamentales del gobernado". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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