Guadalupe Salazar Luna

Expediente 1226/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1226/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
20/10/2022

Partes del expediente

  • Guadalupe Salazar Luna

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de octubre de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 21/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la certificación que antecede y toda vez que del estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, -a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten-, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra del acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado de Distrito, en el cual se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de septiembre de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 16/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se tiene por recibido el oficio signado por la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, a través del cual en alcance al oficio 24452/2022, remite al informe rendido por el Coordinador Estatal de Socorros de la Cruz Roja Mexicana; en consecuencia, agréguese para que obre como corresponda y en atención a su contenido, se tiene por remitida dicha constancia de las cuales se desprende que no se logró localizar al quejoso, por lo que se toma conocimiento de lo informado. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 16/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Agréguese a los autos el escrito signado por Guadalupe Salazar Luna, por medio del cual desahoga la prevención formulada en proveído de diez de agosto de dos mil veintidós, atento a su contenido, se provee como sigue: Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo de que se trata, se advierte que la quejosa señala como actos destacados los siguientes: 1. Los actos de autoridad consistentes en el incumplimiento del laudo de fecha veintidós de noviembre del año dos mil diecinueve próximo pasado, tanto de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 31 y la dependencia denominada PENSIONISSSTE. 2. El incumplimiento por parte de las autoridades responsables, que tienen la obligación hacer cumplir el acto a lo que se describe lo siguiente. a) La omisión de dictar medidas necesarias para la ejecución pronta y expedita del laudo de veintidós de noviembre próximo pasado y de los autos de ejecución con mandamiento en forma. b) La omisión de dictar las medidas necesarias para la ejecución en términos del artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo. c) La negativa de resolver inmediatamente sobre el Laudo emitido en favor de la suscrita por el pago ordenado por la H. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, contra el FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO PENSIONISSSTE, que de forma inmediata autorice y haga entrega de los recursos económicos que son de la cuenta individual del trabajador del finado SERGIO DE LEON SALAZAR, (mi hijo) mediante el laudo de fecha veintidós de noviembre del año dos mil diecinueve, próximo pasado, con fundamento en el artículo 939. 940, 941, 944 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. d) De conformidad al artículo 117 de la ley de Amparo solicito que ambas dependencias de gobierno federal y presenten por escrito la justificación de sus actos ya sea a Junta Especial número 31 de la Federal de conciliación y Arbitraje, como Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado PENSIONISSSTE para que explique el motivo por el cual se ha negado a el pago respectivo posterior a la diligencia y embargo siendo que es su obligación de ejercer por derecho corresponde a la suscrita. e) EI pago de gastos y costas por incumplimiento de Laudo por parte de la dependencia PENSIONISSSTE. 1. Desechamiento parcial. En primer lugar, respecto de los actos reclamados a PENSIONISSSTE, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo relativa a que el acto reclamado no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, el acto reclamado consiste en la omisión por parte de la autoridad responsable Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado PENSIONISSSTE en dar cumplimiento al laudo de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, dentro del juicio laboral 947/2016. Por tanto, en el caso concreto, no puede considerarse a la mencionada autoridad condenada en el laudo en cuestión, con el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en razón de que el acto reclamado deriva del incumplimiento a un laudo, emitido dentro de un marco legal, en el que la normativa federal establece el trámite respectivo para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, por lo que en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos. Precisamente, debe tomarse en cuenta que la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, tiene a su alcance diversos instrumentos legales a fin de hacer cumplir sus determinaciones, entre ellos, la sanción contenida en el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo. Para evidenciarlo, es necesario destacar que el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo, establece que la autoridad laboral podrá emplear, cualquiera de los medios de apremio necesarios, para que las personas concurran a las audiencias en las que su presencia es indispensable o para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. Y los medios de apremio que pueden emplearse son: I. Multa, que no podrá exceder de 200 veces la Unidad de Medida y Actualización en el momento en que se cometió el desacato. Tratándose de trabajadores, la multa no podrá exceder del importe de su jornal o salario de un día. Para los efectos de este artículo, no se considerará trabajadores a los apoderados ni a los funcionarios públicos que incumplan o sean omisos con un requerimiento u orden judicial. II. Presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública; y III. Arresto hasta por treinta y seis horas. En ese sentido, la Ley Federal del Trabajo, establece el procedimiento a seguir a fin de ejecutar los laudos emitidos por la Juntas de Conciliación y Arbitraje, a ese efecto, con independencia de que pueda imponer la medida de apremio indicada, también podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes a fin, precisamente, de hacer eficaz tal ejecución. Conforme a lo anterior, se colige que los artículos 731 de la Ley Federal del Trabajo, establecen un procedimiento para ejecutar los laudos. Sirve de sustento, por las consideraciones que la informan, la tesis XVIII.1o.2 L (10a.), emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, de texto y rubro: "EJECUCIÓN DE LAUDO EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO DEL ESTADO DE MORELOS. PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ES INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y LA POSTERIOR INTERVENCIÓN DE QUIEN OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la primera actuación en el procedimiento de ejecución por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se inicia a petición expresa del actor, para enseguida dictar acuerdo ordenando la ejecución del laudo a través de la presencia de un actuario en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a fin de requerirle el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en la ley, específicamente las descritas en el artículo 124 de la citada ley del servicio civil, es decir, para llevar a cabo el procedimiento de ejecución de un laudo es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. Sostener lo contrario, implicaría desconocer la razón de ser de la figura jurídica de la prescripción prevista en el artículo 106, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal. De ahí que el impulso para la ejecución de un laudo burocrático no corresponde al presidente ejecutor, pues es necesaria la intervención del actor." 2. Admisión de demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 6, 20, 33, 35, 107, 108, 115, 116, 117, 118 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la presente demanda de amparo. 3. Audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con dieciséis minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. 4. Requerimiento de informe justificado. Pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, debiendo acompañar copia certificada completa y legible de las constancias que lo apoyan y con la anticipación que permita el conocimiento del mismo a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o no manifestar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien a mil valores diarios de unidades de medidas de actualización, en términos de los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Por otra parte, se reitera que a fin de salvaguardar la integridad física de las partes en el presente juicio, y atendiendo a las directivas emitidas por las autoridades del país a fin de asegurar el distanciamiento social, mediante una interpretación pro persona y pro acción en términos del artículo 1º constitucional, se autoriza para que en caso de que así lo deseé las responsables, sean recibidos tales informes en el correo institucional de este juzgado 1jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, en el entendido de que para dársele validez deberá remitirse mediante un correo oficial de la dependencia en cuestión, asimismo, se les hace de su conocimiento que se remitirá acuse de recibo por el mismo medio, dentro del transcurso de los siguientes días, por lo cual, en caso de no recibir tal acuse, se deberá a que no ha sido recepcionado. 5. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a formar el incidente de suspensión por no haberlo solicitado. 6. Terceros interesados. Por otra parte, atendiendo a las particularidades de este caso en el que se reclama denegación de justicia, no tiene el carácter de tercero interesado la contraparte de la quejosa en el juicio de origen porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al de la parte solicitante del amparo ?que subsista tal denegación? y que es la razón toral de su participación en el juicio de amparo; y en contrapartida, su búsqueda podría dilatar este juicio. No se inadvierte la jurisprudencia 1a./J. 90/2010 de rubro "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO" emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8º y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III del ordinal 5º de la Ley de Amparo ?abrogada?, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado ?ahora tercero interesado? a la contraparte del impetrante. Sin embargo, esa tesis no es aplicable a este caso, porque su interpretación fue de la Ley de Amparo anterior ?no vigente?, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, lo que da la pauta a que ahora se tome una interpretación diferente; en efecto, ahora el artículo 17 de la Constitución (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete), establece: "siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Y a ese principio en el ámbito jurídico supremo, el cual permea la interpretación y aplicación de las normas que derivan de las constitutivas, se ajusta mejor considerar que la contraparte de la parte quejosa no sea tercero interesado en casos como este, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia ?si en el fondo la hubiera?, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en el que participa. Así, debe hacerse hincapié en que lo que eventualmente afecta a la parte quejosa con la denegación que reclama, en todo caso, lo es la violación en el seguimiento del procedimiento en la etapa en la que se desarrolla y no el contenido o decisión que llegase a tomar la autoridad responsable y, por ende, esa denegación no le depara perjuicio a la contraparte de la quejosa. 7. Ministerio Público Federal Dese la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción de este Juzgado, pues, acorde al artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de parte en el presente juicio. 8. Obligación de informar causas de sobreseimiento. Se hace saber a las partes que, en términos del artículo 64, de la Ley de Amparo, tienen la obligación de informar a este Juzgado Federal si durante la tramitación de este juicio de amparo, sobreviene alguna causa de sobreseimiento, y de ser posible deberán acompañar las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente de treinta a trescientos valores diarios de la unidad de medida y actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 251 de la Ley de Amparo. 9. Requerimiento sobre juicios relacionados. A efecto de mejor proveer, requiérase a las autoridades responsables para que informen si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto reclamado en este juicio de amparo promovido por la misma parte en el proceso natural o constitucional, y que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos, lo anterior a efecto de evitar el dictado de resoluciones contradictorias. 10. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas que refiere, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. 11. Notificación de diferimientos. De igual manera, se instruye a los referidos servidores públicos para que los posibles diferimientos de audiencias los notifiquen a las partes (con independencia de los quejosos privados de su libertad) por medio de lista que fijen en los estrados de este juzgado de Distrito, aun a las autoridades responsables. Lo anterior, toda vez que dicha actuación no se estableció en la fracción I del artículo 26 de la Ley de Amparo; por tanto, resulta suficiente que se comunique en términos del artículo 29 de la citada ley. 12. De las sanciones. Se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, así autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de treinta de mayo de dos mil veintidós; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.

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