Guadalupe Ruiz Palacios
Expediente 1137/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1137/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/10/2017
Partes del expediente
- Guadalupe Ruiz Palacios
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por ***, quien se ostenta como albacea y heredera a bienes del extinto ***, personalidad que acredita con la copia certificada del instrumento notarial mil ochocientos veinte de seis de octubre de dos mil once y junta testamentaria llevada a cabo el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, contra actos de las siguientes autoridades responsables:1.- Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, de esta ciudad. 2.- Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bochil, Chiapas. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante.En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación En el caso particular, la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de segunda instancia dictada el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, en el toca civil 246-C-1-C01/2017, del índice de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla Gutiérrez, en la que confirmó la resolución de ocho de junio de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bochil, Chiapas, en la que declaró procedente el incidente de oposición de inventarios promovido por ***, dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes del extinto ***, número 83/2016.Así, analizada la demanda de amparo en su integridad, se tiene que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que señalan:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede:V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;De lo transcrito se infiere, que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción V de la Ley de Amparo), es necesario que los actos de autoridad que se combatan, sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, que la afectación o sus efectos no se destruyan con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio.Por tanto, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, esto es, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al resolverse en definitiva el procedimiento de donde emana.Al efecto, se hace necesario invocar la tesis número II.1o.C.T.9 K , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de Segundo CircuitoAsimismo, es aplicable, la diversa tesis I.13o.A.2 K , del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,Además, cabe señalar que para establecer la procedencia del juicio de amparo indirecto, en tratándose de actos de imposible reparación, debe atenderse a las consecuencias de su ejecución dentro del juicio, dado que, son actos de ejecución irreparable, además de los mencionados, aquellos en los que se produzca una afectación al solicitante del amparo en grado predominante o superior.Resulta aplicable, la tesis P.LVII/2004 , emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.En ese tenor, los actos reclamados por la parte quejosa consisten como se precisó con antelación en la resolución de segunda instancia dictada el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, en el toca civil 246-C-1-C01/2017, del índice de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla Gutiérrez, en la que confirmó la resolución de ocho de junio de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bochil, Chiapas, en la que declaró procedente el incidente de oposición de inventarios promovido por ***, dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes del extinto ***, número 83/2016.Por tanto, la determinación reclamada no es impugnable en amparo indirecto, ya que no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; en consecuencia, no se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo biinstancial.Con el propósito de acreditar lo anterior, se estima conveniente narrar los antecedentes de los actos reclamados, que bajo protesta de decir verdad la parte quejosa expuso en su escrito de demanda:1. ***, promovieron incidente de oposición de inventarios, el cual fue resuelto mediante sentencia interlocutoria de ocho de junio de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bochil, Chiapas, en la que declaró procedente el incidente de oposición de inventarios, al estimar que no se contemplaron todos los bienes que formaron parte de la masa hereditaria.2. Inconforme con tal resolución interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla Gutiérrez, quien lo radicó con el número de toca civil 246-C-1-C01/2017, y en diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, determinó confirmar la resolución interlocutoria combatida.De lo expuesto se concluye, que el juicio sucesorio intestamentario a bienes del extinto ***, número 83/2016, del índice del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bochil, Chiapas, del cual deriva el acto reclamado, aún se encuentra en trámite. Ello, porque la fase de inventarios ya se ha iniciado, pero ***, promovieron incidente de oposición de inventarios, el cual se declaró procedente e interpuso recurso de apelación, cuya sentencia constituye el acto reclamado.Precisado lo anterior, es importante tomar en cuenta que los juicios sucesorios son procedimientos de carácter universal y peculiar, que se componen de cuatro etapas, las cuales se deciden por separado; a saber, 1) Sucesión, 2) Inventarios, 3) Administración, y 4) Partición.Cada una de las etapas, es impugnable a través del juicio de amparo indirecto o del directo, según corresponda y por ende, las violaciones acontecidas durante la tramitación respectiva, serán impugnables contra la determinación que dé por concluida la etapa relativa.Ahora, de la reseña de las constancias se pone de manifiesto, que el juicio del que derivan los actos reclamados aún se encuentra en trámite, pues la fase de inventarios no ha finalizado. Ello, porque ***, promovieron incidente de oposición de inventarios, la cual se declaró procedente por el Juez Mixto de Primera Instancia de Bochil, Chiapas, al estimar que no se contemplaron todos los bienes que formaron parte de la masa hereditaria, fundándose en el informe rendido por el Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.En contra de esa resolución, se interpuso recurso de apelación y una vez substanciado ese medio de impugnación, la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla Gutiérrez, por sentencia de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el toca civil 246-C-1-C01/2017, confirmó la interlocutoria recurrida.Luego, si se toma en consideración que, conforme al artículo 758, fracción IV, de la propia ley procesal civil, la sección de inventarios termina con la resolución sobre el inventario y avalúo, es claro que el acto reclamado debe estimarse que por su naturaleza, no causa a las personas una ejecución de imposible reparación, en donde se estén afectando derechos materiales o sustantivos de la quejosa.Se afirma lo anterior, ya que en un juicio sucesorio intestamentario, es necesario que para decretar la procedencia del juicio de amparo se analice en qué etapa se encuentra y si ésta ha concluido, pues de ser así, al promover contra la última resolución que da por terminada la sección, podrán reclamarse todas las violaciones que a juicio de la solicitante del amparo, se hayan cometido las que, de ser fundadas, traerán como consecuencia se conceda el amparo, restituyéndole en el goce de sus derechos vulnerados. De ahí, la reparabilidad de los actos reclamados.En la especie, no se afecta derecho sustantivo alguno, pues la resolución impugnada sólo implica afectación a derechos adjetivos o procesales, y no un derecho sustantivo.Consecuentemente, es necesario que se encuentre concluida la segunda etapa del juicio sucesorio para poder combatir las violaciones procesales a través del juicio de amparo, por lo que al estar inconclusa esa fase, resulta improcedente este juicio, sin que esto implique consumación irreparable, pues es factible hacer valer las violaciones del procedimiento cuando se ataque la resolución que culmine la sección de inventarios.Máxime, que la resolución en estudio no genera obstáculo para la conclusión del asunto.Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/316 , emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito.Igualmente, la tesis I.3o.C.439 C , emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.También, la jurisprudencia VI.3o. J/20 , emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA.Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.Notifíquese personalmente.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ***, quien se ostenta como albacea y heredera a bienes del extinto ***, contra actos de las autoridades señaladas como: 1.- Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, de esta ciudad. 2.- Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bochil, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1137/2017-4-B. PREVENCIÓN Ahora bien, el artículo 108 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;.". Consecuentemente, con el objeto de acordar lo que proceda sobre la admisibilidad de la demanda de referencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 108, fracción I, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: Exhiba documento idóneo con el que acredite debidamente la personalidad con que acude ante este órgano de control constitucional, es decir, en su carácter de albacea y heredera a bienes del extinto José Laurencio Ruiz Urbina; y de ser así, deberá: Exhibir copia de su escrito aclaratorio y anexo para cada una de las partes en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que del análisis que se hace al escrito de demanda de cuenta, se advierte que la promovente no acredita la personalidad con la que se ostenta, por lo que deberá acreditarla con documento idóneo y anexando copias suficientes para el traslado a las partes. Tiene aplicación al caso la tesis II.2o.C.390 C, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que se puede consultar en la página 1827, del Tomo XVII, Enero de 2003, al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO DE QUIEN PROMUEVE COMO ALBACEA DE UNA SUCESIÓN. RESULTA IDÓNEA PARA ACREDITARLA LA COPIA CERTIFICADA DE LA DILIGENCIA DE ACEPTACIÓN Y PROTESTA DE ESE CARGO. El artículo 12 de la Ley de Amparo dispone que para acreditar la personalidad en los juicios de garantías, en los casos no previstos por dicho ordenamiento, hay que ajustarse a la forma que determine la ley que rija en la materia de la que emane el acto reclamado; por tanto, en el juicio de amparo promovido por quien dice ser albacea de una sucesión, resulta idónea para justificar tal calidad la diligencia judicial en la que la persona sobre quien haya recaído la designación de albacea acepta y protesta el cargo, pues es en dicha actuación donde se confiere tal nombramiento." Asimismo, es aplicable a lo anterior la Jurisprudencia P./J.23/2009, sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2009, Novena Época, Tomo XXIX, página 7, que a la letra señala: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." APERCIBIMIENTO Se apercibe a la promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoprimer Circuito, que a la letra reza: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN. Cuando en términos de lo previsto en el primer párrafo, del artículo 146, de la Ley de Amparo, el juez de Distrito previene al promovente del juicio de garantías para que colme alguno de los requisitos necesarios de la demanda, establecidos en el precepto 116 del propio ordenamiento, con el apercibimiento de ley, verbigracia exprese el acto reclamado o lo precise y, el promovente incumple con satisfacer tal requerimiento, debe concluirse que ulterior auto de desechamiento de esa demanda se ajuste a lo ordenado en el segundo párrafo, del dispositivo legal invocado en primer término." DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, se tienen por autorizados en términos restringidos a ***, de conformidad con el numeral 24 de la ley de la materia, ya que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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