Guadalupe Ruiz Mendoza de Rascón

Expediente 46/2013 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 17 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
46/2013
Año
2013
Actuaciones
17
Última actuación
08/07/2015

Partes del expediente

  • Guadalupe Ruiz Mendoza de Rascón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito presentado por Jesús Pérez Pérez, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo (foja 649), a través del cual solicita la expedición de copias certificadas. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, como lo solicita el promovente, se expiden por duplicado copias certificadas de las constancias que menciona en el ocurso de cuenta, autorizando para recibirlas a las personas que indica. Se informa que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves.

  2. Principal

    Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito signado por la parte quejosa Gxxxxxx, mediante el cual solicita le sean devueltos todos y cada uno de los documentos exhibidos en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se acuerda: Como lo solicita la promovente, hágase devolución de los documentos en comento, por conducto de las personas que autoriza para tal efecto, sin que haya necesidad de dejar copia certificada de los mismos, por tratarse de un asunto concluido. Se informa que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el tercer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veinte de abril de dos mil quince, en el cual se declaró cumplido el fallo protector. En consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes hizo alguna manifestación al respecto. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo a la parte quejosa, en el que sí existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar respecto de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devolución de documento. Toda vez que en autos constan documentos en original exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, veinte de abril de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante oficios registrados con los folios 6007, 9079 y 9080 (fojas 634-641 y 684-698), las autoridades responsables manifestaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridades responsables, en lo que interesa, al Presiente Municipal del XX Ayuntamiento Constitucional y Director de la Unidad Municipal de Transporte del XX Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, de quien reclamó las determinaciones tomadas en los oficios de tres de enero de dos mil trece y UTM/01/2013 de cinco de enero de dos mil trece. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA En primer término, mediante sentencia de quince de noviembre de dos mil trece, este órgano jurisdiccional determinó por una parte sobreseer en el juicio, por otra negar el amparo solicitado y por otra, conceder la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto que las autoridades responsables Presidente Municipal del XX Ayuntamiento Constitucional y Director de la Unidad Municipal de Transporte del XX Ayuntamiento Constitucional, ambas de Ensenada, Baja California, realizaran lo siguiente: "[.] Declararan insubsistentes los oficios de tres y cinco de enero de dos mil trece, respectivamente emitidos por las citadas autoridades; así como las actuaciones posteriores, y con plenitud de jurisdicción resolvieran pronunciando, la primera autoridad, la razón por la cual se declara incompetente para conocer de las peticiones formuladas por la parte quejosa; y la segunda, resolviendo procedentes o improcedentes las mismas, debiendo purgar en ambas resoluciones los vicios formales detectados en la sentencia. [.]" Inconforme con dicha determinación, el tercero perjudicado César Alberto Rascón Guerra, interpuso recurso de revisión en su contra, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, quien mediante ejecutoria de trece de noviembre de dos mil catorce, determinó confirmar la sentencia sujeta a revisión, por lo que por auto de primero de diciembre del citado año, se requirió a las autoridades responsables dieran cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio. ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficios registrados con los folios 6007, 9079 y 9080 (fojas 634-641 y 684-698), las autoridades responsables informaron que dejaron insubsistentes las determinaciones tomadas en los oficios de tres de enero de dos mil trece -por parte del Presidente Municipal del XXI Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California- con relación al otorgamiento de prórrogas de permisos de Servicio Público Municipal de Transporte, y en el oficio UTM/01/2013 de cinco de enero de dos mil trece -por parte del Director de la Unidad de Transporte del XX Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California- respectivamente; y en su oportunidad se pronunciaron en acatamiento a la ejecutoria de amparo mediante determinaciones de veinticinco de febrero y treinta y uno de marzo, ambos de dos mil quince, además acompañaron constancia de las notificaciones respectivas; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En las relatas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, pues es inconcuso que las autoridades responsables, acataron el núcleo de la ejecutoria. Lo anterior se evidencia por el hecho de que las autoridades responsables, mediante determinaciones pronunciadas el veinticinco de febrero -Presidente Municipal del XXI Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California- y treinta y uno de marzo - Director de la Unidad de Transporte del XX Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California- ambos de dos mil quince, respectivamente, dejaron insubsistente el acto reclamado, y en su lugar -con libertad de jurisdicción- pronunciaron uno diverso en los que acataron los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo. A mayor abundamiento, al dar la contestación respectiva se pronunciaron con relación a la petición efectivamente planteada por la parte quejosa, de manera que cumplieron con el requisito constitucional de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tuvieron en consideración para emitir su determinación, es decir, dieron a conocer al gobernado el "porqué" de la conducta de la autoridad, lo que generó que las autoridades responsables cumplieran con la obligación de dar a conocer a la impetrante de amparo, en detalle y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que la afectada pueda cuestionar y controvertir la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. En ese sentido, se afirma que la violación cometida en perjuicio de la accionante de amparo, quedó subsanada al dejar -las autoridades responsables- insubsistentes los actos de autoridad que constituyeron lo reclamado en esta instancia, y con libertad de jurisdicción fundaron y motivaron en una nueva determinación su proceder, de ahí que los actos reclamados quedaron sustituidos por uno diverso, sin las deficiencias evidenciadas en la ejecutoria que se analiza, y sí, con los lineamientos establecidos en la misma. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

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