Guadalupe Ruiz Lopez
Expediente 396/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 396/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Guadalupe Ruiz Lopez
Actuaciones
- Principal
MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veinte de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto de veinte de abril del presente año, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente y cúmplase. QUEDA DEBIDAMENTE NOTIFICADA LA PARTE PROMOVENTE EN TERMNOS DE LEY
- Principal
MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veinte de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto de veinte de abril del presente año, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veinte de abril de dos mil veintiuno. Con la demanda de amparo promovida por GUADALUPE RUIZ LÓPEZ, contra actos de la Juez de Control del Distrito Judicial de San Francisco Tanivet, Oaxaca y otras autoridades, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 396/2021. Se instruye al Secretario de Juzgado a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; así como para que firme los oficios que deriven de este asunto. Ahora del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: "IV. LA NORMA GENERAL. ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: De la autoridad señalada como responsable ordenadora que se precisa en el capítulo que antecede, o sea, la Licenciada Martha Elena Castillejos Sánchez en su carácter de H. DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN FRANCISCO TANIVET OAXACA, por lo que se reclama la totalidad de la resolución emitida dentro de la carpeta judicial número 239/2020, de fecha jueves quince de abril, derivada de la carpeta de investigación número 259/FEADM/2018 al índice de la Agente del Ministerio Público Claudia Díaz Jiménez Adscrita a La Fiscalía Especializada Para La Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género: Dependiente De La Fiscalía General Del Estado de Oaxaca. RESOLUCIÓIN que se derivó vía incidental de la petición de los abogados defensores del imputado por el delito de violación de nombre RAYMUNDO LUNA ARREORTUA; siendo en puridad jurídica la resolución que se combate la siguiente:." Determinación dictada en audiencia incidental de quince de abril del año en curso, en la cual, la Juez responsable de la causa determinó conceder el plazo de cinco días hábiles a la Agente del Ministerio Público a efecto de que realice las gestiones correspondientes ante su superioridad para realizar actos de investigación consistentes en obtener localización, ubicación y/o geo localización de un número telefónico, tomando en consideración la etapa de investigación en que se encuentra la aludida causa penal. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El artículo 107 de la Ley de Amparo, en su fracción V, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.; Por su parte, los artículos 170, fracción I, 171, párrafo primero, y 172, fracción III y XII, de la ley de la materia, establecen lo siguiente: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la Ley; XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo". La interpretación conjunta de las anteriores disposiciones legales lleva a considerar que el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra actos que son de imposible reparación y no cuando se trata de violaciones procesales que se extinguen en el tiempo. (.) Ahora bien, conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución por medio de las derechos sustantivos, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de repararse mediante el acuerdo posterior o bien a través del juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia que se dicte en definitiva. Sobre lo ya expuesto, el acto que se pretende combatir en esta instancia constitucional, que es la concesión de cinco días hábiles a la Agente del Ministerio Público investigador, a efecto de que eleve la petición de la defensa y con ello auxilie a la obtención de datos de prueba en la causa penal 239/2020, produce efectos intraprocesales, pues no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, dado que no se encuentra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no causar un daño de imposible reparación, en atención al concepto de irreparabilidad expuesto, pues con la obtención de datos de prueba por parte de la defensa en la causa penal 239/2020, todavía no es posible saber si se producirá tal afectación, en la medida de que, cuando se dicte la resolución definitiva en el juicio, se sabrá si la violación que reclama trasciende o no al resultado del fallo y será hasta entonces cuando podrá recurrirlo, haciendo valer las violaciones que estime le fueron producidas. Así, las consecuencias del acto reclamado no conllevan a una afectación irreparable de un derecho sustantivo en perjuicio de la disconforme, puesto que, existe la posibilidad de que el fallo que se dicte en definitiva le sea favorable, entonces el acto que aquí se reclama, no implica necesariamente que el juez que conoce de la causa dicte una sentencia desfavorable, pues dicha autoridad, conserva la obligación de examinar debidamente la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no sus elementos. De ahí que la citada resolución emitida por la responsable, ningún perjuicio irreparable ocasiona, ya que puede o no trascender al resultado del fallo. Ahora bien, en el caso de que el fallo que se llegue a dictar resultare adverso a los intereses de la parte quejosa, al tener la calidad de víctima dentro de dicho procedimiento, puede inconformarse a través del juicio de amparo directo, que en su caso, interponga contra dicha sentencia, enderezando en vía de agravio las anomalías que crea fueron cometidas; de conformidad con los artículos 170, fracción I, 171, párrafo primero, y 172, fracción III y XII de la Ley de Amparo, puesto que, pueden considerarse infracciones al procedimiento que en su momento lleguen a afectar las defensas de la ahora parte quejosa y que trasciendan al resultado del fallo. (.) Asimismo, en la tesis visible en el Registro digital: 2022565, Instancia: Plenos de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, Tesis: PC.XVII. J/29 P (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 1154, Tipo: Jurisprudencia "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, CONSISTENTES EN LA ACEPTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR ALGUNA DE LAS PARTES, EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. Hechos. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si es procedente el juicio de amparo indirecto contra la determinación del Juez de Control en la etapa intermedia, de admitir medios de prueba, arribando a conclusiones distintas, pues uno consideró que, por regla general, es procedente por afectar en forma preponderante y superior los derechos sustantivos de acceso a la justicia y defensa adecuada y los restantes concluyeron que no es impugnable a través de ese medio de control constitucional, porque no implica un acto de ejecución irreparable. Criterio jurídico: Las determinaciones del Juez de Control, relativas a la aceptación de los medios de prueba ofrecidos por alguna de las partes -o a la forma en que se pretendan recibir o desahogar-, por regla general, constituyen actos de naturaleza intraprocesal que no son susceptibles de impugnarse en el amparo indirecto. Justificación: Lo anterior es así, ya que con esas actuaciones normalmente no se violan derechos sustantivos contenidos en la Constitución General, sino sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, los cuales no generan la afectación extrema que obligue a efectuar un inmediato análisis de la constitucionalidad de los actos procesales en cuestión; por tanto, no se ubican dentro de los actos de imposible reparación que como categoría excepcional del juicio de amparo prevén los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Ello pues una de las principales funciones del Juez de Control durante esta etapa, consiste en asegurarse de que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral, por lo que esta etapa resulta el momento procesal idóneo para que éste haga valer sus inconformidades. De ahí que al momento de desahogar la prueba ante el Juez o tribunal de enjuiciamiento, dada la naturaleza híbrida del acuerdo de apertura a juicio oral, se reconoce la relación ineludible entre los aspectos vinculados con la motivación aplicada para admitir la prueba y aquellos que puedan derivar del debate para su desahogo; en consecuencia, estos últimos pueden ser valorados en la sentencia, dando lugar a una eventual declaratoria de ilegalidad o ilicitud, cuando trastoquen derechos fundamentales." De esta manera, resulta que la demanda de amparo presentada por GUADALUPE RUIZ LÓPEZ, es improcedente en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los aludidos preceptos 107, fracción V, 170, fracción I, 171, párrafo primero, y 172, fracción III y XII de la Ley de Amparo. En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir acuerdos y notificaciones el que indica y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de la materia a Ivo Esqueda Nava y Emilio de los Santos López, dado que se encuentran inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, específicamente en el apartado de Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, reformado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 25 del mismo pleno, se le tiene señalando el correo electrónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Lo anterior, dado que para recibir notificaciones electrónicas, debe contar con el nombre de usuario o contraseña que se crea al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o su firma electrónica (FIREL), en términos de los artículo 55 y 60 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Tome nota el área de actuaria para los efectos legales consiguientes. Ahora, no obstante que el uso de los medios electrónicos para obtener la información de las actuaciones practicadas en el juicio, no está regulada en la ley de la materia, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a dicha parte para utilizar cámara fotográfica o teléfono celular, que le permita copiar constancias y reproducir el contenido de las resoluciones que obren en el expediente; sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que haga de ellos el peticionario, quien estará obligado a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. (.) Lo que será una vez que se pueda obtener acceso al expediente físico, previa cita que agende. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección ... De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Notifíquese personalmente y cúmplase. (EL PRESENTE AUTO SE PUBLICA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADO EL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO)
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