Guadalupe Rojo Vea
Expediente 204/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 204/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Guadalupe Rojo Vea
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el Actuario adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 204/2018-4 del índice de este juzgado de distrito y remite testimonio de la resolución dictada en el expediente de queja 92/2018 de su estadística, interpuesto por Guadalupe Rojo Vea contra el acuerdo de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, en la cual se resolvió: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja promovido por Guadalupe Rojo Vea, en contra del proveído de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, en el juicio de amparo 204/2018, por el cual desechó la demanda de garantías interpuesta."; intégrese el cuaderno de antecedentes relativo, previo desglose de las copias fotostáticas a fin de evitar duplicidad de constancias, agréguese el oficio de cuenta al sumario para conocimiento de las partes y para que surta sus efectos legales conducentes. Como lo solicita la autoridad remitente, acúsese el recibo correspondiente para los efectos legales a que haya lugar. Bajo ese contexto, en atención al estado procesal de los autos y conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo y previa anotación en el libro de gobierno respectivo, archívese el presente como asunto concluido. Asimismo, de acuerdo a la fracción I del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, se desechó de plano la demanda de amparo. Por tal motivo, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Además, del análisis de este asunto, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental puesto que ingresó en este juzgado federal el doce de abril de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido de que, una vez transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar donde se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este juzgado.
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por los licenciados Francisco Javier Velarde Camargo, Martín Antonio Sotomayor Cázarez y José Omar Salazar Flores, como autorizados legales de la parte quejosa, mediante el cual interponen recurso de queja contra el auto de dieciséis de abril del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; agréguese a los autos para que surtan sus efectos legales conducentes. De acuerdo a lo anterior, conforme a lo dispuesto por los numerales 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja hecho valer por los autorizados legales de la parte quejosa, contra el acuerdo de dieciséis de abril del año en curso, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y acorde con el diverso numeral 101, párrafo primero de la Ley de la materia, una vez notificado este auto a las partes, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, los presentes autos, copia del auto impugnado, original y copia del escrito de expresión de agravios relativo al medio de impugnación de mérito y el informe sobre la materia de la queja para la substanciación del mismo.
- Principal
es notificación personal para la parte quejosa
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, que a la letra dice:Vista la demanda de amparo promovida por Guadalupe Rojo Vea, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente de amparo y regístrese con el número 204/2018-4, en el libro de gobierno de este juzgado y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la misma resulta improcedente por actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, interpretado en contrario sensu de lo establecido en la fracción V, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal. En efecto, por actos de imposible reparación se deben entender aquéllos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio o del incidente del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes de la parte quejosa, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera, esto en razón de los daños y perjuicios que puedan resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el juicio queden reparadas en la sentencia que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen; esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En la especie, la parte quejosa reclama la resolución interlocutoria de tres de abril del año en curso, dictada en el juicio de origen 393/2017, en la cual se declaró improcedente el recurso de revocación promovido por la quejosa contra el auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, relativo a la prevención realizada por el juez responsable a efecto de que exhibiera la prueba documental consistente en contrato de donación de dos de enero de mil novecientos noventa y cinco. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo y de las constancias anexas, ofrecidas por la quejosa, se observa que el juicio de origen es un juicio ordinario civil promovido por la quejosa Guadalupe Rojo Vea contra la sucesión intestamentaria a bienes de sus padres Lamberto Rojo Vea y Jesús Vea Félix y del Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Municipio de Guasave, Sinaloa, en el cual reclamó la prescripción positiva de los bienes inmuebles cuya posesión ha ostentado por más de veinte años, entre otras prestaciones. En ese sentido, la demanda se radicó en el juzgado responsable con el número 393/2017 y una vez emplazada a juicio la parte demandada, ésta objetó la prueba documental allegada por la parte actora -aquí quejosa- consistente en la copia certificada del contrato de donación pura y simple celebrado el dos de enero de mil novecientos noventa y cinco, por sus padres Lamberto Rojo Vea y Jesús Vea Félix, a favor de la propia quejosa, con relación a los bienes inmuebles objeto de la prescripción reclamada; por tanto, el tres de octubre de dos mil diecisiete, se previno a la parte actora a efecto de que en el término de tres días exhibiera el original de dicha constancia certificada. La actora, aquí quejosa, inconforme con dicha determinación, promovió recurso de revocación, el cual se resolvió el tres de abril de dos mil dieciocho, en el sentido de ser improcedente conforme a lo siguiente: "En efecto, son inoperantes los agravios que expresa la actora en el recurso que nos ocupa, pues los indicios que existen en autos no respaldan en ninguna medida sus afirmaciones, respecto al extravío o robo de la documental consistente en el contrato de donación base del juicio, con motivo de la explosión que ocurrió el día jueves 07 de septiembre del año 2017, en la casa habitación que -dice pero no justifica- se encuentra frente a su domicilio ubicado por la calle Revolución, número 1227, en la colonia centro, de esta ciudad, ya que si bien es cierto obra en el expediente una página del ejemplar del debate, donde se aprecia de su contenido que la referida explosión se registró por la avenida Revolución, entre Álvaro Obregón y Teófilo Noris, en la colonia Centro; y asimismo, obra en autos un recibo de pago de servicio de agua expedido por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (JUMANPAG), a nombre de GUADALUPE ROJO VEA, en el cual se aprecia que la dirección donde presta el servicio la referida paramunicipal lo es por calle Revolución, número 1227, de esta ciudad, misma en la que -dice- la accionante habita; empero, dichos documentos por sí solos no demuestran tal evento, es decir, que efectivamente tal cual lo afirma la actora, habite el domicilio frente a donde ocurrió la explosión; más aún, en el inadmitido supuesto que así lo fuera, no está demostrado que como causa de dicha explosión le hubiesen extraviado o robado el contrato de marras. En efecto, no existe vinculación de un hecho con el otro. Entonces, sus simples manifestaciones no generan convicción a quien juzga sobre la veracidad de tales hechos, ya que no hay forma de cómo relacionar que en realidad el domicilio donde aconteció el fatal acto, se encuentre enfrente de la propiedad en que indica vive la accionante y donde afirma tenía en su poder bajo resguardo el citado contrato. [.] Entonces, ante lo inoperantes de las simples manifestaciones que esgrime la actora como fundamento de sus agravios, y toda vez que a este juicio no allegó probanza alguna que dieran soporte a sus afirmaciones; la consecuencia obligada será declarar la improcedencia del recurso de revocación de estudio." Ante tales condiciones, la consecuencia ocasionada por el hecho que el recurso planteado por la quejosa se haya declarado improcedente, no es un acto de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, es decir, no es un acto que de manera inmediata lesione derechos sustantivos de la quejosa o bien haga imposible la prosecución del procedimiento, dado que dicha violación no le depara un perjuicio inmediato a sus derechos humanos, puesto que aún no se ha decretado la declaración relativa a la prescripción positiva reclamada en el juicio de origen ni se ha afectado algún derecho sustantivo. Así las cosas, la determinación reclamada tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la quejosa, quien podrá reclamarlo una vez que sea emitida la declaración relativa a la prescripción positiva de los bienes inmuebles que reclama en el juicio de origen; en virtud de que en el procedimiento de origen del cual emana el acto reclamado, aún no se ha dictado dicha determinación o sentencia firme; motivo por el cual el acto reclamado no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107 de la ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando dicha causa resulte de algún otro precepto de la ley. En este contexto, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "(.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...).". Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la citada Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).". De conformidad con la disposición Constitucional transcrita, cuando se impugnan actos dentro de un juicio, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107, fracción V, cuando establece que el amparo ante el Juez de Distrito se solicita "Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Cierto, de acuerdo con el principio estatuido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Sobre la base expuesta, debe estimarse que la resolución interlocutoria reclamada, en la cual se declaró improcedente el recurso de revocación promovido por la quejosa contra el acuerdo de treinta de octubre de dos mil diecisiete, relativo a la prevención realizada en el juicio de origen a efecto de que exhibiera el original del documento en el cual funda su acción, no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, éste interpretado a contrario sensu,. Ello es así, pues no afecta directa e inmediatamente las prerrogativas fundamentales de los gobernados -alimentos, propiedades, posesiones o derechos- y las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al dictarse la resolución o a través de los medios de impugnación procedentes contra la determinación que, en su caso, resuelva el juicio de origen. En todo caso, la transgresión aducida podría constituir una infracción al procedimiento reclamable contra la determinación que, en su caso, resuelva el juicio de origen -de resultar adversa a sus intereses-, en el que será factible impugnar la mencionada violación por haber trascendido al resultado del fallo. Resulta aplicable al caso, de manera analógica, el criterio jurisprudencial 37/2014 sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.". Por tanto, la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, proporciona un concepto definido sobre lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación; tal precepto legal dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De la literalidad de dicho artículo se obtiene que el legislador estableció como regla general la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación y definió como actos de imposible reparación, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos. Con lo anterior, el legislador termina con una añeja discusión interpretativa sobre el tópico de la ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto pues establece, como se ha dicho, una regla general de procedencia tratándose sólo de violaciones a derechos sustantivos con una clara exclusión de los de naturaleza procesal. Además, en la misma porción normativa, el legislador se ocupó de establecer una sola hipótesis de excepción en que sería procedente el amparo indirecto tratándose de violaciones procesales, esto es, cuestiones de competencia; así lo dispuso en la fracción VIII del citado artículo 107, que consigna: .VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". Por tanto, el legislador estableció una regla de carácter general y una sola excepción de aplicación estricta, que únicamente puede concretarse al actualizarse el supuesto para el que fue creada, sin que sea válida su aplicación analógica o por mayoría de razón. Bajo ese contexto, este juzgador considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. En el caso, el acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el auto de prevención, a efecto de que la quejosa exhibiera el original de la prueba documental en que sustenta su acción en el juicio de origen, constituye un acto procesal, ya que sus consecuencias sólo tienen efectos dentro del procedimiento civil; por tanto, dada su naturaleza intraprocesal o intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación. En consecuencia, en virtud de que el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos, ni se combaten cuestiones relativas a la competencia, se actualiza el supuesto manifiesto e indudable de improcedencia, previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo. Además debe mencionarse, que aun cuando se pretendiera el examen inmediato de la cuestión combatida con la finalidad de atender a las afirmaciones de la quejosa tendentes al extravío del documento original en el cual funda su acción en el juicio de origen y con ello el desgaste de tiempo y recursos que supone todo proceso; sin embargo, no puede considerarse que tales aspectos incidan en la violación de derechos sustantivos, en tanto que la satisfacción de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia, son condición necesaria de todo proceso jurisdiccional, cuya resolución contraria al interés de la parte quejosa, no implica, por sí sola, violación a la tutela judicial efectiva. Por ende, como se adelantó quien resuelve no advierte afectación de forma directa y material algún derecho sustantivo sobre la quejosa, esto es, sobre su persona, bienes, posesiones, o derechos, por lo que tal violación de momento no encuadra en los supuestos descritos, dado que quedaría subsanado si se llega a dictar resolución y ésta le favorece y, si no resulta así, tal afectación a sus derechos fundamentales sólo se producirá en el momento en el cual se emita la resolución definitiva y ésta resulte contraria a los intereses de la parte quejosa en función de dicha violación, pudiendo recurrir dicha sentencia, así como la violación procesal antes aludida y ahí reclamar tanto la sentencia definitiva como las violaciones procesales que han trascendido al fallo. Máxime que el recurso de revocación es interpuesto contra un acuerdo que establece lineamientos relativos a una prueba y el artículo 172 de la Ley de Amparo establece que en los juicios tramitados ante los tribunales civiles se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando se desechan pruebas legalmente ofrecidas o se desahogan en forma contraria a la ley, lo cual dará pauta a que dicha violación procesal sea analizada vía amparo directo atendiendo, por supuesto, en primer término al principio de definitividad. En virtud de lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo; por lo que con apoyo en el artículo 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo. Tiene aplicación por analogía, la jurisprudencia VI.2o. J/107, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 543, tomo VI, Agosto de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA EL DESECHAMIENTO DE UN RECURSO INTERPUESTO CONTRA LA NEGATIVA DE ADMISIÓN DE UN INCIDENTE DE NULIDAD. El desechamiento de un recurso interpuesto contra la negativa de admisión de un incidente de nulidad, no puede considerarse como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sólo produce efectos formales dentro del procedimiento, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con la sentencia definitiva que llegue a pronunciarse en el juicio natural, en caso de serle favorable al afectado, y en el supuesto de no ser así, el mismo estará en aptitud de impugnar la violación procesal referida, a través del recurso de apelación que haga valer en contra del fallo de primera instancia, o en su defecto, mediante la demanda de amparo directo que promueva en contra de la sentencia de segundo grado, en el caso de que ésta también le sea desfavorable. Por tanto, el juicio de amparo indirecto en que se reclame una resolución de las características citadas, es improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, habida cuenta de que dicha violación es reclamable a través del juicio de amparo directo, atento lo establecido en el artículo 159, fracciones V, IX y XI del ordenamiento legal citado.". De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6º.T.50 K, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1424, Tomo XXXIII, Abril de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra establece: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE A TRÁMITE, AL NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra los actos dictados dentro de juicio que tengan, sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son actos de imposible reparación, aquellos que lesionan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la libertad y la propiedad; también ha sostenido que para analizar en amparo indirecto la transgresión a un derecho procesal es menester que esa violación se dé en grado predominante o superior, tornándose de ejecución irreparable cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento. En este contexto, el auto que admite a trámite una tercería excluyente de preferencia no es un acto de imposible reparación, puesto que, con la sola admisión de la tercería no se priva a la parte inconforme de algún derecho sustantivo, en la medida que no se está definiendo el asunto, y tampoco constituye un acto procesal que la afecte en grado predominante o superior, en razón de que, al darse entrada a la tercería, el quejoso puede intervenir en ella, haciendo valer los argumentos que estime pertinentes, los cuales pueden verse favorecidos al dictarse la determinación que la resuelva y, en caso contrario, podrán repararse en el amparo directo que se promueva en su contra. En consecuencia, es improcedente el amparo indirecto enderezado contra el auto que admite a trámite una tercería excluyente de preferencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario.". Asimismo, la tesis VI.2o.102 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 735 Tomo VI, Agosto de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE SURTE CUANDO SE RECLAMA EL DESECHAMIENTO DE UN RECURSO INTERPUESTO CONTRA LA NEGATIVA DE ADMISIÓN DE UNA PRUEBA SUPERVENIENTE. El desechamiento del recurso interpuesto contra la negativa de admisión de una prueba superveniente ofrecida en un incidente penal no puede considerarse como un acto de imposible reparación, pues sólo produce efectos intraprocesales, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio natural, en caso de serle favorable al afectado, y en el supuesto de no ser así, el mismo estará en aptitud de impugnar la violación procesal referida a través del recurso de apelación que interponga en contra del fallo de primera instancia o, en su defecto, mediante la demanda de amparo directo que promueva en contra de la sentencia de segundo grado, en el caso de que esta última resolución también le sea desfavorable. Por tanto, el juicio de amparo indirecto en que se reclama una resolución de las características citadas, es improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 159, fracciones III, IX y XI, de la Ley de Amparo. En diverso orden de ideas, con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo; igualmente, téngase como sus autorizados legales, en su nombre y representación, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia a los licenciados Francisco Javier Velarde Camargo, Martín Sotomayor Cázarez y José Omar Salazar Flores. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a la actuaria de la adscripción para que practique cualquier diligencia o notificación personal relacionada con el presente asunto.
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