Guadalupe Rojas Hernández

Expediente 1770/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1770/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
02/12/2019

Partes del expediente

  • Guadalupe Rojas Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    6.- Estado procesal Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el quejoso no recurrió el auto de 19 de noviembre de 2019 (foja 20), mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Así, con apoyo en el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto causó estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese lo anterior a las partes. ARCHIVO. Toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. .. Destrúyase el expediente principal una vez transcurridos cinco años. Lo anterior, pues el juicio concluyó con un auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo; con fundamento en el punto vigésimo primero fracción I del citado Acuerdo General. Además, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del último párrafo de dicho artículo. Digitalización. Se ordena digitalizar las constancias del presente asunto, a efecto de contar con una copia electrónica para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Al hacerse pública la resolución del presente asunto, deberá suprimirse la información clasificada como reservada o confidencial.

  2. Principal

    6.- Notifíquese personalmente a la quejosa. ..

  3. Principal

    6) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 31 DE OCTUBRE DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): El quejoso * ratifica el contenido y firma del escrito presentado en este órgano jurisdiccional el veintiuno del mes y año corrientes, por medio del cual, solicita la cancelación y en consecuencia, la devolución de la póliza de fianza *, exhibida para garantizar la suspensión provisional. Acuerdo. Agréguese a los autos la comparecencia de cuenta, a través de la cual, el quejoso ratifica escrito presentado en este órgano jurisdiccional el veintiuno del mes y año corrientes, por el que solicita la cancelación y en consecuencia, la devolución de la póliza de fianza *, exhibida en autos. Cabe mencionar que el artículo 132, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que en los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda causar daño o perjuicio a terceros y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren sino obtuviera sentencia favorable en el juicio de amparo. Ahora bien, del estado procesal que guardan los autos se advierte lo siguiente: 1. En auto de 13 de febrero de 2018 se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados y se fijó como garantía la cantidad de $* que la quejosa exhibió a través de la póliza de fianza *. 2. En la sentencia interlocutoria de 27 febrero de 2018 se negó la suspensión definitiva. 3. En sentencia de 17 de mayo de 2018 dictada en el juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión, se negó el amparo. 4. Inconforme con dicha resolución, el quejoso * promovió recurso de revisión. 5. En auto 14 de agosto de 2018 el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito informó a este juzgado de distrito que admitió el recurso de revisión * interpuesto por el quejoso. 6. Mediante ejecutoria de 17 de mayo de 2019, emitida en el recurso de revisión supra mencionado, el Tribunal de alzada determinó revocar la sentencia recurrida y reponer el procedimiento. 7. Seguido el cause legal del juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia, el 25 de octubre de 2019 se emitió la respectiva sentencia, misma que a la data en la que se actúa, no ha causado ejecutoria. 8. Por tanto, es indispensable que, previo a la devolución de la póliza de fianza que solicita, se declare ejecutoriada la sentencia dictada en el juicio de amparo respectivo, puesto que, en el momento en que se dictó la medida suspensional, ésta surtió sus efectos de paralizar el acto reclamado. En efecto, para una mejor comprensión conviene traer a contexto el numeral 156 de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 156. .". El anterior precepto establece, por una parte, la posibilidad de tramitar el incidente de reclamación de daños y perjuicios, a través del cual, el tercero interesado podrá solicitar la entrega del monto de la garantía que exhibió la parte quejosa, para que surtiera efectos la suspensión concedida (sin distinguir si es provisional o definitiva); incidencia que se podrá tramitar dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio (ejecutoria de amparo). Por otra parte, el referido numeral establece que en caso de no presentarse reclamo dentro del mencionado plazo de seis meses, previa vista a las partes, se procederá a la devolución de la garantía o cancelación de la contragarantía, con la salvedad de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad jurisdiccional. En ese tenor, se tiene que no es el momento procesal oportuno para acordar lo relativo a la cancelación o devolución de la póliza de fianza exhibida por el quejoso en la presente incidencia, puesto que con independencia de que en el juicio de amparo relativo ya se dictó sentencia el veinticinco de octubre del propio año, esta circunstancia, por sí sola, no da pauta a considerar procedente la devolución de la póliza de garantía exhibida por el accionante, ya que con independencia de que ésta haya sido para garantizar la suspensión provisional y, con posterioridad, se negó la medida cautelar definitiva, la ley no hace distinción entre una y otra y, por ende, no se puede considerar que hasta este momento, se cumplan con los supuestos previstos en el numeral 156 de la Ley de Amparo para que sea susceptible la cancelación de dicha póliza. Ello es así, pues de conformidad con tal precepto, la devolución de la garantía que se otorgó con motivo de la suspensión del acto reclamado (sin hacer distinto alguno si se trata de la garantía exhibida con motivo de la suspensión provisional o definitiva), está condicionada a que transcurran seis meses a partir del día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio, esto es, a partir de que cause ejecutoria la sentencia de amparo. Siendo que, a la data en que el quejoso solicitó la devolución del billete de depósito que exhibió para que siguiera surtiendo efectos la suspensión, esto es, el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, todavía no se había dictado la sentencia en el juicio del que deriva la presente incidencia, pues esta se falló hasta el veinticinco del propio octubre, sin que hasta la fecha haya quedado firme y, por tanto, tampoco ha iniciado el plazo de seis meses establecido en el numeral 156 de la Ley de Amparo. Luego, al no configurarse los supuestos previstos en el numeral 156 de la Ley de Amparo, se estima que debe negarse la solicitud del quejoso para cancelar la póliza de fianza exhibida en el presente asunto, con independencia, se insiste, de que ésta se haya otorgado para garantizar los efectos de la suspensión provisional y que, en definitiva, se le haya negado la medida cautelar, pues la ley no establece una distinción o trato diferenciado para una y otra. Máxime, que no se tiene plena certeza de que con motivo de la suspensión provisional concedida, el tercero interesado no haya resentido algún daño o perjuicio en sus intereses. De la que se colige que en aquellos casos en que sea planteada ante el juez de Distrito la solicitud para que devuelva la garantía que exhibió el quejoso a fin de que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva, cuando se encuentre transcurriendo el término de seis meses que prevé el artículo 129 de la anterior Ley de Amparo (que es de similar contenido al artículo 156 de la Ley de Amparo vigente), en respeto a las garantías de debido proceso y de acceso a la justicia, el juez de Distrito, deberá dar vista al tercero perjudicado para que manifieste lo que a su interés convenga, aun cuando el quejoso no lo haya solicitado y, sólo en el caso de que aquél manifieste su conformidad con tal devolución o señale expresamente que no resintió daños y perjuicios con el otorgamiento de la suspensión concedida, de no encontrar algún otro impedimento para hacerlo, acordará de conformidad lo pedido; empero, como se estableció, en el presente caso, aún no queda firme el fallo dictado en el juicio de amparo relativo y, por ende, tampoco ha iniciado el plazo de seis meses a que hace referencia la jurisprudencia de que se trata, de ahí que no sea procedente, en este momento, darle vista a la contraparte del quejoso para que manifiesta su conformidad con dicha cancelación. En consecuencia, es improcedente devolver a la parte quejosa la póliza de fianza * exhibida; aunado a que en proveído de quince de febrero de dos mil diecinueve se negó similar petición del quejoso, contra la cual no se inconformó. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    7) Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo concedido a las partes para desahogar la vista que se les mandó dar mediante proveído de 14 de octubre de 2019 (foja 274), respecto de las constancias exhibidas por la autoridad responsable a fin de acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo, y al ser éste una cuestión de orden público, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se procede a verificar si se encuentra o no cumplida. [...] Declaración de cumplimiento. En mérito de lo expuesto, se concluye que la autoridad responsable dio total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos, restituyendo así al impetrante del amparo en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido. Ahora bien, por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de la parte quejosa de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo está en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202 del referido ordenamiento legal. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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