Guadalupe Rodríguez Cartagena

Expediente 68/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
68/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
22/04/2022

Partes del expediente

  • Guadalupe Rodríguez Cartagena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México; veintidós de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo prevé su numeral 2°, agréguese a sus autos el escrito de cuenta, firmado electrónicamente por Héctor Eduardo Castillo Gopar, quejoso en el juicio de amparo en que se actúa, por el cual desahoga la vista que se le otorgó en auto de ocho de abril de dos mil veintidós, en relación con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. Atento a lo anterior, y vistas las constancias que integran los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa en auto de ocho de abril de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias con las que la responsable adujo que existía imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido con base en las constancias procesales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, marzo de 2000, de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la parte quejosa se le concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para los efectos siguientes: "(.) (.)" Del análisis a lo anterior y tomando en consideración las constancias que obran en autos, se desprende que para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud legal de declarar cumplida la sentencia, la autoridad responsable debe acreditar con constancias idóneas, lo siguiente: En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio registrado con el folio 6444, presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, el Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, por sí y en representación del Titular, ambos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, manifestó la imposibilidad material que le asiste para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por los motivos indicados en su ocurso, por lo que mediante acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se requirió al Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que remitiera las documentales de las que se advirtiera que se dieron por concluidos los servicios del quejoso por no cumplir con el requisito de permanencia consistente en no ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días consecutivos. En ese sentido, mediante oficio presentado el siete de abril de dos mil veintidós, el cual quedó registrado con el folio 8558, el Director General de lo Contencioso y Procedimiento Constitucionales, en representación de los Titulares de la Secretaría y de la Dirección General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia, todos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, remitió las siguientes documentales: Resolución de dieciséis de octubre de dos mil veintiuno, dictada por el Titular de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la que se determinó la Separación del cargo del quejoso Castillo Gopar Héctor Eduardo y como consecuencia la conclusión de su servicio como integrante de la Policía Federal. Constancias que por ser públicas, merecen eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, de un análisis comparativo entre los efectos para los cuales fue concedida la protección de la justicia federal y la constancia remitida por la responsable, se advierte que existe una imposibilidad jurídica para que se cumpla la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello, en razón de que se concedió la protección constitucional para efecto de que las autoridades responsables aplicaran directamente en la situación del quejoso, el artículo Tercero transitorio del Decreto de reforma a la Constitución Federal en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, específicamente en la parte en que dispone que los elementos de la Policía Federal, en su transición a la Guardia Nacional, conservarán su grado y prestaciones; asimismo, a efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica del impetrante el punto tres de la minuta relativa a la mesa de diálogo de ocho de julio de dos mil diecinueve. Ahora, de la lectura de la resolución de dieciséis de octubre de dos mil veintiuno, se advierte en el noveno punto considerativo lo siguiente: "NOVENO. Es importante referir que la Federación, con el compromiso de coadyuvar con la integración de la nueva Institución de Seguridad Pública denominada Guardia Nacional, realizó diversas acciones tendientes a garantizar la continuación de los servicios de los elementos policiales, tanto en mencionada Guardia Nacional, como en cualquiera de las opciones detalladas con antelación, sin embargo el C. CASTILLO GOPAR HÉCTOR EDUARDO, con número de expediente 45380 no transitó a ninguna de éstas opciones en más de dos años, en las que recibió sus percepciones, sin realizar funciones propias de un elemento policial ya que éstas funciones concluyeron a la entrada en vigor del ya citado Acuerdo por el que se transfieren a la Guardia Nacional los recursos humanos, materiales y Financieros correspondientes a todas las Divisiones y Unidades Administrativas de la Policía Federal. [.]" En ese sentido se advierte que hasta el momento de la separación del cargo, el quejoso continuaba prestando sus servicios en la Policía Federal, ahora Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; mientras que la protección constitucional se concedió a fin de que fueran respetados sus derechos una vez que formara parte de la Guardia Nacional, lo que en el caso no aconteció, en razón de que su baja en el servicio fue decretada en la Policía Federal, ahora Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Con las constancias analizadas se dio vista a la parte quejosa en proveído de ocho de abril de dos mil veintidós, para que, en el término ahí precisado, manifestara lo que a su derecho conviniera; sin que haya formulado manifestación alguna al respecto, a pesar de haber sido notificada por lista el once de abril siguiente. Así, mediante escrito de cuenta, el quejoso manifiesta que la responsable no da cumplimiento a la sentencia de amparo, pues señala que su propósito era dar por terminada su relación laboral basada en coaccionar a los elementos activos, ofreciendo el pago de la compensación económica, el cual sería liberado únicamente si se desistía del juicio de amparo y que nunca fue notificado del procedimiento administrativo incoado en su contra por no cumplir con el requisito de permanencia consistente en no ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días consecutivos y que tuvo como consecuencia la conclusión de sus servicios. Ahora bien, en atención a las manifestaciones vertidas por la quejosa en líneas que anteceden, no ha lugar a dictar mayor proveído, lo anterior es así, toda vez que tales manifestaciones se dirigen a combatir el procedimiento administrativo incoado en su contra, circunstancia que no fue materia de estudio en la ejecutoria de amparo, por lo que este Juzgado no puede hacer pronunciamiento alguno al respecto en la etapa de cumplimiento de la sentencia de amparo, al constituir una cuestión novedosa. Sin que lo anterior implique pronunciamiento alguno sobre la legalidad del procedimiento instaurado en contra del impetrante del amparo y la determinación de dieciséis de octubre de dos mil veintiuno, al no ser materia de análisis de la ejecutoria dictada en el presente sumario constitucional; dejando expedito el derecho de la parte quejosa para impugnar tales actuaciones por los medios legales que considere procedentes. Atento a lo anterior y considerando el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio, Tesis 2a. CXII/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 2, enero de 2014, tomo II, página 1578, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas o bien materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha pormenorizado en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción 11 del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Hágase del conocimiento de las partes la presente determinación para los efectos legales conducentes. Finalmente, para el caso de que las autoridades destinatarias de los oficios por los que se dé a conocer el presente proveído, no estén laborando con motivo de la contingencia decretada en nuestro país, comisiónese a un actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que al día en que reanude sus labores, entregue los oficios notificatorios del presente proveído, sin necesidad de ulterior acuerdo; los cuales deberán quedar resguardados bajo su estricta responsabilidad, hasta en tanto sea entregada a sus receptores. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa de conformidad con lo ordenado en auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno y vía electrónica al agente del ministerio público de la federación adscrito. Así lo proveyó y firma Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en unión de Josué Yoao García García, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Jueza Secretario jluis

  2. Principal

    PERSONAL se REQUIERE nuevamente al albacea sustituto de la sucesión a bienes de ***, por conducto de sus autorizados en el presente asunto, para que en el término de DIEZ DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, con el documento que así lo acredite, se apersone en el presente juicio, con el fin de velar por los derechos del de cujus, y este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de proveer lo conducente. SE APERCIBE

  3. Principal

    agréguese a los autos los oficios de cuenta signados por el Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en representación del Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, ambos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, mediante los cuales informa las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento al fallo protector y realiza diversas manifestaciones en relación con el requerimiento formulado en proveído de diez de febrero de dos mil veintidós. En atención a sus contenidos, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se tienen por informadas las gestiones de referencia y por hechas sus manifestaciones, de las que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por el Actuario del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual remite testimonio de la resolución correspondiente a la sesión de quince de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del incidente de inejecución de sentencia I.I.S. 9/2021, del índice de la superioridad oficiante, en el que resolvió: "[.] PRIMERO. Es improcedente el presente incidente de inejecución de sentencia. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento de cumplimiento en los términos precisados en este fallo. [.]"

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