Guadalupe Rodríguez Ávalos

Expediente 1323/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1323/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
22/06/2021

Partes del expediente

  • Guadalupe Rodríguez Ávalos

Actuaciones

  1. Principal

    cúmplase

  2. Principal

    agréguese el escrito signado por el autorizado legal del quejoso, previa obtención de copias a costa de la parte agraviada que se deje en el expediente, devuélvanse las documentales que nica en el ocurso que se atiende.

  3. Principal

    ha causado estado el proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve. se ordena el archivo del asunto.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Guadalupe Rodríguez Ávalos, por su propio derecho, contra actos del Titular de la Dirección de Administración Urbana del Ayuntamiento de Tijuana y otras autoridades; en consecuencia, fórmese y regístrese con el número 1323/2019. Como punto de partida, resulta oportuno señalar que las causales de improcedencia en un juicio de amparo son de orden público, lo que quiere decir que la sociedad encuentra interés en que los mismos sean tramitados únicamente respecto de aquellos actos que la ley autoriza, y como consecuencia, ante la actualización de alguna de ellas en cualquiera que sea la instancia procesal, su estudio debe ser preferente lo aleguen o no las partes, extremo que encuentra sustento en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, previo al estudio de la demanda de amparo que nos ocupa y advertir si efectivamente se actualiza o no una causa manifiesta e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, se impone precisar lo que prevén los artículos 62 y 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo anterior, se desprende que es obligación del Juzgador ante la existencia de alguna causa que haga improcedente el juicio de amparo, se adentre a su estudio y deseche una demanda cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. En principio, resulta pertinente dejar precisado que el hecho que la Ley de Amparo establezca diversas hipótesis que motivan la improcedencia del juicio, no implica, per se, una violación al derecho humano al recurso efectivo. Ciertamente, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y así, decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia comprendidas en la legislación de amparo, tienen una existencia justificada, en la medida que, atendiendo el objeto del juicio a la oportunidad en que pueden promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, surge la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Así, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal modo que si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver en forma efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso, los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe la verificación de los prepuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo, constituyen por regla general parámetros objetivos que cumplen a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia. Antes bien, de permitir al gobernado acudir al juicio de amparo bajo ninguna condición racional, podría propiciar un retardo generalizado en la administración de justicia a casa de la interposición de interminables juicios de amparo. AMPARO." Siguiendo estas connotaciones, en el caso que nos ocupa, al analizar el contenido íntegro de la demanda y anexos que se atienden, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, respecto de los siguientes actos: ".Primero. Del Titular de la Dirección de Catastro Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, reclamo la ilegal certificación de plano elaborados por el ingeniero Carlos Segovia Preciado, respecto a un predio identificado con clave catastral AO-067-001, en tanto no son acordes con la realidad física y documental, puesto que las medida y colindancias trascienden en desaparecer predio de mi propiedad identificado catastralmente con clave AO-000-234 con la que se encuentra registrado en la referida dependencia el bien inmueble de mi propiedad. Esa certificación ilegal fue utilizada para realizar subdivisión autorizada por la Dirección de Administración Urbana sin corroborar la realidad documental. Segundo. a).Del Titular de la Dirección de Administración Urbana del Ayuntamiento de Tijuana, reclamo el análisis y autorización de subdivisión de predio con clave catastral A0-067-001, a favor de Ramón Jiménez González, porque no coincide con la realidad documental que trasciende en perjuicio real y jurídico a mi persona, ya que con esa autorización de hecho afecta el bien inmueble de mi propiedad con clave catastral AO-000-234, inscrito en Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo partida 5127705, sección civil inscrita el 22 de enero de 1998. Es ilegal porque con ese sólo acto administrativo me priva del derecho a poseer y usufructuar el bien inmueble de mi propiedad. b).Asimismo, reclamo de la referida autoridad, la expedición de construcción a favor de "Café del Pacífico S.A. PI. De C.V., Caffenio", en tanto la misma resulta contraria a las disposiciones legales que trascienden en perjuicio real y jurídico a mi persona, ya que con esa licencia de hecho afecta el bien inmueble de mi propiedad con clave catastral AO-000-234, inscrito en Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo partida 5127705 sección civil inscrita el 22 de enero de 1998. Es ilegal porque con ese sólo acto administrativo me priva del derecho a poseer y usufructuar el bien inmueble de mi propiedad, pues abarcando parte de mi terreno se ha empezado a construir un inmueble para la venta al público de café. Tercero. Del Registro Público de la Propiedad y de Comercio reclamo la ilegal inscripción de Subdivisión solicitada mediante oficio SD-007-2019, de fecha 11 de enero de 2019, signado por la Arq. Magdalena García Tafoya, Directora de Administración Urbana del XXII Ayuntamiento de Tijuana, pues debió advertir que de hecho afecta en el plan físico la partida 5127705 sección civil inscrita el 22 de enero de 1998, relativa al bien inmueble de mi propiedad." Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que no se cumplió con el principio de definitividad al no haber agotado el medio ordinario de defensa establecido en el artículo 245 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California. Para lo cual se cita el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deben ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio legal de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". Del precepto legal invocado se advierte, que se considera improcedente el juicio de amparo, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la ley de la materia y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Asimismo, prevé que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Ahora bien, en la especie el quejoso estaba obligado a interponer el recurso de revocación previsto en el artículo 245 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, por medio del cual puede ser anulado, modificado o revocado los actos que tilda de ilegales, antes de acudir a esta instancia constitucional, legislación que resulta aplicable al caso concreto, al atender la naturaleza sobre la cual versan los citados actos. Bajo esa óptica para una mejor apreciación de lo expuesto, resulta procedente traer a colación el contenido de los dispositivos legales 245 y 246 del citado ordenamiento legal: "Artículo 245. Contra las resoluciones dictadas por la aplicación de esta Ley y sus reglamentos, procederá el recurso de revocación, el cual deberá ser presentado por escrito dentro del término de 10 días hábiles siguientes a la notificación del acto impugnado, y ante la autoridad que hubiese emitido la resolución recurrida. Artículo 246. Procede el recurso de revocación: I. Contra los actos de las autoridades que determinen y ejecuten las medidas de seguridad previstas en esta ley y que el promovente estime improcedentes o inadecuadas; II. Contra los actos de las autoridades que impongan las sanciones a que ésta Ley se refiere y que el interesado estime indebidamente fundadas y motivadas; y, III. Contra los actos de las autoridades administrativas que los interesados estimen violatorios de esta Ley, sus Planes y Programas de Desarrollo Urbano, Declaratorias, Decretos o Reglamentos Vigentes." De la interpretación gramatical de los preceptos legales invocados, se desprende que las actuaciones emitidas por la aplicación de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California ?como en el caso ocurre?, pueden modificarse al intentarse el recurso de revocación en su contra, mediante escrito y dentro del término de diez días hábiles siguientes a la notificación del acto impugnado y ante la autoridad que hubiere emitido la resolución recurrida, o bien, el acto administrativo de molestia. En ese contexto, resulta pertinente señalar que las actuaciones que fueron ordenadas por la Titular de la Dirección de Administración Urbana y Director de Castro Municipal, ambas del Ayuntamiento de Tijuana, se encuentran apoyadas en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, Ley de Catastro Inmobiliario del Estado de Baja California, Reglamento de la Ley para el Municipio de Tijuana y Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Centro de Población de Tijuana, Baja California, ello de acuerdo a las facultades, de las cuales se encuentran investidos los titulares de dichas dependencias, para ordenar y ejecutar actos administrativos de los actos que en esta instancia pretende controvertir el agraviado, sin embargo, previo a promover el juicio biinstancial, debió agotar el medio de defensa a que hace referencia el artículo 245 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, que resulta ser el idóneo para revocar o modificar el contenido de los oficios y certificaciones que constituyen de la litis del presente juicio. Cabe destacar que de manera alguna de irroga perjuicio al promovente del amparo con la anterior determinación, pues, en su defecto también se encuentran en condiciones de promover juicio contencioso administrativo, ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, en términos de los numerales 1, 2, 21, 22 y 35 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, que señalan lo siguiente: "Artículo 1. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, es un órgano autónomo en sus fallos e independiente de cualquier autoridad administrativa, dotado de plena jurisdicción e imperio suficiente para hacer cumplir sus resoluciones. Artículo 2. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tendrá a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios y Organismos Descentralizados, y los particulares; así como entre el fisco estatal y los fiscos municipales, sobre preferencias en el cobro de créditos fiscales. Artículo 21. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, funcionará en Salas. Estarán integradas por un Magistrado Numerario o Supernumerario cada una y el personal jurídico y administrativo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. Los Magistrados Supernumerarios integrarán Sala en el Municipio de Tijuana y Ensenada. Artículo 22. Las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los actos o resoluciones definitivas siguientes: I.- Los de carácter administrativo emanados de las Autoridades Estatales, Municipales o de sus Organismos Descentralizados, cuando éstos actúen como autoridades, que causen agravio a los particulares; II.- Los de naturaleza fiscal emanados de Autoridades Fiscales Estatales, Municipales o de sus Organismos Fiscales Autónomos, que causen agravio a los particulares; III.- Los que se emitan con motivo de la aplicación de sanciones por responsabilidad administrativa, con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; IV.- Los que se emitan con motivo del incumplimiento de contratos de obra pública y, en general, de contratos administrativos en que el Estado, los Municipios o sus Organismos Descentralizados sean parte. V.- Los que versen sobre pensiones y jubilaciones, a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y Municipios de Baja California. VI.- Los dictados conforme a otras leyes que le otorguen competencia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. VII.- Los de carácter administrativo y fiscal favorables a los particulares, emanados de las Autoridades Estatales, Municipales o de sus Organismos Descentralizados, cuando dichas autoridades promuevan su nulidad. VIII.- Los que se emitan en materia de acceso a la información pública, atendiendo lo previsto por la fracción VII del artículo 17 de esta Ley. Para efectos de este artículo, son definitivos los actos o resoluciones que no puedan ser revocados o modificados, sino mediante recurso administrativo o medio de defensa previsto por la ley que rija el acto, o en el proceso contencioso administrativo. Las faltas temporales de los Magistrados en las Salas, se suplirán por el Primer Secretario de Acuerdos cuando no excedan de dos meses y cuando excedan de este término, serán cubiertas por la persona que nombre el Pleno. Las faltas definitivas se cubrirán con nueva designación. Por el periodo de suplencia el funcionario recibirá los mismos emolumentos que el Magistrado. IX.-Las que se susciten entre los Miembros de las Instituciones Policiales del Estado de Baja California y las Dependencias de la Administración Pública Centralizada Estatal o Municipal, con motivo de la prestación de sus servicios. Para efectos de este artículo, son definitivos los actos o resoluciones que no puedan ser revocados o modificados, sino mediante recurso administrativo o medio de defensa previsto por la ley que rija el acto, o en el proceso contencioso administrativo. Las faltas temporales de los Magistrados en las Salas, se suplirán por el Primer Secretario de Acuerdos cuando no excedan de dos meses y cuando excedan de este término, serán cubiertas por la persona que nombre el Pleno. Las faltas definitivas se cubrirán con nueva designación. Por el período de suplencia el funcionario recibirá los mismos emolumentos que el Magistrado. Artículo 35. Cuando las Leyes o Reglamentos de las distintas Dependencias Estatales, Municipales y de sus Organismos Descentralizados, establezcan medios de defensa o algún recurso administrativo, será optativo para el particular agotarlo o intentar directamente el juicio contencioso administrativo. De igual forma, podrán promover dicho juicio, dentro del plazo legal, cuando una vez interpuesto un recurso administrativo o medio de defensa, se hubieren desistido del mismo." De lo expuesto en párrafos supra, se tiene que la parte quejosa estuvo en condiciones de interponer recurso de revocación contra de las actuaciones que fueron autorizadas por las autoridades que señala como responsables, o bien, directamente promover juicio de nulidad en su contra ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, previo a instaurar el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que en el caso que nos ocupa, también se cumple con el último de los requisitos previstos en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, esto es, que dicho medio de defensa legal contemple la suspensión de los efectos del acto de reclamo sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, el cual también se satisface en el caso. Sobre este aspecto, existe jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, en el sentido de que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad, no son mayores que los establecidos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo y, por ende, debe agotarse dicho juicio antes de acudir a la presente vía constitucional. El criterio de mérito se identifica con el número XV.4o. J/6 , cuyo título es: "SUSPENSIÓN CONTRA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL SISTEMA NORMATIVO QUE LA PREVÉ, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD PREVIO A INTENTAR LA VÍA CONSTITUCIONAL." Del análisis realizado a la ejecutoria que motivó el criterio que antecede, se aprecia que el citado órgano jurisdiccional, para arribar a esa determinación, expuso lo siguiente: ".Aunado a lo anterior, esta magistratura comulga con el criterio del Juez Federal en el sentido de que la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión. Lo anterior se evidencia en el siguiente cuadro comparativo entre las normas que rigen la suspensión en el juicio contencioso administrativo en relación con las que regulan esa institución en el proceso de garantías: (Insertó un cuadro comparativo) Según se advierte del parangón precedente, el sistema previsto en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, para el otorgamiento de la suspensión, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para decretar la suspensión de los actos impugnados, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; esta solicitud es oportuna desde la demanda hasta antes de la sentencia (en amparo, la ejecutoria, obviamente); en ambos juicios operan la suspensión provisional y la definitiva; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general, ni contraviene disposiciones de orden público, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes; por lo que respecto al juicio de nulidad que establece el citado ordenamiento, no opera la excepción al principio de definitividad que disponen tanto la fracción IV del artículo 107 de la Ley Suprema, como el propio numeral 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, a saber: que el ordenamiento que rija los medios de defensa ordinarios no exija, para otorgar la suspensión, mayores requisitos que los previstos en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Consecuentemente, salvo que se actualice alguna diversa excepción al principio de definitividad, debe agotarse el juicio de nulidad previo a intentar la vía constitucional en contra de los actos impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado". Jurisprudencia que continúa en vigor pese a la expedición de la nueva Ley de Amparo, pues los preceptos que antes establecían los requisitos para conceder la suspensión en la materia, continúan vigentes, esto es, que debe solicitarse por escrito y hasta antes de la sentencia ejecutoria; que se otorgue en principio la suspensión provisional y después la definitiva; y que la medida no cause perjuicio al interés general, ni contravenga disposiciones de orden público; asimismo, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante. No se opone a lo anterior, que la Ley de Amparo en vigor, a diferencia de la anterior, consigne expresamente en el artículo 61, fracción XX, que la suspensión que se otorgue conforme a las leyes ordinarias, deba tener los mismos alcances que prevé la Ley Reglamentaria, sin exigir mayores requisitos, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. Se dice lo anterior, pues en ambos casos la autoridad de que se trate, deberá resolver sobre la suspensión en el auto que admita la demanda. Así, el artículo 56 de la Ley del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, prevé: "Artículo 56. La suspensión provisional de los actos impugnados deberá resolverse por el Magistrado de la Sala en el mismo auto en que se admita la demanda, haciéndolo saber a la autoridad demandada, para su cumplimiento, si se concede (.)". Por su parte, el artículo 115 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 115. De no existir prevención, o cumplida ésta, el órgano jurisdiccional admitirá la demanda; señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los treinta días siguientes; pedirá informe con justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas de las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117 de esta Ley; ordenará correr traslado al tercero interesado; y, en su caso, tramitará el incidente de suspensión". Esto es así, pues, si ambos preceptos disponen que la suspensión se tramitará cuando se admita la demanda, es inconcuso que la Ley del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, no prevé un plazo mayor para el otorgamiento de la medida, que la Ley de Amparo. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la legislación ordinaria, se prevea un plazo de tres días para proveer sobre la demanda de nulidad, implique un requisito adicional a la Ley de Amparo, que prevé veinticuatro horas para ese fin; pues si bien, pudiera considerarse que ello suma un requisito adicional, no es así, por las razones que a continuación se expondrán. En principio, se traen a la vista los numerales 112 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, que disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.". "Artículo 49. La demanda se admitirá dentro de los tres días siguientes al de su presentación. En el mismo auto se aceptará o rechazará la intervención del tercero y se señalará fecha para que tenga verificativo la audiencia dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la admisión de la demanda". De lo transcrito se advierte que mientras que el Juzgado de Distrito de que se trate, tiene veinticuatro horas para proveer sobre la demanda de amparo; el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, cuenta con tres días para dar trámite a la demanda de nulidad. Sin embargo, la diferencia entre ambos plazos no conlleva la insatisfacción del último de los requisitos para que opere la improcedencia del juicio de amparo por definitividad, esto es, que la legislación ordinaria contemple un plazo mayor para proveer sobre la suspensión, tomando en cuenta que la Ley de Amparo también precisa que deberá proveerse sobre la suspensión del acto reclamado en el momento en que se admita la demanda; en ese sentido, el plazo para proveer sobre la medida suspensional no puede retrotraerse al establecido para que se provea sobre el escrito inicial, pues ello implicaría incorporar un requisito adicional a los establecidos en la propia Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En ese contexto, el hecho de que en ambas legislaciones, esto es, la Ley del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Baja California y la Ley de Amparo, precisen momentos diferentes para que se provea sobre la admisión de la demanda, no conlleva un aumento en el plazo para otorgar la suspensión, pues sobre ésta, cuando se solicite, sin excepción, se acordará en el auto que admita la demanda. Además, el hecho de que la propia Ley de Amparo prevea un plazo de veinticuatro horas para proveer sobre la demanda, no implica de suyo su admisión, cuenta habida que puede ocurrir que se deseche o se prevenga por el plazo de cinco días; casos en los cuales no se acordará sobre la suspensión, situación que se asemeja a cuando la legislación contenciosa local concede al Tribunal instructor el término de tres días para proveer sobre la admisión de una demanda de nulidad. Por ende, si los aspectos analizados por el Tribunal Colegiado de Circuito que emitió la jurisprudencia, en relación con los requisitos contenidos en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, no exceden a los establecidos en la Ley de Amparo vigente; es inconcuso que la jurisprudencia conserva su obligatoriedad para este Juzgado de Distrito, en términos de lo dispuesto por el artículo 217 y Sexto Transitorio de la Ley de Amparo. Máxime que la divergencia en el tiempo en que la autoridad instructora de lo contencioso tiene para proveer sobre una demanda de nulidad (tres días) con relación al del Juez de Distrito sobre una de amparo (veinticuatro horas), no incide sobre la oportunidad en que ambos juzgadores habrán de pronunciarse sobre el otorgamiento o no de la medida suspensional que del acto reclamado se les solicite, dado que en ambos supuestos ello ocurre una vez que hayan admitido la demanda y les hubiere sido solicitado , sin que para ello puedan desatender el cumplimiento de los requisitos de procedencia para su concesión, al ser éstas las condiciones que se deben reunir para que surja su obligación de pronunciarse respecto a su otorgamiento, sin las cuales ninguno de tales resolutores podrá proveer de forma favorable a los intereses del peticionario, pero que una vez reunidas la medida suspensional surte efectos desde el momento mismo en que es concedida sin que previo a ello deba cumplirse requisito de efectividad alguno, en concordancia con la jurisprudencia 43/2001 cuyo rubro es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA." Robustece el sentido adoptado en el presente fallo, por identidad de argumentos, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 125/2011 , del rubro: "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL." Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la jurisprudencia que es del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." Así como, la tesis de jurisprudencia 986 , que señala: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Sin que se pase por alto que también la autoridad administrativa que emitió los actos que se tildan de inconstitucionales, en el supuesto de instaurar el procedimiento administrativo correspondiente, tienen la facultad de suspender los actos que en ese momento le estén generando perjuicio al afectado. En conclusión, al no darse los supuestos de procedencia para el juicio de amparo indirecto pues, como ya se dijo, la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, por consiguiente, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Guadalupe Rodríguez Ávalos, contra actos del Titular de la Dirección de Administración Urbana del Ayuntamiento de Tijuana y otras autoridades. Robustece el sentido adoptado en la presente determinación, por identidad de argumentos, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 125/2011 (9ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro siguiente: "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL." Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el descrito en su demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Humberto Reatiga Bernal, toda vez que cuenta con su cédula registrada en la base de datos instaurada en cumplimiento al artículo 185 del Título Décimo "Del Registro Único de Profesionales del Derecho" del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis, mismo que derogó el similar 24/2005, relativo al establecimiento del Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de dieciocho de julio de dos mil cinco. Asimismo, se tiene al impetrante solicitando la autorización correspondiente, para que su autorizado legal pueda hacer uso de los medios y servicios electrónicos a través de la página oficial http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, respecto al juicio de amparo 1323/2019, del índice de este órgano jurisdiccional. En ese contexto, y previó a verificar la vigencia y estado del certificado digital (Firel) del promovente, conforme lo previsto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, expedido el uno de diciembre de dos mil quince, en sus artículos 10 y 14, así como en el artículo 5, párrafo segundo, del diverso Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, en relación con el dispositivo legal 3° de la Ley de Amparo, se autoriza al licenciado Humberto Reatiga Bernal, quien cuenta con el usuario HReatiga, para que realice la consulta en el línea del juicio de amparo número 1323/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, quien también podrá presentar las promociones, documentos y medios de prueba que considere necesarios. De igual forma, se le hace de su conocimiento que acorde a lo establecido en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones I, II y III y 31 fracciones II y III, todos de la Ley de Amparo, le serán practicadas las notificaciones correspondientes al presente juicio, en los términos y lineamientos establecidos en los preceptos legales invocados. Asimismo, se informa al promovente, que la consulta del expediente en la modalidad solicitada únicamente lo faculta para imponerse de autos cuya notificación no sea personal, no sólo para éste, sino para cualquiera de las partes y hasta en tanto dicha notificación sea realizada. Por consiguiente, una vez que se encuentre autorizado el presente auto, proceda la Secretaria a realizar el trámite correspondiente, para el registro de acceso al sistema del servicio en línea, para la consulta en forma electrónica única y exclusivamente del juicio 1323/2019. Finalmente, atento a lo previsto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aplicado conforme al artículo segundo transitorio de la Ley Federal en cita, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, misma que entró en vigencia al día siguiente de su publicación; así como en los ordinales 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al hacerse pública la sentencia que se dicte en este asunto; apercibidas que de no hacerlo, en la versión pública que se realice de dicha determinación, se suprimirá la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 5, 14, 25, 28, 44, 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente al promovente en los términos indicados en el presente proveído. Lo proveyó y firma el Juez Brando Arturo González Ramírez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante la Secretaria Gladis Elena Sandoval Corrales, quien autoriza y da fe. erv

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