Guadalupe Reginaldo López García

Expediente 1217/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1217/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Guadalupe Reginaldo López García

Actuaciones

  1. Incidental

    1. Formación de incidente y acto reclamado. Como está ordenado en el juicio principal se forma por separado el incidente de suspensión promovido por ******************, contra actos del Juez de Control de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Saltillo y otras autoridades, consistente en la orden de aprehensión girada en su contra, así como su ejecución. 2. Requisitos para otorgamiento de medida cautelar. El artículo 128 de la Ley de Amparo establece los requisitos para conceder la suspensión: i) solicitud del quejoso y ii) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, como los supuestos contenidos en el precepto 129 de ese ordenamiento legal. El objeto de la suspensión de los actos reclamados es preservar la materia del juicio y evitar que se consuma de manera irreparable la conculcación de derechos humanos. Inclusive, en términos del artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, de ser jurídica y materialmente posible, se puede ordenar restablecer de manera provisional y en tanto se dicta sentencia ejecutoriada, el derecho que se estima afectado. La medida cautelar procede a partir del análisis de la naturaleza de los actos, para determinar si es actualizable la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. 3. Derecho subjetivo tutelado. Además, cuando exista la titularidad jurídica de un bien o de un derecho a favor de la parte quejosa, se entiende que hay interés para obtener la medida suspensional y merece ser protegida la situación jurídica que guardan las cosas al momento de decretar la paralización del acto, pues a través de la suspensión no es válido constituir, modificar o restringir un derecho del que no se gozaba antes de la presentación de la demanda, porque dicha circunstancia se encuentra impedida por el artículo 131 del invocado ordenamiento legal. 4. Efectos solicitados. Se solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto de que no sean privados de su libertad. 5. Concesión de la suspensión provisional. Como la solicita la parte quejosa y su concesión no conlleva una afectación al interés social, con fundamento en los artículos 128, 138, 139, 162, 163 y 166 de la Ley de Amparo, se concede a ********************, la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto que no se ejecute la orden de aprehensión y/o investigación que reclama de las autoridades responsables; en el entendido de que si la orden privativa de libertad emana de un procedimiento seguido conforme al sistema penal acusatorio, por delitos de prisión preventiva oficiosa, la suspensión sólo producirá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de esta autoridad, en cuanto a su libertad, en el lugar en que sea recluida, y a disposición de la responsable, para la continuación del procedimiento penal. Además, si la orden privativa de libertad fue dictada por un delito que conforme a la ley no permita la libertad provisional bajo caución, o bien, si se le sorprende en flagrante delito, la suspensión que se concede no surtirá los efectos señalados con antelación, sino que la parte agraviada quedará a disposición de este juzgado de distrito en cuanto a su libertad personal se refiere, en el centro de reclusión al que sea ingresada, y de la autoridad responsable para la continuación del procedimiento penal respectivo. 6. Requisitos de efectividad. La presente suspensión provisional concedida respecto del acto restrictivo de libertad reclamado a la autoridad responsable, surte sus efectos de inmediato, ya sea que la orden privativa de libertad derive de un procedimiento seguido en el sistema penal acusatorio o en el tradicional, pero dejará de tenerlos si dentro del plazo de cinco días, contados a partir de que se encuentre legalmente notificada, la parte quejosa no cumple con los siguientes requisitos: a) Exhiba garantía por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), en billete de depósito expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en la inteligencia de que si opta por póliza de fianza, en ésta, la afianzadora deberá señalar domicilio en esta ciudad, e insertar además, que se somete a la jurisdicción de los tribunales residentes en esta localidad, para en caso de litigio, tal como lo previene el artículo 2802 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, acorde a su numeral 183; caución que al momento de pronunciarse la resolución definitiva en este incidente podrá ser modificada, ajustándola al monto estimado del probable daño causado por la comisión del delito, en el caso de que este haya existido; a las probables sanciones pecuniarias a imponer que se adviertan del informe previo de la responsable; tomando en cuenta la situación económica que se acredite y las pruebas existentes que puedan determinar la factibilidad de que el impetrante se sustraiga de la acción de la justicia; motivo por el cual, se requiere a la autoridad responsable para que precise cualquiera de las circunstancias apuntadas al rendir su informe previo. b) Asimismo, la medida cautelar concedida será revocada, con fundamento en los artículos 166, 167 y 168 de la Ley de Amparo, si la parte quejosa no cumple con las siguientes medidas de aseguramiento: Acredite haberse presentado ante la autoridad responsable que la requiera para las prácticas de las diligencias que se estimen necesarias para la integración del procedimiento de origen, debiendo exhibir ante este juzgado, dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha comparecencia constancia que lo acredite, plazo que transcurrirá una vez que la parte quejosa tenga conocimiento acerca de qué autoridad es la que la requiere. Con motivo de la suspensión, la parte quejosa también queda obligada a acudir ante esta autoridad cuantas veces sea requerida, apercibida que de no cumplir, la medida será revocada con el fundamento ya citado. En el mismo orden de ideas, la providencia cautelar que se concede tampoco tendrá fuerza legal, si el mandamiento de captura fue emitido por una autoridad distinta a la señalada como responsable. 7. Determinación provisional. En atención a lo manifestado por la parte quejosa; lo procedente conforme a derecho es conceder la suspensión provisional solicitada, hasta que una vez que se rinda el informe previo se cuenten con mayores elementos para mejor proveer. 8. Requerimiento de informe. En conformidad con lo dispuesto en los artículos 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, se requiere informe previo a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas rinda su informe previo. Se apercibe que en caso de incumplir este requerimiento, se aplicará multa consistente en cien Unidades de Medida y Actualización vigente, equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos), en términos de los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se ordena al Actuario Judicial adscrito adjunte copia simple de la demanda y anexos pertinentes en cada oficio. 9. Audiencia incidental. La audiencia incidental se llevará a cabo a las ONCE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (HORARIO DE LA FRONTERA NORTE). No habrá necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia incidental, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576]. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    1. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE A TRÁMITE la demanda de amparo que promueve ******, contra actos del Juez de Control de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Saltillo y otras autoridades. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1217/2023, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Incidente de suspensión. La Secretaría debe formar por separado el incidente de suspensión en virtud de haber sido solicitado. 4. Solicitud de teléfono celular y correo electrónico. Asimismo, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico, a fin de que se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General. 5. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle *******. Se tiene como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado *******, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Régimen Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Registro Electrónico. 6. Ministerio Público. En términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se corre traslado con copia de la demanda al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 7. Señalamiento de autoridades. Se tienen como autoridades responsables al Juez de Control de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Saltillo, Director General de la Fiscalía de Personas Desaparecidas en el Estado de Coahuila, ambos con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, Cinthia Tovar, en su carácter de Agente del Ministerio Público de la Unidad de Personas Desaparecidas de la Fiscalía del Estado de Coahuila y Juez de Control de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Acuña, ambos con residencia en Acuña, Coahuila de Zaragoza. 8. Informe justificado. Con fundamento en los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia en los plazos ordenados por la normativa, los cuales son aplicables supletoriamente a este juicio sobre la base de lo establecido en el artículo 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables deberán rendir su informe justificado dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir del momento en que reciba la notificación del presente proveído, con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados, sean ciertos, remitan copias certificadas, legibles y completas de las constancias relacionadas, exclusivamente, con la materia de su resolución específica. En caso de no poder entregar el oficio de emplazamiento respectivo, se ordenará que el peticionario de amparo manifieste la correcta denominación normativa de la correspondiente autoridad, apercibido que en el caso de incumplir no se le tendrá como parte en el juicio. 8.1 Correo electrónico oficial. Ahora bien, a fin de respetar los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia, así como del acceso a la misma, con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades responsables se sirvan a proporcionar correo electrónico oficial al rendir su informe justificado, con la finalidad de establecer comunicación entre la dependencia que representan y este órgano jurisdiccional, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, simplificando y agilizando los juicios en beneficio de las personas justiciables. 9. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 10. Prueba. La parte quejosa no ofreció prueba alguna. 11. Tercero interesado. La parte quejosa manifestó que no existe tercero interesado. 12. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 13. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 14. Fecha y hora de audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (HORARIO DE LA FRONTERA NORTE); no habrá necesidad de emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576].

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