Guadalupe Ramirez Cruz
Expediente 1611/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1611/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Guadalupe Ramirez Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), de dicha legislación], en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en el que se sobreseyó en el juicio en que se actúa, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 2 Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto causó ejecutoria para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.2, sub punto 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DEPURABLE Toda vez que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, procede calificar este EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 3 expediente, como depurable, según lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y transcurrido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES Se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 4 tratamiento, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del trece de enero de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo 1611/2022, promovido por ********************, ante la presencia de la Jueza Rosa Patricia Córdova Rangel, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, asistido por el licenciado Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario con quien actúa, sin la comparecencia de ninguna de las partes ni representante legítimo de ellas. A continuación, el Secretario de cuenta con la relación de constancias, en las que obran y destacan las siguientes: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 Demanda de amparo. 1 - 6 2 Auto admisorio. 11 - 24 3 Emplazamiento a las autoridades responsables. 26 Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con las autoridades responsables y el sentido de su informe con justificación: NO AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJA 1 Director de la Unidad de Medicina Familiar número Once en Tapachula, Chiapas, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Chiapas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Niega 34 - 37. 2 Coordinador Clínico Vespertino del Hospital General de Zona número Uno "Nueva Frontera", en ausencia de la Directora General. NIEGA 75 - 77 Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se precisa que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: No. Parte oferente Pruebas 1 Parte quejosa DOCUMENTALES 7 - 9 2 Coordinador Clínico Vespertino del Hospital General de Zona número Uno "Nueva Frontera", en ausencia de la Directora General. DOCUMENTALES 78 - 113 La Jueza de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias; para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período. Acto continuo, se abre el de ALEGATOS, El secretario haciendo constar que ninguna de las partes los formuló; ante ese escenario, se declara cerrada dicha fase. Posteriormente, se acuerda: ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes, sin promoción pendiente de acuerdo, se pasan los autos para dictar la resolución que en derecho corresponda. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1611/2022. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el cinco de diciembre de dos mil veintidós, ********************, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. En esa misma fecha, se formó expediente de amparo 1611/2022, con la demanda promovida, concediendo la suspensión de plano contra los actos señalados y se admitió a trámite la referida demanda, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en el que el Pleno del Consejo determinó el cambio de denominación de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, y por el que a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional se denomina Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula; toda vez que se reclama un acto de autoridad con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado, para lo cual se atiende la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Del estudio íntegro de la demanda de garantías, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La negativa del Hospital General de Zona Uno "Nueva Frontera", en Tapachula, del Instituto Mexicano del Seguro Social, para programar cirugía denominada cesárea, en virtud de contar con un embarazo de treinta y seis semanas y tener antecedentes de esferolisis cervical. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, el Director de la Unidad de Medicina Familiar número Once en Tapachula, Chiapas, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Chiapas del Instituto Mexicano del Seguro Social, negó categóricamente el acto que se le reclama. Luego, sin prueba en contrario que desvirtúe la negativa apuntada por la responsable, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. Encuentra apoyo lo antes citado en la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo epígrafe y texto versan de la siguiente manera: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Coordinador Clínico Vespertino del Hospital General de Zona número Uno "Nueva Frontera", en ausencia de la Directora General, negó la existencia de los actos reclamados consistentes en la negativa del Hospital General de Zona Uno "Nueva Frontera", en Tapachula, del Instituto Mexicano del Seguro Social, para programar cirugía denominada cesárea, a la parte quejosa. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, toda vez que del informe justificado rendido por dicha autoridad y de los anexos que acompañó como justificación de sus actos, se advierte la existencia del mismo, toda vez que a la fecha de presentación de la demanda (cinco de diciembre de dos mil veintidós) no se le había programado para la interrupción de su embarazo por el método de la cirugía denominada cesárea, a la parte quejosa. QUINTO.- Causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente, de conformidad con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice de 1985, de que literalmente establece: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Para ilustrar este aserto, primeramente es necesario transcribir el contenido del artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XVII, cuya literalidad es la siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Lo anterior es así, en razón a que, para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la Constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Coordinador Clínico Vespertino del Hospital General de Zona número Uno "Nueva Frontera", en ausencia de la Directora General, se advierte que la quejosa ********************, fue ingresada a dicho nosocomio, el diecinueve de diciembre del año próximo pasado, por indicación médica, para la realizarle la cirugía de cesaría, la cual se llevó acabo sin complicaciones durante el procedimiento y posterior a este, obteniendo un producto vivo, de sexo masculino, egresando del hospital el veinte de diciembre del presente año, debido a su buena evolución de recuperación, tal y como se advierte de las hojas de alta hospitalaria a nombre de la quejosa ******************** y ******************** ********************. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 226 del Máximo Tribunal del país, publicada en la página 153 del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Se estima de esa manera, pues, si bien, la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado la negativa por parte de las responsables en brindar la atención médica y de parto, y de las constancias remitidas por el referido nosocomio, consistentes en el expediente clínico de la citada quejosa, se advierte que el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se le práctico el procedimiento de parto a través de la un procedimiento quirúrgico, consistente en una cesaría programada, la cual se llevó a cabo sin complicación alguna. Por tanto, al surgir una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Tiene aplicación por contener el principio jurídico apuntado, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada con el número 59, Novena Época, visible en la página 38, Tomo XIV, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto literalmente establecen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por ********************, contra los actos precisados en el considerando segundo, atribuidos a las autoridades responsables señaladas en los considerandos tercero y cuarto, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A PARTE QUEJOSA RESOLUCIÓN DE VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.,
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el informe justificado correspondiente al Director de la Unidad de Médica Familiar Número Once en Tapachula, Chiapas, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Chiapas del Instituto Mexicano del Seguro Social. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de dar cuenta con el mismo al momento de celebrarse la audiencia constitucional. En términos de los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la potestad ocursante ofreciendo como pruebas de su intención, las documentales que allega junto a su informe de cuenta, las cuales desde este momento se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, en el entendido que serán relacionadas en la audiencia respectiva. Finalmente, se tiene a la responsable de trato autorizando como delegados de su intención y señalando como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones a los profesionistas y la dirección que cita en su ocurso de mérito, de conformidad con los artículos 9 y 28 de la Ley de la Materia.
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