Guadalupe Ramírez Arias
Expediente 787/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 787/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Guadalupe Ramírez Arias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones secretariales de cuenta y atento al estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el doce de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 54 a 57), en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara ejecutoriada para todos los efectos legales. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción II, del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción por haberse sobreseído, una vez transcurridos cinco años, lo anterior indíquese en la carátula del expediente en que se actúa. Así, en observancia a lo previsto en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito signado por ****, autorizado de la parte quejosa, con el que solicita la devolución de los documentos que exhibió con su escrito inicial de demanda. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278, 279 y 280 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, hágase la devolución de los documentos que indica, previa toma de razón que se asiente y copia certificada que de los mismos se deje en autos.
- Principal
Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 75, 217, y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ****, contra el acto reclamado consistente en la Negativa verbal de diez de septiembre de dos mil dieciocho, de recibir la solicitud de enajenación de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, del predio denominado "****", ubicado en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, atribuida al Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en los considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución.
- Principal
Dese vista las partes con el (los) informe (s) justificado (s) rendido (s) por la (s) autoridad (es) responsable (s). Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que remite anexas a su informe. Ahora, la autoridad responsable pretende ofrecer como prueba las testimoniales a cargo de ****y ****, con la finalidad, aduce, de acreditar que la parte quejosa no se ha presentado en las instalaciones de dicha secretaría, así como que tampoco se le ha negado el derecho de presentar la solicitud del predio de su interés. Al respecto, dígasele a la autoridad responsable que no ha lugar a admitir dicha probanza, toda vez que no se debe perder de vista que en el presente juicio de amparo se reclama la negativa verbal de recibir la solicitud de enajenación del predio denominado "MZ376-LT006", ubicado en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, por lo cual si la autoridad responsable al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, se transfiere la carga de la prueba a la parte quejosa. En efecto, debe tenerse presente que conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, ello sólo cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad. Sin embargo, cuando esas autoridades niegan categóricamente el acto que se les imputa, en ese supuesto el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto, pues queda a cargo de la quejosa aportar al juicio los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal. Atento a lo anterior, si la autoridad responsable niega el acto reclamado al quejoso corresponde desvirtuar esa negativa y en eso radicaría la controversia, para lo cual la autoridad responsable no tiene que ofrecer pruebas, porque sería ilógico que ella misma tratara de desvirtuar su negativa. Aunado a que el propio artículo 117 de la Ley de Amparo, en su párrafo séptimo, dispone que "No procederá que la autoridad responsable al rendir el informe pretenda variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni que ofrezca pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por el quejoso.", esto es, la autoridad no puede ofrecer pruebas distintas a las consideradas para pronunciar el acto reclamado. Consecuentemente la autoridad oficiante no está legitimada para ofrecer pruebas a fin de acreditar su propia negativa, ya que la carga probatoria a fin de desvirtuarla corresponde, en su caso, a la parte quejosa. Lo considerado no impide que la autoridad responsable, aun cuando haya negado el acto reclamado, aporte pruebas tendentes a acreditar alguna causal de improcedencia que considere se actualiza.
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