Guadalupe Rafael Juárez Machorro

Expediente 43/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
43/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
01/02/2022

Partes del expediente

  • Guadalupe Rafael Juárez Machorro

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de febrero de dos mil veintidós. I. Causa estado desechamiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo conferido para hacer valer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de diecisiete de enero de dos mil veintidós, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo origen de este juicio, sin que se hubiese hecho valer en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y en lo conducente el diverso 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO. II. Protección de datos personales. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. III. Archivo. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino: Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace constar, que como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Hágase las anotaciones en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    (notificación por medio de lista a la parte quejosa)San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Radicación y creación del expediente. Con la demanda de amparo que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, el catorce de enero del año en curso y, que se turnó a este órgano jurisdiccional en esa misma data; que promueve ******, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Villa de Zaachila, Oaxaca, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 43/2022. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal1 , se instruye 1 Que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. III. Desechamiento. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que recibe, en el entendido de que dicho precepto faculta al órgano jurisdiccional para desecharla de plano cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, se precisa que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.'' Numeral que debe ser interpretado, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.]. b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." Como se puede apreciar, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos dictados dentro juicio, pero siempre que sus efectos sean de imposible reparación, o bien, afecten a personas extrañas. Así, la Ley de Amparo vigente, a diferencia de la abrogada, precisa lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", al establecer que son los que afecten materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La transcripción anterior, establecen la improcedencia del juicio de garantías, que derive de disposiciones contenidas en la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que los supuestos de improcedencia establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que se puede declarar la improcedencia de la vía constitucional. Es decir, las causas de improcedencia legal no es limitativa sino enunciativa, puesto que la fracción XXIII en comento, contempla la posibilidad de considerar otras distintas que surjan de la propia ley. De la reciente interpretación realizada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto debe entenderse aquellos actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Por el contrario, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores. El prototipo de estos actos se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar alguna huella en su esfera jurídica. Es decir, los actos de imposible reparación se actualizan cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Al respecto, debe significarse que en la actual décima época las excepciones establecidas para la procedencia del juicio de amparo bi-instancial relativas a cuando las violaciones procesales causan una afectación de grado predominante o superior, que ya no puedan repararse en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, ya no se ubican en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto. En efecto, es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo transcrito ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; de ahí que puede afirmarse que con esa precisión el legislador proporcionó mayor claridad al texto y seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación. Por consiguiente, el legislador estableció que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que esa afectación debía recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. La interpretación de mérito se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso: la primera, consiste en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho de forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender el desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Luego que, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso se duele de la omisión del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Villa de Zaachila, Oaxaca, de acordar el escrito de fecha seis de noviembre del año dos mil veintiuno, relativo al expediente familiar *****, de su índice; y refirió que con ese acto se viola en su perjuicio individual consagrada en el artículo 8º Constitucional. En efecto, se considera que lo aquí combatido tiene el carácter de una violación procesal, pues la falta de respuesta a una petición expresa sobre la prosecución del trámite, no es de imposible reparación, al no tratarse de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. Conforme a ello, es importante precisar que, como se dijo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales y administrativos, siempre que los mismos tengan el carácter de "imposible reparación", o la parte quejosa hubiese quedado sin defensa legal alguna y, en el caso concreto, no se actualiza alguno de esos supuestos, ya que se trata de un reclamo meramente procedimental, y el cual no lo deja sin medios de impugnación. Asimismo, dicho acto reclamado no puede verse de forma autónoma, porque se trata de una violación adjetiva, conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación correspondiente (Ley Federal de Trabajo y sus reglamentos) para el efecto de obligar a la autoridad a que cumpla con lo solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 1a./J. 8/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 478 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época, Materia Administrativa, registro 2008883, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA)". Así como la diversa 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1086 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, Materias Constitucional y Común, registro 2011580, de epígrafe siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS". En tales condiciones, en atención a que lo reclamado se relaciona con cuestiones de índole adjetiva que sólo producen efectos intraprocesales; por lo que no afecta sus derechos fundamentales, ya que de acuerdo con lo dispuesto por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede cuando el acto reclamado está dictado dentro de juicio y tiene una ejecución cuyos efectos sean de imposible reparación, que aunque obtenga sentencia favorable no pueda ser separada o restituida la garantía violada; en el caso particular, el impetrante del amparo reclama actos que no producen de manera directa e inmediata una afectación a algún derecho fundamental; que en el presente caso no acontece. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA de plano la demanda de garantías que nos ocupa. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 180663, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Además, el hecho de que se actualice una causa de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se le esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Se cita en apoyo, en vía de ilustración la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, registrada con el número 2002537, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, de rubro: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." De igual manera, a efecto de entender el sentido del presente acuerdo, debe considerarse el juicio de amparo como un medio de acceso a la justicia y como tal, como un derecho limitado, puesto que, para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica, tal y como se desprende de la jurisprudencia XI.1o.A.T. J/1 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, página 699, registro 2004823 que establece: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada c o n ve n c ió n , e l d e re c h o h u m a n o d e a c c e s o a la j u s ti c ia n o s e e n c u e n tra m e rm a d o por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello s e tra d u c iría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinadoasunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente la s d e t e rm in a c io n e s t o m a da s p o r la autoridad responsable, ello no se traduce en una vio la c ió n a s u d e re c h o d e a c c e s o a la j u s ti c ia , p u e s é s t e d e b e c u m p lir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se hagadentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entiendenconsentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo." Domicilio, autorizados y medios de contacto. Por otra parte, se tiene a la parte promovente señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del diverso 24 de la ley en comento, a las personas que menciona, por no encontrarse registrada cédula profesional en su favor, en el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los faculta a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho. Se toma en consideración el correo electrónico y número telefónico que proporciona, como medio de contacto con este Juzgado, sin que haya lugar a realizar las notificaciones por esa vía, toda vez que no se encuentra autorizada para su realización en la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo invocada se HABILITA, desde ahora, AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE, EN SU CASO, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen, para el adecuado despacho de los asuntos. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte quejosa, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales relativos a las partes. Ilustra a lo anterior, la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". 2 Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará en cualquier hora dentro del horario de atención al público. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública3 , hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa

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