Guadalupe Perez Zapotitla
Expediente 1084/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1084/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/03/2021
Partes del expediente
- Guadalupe Perez Zapotitla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Municipal de Atlixco, Puebla, a través del cual aduce dar cumplimiento a la sentencia de dos de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el presente sumario constitucional. Atento a lo anterior, se hace del conocimiento al Juez Municipal de Atlixco, Puebla, que se reserva acordar lo procedente respecto a su oficio de meritó, toda vez que, por auto de diecinueve de marzo del corriente año, se tuvo al tercero interesado René Jesús Osorno Gámez, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia de dos de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo al rubro citado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio número de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual remite el cuaderno original del juicio de amparo 249/2019, dos anexos de pruebas, así como el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintiuno de enero de dos mil diecinueve dentro del recurso de inconformidad 8/2020, el cual fue resuelto en los siguientes términos: "PRIMERO. Es infundado el presente recurso de inconformidad. SEGUNDO. Se confirma la resolución de seis de febrero de dos mil veinte, dictada por el Juez Tercero de distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el amparo directo número 249/2019 TERCERO. Se declara infundada la denuncia de repetición del acto reclamado promovida por MÓNICA MONSERRAT VÁZQUEZ RAMÍREZ" Por lo anterior, intégrese a los autos, únicamente, las constancias originales del expedientillo que se formó con motivo de la interposición del citado recurso, ello a fin de evitar duplicidad de constancias, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y acúsese el recibo correspondiente a la superioridad. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, uno de marzo de dos mil veintiuno. En principio, es pertinente precisar que el Consejo de la Judicatura Federal, en respuesta al brote del virus COVID-19, y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dentro de las cuales destacan las Circulares SECNO/8/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021, signadas -electrónicamente- por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo, relativa a las "Propuestas de medidas que deben adoptarse del 1 al 17 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", mediante las cuales se decretó que del uno al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, no correrían plazos ni términos procesales, con la salvedad de la tramitación de los juicios "urgentes" y "en línea". Ahora, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el trece de febrero de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 16 al 22 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; y, en la referida circular en la fracción II, numeral 16 se determinó que Puebla (Sexto Circuito), deberá de reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, aplicando el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19", de veintiocho de julio de dos mil veinte, lo que indica, la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Es importante hacer mención que de conformidad con el numeral 2, fracciones III, V, VI y VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los plazos a que se hace referencia, fueron suspendidos y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por consiguiente, se levanta la suspensión de los términos procesales dentro del presente juicio constitucional. Por otra parte, de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, soliciten la consulta del expediente electrónico y práctica de notificaciones electrónicas; por lo cual, deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el referido portal de servicios en línea. De igual manera, requiérase a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los diversos particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. De conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, indíquese a las autoridades que intervengan en el procedimiento y tengan celebrado un convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal que deberán enviar las comunicaciones oficiales a este juzgado por ese medio, a fin de facilitar la comunicación, evitar la
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, uno de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que Guadalupe Pérez Zapotitla, acude a esta instancia constitucional a reclamar de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y Actuario adscrito a dicha junta, la dilación procesal que se traduce en la omisión de la responsable de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de ley y de emplazar al juicio laboral de origen D-2/423/2020 a la parte demandada. Ahora bien, la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través de su Presidenta y el Actuario adscrito a dicha junta, al rendir su informe justificado manifestaron que no era cierto el acto reclamado. Para corroborar lo anterior, la Junta responsable remitió copia certificada de diversas constancias del expediente D-2/423/2020 de su índice, de cuyo contenido se advierte la existencia del acuerdo de ocho de enero de dos mi veintiuno, en el que, hizo constar que tomando en consideración la pandemia por la que atraviesa el país, no fue posible desahogar la audiencia de ley en la fecha inicialmente señalada, por lo que, nuevamente señaló las catorce horas con treinta minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia de ley; de igual manera obran las diligencias de diecinueve de enero de dos mil veintiuno en las que se notificó a la aquí quejosa el citado proveído de ocho de enero del año en curso y el auto inicial y se emplazó al juicio laboral de origen a las personas morales demandadas Ika Textil, Sociedad Anónima de Capital Variable, Adelor Comercial, Sociedad Anónima de Capital Variable y Asociación Patronal para el Desarrollo, Sociedad Anónima de Capital Variable, las cuales, tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y nueve, que literalmente dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y Actuario adscrito a dicha junta señalara hora y día para el desahogo de la audiencia de ley dentro del juicio de origen D-2/423/2020 y emplazara al juicio de origen a las demandadas, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el ocho de enero de dos mi veintiuno, señaló las catorce horas con treinta minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia de ley; y, en diligencias de diecinueve de enero de dos mil veintiuno se emplazó al juicio laboral de origen a las personas demandadas Ika Textil, Sociedad Anónima de Capital Variable, Adelor Comercial, Sociedad Anónima de Capital Variable y Asociación Patronal para el Desarrollo, Sociedad Anónima de Capital Variable. Por consiguiente, se ha restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, de la Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de dos mil tres, del epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diecinueve minutos del doce de marzo de dos mil veintiuno, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Cynthia Bello López, Secretaria que autoriza y da fe.
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