Guadalupe Patricia Rodriguez Cortes
Expediente 1118/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1118/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Guadalupe Patricia Rodriguez Cortes
Actuaciones
- Principal
Como de la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de fecha catorce de octubre del presente año, en que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de garantías promovida por Guadalupe Patricia Rodríguez Cortés, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, HA CAUSADO ESTADO el proveído de mérito. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Por otra parte, como del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; además, se hace constar que el juicio en que se actúa es susceptible de destrucción, dado que se desechó la demanda de garantías, lo anterior en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de garantías promovida por -, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y/o Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y otra autoridad; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número III-1118/2019-1 y fórmese el cuaderno respectivo. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: Todo lo actuado dentro del expediente número único de caso 1003-2019-30129, y número de expediente MOR/053/32310/2019, así como la causa penal número 00604/2019, y la falta de notificación a través del citatorio correspondiente. Actos, respecto de los cuales, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 107 fracción V, este a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, debemos estarnos a lo que disponen los artículos 61 fracción XII y 107 fracción V, este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley." "ARTICULO 107. El amparo se pedirá ante el juez de distrito: II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio siempre que se trate de: La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivo tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 47/90, que dio origen a la jurisprudencia número 189, definió a los actos de imposible reparación, como aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Dicha tesis es visible en la página 154, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, y es de rubro siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Luego, si como ya quedó precisado, el acto reclamado lo constituye todo lo actuado dentro del expediente número único de caso 1003-2019-30129, y número de expediente MOR/053/32310/2019, así como la causa penal número 00604/2019, y la falta de notificación a través del citatorio correspondiente, dado que el trece de septiembre del año en curso, la Fiscalía responsable solicitó se citara a la aquí quejosa a la audiencia inicial; se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para los gobernados, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales de los agraviados, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de las llamadas garantías individuales y derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una resolución favorable en ese procedimiento; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, de obtener la parte quejosa resolución favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos de la agraviada. Por tanto, resulta evidente que los actos reclamados, no son de aquéllos que motivan la procedencia del juicio de amparo indirecto en los términos del artículo 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, ya que como quedó anotado en líneas que anteceden, no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, ello de conformidad con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que dichos motivos de disenso en su caso, serían susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formulara la imputación ante el Juez de control, y con ese motivo se iniciara la etapa de investigación complementaria; o bien, en caso de que se determinara el no ejercicio de la acción penal; en tanto que respecto a la citación de la quejosa a la audiencia inicial, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal de ésta, al tratarse de una simple comunicación, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se facilitaría a las partes de la carpeta de investigación de mérito, los medios alternativos para la solución de sus controversias, en caso de no llegar a ningún acuerdos, de formalizarse la investigación que se sigue en contra de la quejosa, y formularse la imputación respectiva; podría ser o no vinculada a proceso y, en su caso, sometida a una medida cautelar, no obstante ello, dicho acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal de la citada. De ahí que contra el auto que ordena la citación de la investigada a la audiencia de inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal de la quejosa, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por las razones expuestas, contra los actos reclamados, emitidos en la carpeta de investigación de mérito, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, salvo que violen derechos fundamentales de los gobernados, lo que en el caso concreto no acontece y en su caso, se examinarían en lo particular. A lo anterior, se aplica por analogía, la Jurisprudencia 78/2018, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia Común-Penal, Página: 239, Décima Época, Primera Sala, que al rubro reza: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]." A mayor abundamiento, se precisa que, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria, en éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra la imputada y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica de la indiciada, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano de la quejosa, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que en el caso no acontece; estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito. Se aplica la Tesis 51 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Materia Común, Penal, Décima Época, Página: 2601, que al rubro es como sigue: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de ese propio ordenamiento, procede DESECHAR LA DEMANDA de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria respectiva para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. De igual forma, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5°, 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro, así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita, hágase saber a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia ejecutoria en el presente juicio, que tienen expedito su derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo, en la versión impresa o electrónica, se supriman dichos datos, salvo su nombre, en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Finalmente, se tiene a la quejosa por señalado domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones, y como autorizados de su parte en términos del numeral 12 de la Ley de la materia, únicamente a -, quien tiene su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho Ante Los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente.
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