Guadalupe Patricia Gutierrez Ramírez
Expediente 1509/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1509/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Guadalupe Patricia Gutierrez Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veinte de diciembre de dos mil veintidós. SE RECIBE RESOLUCIÓN. Agréguense el oficio y anexo de cuenta. Acúsese recibo. Hágase saber a las partes, que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en el recurso de queja 341/2022, resolvió: ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por la quejosa *****, por propio derecho, contra el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, dictado por la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, en el juicio de amparo indirecto 1509/2022-II-A, mediante el cual desechó de plano la demanda. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Ya que el expediente electrónico coincide con el expediente físico, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo archívese el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, toda vez que se desechó la demanda de amparo que le dio origen. Asimismo, el cuaderno de antecedentes derivado del expediente en que se actúa es destruible...II
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticinco de octubre de dos mil veintidós. ACUSE DE RECIBO. Téngase a la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, informando que se admitió el recurso de queja que hizo valer la parte quejosa, mismo que quedó radicado bajo el número 341/2022, de su índice...M-II
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; diecisiete de octubre de dos mil veintidós. QUEJA. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo: 1. Se tiene a la parte quejosa ***, interponiendo recurso de queja contra el auto de desechó la demanda. 2. Una vez que se notifique al recurrente el presente auto y sin necesidad de acuerdo previo, envíense al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en turno, (I) el informe sobre la materia de la queja; (II) el original del escrito de agravios; y, (III) original del expediente en que se actúa. 3. Fórmese cuaderno de antecedentes...M-II
- Principal
Previo AVISO, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte QUEJOSA y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el/la auto/resolución de 29 de SEPTIEMBRE de 2022, en el/la que se determinó:...Pachuca de Soto, Hidalgo; veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Con la demanda promovida por *** contra un acto que atribuye a la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno, con el número 1509/2022-II-A. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito, de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de amparo se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. En esa virtud, previo a analizar la causal de improcedencia que motiva el desechamiento decretado, conviene aclarar que la quejosa reclama de la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictada en el toca civil 289/2022, que confirmó el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual la autoridad judicial de primera instancia se negó a declarar la caducidad de la instancia. En el caso se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con la fracción V del artículo 107 aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado por la parte quejosa no es un acto que tenga una ejecución de imposible reparación. Se afirma lo anterior, porque las resoluciones relativas a la negativa a declarar la caducidad de la instancia, es decir, aquellas mediante las cuales se considera que no ha transcurrido el plazo legal para considerar que el juicio ha sido abandonado por las partes y, en consecuencia, permiten la marcha de la prosecución procesal, no afectan de manera directa un derecho sustantivo o fundamental reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que únicamente se refieren a aspectos meramente procesales, en tanto que la consecuencia es que el juicio continúe por todas sus etapas, hasta colocarlo en estado de resolución. Al caso encuentra apoyo la Tesis Aislada VIII.2o. CT.11 C del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, visible en las páginas 2536 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 66, del mes de mayo de 2019, Tomo III, Libro 66, cuyo tenor literal es el siguiente CADUCIDAD DE LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DIVERSA QUE NO LA ACUERDA DE CONFORMIDAD, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), visible en la página 15 del Libro 29, Tomo I, abril de 2016, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas, de título y subtítulo CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO., determinó que es improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueva contra la resolución que revoca la diversa que decretó la caducidad en la primera instancia; esto es, aquella de segundo grado en que no se decrete la caducidad de la instancia, porque no constituye un acto de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos y, por ello, dicha resolución únicamente podrá combatirse como violación procesal mediante el amparo directo que se interponga contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Por tanto, es improcedente el amparo indirecto cuando se reclama la resolución que confirma la diversa que no acuerda de conformidad la caducidad de la primera instancia, al actualizarse la causal establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, toda vez que esa resolución no constituye un acto de imposible reparación, porque no afecta derechos sustantivos, sino únicamente derechos adjetivos o procesales. Además, en todo caso, aun cuando se continuara ilegalmente con el juicio, a pesar de que sí había operado su caducidad, la violación cometida puede repararse si el agraviado obtiene resolución favorable y, en caso contrario, puede reclamar tal violación en la vía del amparo directo que llegara a promover. Para considerar lo anterior, debe tenerse en cuenta el contenido del artículo 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Carta Magna, que establece lo siguiente en lo que respecta al amparo indirecto: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. En relación a lo anterior, se destaca la procedencia del amparo indirecto en contra de los actos en el juicio, y al respecto el artículo 107 de la Ley de Amparo establece Artículo 107. El amparo indirecto procede [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. De lo anterior se obtiene la regla de que la vía del amparo indirecto es idónea para impugnar actos dentro de juicio, solo cuando sean de ejecución o cumplimiento irreparable. Precisado lo anterior, es de sostenerse que la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictada en el toca civil 289/2022, que confirma el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, mediante la cual no se decretó la caducidad de la instancia, es un acto intraprocesal que puede ser reparado en definitiva en caso de que el solicitante del amparo no le afecte el dictado de la sentencia que se dicte en definitiva, ya que puede quedar sin efectos y así no producir ningún efecto o perjuicio al interesado. En efecto, las resoluciones como la reclamada no reviste el carácter de actos de imposible reparación para la procedencia del amparo indirecto, pues sus consecuencias no afectan directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado tutelados por la Constitución General de la República por medio de sus garantías individuales como son la libertad, propiedad o posesión entre otros, es decir, dicha resolución sólo tiene consecuencias o producen efectos de carácter formal o intraprocesal. En consecuencia, la resolución que confirma la negativa de caducidad de la instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Se invoca la jurisprudencia P.J. 1/2016, de la contradicción de Tesis 14/2015, sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito y Segundo en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Abril de 2016, página 15, cuyos rubro y texto son CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de ser sustantivos, expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. y ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. En conclusión, el acto reclamado en modo alguno tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, pues no causa a la parte quejosa un perjuicio de manera inmediata, al no atacar alguno de sus derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, sino únicamente tiene consecuencias intraprocesales, meramente formales, que en todo caso pueden reclamarse en el amparo directo que pudiera intentarse contra la sentencia definitiva. En suma, al actualizarse de manera indudable la causal de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el nombre de usuario que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. DOMICILIO DE LA QUEJOSA. Se tiene como tal el ubicado en *** AUTORIZADOS. Téngase como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****, toda vez que no se encontraron inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF). PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas). EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema Agenda OJ, para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General...M-II
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