Guadalupe Ortiz Román
Expediente 884/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 884/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Guadalupe Ortiz Román
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido vía electrónica enviado por el Actuario Judicial adscrito al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria dictada en sesión celebrada el once de octubre de dos mil veintiuno, por el Tribunal de su adscripción, relativa al conflicto competencial 5/2021-3, en el que resolvió: "PRIMERO. Se declara legalmente competente para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida por Guadalupe Ortiz Román al Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la ciudad de México. SEGUNDO. Remítase testimonio de la presente resolución a los juzgados contendientes, para su conocimiento y efectos legales conducentes, y al órgano que se declaró competente los autos para que avoque al conocimiento. En consecuencia, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el cuaderno de antecedentes en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a uno de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por medio del cual, comunica el auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del amparo 702/2021, de su índice del cual se advierte que dicho Juzgado Federal insiste en declinar la competencia a favor de este órgano jurisdiccional; motivo por el cual remitió los autos originales del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, para que resuelva lo relativo al conflicto competencial. Por otra parte, intégrese a los presentes autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a través del cual, hace del conocimiento el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por el presidente del tribunal de su adscripción, en el que tuvo por recibo los autos originales del juicio de amparo citado al rubro y sus anexos, con motivo del conflicto competencial suscitado entre este juzgado federal y el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; asimismo, informa que admitió a trámite el recurso señalado, mismo que quedó registrado como CCC. 5/2021-13. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, anexa los autos originales del juicio de amparo indirecto 702/2021, cinco sobres amarillos que contienen diversas documentales, cuatro bolsas transparentes con copia simple de diversas documentales y cuatro copias de traslado, relativos a la demanda de amparo promovida por Guadalupe Ortiz Román, por su propio derecho, contra actos del Juez Vigésimo Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con motivo de la incompetencia planteada en auto de once de agosto de dos mil veintiuno. En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 884/2021-IV. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. En mérito de lo anterior y una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo, de conformidad con el numeral 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal no acepta la competencia planteada, por las consideraciones que enseguida se exponen: En primer término debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número l.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36. Tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar, que para que un juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, a saber. a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. Precisado lo anterior, es pertinente transcribir el numeral 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Así tenemos, que del numeral antes transcrito se advierten tres hipótesis para determinar la competencia por territorio de los jueces de distrito, a saber: 1) Por regla general, la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, con independencia de la residencia de la autoridad emisora. 2) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un Distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, es decir ante quien se presente la demanda de amparo. 3) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de Distrito competente para conocer de dicho acto será aquel ante quien se presente la demanda de amparo. De lo anterior tenemos que si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, de lo contrario, es decir, si el acto reclamado requiere de ejecución material, el juez competente será el del lugar en donde tenga verificativo la ejecución del acto. Expuesto lo anterior, es necesario resaltar que en el auto de once de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el juez declinante, se advierte que tomó en consideración para la declaración de incompetencia únicamente: "el remate y la orden de lanzamiento dictado en el juicio especial hipotecario 278/2017, promovido por HSBC México, en contra de ----------, del índice del Juzgado Vigésimo Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, respecto del inmueble ubicado en Calle -----------, Ecatepec de Morelos, Estado de México, razón por la cual, estimó que si la orden de lanzamiento se llevará a cabo en el domicilio donde se encuentra el bien inmueble, corresponde al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, conocer del asunto de que se trata. Ahora bien, este órgano jurisdiccional no comparte el argumento propuesto por la autoridad remitente, esto, en atención a las siguientes consideraciones: De las consideraciones expuestas se desprende que, si bien es cierto el lanzamiento decretado sobre el inmueble cuya propiedad ostenta la peticionaria y su ejecución, pueden constituir un dato para fijar la competencia a este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda amparo promovida en su contra, igualmente lo es que dicho actos, no son los únicos actos que reclama; pues como se desprende del escrito inicial de demanda, también señaló: Todos y cada uno de los actos procesales emanados del juicio especial hipotecario promovido por HSBC México, en contra de José Antonio Mercado Vera, dentro del expediente 278/2017, radicado ante Juzgado Vigésimo Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ya que nunca fue vencida en juicio. La nulidad de pleno derecho de la diligencia de emplazamiento, así como todo lo actuado dentro del citado juicio. La nulidad de pleno derecho de la sentencia definitiva dictada dentro del juicio especial hipotecario 278/2017. La nulidad de pleno derecho de todos y cada uno de los actos de ejecución de la sentencia, como es el remate del inmueble que defiende, ya que nunca fue emplazada. La nulidad de la adjudicación directa del inmueble citado. Lo cual constituye un conjunto de actos que, hasta este momento procesal, no se advierte que todos requieran de ejecución material. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 13/2012, relativa al tópico de qué juez de Distrito resulta competente para conocer de una demanda de amparo en el que se reclaman tanto actos que no requieren ejecución material como otros que sí requieren de tal ejecución, ha sustentado que es posible que en un mismo amparo coexistan las dos reglas de competencia, es decir la de los actos que sí requieren ejecución material y la de los actos que no la requieren; pero que ante la falta de regulación expresa para definir cuál de los dos jueces que resultan competentes por la concurrencia de dichas reglas, debe atenderse entre otras cosas a privilegiar la facilitación del acceso a la justicia del quejoso. Así, precisó que en los juicios de amparo en que los actos reclamados no se circunscriben a la diligencia de embargo únicamente, sino que consisten en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, diligenciado por exhorto, así como en todo lo actuado en los juicios ejecutivos mercantiles de origen, en los que ya existe sentencia ejecutoria de condena; se estima que la circunstancia de que la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento mediante exhorto se haya ejecutado en la demarcación territorial correspondiente a la jurisdicción del juez exhortado, si bien constituye un dato que sirve para fijar la competencia del juez de Distrito que debe conocer del juicio de amparo promovido en su contra, debe advertirse que tal diligencia no era el único acto reclamado en la demanda de amparo. Agregó, que si señalan también como actos reclamados, toda la tramitación de los procesos que culminaron con el dictado de las sentencias ejecutorias de condena en su contra, entonces, resulta relevante para el caso considerar que, acorde con las máximas de la experiencia, en la tramitación de un juicio ejecutivo mercantil, en el cual se emplazó al demandado por medio de exhorto y ha culminado con el dictado de una sentencia ejecutoria de condena, necesariamente existen pronunciamientos judiciales y actuaciones que no requieren de ejecución material. En esa tesitura, no puede perderse de vista que el señalamiento de tales actos reclamados constituye también un dato objetivo para fijar la competencia por territorio del juez que habrá de conocer de la demanda, ya que el supuesto en el que el acto reclamado no requiere de ejecución material, también se encuentra prevista por la Ley de Amparo como un dato que sirve para fijar la competencia del juez de Distrito que debe conocer del promovido en contra de "todo lo actuado en el juicio". Adicionó que, puede afirmarse válidamente que en el caso de que en la demanda de amparo se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que sí requiere ejecución material y que se ejecutó mediante exhorto en el lugar de jurisdicción de un juzgador federal; entre tanto, otros actos también señalados como reclamados no requieren ejecución material y se dictaron por una autoridad que reside en la jurisdicción de otro resolutor federal; serán competentes para conocer del asunto en su integridad ambos juzgadores de amparo. Por lo anterior, ante la falta de regulación expresa para el caso, se estima que la competencia se finca a favor del juez de amparo, de entre ellos, que haya conocido a prevención de la demanda de amparo, por dos razones fundamentales: a) Cuando un acto reclamado que sí requiere ejecución material ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones será competente, a prevención. Criterio legal que, aplicado analógicamente, permite sostener válidamente que si en la demanda de amparo se reclama el emplazamiento a juicio ejecutado mediante exhorto en un distrito, y todo lo actuado en el juicio que implica la existencia de actos reclamados que no requieren ejecución material dictados por autoridad residente en otro distrito, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones será competente, a prevención; y, b) Atendiendo al sentido y alcance del derecho de acceso a la justicia, la circunstancia de que la parte quejosa haya presentado una demanda de amparo ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal resulta ser el de más fácil acceso material para ese justiciable, respecto del otro juzgador de amparo involucrado, dado que el promovente optó por acudir ante un juez de esa localidad y no al del otro territorio relacionado. Las consideraciones antes señaladas dieron sustento a la jurisprudencia 1a./J. 22/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XX, mayo de dos mil trece, tomo 1, página doscientos noventa y tres, cuyo criterio orientador se aplica en el presente asunto, del contenido literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO EJECUTADO MEDIANTE EXHORTO EN UN DISTRITO DISTINTO AL EN QUE SE LLEVA EL PROCESO, Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL QUE CULMINÓ CON SENTENCIA EJECUTORIA DE CONDENA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE PREVINO. Cuando el quejoso en el amparo indirecto señala como actos reclamados tanto el auto de exequendo ejecutado mediante exhorto en un Distrito distinto al en que se lleva el juicio ejecutivo mercantil de origen, como todo lo actuado en éste en el que ya existe sentencia ejecutoria de condena, resulta inconcuso que acorde con el artículo 36 de la Ley de Amparo, por un lado, la ejecución del citado auto constituye un dato que sirve para sostener que la competencia para conocer del juicio corresponde al juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde se ejecutó ese acto y, por otro, que las actuaciones que no requieren de ejecución material ocurridas durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil de origen en el que ya hay sentencia ejecutoria de condena, también sirven para sostener que la competencia para conocer del amparo corresponde al diverso juez de distrito con jurisdicción en el lugar de tramitación del juicio de origen, esto es, donde reside la autoridad que dictó las resoluciones reclamadas que no requieren ejecución material; de donde se sigue que ambos juzgadores tienen competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio constitucional, sin embargo, ante la falta de regulación expresa para definir cuál debe avocarse a su conocimiento, se estima que la competencia se surte a favor del juez que previno, con base en la aplicación analógica del criterio contenido en el segundo párrafo del citado artículo y, además, para facilitar el acceso a la justicia del quejoso que optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad." Cabe precisar que, si bien es cierto la jurisprudencia en cita interpreta la Ley de Amparo abrogada, y el tema en ella resuelto no se refiere expresamente a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio especial hipotecario cuyo efecto será privar de la posesión de un inmueble cuya propiedad la ostenta la persona extraña a juicio que promovió el juicio de amparo indirecto; lo cierto es que en la especie sirve de referencia para dilucidar el tema relativo a si es posible que dos Jueces de Distrito puedan resultar legalmente competentes por razón de territorio para conocer de una misma demanda de amparo por actualizarse una regla de competencia a favor de uno de ellos que obedece a la ejecución material de uno de los actos reclamados, y al mismo tiempo actualizarse otra regla de competencia a favor del otro juzgador que a su vez atiende a los actos que no requieren ejecución material, y con la cual se conoce el criterio actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de dicha temática y su solución. En tales condiciones, tomando como base las consideraciones contenidas en la jurisprudencia previamente invocada, y conforme a las reglas previstas por el artículo 37 de la Ley de Amparo, se puede colegir que si en una demanda de amparo se señalan diversos actos reclamados y entre ellos se advierten unos que no tienen ejecución material y otros que sí puede tenerla e incluso en diverso distrito; entonces será competente para conocer del asunto el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo, al coexistir actos que no requieren ejecución material y, para facilitar el acceso a la justicia del quejoso que optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad. En consecuencia, en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de la demanda en comento, debe decidirse en favor del juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, lo que en el caso a estudio aconteció ante el Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en específico y por razón de turno al Juez Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, porque en el caso, la quejosa reclama todo lo actuado en el juicio de origen en donde necesariamente hay actos que no requieren ejecución, así el emplazamiento y la orden de lanzamiento tendente a afectar derechos de propiedad, actos que requieren ejecución, por ende, la competencia se surte a favor del juez que previno. Criterio que igualmente ha sostenido el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 5/2018, suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y este órgano jurisdiccional. No se inadvierte lo expuesto por el órgano remitente en el sentido de que la quejosa carece de legitimación para reclamar todo lo actuado dentro del juicio de origen, pues se trata de tercera extraña en estricto sentido, por tanto, las actuaciones procesales ocurridas en el juicio solo atañen a quienes son parte forman; sin embargo, de manera respetuosa el suscrito no comparte esas consideraciones, pues, hasta este momento, de acuerdo con lo expuesto en la demanda, no existen elementos que permitan establecer que la quejosa carece de legitimación para reclamar los diversos actos, porque del análisis de su escrito, se advierte que formula conceptos de violación encaminados a controvertir la supuesta diligencia de emplazamiento que le fue practicada, incluso, calificándola de ilegal al no haberse cumplido con las formalidades para tal efecto; de ahí que, con base en lo expuesto en la demanda de amparo, a consideración del suscrito, no existen datos fehacientes que permitan establecer que únicamente le genere perjuicio lo relativo al remate y lanzamiento del bien inmueble que defiende, circunstancia que incluso podría materia de prevención, de así considerarlo pertinente. Por lo tanto, no se acepta la competencia que se plantea y se ordena devolver el presente juicio de amparo, con sus anexos al Juez Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, solicitándole atentamente, se sirva informar la determinación que adopte y envié el acuse de recibo correspondiente. Ahora, del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados del juzgado remitente; sin embargo, del escrito de demanda se desprende que puede ser notificado en el domicilio ubicado en Calle -------------, Ecatepec de Morelos, Estado de México, por tanto, a efecto de no dejarla en estado de indefensión, por única ocasión se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya en el citado domicilio, a efecto de que notifique de manera personal el presente proveído. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, con apoyo en lo previsto en el artículo 21 de la ley en comento, se habilitan al funcionario judicial que aún en días y horas inhábiles, podrá llevar a cabo la diligencia encomendada. En complemento a lo anterior, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Finalmente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y original de la presente determinación, en prevención a un conflicto competencial. Notifíquese personalmente al quejoso en el domicilio señalado.
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