Guadalupe Orellan Azuara
Expediente 110/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 110/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Guadalupe Orellan Azuara
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Veracruz, en Boca del Río, Veracruz
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo el artículo 97, fracción I, inciso "a", en relación con el diverso 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. Así, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso "d" del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el trece de marzo de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Por otra parte, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que hasta la fecha la promovente, ha sido omisa en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento efectuado mediante proveído de dieciséis de febrero de la presente anualidad, por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, las notificaciones que deban efectuarse a dicha parte se realizaran por lista de acuerdos, aun las de carácter personal, hasta en tanto la referida parte, subsane tal omisión...
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos, el exhorto 85/2023, orden 217/2023, firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, désele pleno valor de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, segundo párrafo y 21 de la Ley de Amparo. En atención a su contenido; téngase a dicho órgano jurisdiccional, devolviendo vía interconexión, diligenciado el exhorto 85/2023, orden 217/2023, de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, con el que se le encomendó notificar a la parte quejosa Guadalupe Orellana Azuara, el auto de dieciséis del mes y año en cita, lo cual se llevó a cabo mediante lista de acuerdos el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, previo citatorio, como se advierte de las constancias que integran la comunicación que se recibe. En consecuencia, dese de baja la aludida comunicación debidamente diligenciada, en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Adela Márquez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe.AMH/Ecg*
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés.********************Visto el oficio y anexo remitido por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite por incompetencia la demanda de amparo que dio origen a su juicio de amparo directo 76/2023, promovido por ********************; en consecuencia, tomando en consideración que la Superioridad declinante se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, por los motivos ahí expuestos; con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo se avoca al conocimiento del presente asunto; en tal razón, acúsese recibo vía interconexión a la Superioridad.********************Ahora bien, vista la demanda de cuenta, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número ********************/2023-2, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).********************DESECHAMIENTO********************Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por advertirse de forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia.********************El artículo 113 de la ley de la materia impone al juzgador de amparo la obligación de revisar, ante todo, el escrito de demanda y, en el caso de que encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, a desecharla de plano.********************En ese sentido, de la demanda de amparo se advierte que la promovente ********************, señala como acto reclamado en lo medular:********************La resolución de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Directora general de Educación Primaria Federalizada en la Secretaría de Educación de Veracruz y, notificada a la parte quejosa mediante oficio S23ZEPG/N-138/147/2022-2023 de doce de enero del año en curso, en la que determinó no ha lugar a sanción en contra de ********************, con motivo del procedimiento laboral instaurado en su contra.****************************************Asimismo, de los antecedentes del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa es docente en la Escuela Primaria Federal "Diez de Mayo" Clave 30DPR2971X y, que en dicho plantel ha sido objeto de actos discriminatorios por parte de la diversa profesora ********************, circunstancia que hizo del conocimiento de los Directivos de dicha escuela, quienes según su dicho han sido testigos de las agresiones por parte de la citada Vázquez Ríos, por lo que el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, fue levantada un acta de hechos por el Director de la escuela en mención.********************Derivado de dicha acta se inició un procedimiento laboral contra la supuesta infractora, el cual concluyó con la resolución reclamada.********************Una vez precisado lo anterior, como se adelantó, debe desecharse la demanda de plano, al advertirse la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, cuya observancia es de oficio, de acuerdo a su naturaleza de orden público.********************Lo anterior, toda vez que el que suscribe estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, toda vez que dicho acto no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que deriva de una relación eminentemente laboral (empleador-trabajador).********************Los preceptos legales citados, establecen:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...]********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.****************************************Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:********************I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.****************************************Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.]********************II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.********************Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.".****************************************De las disposiciones trascritas se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos o normas generales que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.********************Asimismo, de su contenido se aprecia que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, en aquellos casos en que sus funciones estén determinadas por una norma general.********************En cuanto a este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo el criterio de que quienes disponían de fuerza pública, en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por lo mismo, están en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen, tenían el carácter de autoridad; lo que se interpretó con rigor en el sentido de que sólo tenían carácter de autoridad quienes dispusieran de fuerza pública, identificando la calidad de autoridad con la disposición de la fuerza pública.********************Dicho criterio se superó al sustentar con posterioridad el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la tesis P. XXVII/97, publicada en la página ciento dieciocho, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.", de la que en síntesis debe destacarse, según las consideraciones que en ella se contienen, que se estima una autoridad para efectos del amparo la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella.********************Por tanto, las características que distinguen a una autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes:********************1. Que tenga características de órgano público.********************2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar.********************3. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados.********************En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas, en un plano de supra a subordinación, o sea entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio.********************Ahora bien, dicho criterio se emitió en interpretación de la Ley de Amparo de mil novecientos treinta y seis, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, concretamente en torno al artículo 11 que establecía las notas distintivas de la autoridad; sin embargo, resulta útil e ilustrativo para detectar las notas distintivas de los actos de autoridad, así como los criterios que han orientado sus características, los cuales como se verá en seguida, fueron acogidos en gran medida, por el texto de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.********************En efecto, en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable, la que independientemente de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, prevé una modalidad consistente en que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.********************Como se advierte, el concepto de autoridad responsable queda desvinculada de su naturaleza formal y atiende ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma obligatoria, situaciones jurídicas y se señala que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.********************Es decir, del proceso legislativo de la Ley de Amparo vigente se puso de manifiesto la necesidad de ampliar la procedencia del juicio en contra de actos provenientes de particulares a través de los cuales se afectara la esfera de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que tales actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la interpretación de esas hipótesis atendiendo a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado.********************Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que por autoridad responsable debe considerarse a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado.********************Otro elemento para considerar, según lo estableció nuestro Máximo Tribunal, en diversas ejecutorias sobre el tema, es que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares.********************Esto, porque la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, y contra de particulares en los casos especificados, por lo que es indispensable fijar las bases para distinguir un acto de autoridad, para lo cual se atiende a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación.********************De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral.********************La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación.********************En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo.********************Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales de los gobernados y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales.********************Ahora, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional. En esa tesitura, la procedencia del juicio de amparo está sujeta a la condición jurídica de que los actos reclamados provengan de una autoridad que tenga potestad para dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.********************De esta manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, para los efectos del juicio de amparo, las notas que distinguen a una autoridad son las siguientes:********************a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular.********************b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, en donde se dota al órgano del Estado una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad.********************c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular.********************d) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado.********************Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.164/2011, que sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 161133, que establece:********************"AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado."****************************************En ese contexto, del estudio de la demanda de amparo como se ha planteado en párrafos anteriores se advierte que el acto que reclama se lo atribuye a las autoridades consistentes en:********************1. Dirección de Primaria Federalizada de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, con sede en ********************.********************2. Directora General de Educación Primaria Federalizada de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz.********************Sin embargo, para establecer si a quienes se le atribuyen los actos reclamados son autoridades para efectos de amparo, no es suficiente que formen parte de la Administración Pública. ********************En ese tenor, cabe mencionar que el Estado es una entidad jurídica creada para mantener la seguridad, la justicia y la paz social; así como para satisfacer las necesidades colectivas.********************Ahora, la actividad del Estado es el conjunto de actos materiales y jurídicos, operaciones y tareas que realiza, en virtud de las atribuciones que la legislación le otorga, los cuales se pueden dar en un plano de coordinación cuando se encuentran al mismo nivel del gobernado y de supraordinación cuando esté en un nivel superior. ********************De lo anterior, es dable sostener que el acto reclamado no se realizó en un plano de supra a subordinación, sino con base en derechos derivados de una relación laboral, toda vez que el procedimiento laboral de donde deriva la resolución combatida con el escrito de demanda, tiene su fundamento en el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública y de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, motivo por el cual las determinaciones dictadas con dicho fundamento se consideran de la parte patronal, toda vez que tienen su origen en disposiciones emitidas por el patrón para el correcto funcionamiento de los servicios que prestan a la población, en el caso la educación pública. ********************De ahí que se sostiene que en el caso las responsables en el ámbito de su actividad no pueden equipararse a una actividad de imperio.********************Es decir, el acto reclamado tiene consecuencias comprendidas dentro de la relación de trabajo; relación contractual regulada por el derecho del trabajo, en el que los entes públicos actúan en un plano de igualdad, y no como autoridades para efectos del juicio de amparo, de modo que sus actuaciones no implican actos de autoridad.********************En efecto, la relación que puede existir entre la quejosa y los entes señalados como autoridades responsables es de coordinación con motivo de la prestación de servicios que aduce los une; por lo que se concluye que sus actos no se traducen en el ejercicio de una auténtica potestad administrativa que tenga la calidad de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que al señalar como autoridad responsable al ente que en realidad tienen el carácter de empleador, incluso en caso de plantear un tema de inconstitucionalidad o aplicación de los lineamientos de la administración pública, el juicio de amparo indirecto es improcedente.********************Es el caso que ahora refiere la quejosa que el acto reclamado le fue notificado por la Supervisora de la Zona Escolar, pues quien resolvió el dictamen fue la Directora de Educación Primaría Federalizada de la Secretaría de Educación de Veracruz; de lo que se advierte que lo reclamado tiene una naturaleza eminentemente laboral, que nace del vínculo jurídico que se genera entre un trabajador y su empleador, esto es, una relación de trabajo que se da en un plano de coordinación y no de supra a subordinación, de manera que en esas condiciones, el Estado también queda sometido -como empleador de la quejosa- a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, congruente con la doble personalidad del Estado.********************Se cita como apoyo a lo anterior, la tesis I.13o.T.207 L (10a.), sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, diciembre de 2018, Tomo II, página 1096, Décima Época, registro digital 2018679, que señala:********************"IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA CUANDO SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A ENTES QUE EN REALIDAD TIENEN EL CARÁCTER DE PATRÓN, AUNQUE SE PLANTEE LA INCONSTITUCIONALIDAD O APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, DESCONCENTRADA Y DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO). Uno de los requisitos indispensables para la procedencia del juicio de amparo es que se señalen a entes o funcionarios de los organismos públicos que actúen con las características de unilateralidad y coercitividad, de manera que si en el amparo indirecto se especifican a ciertos funcionarios como autoridades responsables, pero se deduce que en realidad tienen el carácter de patrón, es decir, que están vinculados con el quejoso por una relación de trabajo, el juicio de amparo indirecto es improcedente, y no es impedimento para considerarlo así, el hecho de que se reclame la inconstitucionalidad o aplicación de los Lineamientos de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en atención a que son dos situaciones íntimamente relacionadas (autoridad responsable y acto reclamado), por lo que, al no ser autoridades para los efectos del juicio de amparo, no se actualiza el supuesto de admisión de la demanda, aun cuando se precise que se reclama la inconstitucionalidad de una ley u ordenamiento jurídico.".****************************************De ahí que, al integrarse el interés jurídico de la quejosa por una cuestión laboral, en la cual su relación con la responsable es de coordinación, el acto que por esta vía se reclama, no constituye acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, y por ende, no puede ser objeto de estudio en esta instancia constitucional, dado que surgió en razón del vínculo de naturaleza laboral que existe entre la promovente y los entes de la Secretaria de Educación del Estado de Veracruz, esto es, derivada de la actuación como patrón en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridad investida de imperio, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente.********************Máxime que del acto reclamado se advierte que en el resolutivo tercero a las partes se les dejan expeditas las facultades que les concede el artículo 55, fracción I, del reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, e efecto de garantizar la buena marcha del Servicio Educativo; además en el Reglamento Interno de la Secretaría de Educación en su artículo 36, fracción XXIII, establece que la Dirección General de Educación Primaria Federalizada tendrá atribuciones para investigar los hechos imputados a los trabajadores a su cargo, previo procedimiento laboral interno, por lo que se corrobora que el acto reclamado deriva de un procedimiento laboral interno.********************Lo anterior, en virtud de que, si bien el juicio constitucional constituye un recurso efectivo en términos de lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en forma alguna conlleva a su procedencia en todos los casos, a fin de que se realice el estudio de fondo del asunto, toda vez que por razones de seguridad jurídica para la correcta y funcional administración de justicia y, para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados tienen el deber de establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole, resultando aplicable al respecto los siguientes criterios.********************Jurisprudencia número 1a./J. 10/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos ochenta y siete, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Registro 2005717, Décimo Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto:********************"PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente".****************************************Así como la Jurisprudencia número 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos veinticinco, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Registro 2005917, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto:********************"DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental.".********************Consecuentemente, al actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, con fundamento en el ordinal 113 del citado ordenamiento legal se desecha de plano la demanda.********************DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES********************Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************ya que acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y/o el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, como se advierte de la consulta realizada el día de hoy en la página electrónica respectiva.********************Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala en su escrito de demanda domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de ********************, gírese atento exhorto vía interconexión al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con sede en dicha ciudad, para que en auxilio de las labores este órgano jurisdiccional, realice la notificación del presente proveído a la parte quejosa en el domicilio ubicado en la ********************número ********************de la********************en ********************, y asimismo la requiera para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación ordenada, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la zona conurbana de Veracruz- Boca del Río, apercibiéndole que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones de mérito, incluso las de carácter personal se le practicaran por medio de listas que se publique en el local de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo.********************Indíquese al referido juzgador que, en caso de ser necesario, se le faculta para que habilite días y horas inhábiles, a fin de que realicen lo encomendado, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo.********************Envíese el exhorto de mérito a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.********************DATOS DE CONTACTO******************** Ahora, téngase por señalado el correo electrónico y número telefónico proporcionados; en la inteligencia de que en términos del en Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en la áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, dicho medio se utilizará como medio de contacto, ya que no son medios de notificación previsto por la ley de la materia. ********************EXPEDIENTE ELECTRÓNICO******************** Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso.********************AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS******************** Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal.******************** Desde este momento con fundamento en los artículos ********************y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. ********************AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO******************** Al surtirse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Amparo, conforme con el diverso numeral 21 de la misma legislación, se habilitan días y horas inhábiles para que en su caso los actuarios judiciales comisionados realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio.******************** Notifíquese personalmente a la parte promovente del amparo, vía exhorto.******************** Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Citlali Sánchez Sosa, secretaria con quien actúa y da fe.AMH/Ecg*Certificación: La secretaria certifica que la promoción, documento, auto y/o resolución que antecede, coinciden en su totalidad con el expediente electrónico e impreso, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. Doy fe.****************************************
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