Guadalupe Olivares Garza

Expediente 835/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
835/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
12/09/2017

Partes del expediente

  • Guadalupe Olivares Garza
  • Guadalupe Olivares Garza y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I inciso a), ambos de la nueva Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, por el cual se desechó la demanda de garantías; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la ley de la materia. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo del Acuerdo General Conjunto 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se dictó un acuerdo que sin decidir en lo principal lo dio por concluido, en el que no existen documentos originales exhibidos por la partes y carece de relevancia documental en términos de los dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de garantías promovida por Guadalupe Olivares Garza, contra actos del Juez Primero Penal de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad; en consecuencia, regístrese la demanda en el libro de gobierno bajo el número 835/2017-I, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora bien, analizada la demanda de amparo debe decirse que es notoriamente improcedente, por actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, 170, fracción I, y 173, fracción VII, de la Ley de Amparo, que conlleva a desecharla de plano de conformidad con el artículo 113 del propio ordenamiento legal, por las consideraciones siguientes. El artículo 61, fracción XXIII, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Mexicana o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. A su vez, el numeral 113 de la ley de la materia, dispone que el juez de Distrito examinará el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En relación con lo anterior, cabe precisar que se debe entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan materialmente de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la constitución, como la vida, la integridad personal, y la libertad, así como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. En la especie, el acto reclamado por la parte promovente se hace consistir en el acuerdo de tres de agosto de dos mil diecisiete, dictado dentro de la causa penal 164/2011, que se instruye en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, en el que se declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por Jesús Antonio González Sánchez, en su carácter de defensor particular del aquí quejoso, en contra de la diligencia de junta de peritos celebrada a las trece horas del uno de agosto del presente año. Sentado lo anterior, es evidente que la parte quejosa se duele sustancialmente, de que el juzgado responsable está actuando en el desahogo de una prueba, en forma contraria a la ley que rige el acto. Pues bien, para una mejor comprensión del tema, se transcriben en la parte que interesa la fracción XXIII, del artículo 61, artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, numerales 170, fracción I, y 173, fracciones VII y VIII, de la Ley de Amparo, que establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.." "173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: . VII. No se le reciba pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho;." VIII. Se le desechen los recursos que tuviere conforme a la ley, respecto de providencias que afecten partes substanciales del procedimiento y produzcan indefensión de acuerdo con las demás fracciones de este mismo artículo; En relación con lo hasta aquí dicho, debe precisarse que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate. Por ende, en el caso concreto se advierte que no se actualiza alguno de estos supuestos, pues el acuerdo reclamado dictado dentro del juicio natural, en el que declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por el defensor particular del ahora quejoso, en contra de la diligencia de junta de peritos celebrada el uno de agosto del presente año, sólo produce efectos procesales dentro del procedimiento de origen, y en esa virtud, es improcedente el presente juicio de amparo indirecto y la parte aquí promovente deberá esperar hasta que se dicte sentencia en la causa penal 164/2011, ya que esa violación procesal es susceptible de repararse en el mismo si resulta favorable a sus intereses y, en caso contrario, quedaría expedito el derecho para controvertir la violación procesal a través del juicio de amparo directo que, en su caso, promueva en contra de la sentencia, según lo disponen los artículos 170, fracción I, y 173, fracciones VII y VIII, de la Ley de Amparo, pues de acuerdo a tales numerales, las violaciones a las leyes del procedimiento en materia penal, sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra el sentencia que ponga fin al juicio. En esa medida, resulta incuestionable que en el presente asunto no se dan los presupuestos legales exigidos en el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia; esto es, el acto reclamado no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en virtud de que las consecuencias jurídicas del mismo, no afectan materialmente de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo de la parte promovente, pues con su dictado no se le priva de derechos protegidos por la Constitución, ya que, como se dijo, sólo produce efectos procesales dentro del procedimiento de origen. Lo antes dicho, porque el hecho de que se haya declarado improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por el defensor particular del aquí quejoso en contra de la diligencia de junta de peritos celebrada el uno de agosto del presente año, no implica que el juzgado responsable esté actuando en forma diversa a la prevista en la ley, no implica necesariamente una sentencia desfavorable; en tal virtud, ello no hace procedente el amparo biinstancial, pues como se dijo, el auto reclamado no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que con dicho acto sólo se puede plantear la infracción a derechos de naturaleza adjetiva o procesal que produce únicamente efectos formales, cuya razón de ser de dichos derechos, encuentran su fin último en la obtención de una sentencia favorable a los intereses de la parte promovente, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal serán reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta su esfera jurídica, al no alterársele ningún derecho fundamental que consagra en su favor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A mayor abundamiento, se pone en evidencia que de acuerdo a lo previsto por los artículos 170, fracción I, y 173, fracciones VII y VIII, de la Ley de Amparo, éste en la vía directa procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; asimismo, que en los juicios del orden penal, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, cuando las pruebas ofrecidas se desahoguen en forma contraria a la ley; asimismo, cuando se le desechen los recursos que tuiviere conforme a la ley, respecto de providencias que afecten partes subsanciales del procedimiento y produzcan indefensión de acuerdo con las demás fracciones del referido numeral 173. De lo que se concluye que la parte ahora promovente deberá alegar las violaciones que en su caso, considere cometidas dentro de la causa penal de origen, hasta en tanto se resuelva mediante sentencia, de serle desfavorable la misma, siendo la vía idónea el amparo directo, ya que hasta ese momento se podrá analizar el acto procesal reclamado. En tales circunstancias, con apoyo en el artículo 113, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107, de la Constitución Federal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio, por encontrarse en ella motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con los diversos numerales 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, 170, fracción I, y 173, fracciones VII y VIII, de la ley invocada. Siendo aplicable la jurisprudencia XIX.1°. J/6, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, que aparece publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, Octubre de 1998, página 997, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE. PARA QUE OPERE DEBE SER PATENTE, CLARA E INOBJETABLE. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito ante todo debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano, pero cuando la causal de improcedencia aducida por el a quo no es patente, clara e inobjetable, sino que simplemente se desecha porque a su juicio no existe violación de garantías, fundándose en los motivos y razones que, en su caso, podrían servir para negar la protección constitucional solicitada es inconcuso que tal manera de proceder no es lógica, ni jurídica, porque son precisamente esos temas sobre los que versar el estudio de fondo con vista del informe justificado y de las pruebas aportadas por las partes, por lo que en casos como el de la especie lo procedente es revocar el auto recurrido y ordenar que se admita a trámite la demanda." Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y como autorizados en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a los profesionistas que señala, quienes cuentan con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rogelio Josué Martínez Jasso, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ante el Secretario de Juzgado Jaime Izaguirre Revilla, quien autoriza y da fe.mlc

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de garantías promovida por Guadalupe Olivares Garza, contra actos del Juez Primero Penal de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad; en consecuencia, regístrese la demanda en el libro de gobierno bajo el número 835/2017-I, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora bien, analizada la demanda de amparo debe decirse que es notoriamente improcedente, por actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, 170, fracción I, y 173, fracción VII, de la Ley de Amparo, que conlleva a desecharla de plano de conformidad con el artículo 113 del propio ordenamiento legal, por las consideraciones siguientes. El artículo 61, fracción XXIII, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Mexicana o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. A su vez, el numeral 113 de la ley de la materia, dispone que el juez de Distrito examinará el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.

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