Guadalupe Nava Hernández

Expediente 561/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
561/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
26/11/2020

Partes del expediente

  • Guadalupe Nava Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación que precede hecha por la Secretaria de este Juzgado, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de nueve de noviembre de la presente anualidad, donde se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356 fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el acuerdo de referencia. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, este expediente es destruible. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    ...Agréguese la razón actuarial de cuenta elaborada por la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veinte por los motivos en ella expuestos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado, así como las subsecuentes, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa, el auto de nueve de noviembre de dos mil veinte... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a nueve de noviembre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Guadalupe Nava Hernández, por propio derecho, contra actos del Gobernador del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 561/2020/V. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, los artículos 1° y 5°1 de la Ley de Amparo, disponen que el juicio de amparo procede contra actos u omisiones de autoridad, o leyes, que vulneren los derechos humanos de la personas titulares de derechos subjetivos o de un interés legítimo individual o colectivo, es decir, por cualquiera persona sujeto de derecho, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Luego, el artículo 113 de la Ley de Amparo2 , dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y analizara la procedencia de ésta, puesto que impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. En ese tenor, de la interpretación armónica de los preceptos invocados se advierte que el juicio de amparo es improcedente si el acto que se reclama no afecta o perjudica la esfera jurídica del promovente, es decir, sólo se encuentran procesalmente legitimados para promover el juicio de garantías quienes resientan una afectación derivada directamente del acto combatido. En relación con el agravio y perjuicio, la Suprema Corte ha establecido que el agravio debe ser actual para justificar la acción de amparo y por perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado, conforme al criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, correspondiente a los volúmenes: 199-204, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Así como el diverso criterio sostenido también por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 123, volúmenes: 97-102, Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubor y texto: "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les para perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos." Ahora, es de precisarse que del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado por la quejosa, consiste en la privación del derecho que le otorga la Ley 223 del Estado de Veracruz, relativo a la pensión alimenticia que le fue otorgada y que recibe por parte del Gobierno del Estado, toda vez que tuvo conocimiento por versiones de personas que trabajan en el Congreso del Estado, de que un Diputado de la fracción parlamentaria morenista, propuso la derogación de la legislación citada con anterioridad. Congruente con ello, este órgano jurisdiccional advierte en el presente asunto que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, 5°, fracción I y 6º, de la citada legislación.3 De tales preceptos, se advierte que el solicitante del amparo, debe acreditar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera real y directa con el acto que reclama, para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de nulificar tal acto; en consecuencia, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Por lo que, el acto reclamado en el presente juicio consistente en la privación del derecho a una pensión que otorga la Ley 223 del Estado de Veracruz al quejoso, no causa un daño o perjuicio actual, real y directo, por ser un acto futuro e incierto, conforme al artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, en razón de que la citada legislación a la fecha se encuentra vigente, cuya derogación se encuentra condicionada a que, efectivamente, exista una propuesta realizada por un Diputado integrante del Congreso del Estado de Veracruz y que la misma, sea aprobada por votación en dicho el Congreso, por lo que, la privación de la pensión reclamada, no es inminente al no haber certeza de que exista una propuesta para derogar la Ley de la otorga, ni de que esta haya sido aprobada. En consecuencia, se concluye que del análisis de los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto...

  3. Principal

    ...Del estado que guardan los autos se advierte que en auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, la autoridad responsable remitió copia del oficio SCT-6- 29.409-382, dirigido al Titular del Servicio de Administración Tributaria a efecto de que le sea reintegrado al quejoso el monto erogado por el pago de la boleta de infracción 04754 de quince de noviembre de dos mil dieciocho, así como el diverso monto relativo a la retención y remisión de remolque con número de inventario 1085 de quince de noviembre de dos mil dieciocho, pues es a quien le corresponde devolver el pago de la boleta de infracción...

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