Guadalupe Nataly Ramirez Rostro

Expediente 557/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
557/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
10/07/2019

Partes del expediente

  • Guadalupe Nataly Ramirez Rostro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO CONCLUIDO, SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN UNA VEZ QUE HAYAN TRANCURRIDO CINCO AÑOS; NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. SE REQUIERE A QUEJOSA PARA QUE EN 90 DÍAS RECOJA DOCUMENTO(S) SUSCEPTIBLE(S) DE DEVOLUCIÓN, APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO, SE DESTRUIRÁN CON EL EXPEDIENTE.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO CONCLUIDO, SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN UNA VEZ QUE HAYAN TRANCURRIDO CINCO AÑOS; NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. SE REQUIERE A QUEJOSA PARA QUE EN 90 DÍAS RECOJA DOCUMENTO(S) SUSCEPTIBLE(S) DE DEVOLUCIÓN, APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO, SE DESTRUIRÁN CON EL EXPEDIENTE.

  3. Principal

    Con fundamento en los artículos 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa, la determinación de veinticinco de junio del año en curso: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Como esta ordenado en diverso proveído de esta fecha, se procede a proveer lo conducente respecto del acto reclamado del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Homicidios y Feminicidios, licenciado Felipe Alfonso Magdaleno Rangel, consistente en la negativa verbal de otorgarle a la aquí quejosa acceso a la carpeta de investigación 7831/2019. En consecuencia, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Ahora bien, el suscrito advierte que respecto de dicho acto reclamado se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Es decir, el juicio de amparo es procedente contra actos u omisiones de autoridades que violen derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que significa que mediante dicho juicio sólo pueden examinarse por los tribunales federales, actos o abstenciones provenientes de una autoridad que vulneren la esfera jurídica del gobernado. Lo que en el caso no acontece, en virtud de lo siguiente: En efecto, las notas que distinguen un acto u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales, los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular u omita tal clase de actos, de manera tal que de realizarlos crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior acorde con la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 161133, visible en la página 1089 del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En el presente caso cobra relevancia lo indicado en el inciso b), pues la negativa atribuida a la autoridad responsable (de otorgarle a la aquí quejosa acceso a la carpeta de investigación 7831/2019), al hacerla derivar de una solicitud verbal y de respuesta igualmente verbal de la autoridad responsable, no configura un acto de autoridad para efectos del juicio amparo. Es así, pues como se ha visto, para ello es indispensable que la relación de supra a subordinación tenga nacimiento en la ley y que con motivo de ella se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas u omita tales actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. Lo cual no acontece con motivo de una petición de información desformalizada y respuesta igualmente verbal que se atribuye a diversa persona (incluso autoridades) a quienes le fue hecha, pues ante solicitud realizada de esa manera (verbal), no se genera la aludida relación de supra a subordinación de la que surja una obligación (legal) por parte del ente del Estado a acceder a lo solicitado (en su caso dar una respuesta favorable de manera fundada y motivada como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal), que de llevarla a cabo cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, pues para que esto se origine, la hoy quejosa tiene que instar a tal autoridad a través de un escrito, realizado de manera pacífica y respetuosa, como lo prevé el artículo 8 Constitucional. Sin que pase inadvertido para este juzgador que de conformidad con el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Federal, el proceso penal será acusatorio y oral, pues en términos del artículo 211, fracción III, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicho proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme. Lo cual no acontece en el caso porque esa audiencia y los principios que la rigen cobran vigencia ante el órgano jurisdiccional, autoridad evidentemente distinta a la del Ministerio Publico, prevista en los artículos 21 y 102 constitucionales. En cambio, el artículo 217 del código nacional referido, impone la obligación al Ministerio Público de dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigirlo. Además, dicho numeral en sus párrafos segundo y tercero, prevén que cada acto de investigación se registrará por separado, y será firmado por quienes hayan intervenido, si no quisieren o no pudieren firmar, se imprimirá su huella digital, y en caso de que esto no sea posible o la persona se niegue a imprimir su huella, se hará constar el motivo. El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y, en su caso, de sus resultados. De lo cual se sigue que para que en la etapa de investigación el Ministerio Público y la Policía dejen constancia de una solicitud del imputado, susceptible de generar la relación jurídica que tenga nacimiento en la ley, es indispensable que éste en términos del artículo 8 de la constitución, en relación con el diverso 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo inste a través de un escrito, ya que con ello éste se encuentra obligado en términos del último numeral referido a dar una respuesta bajo las formalidades establecidas en el diverso 16 constitucional. De allí que sí frente a tal contexto normativo, en contraste con lo anterior, el trece de mayo de dos mil diecinueve, la quejosa pidió de manera verbal acceso a la carpeta de investigación 7831/2019, a lo cual el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Homicidios y Feminicidios, licenciado Felipe Alfonso Magdaleno Rangel, informó oralmente que no podía darle acceso a ésta. Luego, es manifiesto e indudable que ante tal solicitud de información desformalizada, y una respuesta igualmente verbal que se atribuye a una persona (incluso autoridad) a quien le fue hecha, no se genera la aludida relación que tenga nacimiento en la ley (en el caso en términos de los artículos 8 constitucional y 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales,) de la que surja un acto unilateral que cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de algún particular, como lo dispone el artículo 1, fracción I, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues para que esto se origine, la hoy quejosa tiene que instar a tal autoridad a través de una petición formulada por escrito, en términos de los numerales referidos de la constitución federal y del código nacional aludido. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, con fundamento el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de que se trata. Cabe precisar que no es obstáculo a lo anterior la tesis de jurisprudencia publicada bajo el rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", ya que fue materia de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, merced a la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aclaró el rubro de dicha jurisprudencia limitándola a los asuntos en que se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, quedando con el rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.". Notifíquese personalmente a la promovente. Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, el escrito de cuenta presentado por Guadalupe Nataly Ramírez Rostro, mediante el cual da cumplimiento a la prevención realizado mediante proveído de cuatro de junio de dos mil diecinueve, por lo que al tenor del escrito de demanda y aclaratorios de ésta se procede a proveer sobre la procedencia de la demanda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar al momento de estudiar una demanda, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo, escritos aclaratorios y anexos, se advierte que la quejosa reclama en el presente asunto: 1. Del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Homicidios y Feminicidios, licenciado Felipe Alfonso Magdaleno Rangel, la negativa verbal de otorgarle a la aquí quejosa acceso a la carpeta de investigación 7831/2019. 2. Del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Homicidios y Feminicidios, licenciado Felipe Alfonso Magdaleno Rangel, la determinación de uno de abril de dos mil diecinueve, dictada en la carpeta de investigación 7831/2019, a través de la cual determinó que no había lugar a acordar de conformidad la solicitud de devolución del vehículo "Camión tipo Torton de la marcar Dina, en color blanco, tipo Pipa, Modelo 1989, de doble eje con placas de circulación TF-0321-F de esta entidad federativa", realizada por la aquí quejosa, la cual se le hizo de su conocimiento a través del oficio 3820/2019. 3. Del Fiscal General del Estado, Subfiscalía de Procedimientos Jurisdiccionales, Jefa de la Unidad de Homicidios y Feminicidios y Agente del Ministerio Público de la Unidad de Homicidios y Feminicidios, licenciado Felipe Alfonso Magdaleno Rangel, la omisión de dar respuesta a la petición de copias de la quejosa, la cual formuló al momento de rendir declaración el nueve de mayo del año en curso, dentro de la carpeta de investigación 7831/2019. De lo expuesto se arriba a la conclusión de que los actos y omisión reclamados son autónomos y distintos entre sí, ya que el primero versa sobre la negativa verbal realizada por un representante social dentro de una carpeta de investigación; el segundo en una negativa por escrito del Agente del Ministerio Público para devolver a la aquí quejosa un vehículo que aduce es de su propiedad; y la tercera en la falta de acuerdo a la solicitud de copias formulada por la promovente del amparo dentro de una carpeta de investigación. En efecto, el estudio que se realizará respecto del primer acto reclamado consistirá en analizar si la promovente formuló una petición al representante social en términos de la ley, a fin de establecer si la autoridad responsable se encontraba obligada a emitir una respuesta en términos del artículo 16 constitucional (por escrito, fundada y motivada). Por el contrario en el segundo acto reclamado se estudiará la legalidad de la determinación de uno de abril de dos mil diecinueve, emitida por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Homicidios y Feminicidios, licenciado Felipe Alfonso Magdaleno Rangel, en la carpeta de investigación 7831/2019, y si ésta afecta derechos constitucionales de la aquí quejosa, esto es de propiedad o posesión con justo título. Y la omisión reclamada, precisada en tercer término, constituirá un análisis respecto a si las autoridades responsables no han dado respuesta a la petición de la promovente del amparo, y si de conformidad con la normatividad que regula su actuar ha incurrido en violación a los derechos humanos del aquí quejoso. Por lo anterior, resulta incuestionable que los aludidos actos y omisión que por esta vía constitucional se reclaman son inconexos, aun cuando se hagan depender de la misma carpeta de investigación, ya que de ningún modo están vinculados entre sí, lo que trae como consecuencia que técnicamente no pueden ser analizados y resueltos en un solo juicio de amparo. En consecuencia, se ordena, de oficio, separar los autos del juicio de amparo en que se actúa con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". El citado artículo establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Lo anterior en relación con la jurisprudencia 76/97, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 118, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, dispone: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Dando origen a tres demandas de amparo, resultando que: a) En la primera, se reclama del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Homicidios y Feminicidios, licenciado Felipe Alfonso Magdaleno Rangel, la negativa verbal de otorgarle a la aquí quejosa acceso a la carpeta de investigación 7831/2019. b) En la segunda se reclama del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Homicidios y Feminicidios, licenciado Felipe Alfonso Magdaleno Rangel, la determinación de uno de abril de dos mil diecinueve, dictada en la carpeta de investigación 7831/2019, a través de la cual determinó que no había lugar a acordar de conformidad la solicitud de devolución del vehículo "Camión tipo Torton de la marcar Dina, en color blanco, tipo Pipa, Modelo 1989, de doble eje con placas de circulación TF-0321-F de esta entidad federativa", realizada por la aquí quejosa, la cual se le hizo de su conocimiento a través del oficio 3820/2019. c) En la tercera se reclama del Fiscal General del Estado, Subfiscalía de Procedimientos Jurisdiccionales, Jefa de la Unidad de Homicidios y Feminicidios y Agente del Ministerio Público de la Unidad de Homicidios y Feminicidios, licenciado Felipe Alfonso Magdaleno Rangel, la omisión de dar respuesta a la petición de copias de la quejosa, la cual formuló al momento de rendir declaración el nueve de mayo del año en curso, dentro de la carpeta de investigación 7831/2019. En consecuencia, continúese conociendo de la demanda de amparo únicamente en lo atinente al acto reclamado precisado en el inciso a). Expídanse copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa, hasta el presente proveído inclusive, para que con apoyo en la jurisprudencia por contradicción P./J. 78/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, página 117, de rubro: SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA, se remítan tales reproducciones mediante oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, a fin de que por medio del sistema computarizado, registre las demandas identificadas en los incisos b) y c) y las turne al Juzgado de Distrito que corresponda por razón de turno. Sin que lo aquí expuesto genere un impedimento para que el órgano jurisdiccional que conozca de los juicios de amparo derivados del que se actúa, provean lo que consideren adecuado sobre los actos y autoridades respecto de los cuales les corresponda conocer. Notifíquese.

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