Guadalupe Mugica Palacios
Expediente 398/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 25 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 398/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 29/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Guadalupe Mugica Palacios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
En esta fecha se notifica a la parte tercero interesada por lista de acuerdos el auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, mismo que dice: "... Vista la certificación que antecede y el estado procesal de los autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes quejosa y tercero interesada, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que hicieran manifestación alguna dentro del plazo que se les otorgó para ello. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no lo está, si las responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no exista materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que mediante sentencia autorizada el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a GUADALUPE MUGICA PALACIOS, POR SU PROPIO DERECHO, Y EN REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJO DE INICIALES S. K. P. M., para los efectos siguientes: "[.] Lo anterior, para el efecto de que, el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad: Deje sin efecto el auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 1226/2017 de su índice, en el que se hizo efectiva la orden de arresto por treinta y seis horas decretado contra la aquí quejosa. Con libertad de jurisdicción, emita uno nuevo en el que, de considerar necesario imponer nuevamente un arresto como medida de apremio, explique los motivos por los cuales es la más idónea, necesaria, razonable y efectiva para que la quejosa cumpla con la obligación de acudir junto con el menor involucrado, a la realización de los estudios psicológicos y socioeconómicos ordenados, teniendo además la obligación de justificar los motivos y razones respecto de la temporalidad de la duración de la medida dentro del parámetro establecido entre una hora como mínimo y treinta y seis horas como máximo. Concesión del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, al no haber sido combatidos por vicios propios sino en vía de consecuencia del acuerdo reclamado [.]" Posteriormente, mediante proveído de catorce de octubre siguiente, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables 1. Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz y 2. Secretario de Seguridad Pública, con residencia en Veracruz, Veracruz. Seguidamente, en autos de cinco de noviembre de la presente anualidad, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio 7649/2021 de veinte de octubre de la presente anualidad, el 1. Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz, informó que mediante proveído de la misma data, dentro del expediente 1226/2017, de su estadística, promovido por SADY VIOLETA TORRES ÁLVAREZ Y FRANCISCO JAVIER PEÑA HERNÁNDEZ, en contra de la aquí quejosa; GUADALUPE MUGICA PALACIOS, dictó auto por el cual dejó insubsistente el proveído de cuatro de julio de dos mil diecinueve, y turnó los autos para resolver, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Posteriormente, mediante oficio 7662/2021 de veintiuno de octubre siguiente, el juez responsable remitió copia certificada de la resolución dictada de esa fecha, de la cual se advierte que con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, reiteró dejar insubsistente la orden de arresto del cuatro de julio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 1226/2017 de su índice. Seguidamente, procedió a establecer los parámetros bajos los cuales resolvería el derecho de convivencia demandado por los aquí terceros interesados SADY VIOLETA TORRES ÁLVAREZ Y FRANCISCO JAVIER PEÑA HERNÁNDEZ y, actores en el juicio natural, con el menor de iniciales K.P.M. y, sobre alguna medida de apremio adecuada para hacer cumplir el mandato judicial, en caso de contumacia de la parte obligada a su cumplimiento, de ser el caso. Asimismo, el juez responsable estableció que, atendiendo a que el artículo 16 Constitucional le exige fundamentar y motivar toda trasgresión a los derechos fundamentales, como es la libertad de las personas, mientras el dispositivo 53 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Veracruz, lo faculta a utilizar diversas medidas de apremio autorizadas, para lograr cumplir sus determinaciones en un procedimiento judicial, contando entre estas las de privación de la libertad hasta por treinta y seis horas, así entonces para que dicha medida no resulte arbitraria, fundaría su decisión sobre las circunstancias de hecho que se advierten de los autos a fin de determinar la idoneidad de su aplicación, ponderando las circunstancias procesales generales y particulares que rodean al hecho, análisis de reincidencia, retraso o imposibilidad del cumplimiento y la trascendencia que tiene en el procedimiento la conducta del infractor, así como las particularidades del rebelde o contumaz ante las órdenes de la autoridad, con la finalidad de medir el grado de comprensión de la gravedad de la sanción y el hecho que implica desobediencia; en atención a lo anterior. Con relación al análisis de conducta de la aquí quejosa, el juez responsable hizo una relación sucinta de las circunstancias integran los autos del expediente 1226/2017 de su índice, haciendo mención de diecisiete actuaciones que abarcan del quince de mayo del dos mil diecisiete en el cual se dio inicio al juicio natural, atendiendo la demanda de Sady Violeta Torre Álvarez y Francisco Javier Peña Hernández respecto a la convivencia con su nieto, hijo de la demandada Guadalupe Mugica Palacios, aquí parte quejosa, ordenándose diligencia de emplazamiento y notificación de audiencia de menores, con apercibimiento de multa de diez UMAS a la madre custodia, hasta el estado procesal en que se encuentra el juicio al momento de dictar su resolución. Ahora bien, de lo expuesto por la autoridad responsable se advierte que: El nueve de noviembre de dos mil diecisiete realizaron emplazamiento de ley a la aquí quejosa, conforme al auto de inicio, así como la notificación de la audiencia de menores programada para el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete El veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete se abrió audiencia de menores en la cual, ante la incomparecencia de la aquí quejosa, se le hizo efectiva la multa de 10 unidades de medida de actualización y se llamó para una próxima entrevista para el veinticinco de enero de dos mil dieciocho con un apercibimiento a la madre custodia, de treinta unidades de medida de actualización. El veinticinco de enero de dos mil dieciocho se dio inicio de audiencia, con la incomparecencia de Guadalupe Mugica Palacios, se hizo efectivo el apercibimiento hecho por acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, consistente en la multa de treinta unidades de medida de actualización y se ordenó citar para un próxima audiencia para el quince de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas, con el apercibimiento que de no comparecer se haría merecedora de un arresto hasta por treinta y seis horas. El quince de febrero de dos mil dieciocho, se pretendió realizar entrevista con el menor involucrado. Constatándose la incomparecencia de la madre custodia del menor. El dos de mayo de dos mil dieciocho, compareció Guadalupe Mugica Palacios y planamente identificada recibió los billetes de depósito que le consignaron los accionantes como alimentos a favor del menor. El once de junio de dos mi dieciocho, se fijó una nueva audiencia para entrevistarse con el menor involucrado, fijada para el tres de septiembre de dos mil dieciocho a las diez horas, con apercibimiento que de no presentarte se le impondría un arresto de hasta por treinta y seis horas. El tres de septiembre de dos mil dieciocho se celebró audiencia de menores, se escucharon a los abuelos paternos y accionante de este juicio, así como también a Guadalupe Mugica Palacios y el menor involucrado decretándose una medida provisional de convivencia de manera supervisada por el Centro de Convivencia Familiar de este distrito Judicial los días viernes de cada semana de diecisiete a diecinueve horas, debiendo dar inicio el siete de septiembre de dos mil dieciocho, se ordenaron también evaluación psicológicas y socioeconómicas a cargo del DIF, entregándose los oficios respectivos en ese mismo acto, teniendo la carga cada uno de los interesados a gestionar para que fueran realizadas las evaluaciones; apercibidos todos que de no cumplir con lo decretado (convivencia y evaluaciones) se les impondría una multa de treinta unidades de medida de actualización. El uno de octubre de dos mil dieciocho se declaró la rebeldía de la demandada Guadalupe Múgica Palacios y se fijó audiencia de desahogo de pruebas en términos del artículo 219 del Código Procesal Civil vigente en el Estado; se agregaron dos informes del Centro de Convivencias, dando noticia de la incomparecencia de Guadalupe Mugica Palacios a sus instalaciones para el desarrollo de convivencia decretada. El treinta de octubre de dos mil diecinueve se celebró audiencia de desahogo de pruebas en términos del numeral 219 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, agregándose ocho reportes del Centro de Convivencia Familiar de este Distrito Judicial, dando cuanta de la incomparecencia de Guadalupe Mugica Palacios a sus instalaciones para ejecutar la medida provisional de convivencia; de igual modo se agregaron las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas de Sady Violeta Torres Álvarez; así mismo se hicieron efectivas las dos multas por treinta unidades de medida de actualización a Guadalupe Mugica Palacios con las cuales se apercibió en audiencia de tres de septiembre de dos mil dieciocho por no cumplir con las convivencias decretadas y las gestiones necesarias para las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas, ordenándose de nueva cuenta el requerimiento para que se diera cumplimiento a las instrucciones del juzgador. Por acuerdo de once de diciembre de dos mil dieciocho se agregaron al sumario cuatro reportes del CECOFAM en el que informaron que no se verificaba la convivencia debido a la no presentación de Guadalupe Mugica Palacios. El veintidós de enero de dos mil diecinueve se agregaron cuatro informes de del CECOFAM sobre la imposibilidad de que se realizara la convivencia debido a la no presentación de Guadalupe Mugica Palacios a dicho centro; también se agregó informe del DIF Municipal en el que informó que Guadalupe Mugica Palacios, no se había presentado a esa institución para la realización de las evaluaciones ordenadas en audiencia de tres de septiembre de dos mil dieciocho. El diecisiete de junio de dos mil diecinueve, compareció Guadalupe Mugica Palacios a recibir los billetes de depósito por el rubro de alimentos a favor de su menor hijo de iniciales K.P.M. y que proporcionaran de manera voluntaria la parte actora de este juicio. Durante la secuela procesal se agregaron constancias por parte del Seguro Social Delegación Regional Norte de esta ciudad en el que dieron noticia de que Guadalupe Mugica Palacios se encontraba empleada en la empresa TUSCOR LLUYDS U K DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Así también se proporcionó informe por parte del Registro del Vocal de Electores del INE que informó que Guadalupe Mugica Palacios reside en Andador Río Boyaca número trecientos ochenta y ocho interior B de la unidad habitacional Las Vegas de la Ciudad de Boca del Río, Veracruz; informe que se corrobora con la identificación que exhibió la demandada al comparecer en autos. Es así como el juez responsable consideró quedar demostrada la contumacia de Guadalupe Mugica Palacios de cumplir con los mandatos judiciales dictados en el juicio del que se trata, en específico sobre cumplir con la convivencia supervisada entre su menor hijo de edad y los abuelos paternos, así como la realización de las evaluaciones psicológicas, como fue ordenado en audiencia de tres de septiembre de dos mil dieciocho; de todo esto dan cuenta las constancias que integran los autos, valoradas en términos de lo que disponen los artículos 261 fracción VIII, 326 y 337 del Código Procesal Civil vigente en el Estado, pues en audiencia de tres de septiembre se le escuchó, así como a los abuelos y al menor involucrado, contando con la asistencia de una psicóloga por parte del DIF Municipal, decretándose una medida de convivencia provisional de manera supervisada los viernes de cada semana de diecisiete a diecinueve horas, debiendo dar inicio el siete de septiembre de dos mil dieciocho, ordenándose también evaluaciones psicológicas y socioeconómicas a cargo del DIF Municipal; entregándose los oficios respectivos en ese mismo acto, apercibidos todos que de no cumplir con lo decretado se les impondría una multa de treinta unidades de medida de actualización; decreto judicial que no fue combatido y causó efectos en términos del numeral 95 del Código Procesal multicitado, sin embargo Guadalupe Mugica Palacios no dio cumplimiento a ninguna de las instrucciones, muestra de ello fue que por acuerdos de uno y treinta de octubre de dos mil dieciocho, se agregaron dos y ocho reportes del CECOFAM, respectivamente, dando cuanta de la no convivencia debido a la inasistencia de la madre custodia, por tanto se hicieron efectivos los medios de apremio de multa, librándose los oficios respectivos a la autoridad hacendaria y se requirió el cumplimiento con apercibimiento de arresto. No obstante lo anterior, el juez señaló que el once de diciembre de dos mil dieciocho y el veintidós de enero de dos mil diecinueve, se agregaron al sumario cuatro reportes más del CECOFAM, en cada uno de los autos anteriormente citados, todos en el mismo sentido, de la imposibilidad de verificarse la convivencia debido a la no presentación de la demandada; además se agregó el informe del DIF Municipal en el que informó que la madre custodia no se había presentado a esa institución para la realización de las evaluaciones ordenadas en audiencia de tres de septiembre de dos mil dieciocho. De la misma manera, el juez responsable enfatizó el hecho de que la aquí quejosa, fue citada en cuatro ocasiones distintas, previo a la celebración de la audiencia especial del menor involucrado que finalmente se llevó a cabo el tres de septiembre de dos mil dieciocho, siendo la madre custodia omisa a cumplir con las disposiciones judiciales decretadas en favor de su hijo, sin mediar justificación alguna, a pesar de ser sabedora de las mismas. Por otro lado, respecto a las circunstancias procesales generales, el juez responsable hace notar que el presente asunto se encuentra pendiente para el dictado de la sentencia definitiva, habiéndose llevado a cabo del desahogo de las pruebas ofertadas, cerrados el periodo probatorio, aperturándose la de alegatos, teniendo como diligencias pendientes a desarrollar la verificación de la medida provisional en el centro de convivencia familiar y las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas, todas esas necesarias para resolver en definitiva sobre el derecho que se reclama por parte de los actores. Asimismo, el juez responsable, hizo notar que el procedimiento en que se actúa es de índole familiar que es un conjunto de principios y valores procedentes de la Constitución, de los tratados internacionales, así como de las leyes e interpretaciones jurisprudenciales, dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y regular la conducta de sus integrantes entre sí, conformadas, y también a delimitar las relaciones, conyugales, de concubinato y de parentesco, conformadas por un sistema especial de protección de derechos y obligaciones respectos de menores, incapacitados, mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades y deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia alcanza el rango de orden público e interés social. Entonces así tenemos que en los procedimientos donde se involucran derechos de menores de edad, el eje rector es el interés superior del menor, que se entiende por el catálogo de valores y principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar la condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible; concluyendo así que los derechos inherentes a los miembros de la familia y, en especial, de los menores, es de orden e interés social público, lo que deriva de la interpretación del artículo 4 Constitucional; luego entonces resulta prioritario atender lo relativo a su guarda, custodia y derechos de convivencia con el padre no custodio. Entonces así, el juez señaló que el actuar de Guadalupe Mugica Palacios, ha violentado la impartición de justicia en plazos razonables, tanto de los actores como el del menor involucrado, al cual se le ha vedado el derecho de disfrutar de la interacción con los abuelos paternos infringiendo lo previsto en los numerales 5 y 8 de la Convención Sobre los Derechos de los Niños, la cual reconoce la existencia de la familia ampliada y en ella debe comprenderse al padre, la madre, los hermanos, los abuelos, etc., asimismo establece que los menores tienen derecho a tener relaciones familiares; esto es que los sujetos titulares del derecho de convivir con los parientes no son estos últimos, sino los menores; porque solo de esta manera pueden existir situaciones o circunstancias que afiancen su desarrollo, dignidad y respeto a sus derechos, de modo que se garantice un entorno de seguridad, afecto y salud, que le permita realizarse como sujetos. Por tal motivo, si el juzgado responsable determinó en autos que debe existir una convivencia entre los abuelos y el menor involucrado, esa decisión se encuentra justificada en atención al derecho de éste a crecer en un entorno de afecto junto a su familia, debiendo asegurar su goce efectivo. Respecto a la circunstancias procesales particulares; el juez responsable puntualizó que la finalidad de la medida de apremio de arresto es cumplir la determinación de que Guadalupe Mugica Palacios comparezca en compañía de su menor hijo de iniciales K.P.M., al centro de convivencia de convivencia familiar y permita que este interactúe con sus abuelos paternos bajo un ambiente armónico, supervisado con personal multidisciplinario que le brinde seguridad al menor y atención en cualquier condición que se presente, esto como medida que para garantizar el interés superior del menor involucrado, relativas a asegurar su derecho a la convivencia y vinculación afectiva con sus padres, o bien, con los miembros de la familia, como lo refiere el artículo 5 de la Convención Sobre los Derechos del Niño. Es así como el juzgador responsable determinó, que en la especie, no existe restricción alguna para no hacer efectivo el derecho de convivencia del menor con sus abuelos paternos, que ella no se interrumpa o se impida en las condiciones adecuadas; así la medida provisional decretada de convivencia entre los abuelos y el menor, se encuentra justificada en atención al derecho de éstos a crecer en un entorno de afecto junto a su familia, y a asegurar su goce efectivo. En la misma tesitura la obligación de la madre custodia a someterse a la realización de las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas ordenadas por parte del DIF Municipal son con la finalidad de conocer el ambiente del infante y su estado psicológico para proveer en consecuencia. De igual manera, el juez responsable hizo notar que la medida de apremio del arresto con el que se apercibió a Guadalupe Mugica Palacios es idónea su aplicación en el momento procesal que resuelve, considerando que, en diversas ocasiones se le ha requerido el cumplimiento de la convivencia, así como la realización de las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas por parte del DIF Municipal de su municipio, que inclusive se hico efectivo el medio de apremio de multa de treinta unidades de medidas de actualización, con lo que se demuestra que la sancionada no ha mostrado respeto a la órdenes emanadas por una autoridad judicial especializada en materia familiar, en el ejercicio de sus funciones y a cuya competencia se sometió. Así mismo resaltó que fijó una nueva entrevista entre el menor, la madre custodia y los abuelos, en atención a lo solicitado por este órgano jurisdiccional, esto como obligación impuesta a la aquí quejosa a comparecer ante la autoridad responsable con su menor hijo, a efecto de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida mediante interlocutoria de seis de julio de la presente anualidad, dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 398/2021, a la cual no compareció, sin mediar justificación alguna. De igual modo, consideró idónea la medida para que la contumaz concientice las consecuencias de desobediencia a un mandato de justicia, pues ha quedado demostrada una falta de respeto a las autoridades judiciales, conducta que le es reprochable pues son precisamente las instituciones del Estado Mexicano quienes son las encargadas de administrar justicia, sin que sean válidas las rebeldías injustificadas, que traen aparejada la violación al acceso a la justicia a la parte contraria del juicio, y en este caso en particular al propio menor involucrado. De igual manera, el juez destacó que el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Veracruz, establece entre sus hipótesis para hacer cumplir las determinaciones judiciales el auxilio de la fuerza pública y el cateo, pero ninguna de ellas cumple con la finalidad de concientizar a la desobediente del mandato. Respecto a auxilio de la fuerza pública, en el cumplimiento de la medida de convivencia fijada, esto es, hacer comparecer a la madre con elementos de seguridad, el juez la desestimó como adecuada, ya que de decretarse se violentaría el derecho del menor involucrado, ya que la medida de apremio referida implicaría para el menor, privación (aunque momentánea) de su libertad personal, pues tal medida se materializaría necesariamente en él, por lo que no sólo puede causarle una afectación en su salud mental al no contar con la capacidad para comprender la situación, sino que también lo expondría a sufrir daño corporal, en caso de que la madre a la quien se requiera su presentación para la convivencia oponga resistencia. En el mismo sentido resulta la medida de la fuerza pública para la elaboración de las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas, aunado a un evento de esa naturaleza, podría causar un muy probablemente efecto en el resultado de las evaluaciones. En relación con el cateo por escrito, el juez determinó que resulta improcedente en el supuesto, pues ningún efecto práctico traería para el menor, como principal protagónico para la convivencia fijada. En ese sentido, al haberse verificado la medida de apremio de multa, sin que sean aplicables las concernientes a auxilio de la fuerza pública y el cateo, lo ajustado a derecho es inclinarse por la privación de la libertad, entendiendo que la misma se ha justificado por la rebeldía de Guadalupe Mugica Palacios, con la finalidad de que concientice sobre la importancia y relevancia en el procedimiento de la diligencia que se busca, además de ser ejemplificativa. Por otro lado, respecto a la gravedad de la sanción, el juez puntualizó que de los antecedentes descritos en párrafos anteriores, ha quedado de manifiesto que pese que ha sido notificada y requerida en diversas ocasiones, a efecto de que comparezca a la convivencia familiar y a la realización de los evaluaciones psicológicas y socioeconómicas, la aquí quejosa ha reincidente en desobedecer las órdenes judiciales y, con su conducta se ha provocado el retraso de procedimiento, quedando pendiente únicamente se verifique la convivencia provisional y la realización de la evaluaciones, trayendo como consecuencia la violación al derecho de acceso a la justicia pronta y expedita que establece el artículo 17 constitucional a los aquí demandantes, así como el impedir sistemáticamente el derecho de su menor hijo a mantener la relación personal con su abuelos paternos, máxime si consideramos que el padre no ha estado presente en la vida del infante. Circunstancia significativa que da nota de la conducta dolosa de Guadalupe Mugica Palacios, es el hecho de que en diversas ocasiones ha comparecido ante el juzgado responsable a recibir las cantidades de dinero que consignaran los actores Sady Violeta Torres Álvarez y Francisco Javier Peña Hernández en el rubro de alimentos a favor de su nieto, es decir, Guadalupe Mugica Palacios, sí ha aceptado el numerario económico de la familia paterna extensa de su hijo, sin embargo no ha mostrado responsabilidad con su hijo para permitir un acercamiento con sus abuelos, sin que medie justificación razonable. Y por último, respecto a las particularidades de la demandada infractora, el juez señaló que de acuerdo a las actuaciones en el expediente, se advierte estar ante una mujer adulta a cargo de un hijo menor de edad, de clase media, residiendo en una unidad habitacional, que cuenta con los servicios básicos, domicilio que coincide con el proporcionado por la misma demandada mediante identificación que proporcionó en comparecencia ante este juzgado, que cuenta con servicio médico según informe de la Delegación Regional del Seguro Social de esta ciudad, que recibe un ingreso por su trabajo en la empresa TUSCOR LLOYDS U K DE MÉXICO, S.A. DE C.V., que no se advierte que cuente con alguna condición especial física o psicológica que no le permita comprender las diversas fases del proceso, mucho menos padezca de alguna discapacidad física que le dificulte el traslado y no le permita cumplir con la convivencia supervisada o a acudir a las instalaciones del DIF para la realización de la evaluaciones; por lo que se considera que cuenta con la capacidad para entender los hechos que nos ocupan, así como los diversos requerimientos que esta autoridad le ha hecho, que ha mostrado estar informada de la secuela procesal, pues ha acudido a recibir los billetes de depósito que por alimentos le han consignado los accionantes de juicio, que no es mujer ignorante de las instituciones de estado, tratándose de fémina con conocimientos suficientes que le permiten conocer las obligaciones ciudadanas de madre, lo que llevó al juez a considerar que su desobediencia ha sido por demás dolosa en perjuicio de los miembros de su familia, sobre todo de su hijo y de la administración de justicia. Con base en todo lo anteriormente expuesto, el juez responsable, concluyó que la medida de arresto es idónea, es necesaria ante la contumacia de Guadalupe Mugica Palacios, razonable por su condiciones personales y es efectiva para concientizar su deber de comparecer al Centro de Convivencia Familiar del Décimo Séptimo Distrito Judicial, para que se realice la interacción familiar con su abuelos paternos, así como a las instalaciones del DIF Municipal para la realización de las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas con la única finalidad de proveer con base en el interés supremo del menor. En esa tesitura, tomando en consideración que, a pesar de haber requerido a Guadalupe Mugica Palacios, para que compareciera al Centro de Convivencia Familiar de este Distrito Judicial para que permita la interacción de su menor hijo con los abuelos paternos, así como para la realización de las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas por parte del DIF Municipal, evidenciándose una conducta notoriamente rebelde a las disposiciones de ese tribunal, sin exposición de motivos o razones justificables para no acatar lo ordenado, entorpeciendo la secuela procesal del expediente 1226/2017 y la administración de justicia, garantía prevista al gobernado en el artículo 17 Constitucional, violentando los derechos de su menor hijo, previsto en los numerales 4 de la Carta Magna, 1,3,4,5,y,8, de la Convención Sobre los Derechos del Niño, contando este Juzgado Especializado en Materia Familiar con la potestad de utilizar las medidas de apremio establecidas legalmente para hacer cumplir sus determinaciones; el juez le hizo efectivo el apercibimiento decretado en su contra en audiencia de treinta de octubre de dos mil dieciocho y con fundamento en el artículo 53 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles le impusó un arresto a Guadalupe Mugica Palacios de TREINTA Y CUATRO HORAS por desacato a un mandato judicial. Temporalidad que estimó justa y equitativa atendiendo a las circunstancias procesales generales y particulares, a la gravedad de la sanción y a las particularidades de la infractora, las cuales reseñó en párrafos que anteceden. En consecuencia, el juez ordenó girar oficio al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, a fin de que ordene a quien corresponda, localicen, detengan y pongan a disposición de ese juzgado a Guadalupe Mugica Palacios, internándola en el Centro de Reclusión que para tal efecto esa autoridad disponga, y una vez concluido dicho término deberá poner en inmediata libertad informando a ese tribunal sobre su cumplimiento, respetando en todo momento sus derechos humanos. Asimismo, el juez responsable dictó una serie de medidas que deberá observar quien tenga a cargo ejecutar la orden del arresto, en el caso de que Guadalupe Mugica Palacios, se encuentre al momento del arresto en compañía de su menor hijo, a la cual deberán preguntar y concederle el derecho para que de viva voz indique bajo el cuidado de quién podrá quedarse el menor durante las horas que dura la medida de apremio, ello maximizando el derecho del menor de edad involucrado. Por otro lado, en cuanto hace a la diversa autoridad responsable ejecutora Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante oficio SSP/DGJ/CDP/AMP/1347/2021, de veintiséis octubre de la presente anualidad, signado por el Director General Jurídico y Representante Legal del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, remitido vía correo electrónico oficial, informó a este órgano jurisdiccional que a través del diverso SSP/DGJ/CDP/AMP/1346/2021, exhortó al Subsecretario de Operaciones adscrito a esa Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, a efecto de que conmine al personal bajo su mano al cumplimiento de la ejecutoria dictada en este asunto, para lo cual deberá dejar sin efectos la orden de arresto girada mediante oficio SSP/DGJ/AFP/487/2020 de cuatro de febrero de dos mil veinte, con motivo de la solicitud de auxilio de la fuerza pública, requerida por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, ordenada dentro del expediente 1226/2017, únicamente en la parte relativa a la imposición de las medidas de apremio consistentes en la privación de la libertad de Guadalupe Mugica Palacios, por el término de treinta y seis horas. En ese contexto, se aprecia que el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo dictada en autos, dejó insubsistente el auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 1226/2017 de su índice, en el que se hizo efectiva la orden de arresto por treinta y seis horas decretado contra la aquí quejosa, y con libertad de jurisdicción, emitió uno nuevo en el que consideró necesario imponer nuevamente un arresto como medida de apremio, explicando los motivos por los cuales es la más idónea, necesaria, razonable y efectiva para que la quejosa cumpla con la obligación de acudir junto con el menor involucrado, a la realización de los estudios psicológicos y socioeconómicos ordenados, justificando los motivos y razones respecto de la temporalidad de la duración de la medida dentro del parámetro establecido entre una hora como mínimo y treinta y seis horas como máximo. Asimismo, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, dejó sin efectos el acto de ejecución que se le atribuyó, consistente en la orden de arresto girada mediante oficio SSP/DGJ/AFP/487/2020 de cuatro de febrero de dos mil veinte, en la parte relativa a la imposición de la medida de apremio de privación de la libertad de Guadalupe Mugica Palacios, por el término de treinta y seis horas Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafo de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General . Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley..."
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. En un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 398/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de los autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes quejosa y tercero interesada, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que hicieran manifestación alguna dentro del plazo que se les otorgó para ello. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no lo está, si las responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no exista materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que mediante sentencia autorizada el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a GUADALUPE MUGICA PALACIOS, POR SU PROPIO DERECHO, Y EN REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJO DE INICIALES S. K. P. M., para los efectos siguientes: "[.] Lo anterior, para el efecto de que, el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad: Deje sin efecto el auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 1226/2017 de su índice, en el que se hizo efectiva la orden de arresto por treinta y seis horas decretado contra la aquí quejosa. Con libertad de jurisdicción, emita uno nuevo en el que, de considerar necesario imponer nuevamente un arresto como medida de apremio, explique los motivos por los cuales es la más idónea, necesaria, razonable y efectiva para que la quejosa cumpla con la obligación de acudir junto con el menor involucrado, a la realización de los estudios psicológicos y socioeconómicos ordenados, teniendo además la obligación de justificar los motivos y razones respecto de la temporalidad de la duración de la medida dentro del parámetro establecido entre una hora como mínimo y treinta y seis horas como máximo. Concesión del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, al no haber sido combatidos por vicios propios sino en vía de consecuencia del acuerdo reclamado [.]" Posteriormente, mediante proveído de catorce de octubre siguiente, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables 1. Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz y 2. Secretario de Seguridad Pública, con residencia en Veracruz, Veracruz. Seguidamente, en autos de cinco de noviembre de la presente anualidad, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio 7649/2021 de veinte de octubre de la presente anualidad, el 1. Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz, informó que mediante proveído de la misma data, dentro del expediente 1226/2017, de su estadística, promovido por SADY VIOLETA TORRES ÁLVAREZ Y FRANCISCO JAVIER PEÑA HERNÁNDEZ, en contra de la aquí quejosa; GUADALUPE MUGICA PALACIOS, dictó auto por el cual dejó insubsistente el proveído de cuatro de julio de dos mil diecinueve, y turnó los autos para resolver, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Posteriormente, mediante oficio 7662/2021 de veintiuno de octubre siguiente, el juez responsable remitió copia certificada de la resolución dictada de esa fecha, de la cual se advierte que con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, reiteró dejar insubsistente la orden de arresto del cuatro de julio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 1226/2017 de su índice. Seguidamente, procedió a establecer los parámetros bajos los cuales resolvería el derecho de convivencia demandado por los aquí terceros interesados SADY VIOLETA TORRES ÁLVAREZ Y FRANCISCO JAVIER PEÑA HERNÁNDEZ y, actores en el juicio natural, con el menor de iniciales K.P.M. y, sobre alguna medida de apremio adecuada para hacer cumplir el mandato judicial, en caso de contumacia de la parte obligada a su cumplimiento, de ser el caso. Asimismo, el juez responsable estableció que, atendiendo a que el artículo 16 Constitucional le exige fundamentar y motivar toda trasgresión a los derechos fundamentales, como es la libertad de las personas, mientras el dispositivo 53 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Veracruz, lo faculta a utilizar diversas medidas de apremio autorizadas, para lograr cumplir sus determinaciones en un procedimiento judicial, contando entre estas las de privación de la libertad hasta por treinta y seis horas, así entonces para que dicha medida no resulte arbitraria, fundaría su decisión sobre las circunstancias de hecho que se advierten de los autos a fin de determinar la idoneidad de su aplicación, ponderando las circunstancias procesales generales y particulares que rodean al hecho, análisis de reincidencia, retraso o imposibilidad del cumplimiento y la trascendencia que tiene en el procedimiento la conducta del infractor, así como las particularidades del rebelde o contumaz ante las órdenes de la autoridad, con la finalidad de medir el grado de comprensión de la gravedad de la sanción y el hecho que implica desobediencia; en atención a lo anterior. Con relación al análisis de conducta de la aquí quejosa, el juez responsable hizo una relación sucinta de las circunstancias integran los autos del expediente 1226/2017 de su índice, haciendo mención de diecisiete actuaciones que abarcan del quince de mayo del dos mil diecisiete en el cual se dio inicio al juicio natural, atendiendo la demanda de Sady Violeta Torre Álvarez y Francisco Javier Peña Hernández respecto a la convivencia con su nieto, hijo de la demandada Guadalupe Mugica Palacios, aquí parte quejosa, ordenándose diligencia de emplazamiento y notificación de audiencia de menores, con apercibimiento de multa de diez UMAS a la madre custodia, hasta el estado procesal en que se encuentra el juicio al momento de dictar su resolución. Ahora bien, de lo expuesto por la autoridad responsable se advierte que: El nueve de noviembre de dos mil diecisiete realizaron emplazamiento de ley a la aquí quejosa, conforme al auto de inicio, así como la notificación de la audiencia de menores programada para el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete El veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete se abrió audiencia de menores en la cual, ante la incomparecencia de la aquí quejosa, se le hizo efectiva la multa de 10 unidades de medida de actualización y se llamó para una próxima entrevista para el veinticinco de enero de dos mil dieciocho con un apercibimiento a la madre custodia, de treinta unidades de medida de actualización. El veinticinco de enero de dos mil dieciocho se dio inicio de audiencia, con la incomparecencia de Guadalupe Mugica Palacios, se hizo efectivo el apercibimiento hecho por acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, consistente en la multa de treinta unidades de medida de actualización y se ordenó citar para un próxima audiencia para el quince de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas, con el apercibimiento que de no comparecer se haría merecedora de un arresto hasta por treinta y seis horas. El quince de febrero de dos mil dieciocho, se pretendió realizar entrevista con el menor involucrado. Constatándose la incomparecencia de la madre custodia del menor. El dos de mayo de dos mil dieciocho, compareció Guadalupe Mugica Palacios y planamente identificada recibió los billetes de depósito que le consignaron los accionantes como alimentos a favor del menor. El once de junio de dos mi dieciocho, se fijó una nueva audiencia para entrevistarse con el menor involucrado, fijada para el tres de septiembre de dos mil dieciocho a las diez horas, con apercibimiento que de no presentarte se le impondría un arresto de hasta por treinta y seis horas. El tres de septiembre de dos mil dieciocho se celebró audiencia de menores, se escucharon a los abuelos paternos y accionante de este juicio, así como también a Guadalupe Mugica Palacios y el menor involucrado decretándose una medida provisional de convivencia de manera supervisada por el Centro de Convivencia Familiar de este distrito Judicial los días viernes de cada semana de diecisiete a diecinueve horas, debiendo dar inicio el siete de septiembre de dos mil dieciocho, se ordenaron también evaluación psicológicas y socioeconómicas a cargo del DIF, entregándose los oficios respectivos en ese mismo acto, teniendo la carga cada uno de los interesados a gestionar para que fueran realizadas las evaluaciones; apercibidos todos que de no cumplir con lo decretado (convivencia y evaluaciones) se les impondría una multa de treinta unidades de medida de actualización. El uno de octubre de dos mil dieciocho se declaró la rebeldía de la demandada Guadalupe Múgica Palacios y se fijó audiencia de desahogo de pruebas en términos del artículo 219 del Código Procesal Civil vigente en el Estado; se agregaron dos informes del Centro de Convivencias, dando noticia de la incomparecencia de Guadalupe Mugica Palacios a sus instalaciones para el desarrollo de convivencia decretada. El treinta de octubre de dos mil diecinueve se celebró audiencia de desahogo de pruebas en términos del numeral 219 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, agregándose ocho reportes del Centro de Convivencia Familiar de este Distrito Judicial, dando cuanta de la incomparecencia de Guadalupe Mugica Palacios a sus instalaciones para ejecutar la medida provisional de convivencia; de igual modo se agregaron las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas de Sady Violeta Torres Álvarez; así mismo se hicieron efectivas las dos multas por treinta unidades de medida de actualización a Guadalupe Mugica Palacios con las cuales se apercibió en audiencia de tres de septiembre de dos mil dieciocho por no cumplir con las convivencias decretadas y las gestiones necesarias para las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas, ordenándose de nueva cuenta el requerimiento para que se diera cumplimiento a las instrucciones del juzgador. Por acuerdo de once de diciembre de dos mil dieciocho se agregaron al sumario cuatro reportes del CECOFAM en el que informaron que no se verificaba la convivencia debido a la no presentación de Guadalupe Mugica Palacios. El veintidós de enero de dos mil diecinueve se agregaron cuatro informes de del CECOFAM sobre la imposibilidad de que se realizara la convivencia debido a la no presentación de Guadalupe Mugica Palacios a dicho centro; también se agregó informe del DIF Municipal en el que informó que Guadalupe Mugica Palacios, no se había presentado a esa institución para la realización de las evaluaciones ordenadas en audiencia de tres de septiembre de dos mil dieciocho. El diecisiete de junio de dos mil diecinueve, compareció Guadalupe Mugica Palacios a recibir los billetes de depósito por el rubro de alimentos a favor de su menor hijo de iniciales K.P.M. y que proporcionaran de manera voluntaria la parte actora de este juicio. Durante la secuela procesal se agregaron constancias por parte del Seguro Social Delegación Regional Norte de esta ciudad en el que dieron noticia de que Guadalupe Mugica Palacios se encontraba empleada en la empresa TUSCOR LLUYDS U K DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Así también se proporcionó informe por parte del Registro del Vocal de Electores del INE que informó que Guadalupe Mugica Palacios reside en Andador Río Boyaca número trecientos ochenta y ocho interior B de la unidad habitacional Las Vegas de la Ciudad de Boca del Río, Veracruz; informe que se corrobora con la identificación que exhibió la demandada al comparecer en autos. Es así como el juez responsable consideró quedar demostrada la contumacia de Guadalupe Mugica Palacios de cumplir con los mandatos judiciales dictados en el juicio del que se trata, en específico sobre cumplir con la convivencia supervisada entre su menor hijo de edad y los abuelos paternos, así como la realización de las evaluaciones psicológicas, como fue ordenado en audiencia de tres de septiembre de dos mil dieciocho; de todo esto dan cuenta las constancias que integran los autos, valoradas en términos de lo que disponen los artículos 261 fracción VIII, 326 y 337 del Código Procesal Civil vigente en el Estado, pues en audiencia de tres de septiembre se le escuchó, así como a los abuelos y al menor involucrado, contando con la asistencia de una psicóloga por parte del DIF Municipal, decretándose una medida de convivencia provisional de manera supervisada los viernes de cada semana de diecisiete a diecinueve horas, debiendo dar inicio el siete de septiembre de dos mil dieciocho, ordenándose también evaluaciones psicológicas y socioeconómicas a cargo del DIF Municipal; entregándose los oficios respectivos en ese mismo acto, apercibidos todos que de no cumplir con lo decretado se les impondría una multa de treinta unidades de medida de actualización; decreto judicial que no fue combatido y causó efectos en términos del numeral 95 del Código Procesal multicitado, sin embargo Guadalupe Mugica Palacios no dio cumplimiento a ninguna de las instrucciones, muestra de ello fue que por acuerdos de uno y treinta de octubre de dos mil dieciocho, se agregaron dos y ocho reportes del CECOFAM, respectivamente, dando cuanta de la no convivencia debido a la inasistencia de la madre custodia, por tanto se hicieron efectivos los medios de apremio de multa, librándose los oficios respectivos a la autoridad hacendaria y se requirió el cumplimiento con apercibimiento de arresto. No obstante lo anterior, el juez señaló que el once de diciembre de dos mil dieciocho y el veintidós de enero de dos mil diecinueve, se agregaron al sumario cuatro reportes más del CECOFAM, en cada uno de los autos anteriormente citados, todos en el mismo sentido, de la imposibilidad de verificarse la convivencia debido a la no presentación de la demandada; además se agregó el informe del DIF Municipal en el que informó que la madre custodia no se había presentado a esa institución para la realización de las evaluaciones ordenadas en audiencia de tres de septiembre de dos mil dieciocho. De la misma manera, el juez responsable enfatizó el hecho de que la aquí quejosa, fue citada en cuatro ocasiones distintas, previo a la celebración de la audiencia especial del menor involucrado que finalmente se llevó a cabo el tres de septiembre de dos mil dieciocho, siendo la madre custodia omisa a cumplir con las disposiciones judiciales decretadas en favor de su hijo, sin mediar justificación alguna, a pesar de ser sabedora de las mismas. Por otro lado, respecto a las circunstancias procesales generales, el juez responsable hace notar que el presente asunto se encuentra pendiente para el dictado de la sentencia definitiva, habiéndose llevado a cabo del desahogo de las pruebas ofertadas, cerrados el periodo probatorio, aperturándose la de alegatos, teniendo como diligencias pendientes a desarrollar la verificación de la medida provisional en el centro de convivencia familiar y las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas, todas esas necesarias para resolver en definitiva sobre el derecho que se reclama por parte de los actores. Asimismo, el juez responsable, hizo notar que el procedimiento en que se actúa es de índole familiar que es un conjunto de principios y valores procedentes de la Constitución, de los tratados internacionales, así como de las leyes e interpretaciones jurisprudenciales, dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y regular la conducta de sus integrantes entre sí, conformadas, y también a delimitar las relaciones, conyugales, de concubinato y de parentesco, conformadas por un sistema especial de protección de derechos y obligaciones respectos de menores, incapacitados, mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades y deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia alcanza el rango de orden público e interés social. Entonces así tenemos que en los procedimientos donde se involucran derechos de menores de edad, el eje rector es el interés superior del menor, que se entiende por el catálogo de valores y principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar la condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible; concluyendo así que los derechos inherentes a los miembros de la familia y, en especial, de los menores, es de orden e interés social público, lo que deriva de la interpretación del artículo 4 Constitucional; luego entonces resulta prioritario atender lo relativo a su guarda, custodia y derechos de convivencia con el padre no custodio. Entonces así, el juez señaló que el actuar de Guadalupe Mugica Palacios, ha violentado la impartición de justicia en plazos razonables, tanto de los actores como el del menor involucrado, al cual se le ha vedado el derecho de disfrutar de la interacción con los abuelos paternos infringiendo lo previsto en los numerales 5 y 8 de la Convención Sobre los Derechos de los Niños, la cual reconoce la existencia de la familia ampliada y en ella debe comprenderse al padre, la madre, los hermanos, los abuelos, etc., asimismo establece que los menores tienen derecho a tener relaciones familiares; esto es que los sujetos titulares del derecho de convivir con los parientes no son estos últimos, sino los menores; porque solo de esta manera pueden existir situaciones o circunstancias que afiancen su desarrollo, dignidad y respeto a sus derechos, de modo que se garantice un entorno de seguridad, afecto y salud, que le permita realizarse como sujetos. Por tal motivo, si el juzgado responsable determinó en autos que debe existir una convivencia entre los abuelos y el menor involucrado, esa decisión se encuentra justificada en atención al derecho de éste a crecer en un entorno de afecto junto a su familia, debiendo asegurar su goce efectivo. Respecto a la circunstancias procesales particulares; el juez responsable puntualizó que la finalidad de la medida de apremio de arresto es cumplir la determinación de que Guadalupe Mugica Palacios comparezca en compañía de su menor hijo de iniciales K.P.M., al centro de convivencia de convivencia familiar y permita que este interactúe con sus abuelos paternos bajo un ambiente armónico, supervisado con personal multidisciplinario que le brinde seguridad al menor y atención en cualquier condición que se presente, esto como medida que para garantizar el interés superior del menor involucrado, relativas a asegurar su derecho a la convivencia y vinculación afectiva con sus padres, o bien, con los miembros de la familia, como lo refiere el artículo 5 de la Convención Sobre los Derechos del Niño. Es así como el juzgador responsable determinó, que en la especie, no existe restricción alguna para no hacer efectivo el derecho de convivencia del menor con sus abuelos paternos, que ella no se interrumpa o se impida en las condiciones adecuadas; así la medida provisional decretada de convivencia entre los abuelos y el menor, se encuentra justificada en atención al derecho de éstos a crecer en un entorno de afecto junto a su familia, y a asegurar su goce efectivo. En la misma tesitura la obligación de la madre custodia a someterse a la realización de las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas ordenadas por parte del DIF Municipal son con la finalidad de conocer el ambiente del infante y su estado psicológico para proveer en consecuencia. De igual manera, el juez responsable hizo notar que la medida de apremio del arresto con el que se apercibió a Guadalupe Mugica Palacios es idónea su aplicación en el momento procesal que resuelve, considerando que, en diversas ocasiones se le ha requerido el cumplimiento de la convivencia, así como la realización de las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas por parte del DIF Municipal de su municipio, que inclusive se hico efectivo el medio de apremio de multa de treinta unidades de medidas de actualización, con lo que se demuestra que la sancionada no ha mostrado respeto a la órdenes emanadas por una autoridad judicial especializada en materia familiar, en el ejercicio de sus funciones y a cuya competencia se sometió. Así mismo resaltó que fijó una nueva entrevista entre el menor, la madre custodia y los abuelos, en atención a lo solicitado por este órgano jurisdiccional, esto como obligación impuesta a la aquí quejosa a comparecer ante la autoridad responsable con su menor hijo, a efecto de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida mediante interlocutoria de seis de julio de la presente anualidad, dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 398/2021, a la cual no compareció, sin mediar justificación alguna. De igual modo, consideró idónea la medida para que la contumaz concientice las consecuencias de desobediencia a un mandato de justicia, pues ha quedado demostrada una falta de respeto a las autoridades judiciales, conducta que le es reprochable pues son precisamente las instituciones del Estado Mexicano quienes son las encargadas de administrar justicia, sin que sean válidas las rebeldías injustificadas, que traen aparejada la violación al acceso a la justicia a la parte contraria del juicio, y en este caso en particular al propio menor involucrado. De igual manera, el juez destacó que el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Veracruz, establece entre sus hipótesis para hacer cumplir las determinaciones judiciales el auxilio de la fuerza pública y el cateo, pero ninguna de ellas cumple con la finalidad de concientizar a la desobediente del mandato. Respecto a auxilio de la fuerza pública, en el cumplimiento de la medida de convivencia fijada, esto es, hacer comparecer a la madre con elementos de seguridad, el juez la desestimó como adecuada, ya que de decretarse se violentaría el derecho del menor involucrado, ya que la medida de apremio referida implicaría para el menor, privación (aunque momentánea) de su libertad personal, pues tal medida se materializaría necesariamente en él, por lo que no sólo puede causarle una afectación en su salud mental al no contar con la capacidad para comprender la situación, sino que también lo expondría a sufrir daño corporal, en caso de que la madre a la quien se requiera su presentación para la convivencia oponga resistencia. En el mismo sentido resulta la medida de la fuerza pública para la elaboración de las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas, aunado a un evento de esa naturaleza, podría causar un muy probablemente efecto en el resultado de las evaluaciones. En relación con el cateo por escrito, el juez determinó que resulta improcedente en el supuesto, pues ningún efecto práctico traería para el menor, como principal protagónico para la convivencia fijada. En ese sentido, al haberse verificado la medida de apremio de multa, sin que sean aplicables las concernientes a auxilio de la fuerza pública y el cateo, lo ajustado a derecho es inclinarse por la privación de la libertad, entendiendo que la misma se ha justificado por la rebeldía de Guadalupe Mugica Palacios, con la finalidad de que concientice sobre la importancia y relevancia en el procedimiento de la diligencia que se busca, además de ser ejemplificativa. Por otro lado, respecto a la gravedad de la sanción, el juez puntualizó que de los antecedentes descritos en párrafos anteriores, ha quedado de manifiesto que pese que ha sido notificada y requerida en diversas ocasiones, a efecto de que comparezca a la convivencia familiar y a la realización de los evaluaciones psicológicas y socioeconómicas, la aquí quejosa ha reincidente en desobedecer las órdenes judiciales y, con su conducta se ha provocado el retraso de procedimiento, quedando pendiente únicamente se verifique la convivencia provisional y la realización de la evaluaciones, trayendo como consecuencia la violación al derecho de acceso a la justicia pronta y expedita que establece el artículo 17 constitucional a los aquí demandantes, así como el impedir sistemáticamente el derecho de su menor hijo a mantener la relación personal con su abuelos paternos, máxime si consideramos que el padre no ha estado presente en la vida del infante. Circunstancia significativa que da nota de la conducta dolosa de Guadalupe Mugica Palacios, es el hecho de que en diversas ocasiones ha comparecido ante el juzgado responsable a recibir las cantidades de dinero que consignaran los actores Sady Violeta Torres Álvarez y Francisco Javier Peña Hernández en el rubro de alimentos a favor de su nieto, es decir, Guadalupe Mugica Palacios, sí ha aceptado el numerario económico de la familia paterna extensa de su hijo, sin embargo no ha mostrado responsabilidad con su hijo para permitir un acercamiento con sus abuelos, sin que medie justificación razonable. Y por último, respecto a las particularidades de la demandada infractora, el juez señaló que de acuerdo a las actuaciones en el expediente, se advierte estar ante una mujer adulta a cargo de un hijo menor de edad, de clase media, residiendo en una unidad habitacional, que cuenta con los servicios básicos, domicilio que coincide con el proporcionado por la misma demandada mediante identificación que proporcionó en comparecencia ante este juzgado, que cuenta con servicio médico según informe de la Delegación Regional del Seguro Social de esta ciudad, que recibe un ingreso por su trabajo en la empresa TUSCOR LLOYDS U K DE MÉXICO, S.A. DE C.V., que no se advierte que cuente con alguna condición especial física o psicológica que no le permita comprender las diversas fases del proceso, mucho menos padezca de alguna discapacidad física que le dificulte el traslado y no le permita cumplir con la convivencia supervisada o a acudir a las instalaciones del DIF para la realización de la evaluaciones; por lo que se considera que cuenta con la capacidad para entender los hechos que nos ocupan, así como los diversos requerimientos que esta autoridad le ha hecho, que ha mostrado estar informada de la secuela procesal, pues ha acudido a recibir los billetes de depósito que por alimentos le han consignado los accionantes de juicio, que no es mujer ignorante de las instituciones de estado, tratándose de fémina con conocimientos suficientes que le permiten conocer las obligaciones ciudadanas de madre, lo que llevó al juez a considerar que su desobediencia ha sido por demás dolosa en perjuicio de los miembros de su familia, sobre todo de su hijo y de la administración de justicia. Con base en todo lo anteriormente expuesto, el juez responsable, concluyó que la medida de arresto es idónea, es necesaria ante la contumacia de Guadalupe Mugica Palacios, razonable por su condiciones personales y es efectiva para concientizar su deber de comparecer al Centro de Convivencia Familiar del Décimo Séptimo Distrito Judicial, para que se realice la interacción familiar con su abuelos paternos, así como a las instalaciones del DIF Municipal para la realización de las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas con la única finalidad de proveer con base en el interés supremo del menor. En esa tesitura, tomando en consideración que, a pesar de haber requerido a Guadalupe Mugica Palacios, para que compareciera al Centro de Convivencia Familiar de este Distrito Judicial para que permita la interacción de su menor hijo con los abuelos paternos, así como para la realización de las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas por parte del DIF Municipal, evidenciándose una conducta notoriamente rebelde a las disposiciones de ese tribunal, sin exposición de motivos o razones justificables para no acatar lo ordenado, entorpeciendo la secuela procesal del expediente 1226/2017 y la administración de justicia, garantía prevista al gobernado en el artículo 17 Constitucional, violentando los derechos de su menor hijo, previsto en los numerales 4 de la Carta Magna, 1,3,4,5,y,8, de la Convención Sobre los Derechos del Niño, contando este Juzgado Especializado en Materia Familiar con la potestad de utilizar las medidas de apremio establecidas legalmente para hacer cumplir sus determinaciones; el juez le hizo efectivo el apercibimiento decretado en su contra en audiencia de treinta de octubre de dos mil dieciocho y con fundamento en el artículo 53 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles le impusó un arresto a Guadalupe Mugica Palacios de TREINTA Y CUATRO HORAS por desacato a un mandato judicial. Temporalidad que estimó justa y equitativa atendiendo a las circunstancias procesales generales y particulares, a la gravedad de la sanción y a las particularidades de la infractora, las cuales reseñó en párrafos que anteceden. En consecuencia, el juez ordenó girar oficio al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, a fin de que ordene a quien corresponda, localicen, detengan y pongan a disposición de ese juzgado a Guadalupe Mugica Palacios, internándola en el Centro de Reclusión que para tal efecto esa autoridad disponga, y una vez concluido dicho término deberá poner en inmediata libertad informando a ese tribunal sobre su cumplimiento, respetando en todo momento sus derechos humanos. Asimismo, el juez responsable dictó una serie de medidas que deberá observar quien tenga a cargo ejecutar la orden del arresto, en el caso de que Guadalupe Mugica Palacios, se encuentre al momento del arresto en compañía de su menor hijo, a la cual deberán preguntar y concederle el derecho para que de viva voz indique bajo el cuidado de quién podrá quedarse el menor durante las horas que dura la medida de apremio, ello maximizando el derecho del menor de edad involucrado. Por otro lado, en cuanto hace a la diversa autoridad responsable ejecutora Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante oficio SSP/DGJ/CDP/AMP/1347/2021, de veintiséis octubre de la presente anualidad, signado por el Director General Jurídico y Representante Legal del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, remitido vía correo electrónico oficial, informó a este órgano jurisdiccional que a través del diverso SSP/DGJ/CDP/AMP/1346/2021, exhortó al Subsecretario de Operaciones adscrito a esa Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, a efecto de que conmine al personal bajo su mano al cumplimiento de la ejecutoria dictada en este asunto, para lo cual deberá dejar sin efectos la orden de arresto girada mediante oficio SSP/DGJ/AFP/487/2020 de cuatro de febrero de dos mil veinte, con motivo de la solicitud de auxilio de la fuerza pública, requerida por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, ordenada dentro del expediente 1226/2017, únicamente en la parte relativa a la imposición de las medidas de apremio consistentes en la privación de la libertad de Guadalupe Mugica Palacios, por el término de treinta y seis horas. En ese contexto, se aprecia que el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo dictada en autos, dejó insubsistente el auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 1226/2017 de su índice, en el que se hizo efectiva la orden de arresto por treinta y seis horas decretado contra la aquí quejosa, y con libertad de jurisdicción, emitió uno nuevo en el que consideró necesario imponer nuevamente un arresto como medida de apremio, explicando los motivos por los cuales es la más idónea, necesaria, razonable y efectiva para que la quejosa cumpla con la obligación de acudir junto con el menor involucrado, a la realización de los estudios psicológicos y socioeconómicos ordenados, justificando los motivos y razones respecto de la temporalidad de la duración de la medida dentro del parámetro establecido entre una hora como mínimo y treinta y seis horas como máximo. Asimismo, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, dejó sin efectos el acto de ejecución que se le atribuyó, consistente en la orden de arresto girada mediante oficio SSP/DGJ/AFP/487/2020 de cuatro de febrero de dos mil veinte, en la parte relativa a la imposición de la medida de apremio de privación de la libertad de Guadalupe Mugica Palacios, por el término de treinta y seis horas Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafo de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General . Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley."Boca del Río, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de los autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes quejosa y tercero interesada, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que hicieran manifestación alguna dentro del plazo que se les otorgó para ello. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no lo está, si las responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no exista materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que mediante sentencia autorizada el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a GUADALUPE MUGICA PALACIOS, POR SU PROPIO DERECHO, Y EN REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJO DE INICIALES S. K. P. M., para los efectos siguientes: "[.] Lo anterior, para el efecto de que, el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad: Deje sin efecto el auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 1226/2017 de su índice, en el que se hizo efectiva la orden de arresto por treinta y seis horas decretado contra la aquí quejosa. Con libertad de jurisdicción, emita uno nuevo en el que, de considerar necesario imponer nuevamente un arresto como medida de apremio, explique los motivos por los cuales es la más idónea, necesaria, razonable y efectiva para que la quejosa cumpla con la obligación de acudir junto con el menor involucrado, a la realización de los estudios psicológicos y socioeconómicos ordenados, teniendo además la obligación de justificar los motivos y razones respecto de la temporalidad de la duración de la medida dentro del parámetro establecido entre una hora como mínimo y treinta y seis horas como máximo. Concesión del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, al no haber sido combatidos por vicios propios sino en vía de consecuencia del acuerdo reclamado [.]" Posteriormente, mediante proveído de catorce de octubre siguiente, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables 1. Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz y 2. Secretario de Seguridad Pública, con residencia en Veracruz, Veracruz. Seguidamente, en autos de cinco de noviembre de la presente anualidad, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio 7649/2021 de veinte de octubre de la presente anualidad, el 1. Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz, informó que mediante proveído de la misma data, dentro del expediente 1226/2017, de su estadística, promovido por SADY VIOLETA TORRES ÁLVAREZ Y FRANCISCO JAVIER PEÑA HERNÁNDEZ, en contra de la aquí quejosa; GUADALUPE MUGICA PALACIOS, dictó auto por el cual dejó insubsistente el proveído de cuatro de julio de dos mil diecinueve, y turnó los autos para resolver, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Posteriormente, mediante oficio 7662/2021 de veintiuno de octubre siguiente, el juez responsable remitió copia certificada de la resolución dictada de esa fecha, de la cual se advierte que con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, reiteró dejar insubsistente la orden de arresto del cuatro de julio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 1226/2017 de su índice. Seguidamente, procedió a establecer los parámetros bajos los cuales resolvería el derecho de convivencia demandado por los aquí terceros interesados SADY VIOLETA TORRES ÁLVAREZ Y FRANCISCO JAVIER PEÑA HERNÁNDEZ y, actores en el juicio natural, con el menor de iniciales K.P.M. y, sobre alguna medida de apremio adecuada para hacer cumplir el mandato judicial, en caso de contumacia de la parte obligada a su cumplimiento, de ser el caso. Asimismo, el juez responsable estableció que, atendiendo a que el artículo 16 Constitucional le exige fundamentar y motivar toda trasgresión a los derechos fundamentales, como es la libertad de las personas, mientras el dispositivo 53 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Veracruz, lo faculta a utilizar diversas medidas de apremio autorizadas, para lograr cumplir sus determinaciones en un procedimiento judicial, contando entre estas las de privación de la libertad hasta por treinta y seis horas, así entonces para que dicha medida no resulte arbitraria, fundaría su decisión sobre las circunstancias de hecho que se advierten de los autos a fin de determinar la idoneidad de su aplicación, ponderando las circunstancias procesales generales y particulares que rodean al hecho, análisis de reincidencia, retraso o imposibilidad del cumplimiento y la trascendencia que tiene en el procedimiento la conducta del infractor, así como las particularidades del rebelde o contumaz ante las órdenes de la autoridad, con la finalidad de medir el grado de comprensión de la gravedad de la sanción y el hecho que implica desobediencia; en atención a lo anterior. Con relación al análisis de conducta de la aquí quejosa, el juez responsable hizo una relación sucinta de las circunstancias integran los autos del expediente 1226/2017 de su índice, haciendo mención de diecisiete actuaciones que abarcan del quince de mayo del dos mil diecisiete en el cual se dio inicio al juicio natural, atendiendo la demanda de Sady Violeta Torre Álvarez y Francisco Javier Peña Hernández respecto a la convivencia con su nieto, hijo de la demandada Guadalupe Mugica Palacios, aquí parte quejosa, ordenándose diligencia de emplazamiento y notificación de audiencia de menores, con apercibimiento de multa de diez UMAS a la madre custodia, hasta el estado procesal en que se encuentra el juicio al momento de dictar su resolución. Ahora bien, de lo expuesto por la autoridad responsable se advierte que: El nueve de noviembre de dos mil diecisiete realizaron emplazamiento de ley a la aquí quejosa, conforme al auto de inicio, así como la notificación de la audiencia de menores programada para el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete El veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete se abrió audiencia de menores en la cual, ante la incomparecencia de la aquí quejosa, se le hizo efectiva la multa de 10 unidades de medida de actualización y se llamó para una próxima entrevista para el veinticinco de enero de dos mil dieciocho con un apercibimiento a la madre custodia, de treinta unidades de medida de actualización. El veinticinco de enero de dos mil dieciocho se dio inicio de audiencia, con la incomparecencia de Guadalupe Mugica Palacios, se hizo efectivo el apercibimiento hecho por acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, consistente en la multa de treinta unidades de medida de actualización y se ordenó citar para un próxima audiencia para el quince de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas, con el apercibimiento que de no comparecer se haría merecedora de un arresto hasta por treinta y seis horas. El quince de febrero de dos mil dieciocho, se pretendió realizar entrevista con el menor involucrado. Constatándose la incomparecencia de la madre custodia del menor. El dos de mayo de dos mil dieciocho, compareció Guadalupe Mugica Palacios y planamente identificada recibió los billetes de depósito que le consignaron los accionantes como alimentos a favor del menor. El once de junio de dos mi dieciocho, se fijó una nueva audiencia para entrevistarse con el menor involucrado, fijada para el tres de septiembre de dos mil dieciocho a las diez horas, con apercibimiento que de no presentarte se le impondría un arresto de hasta por treinta y seis horas. El tres de septiembre de dos mil dieciocho se celebró audiencia de menores, se escucharon a los abuelos paternos y accionante de este juicio, así como también a Guadalupe Mugica Palacios y el menor involucrado decretándose una medida provisional de convivencia de manera supervisada por el Centro de Convivencia Familiar de este distrito Judicial los días viernes de cada semana de diecisiete a diecinueve horas, debiendo dar inicio el siete de septiembre de dos mil dieciocho, se ordenaron también evaluación psicológicas y socioeconómicas a cargo del DIF, entregándose los oficios respectivos en ese mismo acto, teniendo la carga cada uno de los interesados a gestionar para que fueran realizadas las evaluaciones; apercibidos todos que de no cumplir con lo decretado (convivencia y evaluaciones) se les impondría una multa de treinta unidades de medida de actualización. El uno de octubre de dos mil dieciocho se declaró la rebeldía de la demandada Guadalupe Múgica Palacios y se fijó audiencia de desahogo de pruebas en términos del artículo 219 del Código Procesal Civil vigente en el Estado; se agregaron dos informes del Centro de Convivencias, dando noticia de la incomparecencia de Guadalupe Mugica Palacios a sus instalaciones para el desarrollo de convivencia decretada. El treinta de octubre de dos mil diecinueve se celebró audiencia de desahogo de pruebas en términos del numeral 219 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, agregándose ocho reportes del Centro de Convivencia Familiar de este Distrito Judicial, dando cuanta de la incomparecencia de Guadalupe Mugica Palacios a sus instalaciones para ejecutar la medida provisional de convivencia; de igual modo se agregaron las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas de Sady Violeta Torres Álvarez; así mismo se hicieron efectivas las dos multas por treinta unidades de medida de actualización a Guadalupe Mugica Palacios con las cuales se apercibió en audiencia de tres de septiembre de dos mil dieciocho por no cumplir con las convivencias decretadas y las gestiones necesarias para las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas, ordenándose de nueva cuenta el requerimiento para que se diera cumplimiento a las instrucciones del juzgador. Por acuerdo de once de diciembre de dos mil dieciocho se agregaron al sumario cuatro reportes del CECOFAM en el que informaron que no se verificaba la convivencia debido a la no presentación de Guadalupe Mugica Palacios. El veintidós de enero de dos mil diecinueve se agregaron cuatro informes de del CECOFAM sobre la imposibilidad de que se realizara la convivencia debido a la no presentación de Guadalupe Mugica Palacios a dicho centro; también se agregó informe del DIF Municipal en el que informó que Guadalupe Mugica Palacios, no se había presentado a esa institución para la realización de las evaluaciones ordenadas en audiencia de tres de septiembre de dos mil dieciocho. El diecisiete de junio de dos mil diecinueve, compareció Guadalupe Mugica Palacios a recibir los billetes de depósito por el rubro de alimentos a favor de su menor hijo de iniciales K.P.M. y que proporcionaran de manera voluntaria la parte actora de este juicio. Durante la secuela procesal se agregaron constancias por parte del Seguro Social Delegación Regional Norte de esta ciudad en el que dieron noticia de que Guadalupe Mugica Palacios se encontraba empleada en la empresa TUSCOR LLUYDS U K DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Así también se proporcionó informe por parte del Registro del Vocal de Electores del INE que informó que Guadalupe Mugica Palacios reside en Andador Río Boyaca número trecientos ochenta y ocho interior B de la unidad habitacional Las Vegas de la Ciudad de Boca del Río, Veracruz; informe que se corrobora con la identificación que exhibió la demandada al comparecer en autos. Es así como el juez responsable consideró quedar demostrada la contumacia de Guadalupe Mugica Palacios de cumplir con los mandatos judiciales dictados en el juicio del que se trata, en específico sobre cumplir con la convivencia supervisada entre su menor hijo de edad y los abuelos paternos, así como la realización de las evaluaciones psicológicas, como fue ordenado en audiencia de tres de septiembre de dos mil dieciocho; de todo esto dan cuenta las constancias que integran los autos, valoradas en términos de lo que disponen los artículos 261 fracción VIII, 326 y 337 del Código Procesal Civil vigente en el Estado, pues en audiencia de tres de septiembre se le escuchó, así como a los abuelos y al menor involucrado, contando con la asistencia de una psicóloga por parte del DIF Municipal, decretándose una medida de convivencia provisional de manera supervisada los viernes de cada semana de diecisiete a diecinueve horas, debiendo dar inicio el siete de septiembre de dos mil dieciocho, ordenándose también evaluaciones psicológicas y socioeconómicas a cargo del DIF Municipal; entregándose los oficios respectivos en ese mismo acto, apercibidos todos que de no cumplir con lo decretado se les impondría una multa de treinta unidades de medida de actualización; decreto judicial que no fue combatido y causó efectos en términos del numeral 95 del Código Procesal multicitado, sin embargo Guadalupe Mugica Palacios no dio cumplimiento a ninguna de las instrucciones, muestra de ello fue que por acuerdos de uno y treinta de octubre de dos mil dieciocho, se agregaron dos y ocho reportes del CECOFAM, respectivamente, dando cuanta de la no convivencia debido a la inasistencia de la madre custodia, por tanto se hicieron efectivos los medios de apremio de multa, librándose los oficios respectivos a la autoridad hacendaria y se requirió el cumplimiento con apercibimiento de arresto. No obstante lo anterior, el juez señaló que el once de diciembre de dos mil dieciocho y el veintidós de enero de dos mil diecinueve, se agregaron al sumario cuatro reportes más del CECOFAM, en cada uno de los autos anteriormente citados, todos en el mismo sentido, de la imposibilidad de verificarse la convivencia debido a la no presentación de la demandada; además se agregó el informe del DIF Municipal en el que informó que la madre custodia no se había presentado a esa institución para la realización de las evaluaciones ordenadas en audiencia de tres de septiembre de dos mil dieciocho. De la misma manera, el juez responsable enfatizó el hecho de que la aquí quejosa, fue citada en cuatro ocasiones distintas, previo a la celebración de la audiencia especial del menor involucrado que finalmente se llevó a cabo el tres de septiembre de dos mil dieciocho, siendo la madre custodia omisa a cumplir con las disposiciones judiciales decretadas en favor de su hijo, sin mediar justificación alguna, a pesar de ser sabedora de las mismas. Por otro lado, respecto a las circunstancias procesales generales, el juez responsable hace notar que el presente asunto se encuentra pendiente para el dictado de la sentencia definitiva, habiéndose llevado a cabo del desahogo de las pruebas ofertadas, cerrados el periodo probatorio, aperturándose la de alegatos, teniendo como diligencias pendientes a desarrollar la verificación de la medida provisional en el centro de convivencia familiar y las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas, todas esas necesarias para resolver en definitiva sobre el derecho que se reclama por parte de los actores. Asimismo, el juez responsable, hizo notar que el procedimiento en que se actúa es de índole familiar que es un conjunto de principios y valores procedentes de la Constitución, de los tratados internacionales, así como de las leyes e interpretaciones jurisprudenciales, dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y regular la conducta de sus integrantes entre sí, conformadas, y también a delimitar las relaciones, conyugales, de concubinato y de parentesco, conformadas por un sistema especial de protección de derechos y obligaciones respectos de menores, incapacitados, mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades y deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia alcanza el rango de orden público e interés social. Entonces así tenemos que en los procedimientos donde se involucran derechos de menores de edad, el eje rector es el interés superior del menor, que se entiende por el catálogo de valores y principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar la condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible; concluyendo así que los derechos inherentes a los miembros de la familia y, en especial, de los menores, es de orden e interés social público, lo que deriva de la interpretación del artículo 4 Constitucional; luego entonces resulta prioritario atender lo relativo a su guarda, custodia y derechos de convivencia con el padre no custodio. Entonces así, el juez señaló que el actuar de Guadalupe Mugica Palacios, ha violentado la impartición de justicia en plazos razonables, tanto de los actores como el del menor involucrado, al cual se le ha vedado el derecho de disfrutar de la interacción con los abuelos paternos infringiendo lo previsto en los numerales 5 y 8 de la Convención Sobre los Derechos de los Niños, la cual reconoce la existencia de la familia ampliada y en ella debe comprenderse al padre, la madre, los hermanos, los abuelos, etc., asimismo establece que los menores tienen derecho a tener relaciones familiares; esto es que los sujetos titulares del derecho de convivir con los parientes no son estos últimos, sino los menores; porque solo de esta manera pueden existir situaciones o circunstancias que afiancen su desarrollo, dignidad y respeto a sus derechos, de modo que se garantice un entorno de seguridad, afecto y salud, que le permita realizarse como sujetos. Por tal motivo, si el juzgado responsable determinó en autos que debe existir una convivencia entre los abuelos y el menor involucrado, esa decisión se encuentra justificada en atención al derecho de éste a crecer en un entorno de afecto junto a su familia, debiendo asegurar su goce efectivo. Respecto a la circunstancias procesales particulares; el juez responsable puntualizó que la finalidad de la medida de apremio de arresto es cumplir la determinación de que Guadalupe Mugica Palacios comparezca en compañía de su menor hijo de iniciales K.P.M., al centro de convivencia de convivencia familiar y permita que este interactúe con sus abuelos paternos bajo un ambiente armónico, supervisado con personal multidisciplinario que le brinde seguridad al menor y atención en cualquier condición que se presente, esto como medida que para garantizar el interés superior del menor involucrado, relativas a asegurar su derecho a la convivencia y vinculación afectiva con sus padres, o bien, con los miembros de la familia, como lo refiere el artículo 5 de la Convención Sobre los Derechos del Niño. Es así como el juzgador responsable determinó, que en la especie, no existe restricción alguna para no hacer efectivo el derecho de convivencia del menor con sus abuelos paternos, que ella no se interrumpa o se impida en las condiciones adecuadas; así la medida provisional decretada de convivencia entre los abuelos y el menor, se encuentra justificada en atención al derecho de éstos a crecer en un entorno de afecto junto a su familia, y a asegurar su goce efectivo. En la misma tesitura la obligación de la madre custodia a someterse a la realización de las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas ordenadas por parte del DIF Municipal son con la finalidad de conocer el ambiente del infante y su estado psicológico para proveer en consecuencia. De igual manera, el juez responsable hizo notar que la medida de apremio del arresto con el que se apercibió a Guadalupe Mugica Palacios es idónea su aplicación en el momento procesal que resuelve, considerando que, en diversas ocasiones se le ha requerido el cumplimiento de la convivencia, así como la realización de las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas por parte del DIF Municipal de su municipio, que inclusive se hico efectivo el medio de apremio de multa de treinta unidades de medidas de actualización, con lo que se demuestra que la sancionada no ha mostrado respeto a la órdenes emanadas por una autoridad judicial especializada en materia familiar, en el ejercicio de sus funciones y a cuya competencia se sometió. Así mismo resaltó que fijó una nueva entrevista entre el menor, la madre custodia y los abuelos, en atención a lo solicitado por este órgano jurisdiccional, esto como obligación impuesta a la aquí quejosa a comparecer ante la autoridad responsable con su menor hijo, a efecto de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida mediante interlocutoria de seis de julio de la presente anualidad, dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 398/2021, a la cual no compareció, sin mediar justificación alguna. De igual modo, consideró idónea la medida para que la contumaz concientice las consecuencias de desobediencia a un mandato de justicia, pues ha quedado demostrada una falta de respeto a las autoridades judiciales, conducta que le es reprochable pues son precisamente las instituciones del Estado Mexicano quienes son las encargadas de administrar justicia, sin que sean válidas las rebeldías injustificadas, que traen aparejada la violación al acceso a la justicia a la parte contraria del juicio, y en este caso en particular al propio menor involucrado. De igual manera, el juez destacó que el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Veracruz, establece entre sus hipótesis para hacer cumplir las determinaciones judiciales el auxilio de la fuerza pública y el cateo, pero ninguna de ellas cumple con la finalidad de concientizar a la desobediente del mandato. Respecto a auxilio de la fuerza pública, en el cumplimiento de la medida de convivencia fijada, esto es, hacer comparecer a la madre con elementos de seguridad, el juez la desestimó como adecuada, ya que de decretarse se violentaría el derecho del menor involucrado, ya que la medida de apremio referida implicaría para el menor, privación (aunque momentánea) de su libertad personal, pues tal medida se materializaría necesariamente en él, por lo que no sólo puede causarle una afectación en su salud mental al no contar con la capacidad para comprender la situación, sino que también lo expondría a sufrir daño corporal, en caso de que la madre a la quien se requiera su presentación para la convivencia oponga resistencia. En el mismo sentido resulta la medida de la fuerza pública para la elaboración de las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas, aunado a un evento de esa naturaleza, podría causar un muy probablemente efecto en el resultado de las evaluaciones. En relación con el cateo por escrito, el juez determinó que resulta improcedente en el supuesto, pues ningún efecto práctico traería para el menor, como principal protagónico para la convivencia fijada. En ese sentido, al haberse verificado la medida de apremio de multa, sin que sean aplicables las concernientes a auxilio de la fuerza pública y el cateo, lo ajustado a derecho es inclinarse por la privación de la libertad, entendiendo que la misma se ha justificado por la rebeldía de Guadalupe Mugica Palacios, con la finalidad de que concientice sobre la importancia y relevancia en el procedimiento de la diligencia que se busca, además de ser ejemplificativa. Por otro lado, respecto a la gravedad de la sanción, el juez puntualizó que de los antecedentes descritos en párrafos anteriores, ha quedado de manifiesto que pese que ha sido notificada y requerida en diversas ocasiones, a efecto de que comparezca a la convivencia familiar y a la realización de los evaluaciones psicológicas y socioeconómicas, la aquí quejosa ha reincidente en desobedecer las órdenes judiciales y, con su conducta se ha provocado el retraso de procedimiento, quedando pendiente únicamente se verifique la convivencia provisional y la realización de la evaluaciones, trayendo como consecuencia la violación al derecho de acceso a la justicia pronta y expedita que establece el artículo 17 constitucional a los aquí demandantes, así como el impedir sistemáticamente el derecho de su menor hijo a mantener la relación personal con su abuelos paternos, máxime si consideramos que el padre no ha estado presente en la vida del infante. Circunstancia significativa que da nota de la conducta dolosa de Guadalupe Mugica Palacios, es el hecho de que en diversas ocasiones ha comparecido ante el juzgado responsable a recibir las cantidades de dinero que consignaran los actores Sady Violeta Torres Álvarez y Francisco Javier Peña Hernández en el rubro de alimentos a favor de su nieto, es decir, Guadalupe Mugica Palacios, sí ha aceptado el numerario económico de la familia paterna extensa de su hijo, sin embargo no ha mostrado responsabilidad con su hijo para permitir un acercamiento con sus abuelos, sin que medie justificación razonable. Y por último, respecto a las particularidades de la demandada infractora, el juez señaló que de acuerdo a las actuaciones en el expediente, se advierte estar ante una mujer adulta a cargo de un hijo menor de edad, de clase media, residiendo en una unidad habitacional, que cuenta con los servicios básicos, domicilio que coincide con el proporcionado por la misma demandada mediante identificación que proporcionó en comparecencia ante este juzgado, que cuenta con servicio médico según informe de la Delegación Regional del Seguro Social de esta ciudad, que recibe un ingreso por su trabajo en la empresa TUSCOR LLOYDS U K DE MÉXICO, S.A. DE C.V., que no se advierte que cuente con alguna condición especial física o psicológica que no le permita comprender las diversas fases del proceso, mucho menos padezca de alguna discapacidad física que le dificulte el traslado y no le permita cumplir con la convivencia supervisada o a acudir a las instalaciones del DIF para la realización de la evaluaciones; por lo que se considera que cuenta con la capacidad para entender los hechos que nos ocupan, así como los diversos requerimientos que esta autoridad le ha hecho, que ha mostrado estar informada de la secuela procesal, pues ha acudido a recibir los billetes de depósito que por alimentos le han consignado los accionantes de juicio, que no es mujer ignorante de las instituciones de estado, tratándose de fémina con conocimientos suficientes que le permiten conocer las obligaciones ciudadanas de madre, lo que llevó al juez a considerar que su desobediencia ha sido por demás dolosa en perjuicio de los miembros de su familia, sobre todo de su hijo y de la administración de justicia. Con base en todo lo anteriormente expuesto, el juez responsable, concluyó que la medida de arresto es idónea, es necesaria ante la contumacia de Guadalupe Mugica Palacios, razonable por su condiciones personales y es efectiva para concientizar su deber de comparecer al Centro de Convivencia Familiar del Décimo Séptimo Distrito Judicial, para que se realice la interacción familiar con su abuelos paternos, así como a las instalaciones del DIF Municipal para la realización de las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas con la única finalidad de proveer con base en el interés supremo del menor. En esa tesitura, tomando en consideración que, a pesar de haber requerido a Guadalupe Mugica Palacios, para que compareciera al Centro de Convivencia Familiar de este Distrito Judicial para que permita la interacción de su menor hijo con los abuelos paternos, así como para la realización de las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas por parte del DIF Municipal, evidenciándose una conducta notoriamente rebelde a las disposiciones de ese tribunal, sin exposición de motivos o razones justificables para no acatar lo ordenado, entorpeciendo la secuela procesal del expediente 1226/2017 y la administración de justicia, garantía prevista al gobernado en el artículo 17 Constitucional, violentando los derechos de su menor hijo, previsto en los numerales 4 de la Carta Magna, 1,3,4,5,y,8, de la Convención Sobre los Derechos del Niño, contando este Juzgado Especializado en Materia Familiar con la potestad de utilizar las medidas de apremio establecidas legalmente para hacer cumplir sus determinaciones; el juez le hizo efectivo el apercibimiento decretado en su contra en audiencia de treinta de octubre de dos mil dieciocho y con fundamento en el artículo 53 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles le impusó un arresto a Guadalupe Mugica Palacios de TREINTA Y CUATRO HORAS por desacato a un mandato judicial. Temporalidad que estimó justa y equitativa atendiendo a las circunstancias procesales generales y particulares, a la gravedad de la sanción y a las particularidades de la infractora, las cuales reseñó en párrafos que anteceden. En consecuencia, el juez ordenó girar oficio al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, a fin de que ordene a quien corresponda, localicen, detengan y pongan a disposición de ese juzgado a Guadalupe Mugica Palacios, internándola en el Centro de Reclusión que para tal efecto esa autoridad disponga, y una vez concluido dicho término deberá poner en inmediata libertad informando a ese tribunal sobre su cumplimiento, respetando en todo momento sus derechos humanos. Asimismo, el juez responsable dictó una serie de medidas que deberá observar quien tenga a cargo ejecutar la orden del arresto, en el caso de que Guadalupe Mugica Palacios, se encuentre al momento del arresto en compañía de su menor hijo, a la cual deberán preguntar y concederle el derecho para que de viva voz indique bajo el cuidado de quién podrá quedarse el menor durante las horas que dura la medida de apremio, ello maximizando el derecho del menor de edad involucrado. Por otro lado, en cuanto hace a la diversa autoridad responsable ejecutora Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante oficio SSP/DGJ/CDP/AMP/1347/2021, de veintiséis octubre de la presente anualidad, signado por el Director General Jurídico y Representante Legal del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, remitido vía correo electrónico oficial, informó a este órgano jurisdiccional que a través del diverso SSP/DGJ/CDP/AMP/1346/2021, exhortó al Subsecretario de Operaciones adscrito a esa Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, a efecto de que conmine al personal bajo su mano al cumplimiento de la ejecutoria dictada en este asunto, para lo cual deberá dejar sin efectos la orden de arresto girada mediante oficio SSP/DGJ/AFP/487/2020 de cuatro de febrero de dos mil veinte, con motivo de la solicitud de auxilio de la fuerza pública, requerida por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, ordenada dentro del expediente 1226/2017, únicamente en la parte relativa a la imposición de las medidas de apremio consistentes en la privación de la libertad de Guadalupe Mugica Palacios, por el término de treinta y seis horas. En ese contexto, se aprecia que el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo dictada en autos, dejó insubsistente el auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 1226/2017 de su índice, en el que se hizo efectiva la orden de arresto por treinta y seis horas decretado contra la aquí quejosa, y con libertad de jurisdicción, emitió uno nuevo en el que consideró necesario imponer nuevamente un arresto como medida de apremio, explicando los motivos por los cuales es la más idónea, necesaria, razonable y efectiva para que la quejosa cumpla con la obligación de acudir junto con el menor involucrado, a la realización de los estudios psicológicos y socioeconómicos ordenados, justificando los motivos y razones respecto de la temporalidad de la duración de la medida dentro del parámetro establecido entre una hora como mínimo y treinta y seis horas como máximo. Asimismo, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, dejó sin efectos el acto de ejecución que se le atribuyó, consistente en la orden de arresto girada mediante oficio SSP/DGJ/AFP/487/2020 de cuatro de febrero de dos mil veinte, en la parte relativa a la imposición de la medida de apremio de privación de la libertad de Guadalupe Mugica Palacios, por el término de treinta y seis horas Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafo de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General . Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
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Boca del Río, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de los autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes quejosa y tercero interesada, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que hicieran manifestación alguna dentro del plazo que se les otorgó para ello. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no lo está, si las responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no exista materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que mediante sentencia autorizada el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a GUADALUPE MUGICA PALACIOS, POR SU PROPIO DERECHO, Y EN REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJO DE INICIALES S. K. P. M., para los efectos siguientes: "[.] Lo anterior, para el efecto de que, el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad: Deje sin efecto el auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 1226/2017 de su índice, en el que se hizo efectiva la orden de arresto por treinta y seis horas decretado contra la aquí quejosa. Con libertad de jurisdicción, emita uno nuevo en el que, de considerar necesario imponer nuevamente un arresto como medida de apremio, explique los motivos por los cuales es la más idónea, necesaria, razonable y efectiva para que la quejosa cumpla con la obligación de acudir junto con el menor involucrado, a la realización de los estudios psicológicos y socioeconómicos ordenados, teniendo además la obligación de justificar los motivos y razones respecto de la temporalidad de la duración de la medida dentro del parámetro establecido entre una hora como mínimo y treinta y seis horas como máximo. Concesión del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, al no haber sido combatidos por vicios propios sino en vía de consecuencia del acuerdo reclamado [.]" Posteriormente, mediante proveído de catorce de octubre siguiente, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables 1. Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz y 2. Secretario de Seguridad Pública, con residencia en Veracruz, Veracruz. Seguidamente, en autos de cinco de noviembre de la presente anualidad, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio 7649/2021 de veinte de octubre de la presente anualidad, el 1. Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz, informó que mediante proveído de la misma data, dentro del expediente 1226/2017, de su estadística, promovido por SADY VIOLETA TORRES ÁLVAREZ Y FRANCISCO JAVIER PEÑA HERNÁNDEZ, en contra de la aquí quejosa; GUADALUPE MUGICA PALACIOS, dictó auto por el cual dejó insubsistente el proveído de cuatro de julio de dos mil diecinueve, y turnó los autos para resolver, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Posteriormente, mediante oficio 7662/2021 de veintiuno de octubre siguiente, el juez responsable remitió copia certificada de la resolución dictada de esa fecha, de la cual se advierte que con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, reiteró dejar insubsistente la orden de arresto del cuatro de julio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 1226/2017 de su índice. Seguidamente, procedió a establecer los parámetros bajos los cuales resolvería el derecho de convivencia demandado por los aquí terceros interesados SADY VIOLETA TORRES ÁLVAREZ Y FRANCISCO JAVIER PEÑA HERNÁNDEZ y, actores en el juicio natural, con el menor de iniciales K.P.M. y, sobre alguna medida de apremio adecuada para hacer cumplir el mandato judicial, en caso de contumacia de la parte obligada a su cumplimiento, de ser el caso. Asimismo, el juez responsable estableció que, atendiendo a que el artículo 16 Constitucional le exige fundamentar y motivar toda trasgresión a los derechos fundamentales, como es la libertad de las personas, mientras el dispositivo 53 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Veracruz, lo faculta a utilizar diversas medidas de apremio autorizadas, para lograr cumplir sus determinaciones en un procedimiento judicial, contando entre estas las de privación de la libertad hasta por treinta y seis horas, así entonces para que dicha medida no resulte arbitraria, fundaría su decisión sobre las circunstancias de hecho que se advierten de los autos a fin de determinar la idoneidad de su aplicación, ponderando las circunstancias procesales generales y particulares que rodean al hecho, análisis de reincidencia, retraso o imposibilidad del cumplimiento y la trascendencia que tiene en el procedimiento la conducta del infractor, así como las particularidades del rebelde o contumaz ante las órdenes de la autoridad, con la finalidad de medir el grado de comprensión de la gravedad de la sanción y el hecho que implica desobediencia; en atención a lo anterior. Con relación al análisis de conducta de la aquí quejosa, el juez responsable hizo una relación sucinta de las circunstancias integran los autos del expediente 1226/2017 de su índice, haciendo mención de diecisiete actuaciones que abarcan del quince de mayo del dos mil diecisiete en el cual se dio inicio al juicio natural, atendiendo la demanda de Sady Violeta Torre Álvarez y Francisco Javier Peña Hernández respecto a la convivencia con su nieto, hijo de la demandada Guadalupe Mugica Palacios, aquí parte quejosa, ordenándose diligencia de emplazamiento y notificación de audiencia de menores, con apercibimiento de multa de diez UMAS a la madre custodia, hasta el estado procesal en que se encuentra el juicio al momento de dictar su resolución. Ahora bien, de lo expuesto por la autoridad responsable se advierte que: El nueve de noviembre de dos mil diecisiete realizaron emplazamiento de ley a la aquí quejosa, conforme al auto de inicio, así como la notificación de la audiencia de menores programada para el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete El veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete se abrió audiencia de menores en la cual, ante la incomparecencia de la aquí quejosa, se le hizo efectiva la multa de 10 unidades de medida de actualización y se llamó para una próxima entrevista para el veinticinco de enero de dos mil dieciocho con un apercibimiento a la madre custodia, de treinta unidades de medida de actualización. El veinticinco de enero de dos mil dieciocho se dio inicio de audiencia, con la incomparecencia de Guadalupe Mugica Palacios, se hizo efectivo el apercibimiento hecho por acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, consistente en la multa de treinta unidades de medida de actualización y se ordenó citar para un próxima audiencia para el quince de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas, con el apercibimiento que de no comparecer se haría merecedora de un arresto hasta por treinta y seis horas. El quince de febrero de dos mil dieciocho, se pretendió realizar entrevista con el menor involucrado. Constatándose la incomparecencia de la madre custodia del menor. El dos de mayo de dos mil dieciocho, compareció Guadalupe Mugica Palacios y planamente identificada recibió los billetes de depósito que le consignaron los accionantes como alimentos a favor del menor. El once de junio de dos mi dieciocho, se fijó una nueva audiencia para entrevistarse con el menor involucrado, fijada para el tres de septiembre de dos mil dieciocho a las diez horas, con apercibimiento que de no presentarte se le impondría un arresto de hasta por treinta y seis horas. El tres de septiembre de dos mil dieciocho se celebró audiencia de menores, se escucharon a los abuelos paternos y accionante de este juicio, así como también a Guadalupe Mugica Palacios y el menor involucrado decretándose una medida provisional de convivencia de manera supervisada por el Centro de Convivencia Familiar de este distrito Judicial los días viernes de cada semana de diecisiete a diecinueve horas, debiendo dar inicio el siete de septiembre de dos mil dieciocho, se ordenaron también evaluación psicológicas y socioeconómicas a cargo del DIF, entregándose los oficios respectivos en ese mismo acto, teniendo la carga cada uno de los interesados a gestionar para que fueran realizadas las evaluaciones; apercibidos todos que de no cumplir con lo decretado (convivencia y evaluaciones) se les impondría una multa de treinta unidades de medida de actualización. El uno de octubre de dos mil dieciocho se declaró la rebeldía de la demandada Guadalupe Múgica Palacios y se fijó audiencia de desahogo de pruebas en términos del artículo 219 del Código Procesal Civil vigente en el Estado; se agregaron dos informes del Centro de Convivencias, dando noticia de la incomparecencia de Guadalupe Mugica Palacios a sus instalaciones para el desarrollo de convivencia decretada. El treinta de octubre de dos mil diecinueve se celebró audiencia de desahogo de pruebas en términos del numeral 219 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, agregándose ocho reportes del Centro de Convivencia Familiar de este Distrito Judicial, dando cuanta de la incomparecencia de Guadalupe Mugica Palacios a sus instalaciones para ejecutar la medida provisional de convivencia; de igual modo se agregaron las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas de Sady Violeta Torres Álvarez; así mismo se hicieron efectivas las dos multas por treinta unidades de medida de actualización a Guadalupe Mugica Palacios con las cuales se apercibió en audiencia de tres de septiembre de dos mil dieciocho por no cumplir con las convivencias decretadas y las gestiones necesarias para las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas, ordenándose de nueva cuenta el requerimiento para que se diera cumplimiento a las instrucciones del juzgador. Por acuerdo de once de diciembre de dos mil dieciocho se agregaron al sumario cuatro reportes del CECOFAM en el que informaron que no se verificaba la convivencia debido a la no presentación de Guadalupe Mugica Palacios. El veintidós de enero de dos mil diecinueve se agregaron cuatro informes de del CECOFAM sobre la imposibilidad de que se realizara la convivencia debido a la no presentación de Guadalupe Mugica Palacios a dicho centro; también se agregó informe del DIF Municipal en el que informó que Guadalupe Mugica Palacios, no se había presentado a esa institución para la realización de las evaluaciones ordenadas en audiencia de tres de septiembre de dos mil dieciocho. El diecisiete de junio de dos mil diecinueve, compareció Guadalupe Mugica Palacios a recibir los billetes de depósito por el rubro de alimentos a favor de su menor hijo de iniciales K.P.M. y que proporcionaran de manera voluntaria la parte actora de este juicio. Durante la secuela procesal se agregaron constancias por parte del Seguro Social Delegación Regional Norte de esta ciudad en el que dieron noticia de que Guadalupe Mugica Palacios se encontraba empleada en la empresa TUSCOR LLUYDS U K DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Así también se proporcionó informe por parte del Registro del Vocal de Electores del INE que informó que Guadalupe Mugica Palacios reside en Andador Río Boyaca número trecientos ochenta y ocho interior B de la unidad habitacional Las Vegas de la Ciudad de Boca del Río, Veracruz; informe que se corrobora con la identificación que exhibió la demandada al comparecer en autos. Es así como el juez responsable consideró quedar demostrada la contumacia de Guadalupe Mugica Palacios de cumplir con los mandatos judiciales dictados en el juicio del que se trata, en específico sobre cumplir con la convivencia supervisada entre su menor hijo de edad y los abuelos paternos, así como la realización de las evaluaciones psicológicas, como fue ordenado en audiencia de tres de septiembre de dos mil dieciocho; de todo esto dan cuenta las constancias que integran los autos, valoradas en términos de lo que disponen los artículos 261 fracción VIII, 326 y 337 del Código Procesal Civil vigente en el Estado, pues en audiencia de tres de septiembre se le escuchó, así como a los abuelos y al menor involucrado, contando con la asistencia de una psicóloga por parte del DIF Municipal, decretándose una medida de convivencia provisional de manera supervisada los viernes de cada semana de diecisiete a diecinueve horas, debiendo dar inicio el siete de septiembre de dos mil dieciocho, ordenándose también evaluaciones psicológicas y socioeconómicas a cargo del DIF Municipal; entregándose los oficios respectivos en ese mismo acto, apercibidos todos que de no cumplir con lo decretado se les impondría una multa de treinta unidades de medida de actualización; decreto judicial que no fue combatido y causó efectos en términos del numeral 95 del Código Procesal multicitado, sin embargo Guadalupe Mugica Palacios no dio cumplimiento a ninguna de las instrucciones, muestra de ello fue que por acuerdos de uno y treinta de octubre de dos mil dieciocho, se agregaron dos y ocho reportes del CECOFAM, respectivamente, dando cuanta de la no convivencia debido a la inasistencia de la madre custodia, por tanto se hicieron efectivos los medios de apremio de multa, librándose los oficios respectivos a la autoridad hacendaria y se requirió el cumplimiento con apercibimiento de arresto. No obstante lo anterior, el juez señaló que el once de diciembre de dos mil dieciocho y el veintidós de enero de dos mil diecinueve, se agregaron al sumario cuatro reportes más del CECOFAM, en cada uno de los autos anteriormente citados, todos en el mismo sentido, de la imposibilidad de verificarse la convivencia debido a la no presentación de la demandada; además se agregó el informe del DIF Municipal en el que informó que la madre custodia no se había presentado a esa institución para la realización de las evaluaciones ordenadas en audiencia de tres de septiembre de dos mil dieciocho. De la misma manera, el juez responsable enfatizó el hecho de que la aquí quejosa, fue citada en cuatro ocasiones distintas, previo a la celebración de la audiencia especial del menor involucrado que finalmente se llevó a cabo el tres de septiembre de dos mil dieciocho, siendo la madre custodia omisa a cumplir con las disposiciones judiciales decretadas en favor de su hijo, sin mediar justificación alguna, a pesar de ser sabedora de las mismas. Por otro lado, respecto a las circunstancias procesales generales, el juez responsable hace notar que el presente asunto se encuentra pendiente para el dictado de la sentencia definitiva, habiéndose llevado a cabo del desahogo de las pruebas ofertadas, cerrados el periodo probatorio, aperturándose la de alegatos, teniendo como diligencias pendientes a desarrollar la verificación de la medida provisional en el centro de convivencia familiar y las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas, todas esas necesarias para resolver en definitiva sobre el derecho que se reclama por parte de los actores. Asimismo, el juez responsable, hizo notar que el procedimiento en que se actúa es de índole familiar que es un conjunto de principios y valores procedentes de la Constitución, de los tratados internacionales, así como de las leyes e interpretaciones jurisprudenciales, dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y regular la conducta de sus integrantes entre sí, conformadas, y también a delimitar las relaciones, conyugales, de concubinato y de parentesco, conformadas por un sistema especial de protección de derechos y obligaciones respectos de menores, incapacitados, mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades y deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia alcanza el rango de orden público e interés social. Entonces así tenemos que en los procedimientos donde se involucran derechos de menores de edad, el eje rector es el interés superior del menor, que se entiende por el catálogo de valores y principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar la condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible; concluyendo así que los derechos inherentes a los miembros de la familia y, en especial, de los menores, es de orden e interés social público, lo que deriva de la interpretación del artículo 4 Constitucional; luego entonces resulta prioritario atender lo relativo a su guarda, custodia y derechos de convivencia con el padre no custodio. Entonces así, el juez señaló que el actuar de Guadalupe Mugica Palacios, ha violentado la impartición de justicia en plazos razonables, tanto de los actores como el del menor involucrado, al cual se le ha vedado el derecho de disfrutar de la interacción con los abuelos paternos infringiendo lo previsto en los numerales 5 y 8 de la Convención Sobre los Derechos de los Niños, la cual reconoce la existencia de la familia ampliada y en ella debe comprenderse al padre, la madre, los hermanos, los abuelos, etc., asimismo establece que los menores tienen derecho a tener relaciones familiares; esto es que los sujetos titulares del derecho de convivir con los parientes no son estos últimos, sino los menores; porque solo de esta manera pueden existir situaciones o circunstancias que afiancen su desarrollo, dignidad y respeto a sus derechos, de modo que se garantice un entorno de seguridad, afecto y salud, que le permita realizarse como sujetos. Por tal motivo, si el juzgado responsable determinó en autos que debe existir una convivencia entre los abuelos y el menor involucrado, esa decisión se encuentra justificada en atención al derecho de éste a crecer en un entorno de afecto junto a su familia, debiendo asegurar su goce efectivo. Respecto a la circunstancias procesales particulares; el juez responsable puntualizó que la finalidad de la medida de apremio de arresto es cumplir la determinación de que Guadalupe Mugica Palacios comparezca en compañía de su menor hijo de iniciales K.P.M., al centro de convivencia de convivencia familiar y permita que este interactúe con sus abuelos paternos bajo un ambiente armónico, supervisado con personal multidisciplinario que le brinde seguridad al menor y atención en cualquier condición que se presente, esto como medida que para garantizar el interés superior del menor involucrado, relativas a asegurar su derecho a la convivencia y vinculación afectiva con sus padres, o bien, con los miembros de la familia, como lo refiere el artículo 5 de la Convención Sobre los Derechos del Niño. Es así como el juzgador responsable determinó, que en la especie, no existe restricción alguna para no hacer efectivo el derecho de convivencia del menor con sus abuelos paternos, que ella no se interrumpa o se impida en las condiciones adecuadas; así la medida provisional decretada de convivencia entre los abuelos y el menor, se encuentra justificada en atención al derecho de éstos a crecer en un entorno de afecto junto a su familia, y a asegurar su goce efectivo. En la misma tesitura la obligación de la madre custodia a someterse a la realización de las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas ordenadas por parte del DIF Municipal son con la finalidad de conocer el ambiente del infante y su estado psicológico para proveer en consecuencia. De igual manera, el juez responsable hizo notar que la medida de apremio del arresto con el que se apercibió a Guadalupe Mugica Palacios es idónea su aplicación en el momento procesal que resuelve, considerando que, en diversas ocasiones se le ha requerido el cumplimiento de la convivencia, así como la realización de las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas por parte del DIF Municipal de su municipio, que inclusive se hico efectivo el medio de apremio de multa de treinta unidades de medidas de actualización, con lo que se demuestra que la sancionada no ha mostrado respeto a la órdenes emanadas por una autoridad judicial especializada en materia familiar, en el ejercicio de sus funciones y a cuya competencia se sometió. Así mismo resaltó que fijó una nueva entrevista entre el menor, la madre custodia y los abuelos, en atención a lo solicitado por este órgano jurisdiccional, esto como obligación impuesta a la aquí quejosa a comparecer ante la autoridad responsable con su menor hijo, a efecto de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida mediante interlocutoria de seis de julio de la presente anualidad, dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 398/2021, a la cual no compareció, sin mediar justificación alguna. De igual modo, consideró idónea la medida para que la contumaz concientice las consecuencias de desobediencia a un mandato de justicia, pues ha quedado demostrada una falta de respeto a las autoridades judiciales, conducta que le es reprochable pues son precisamente las instituciones del Estado Mexicano quienes son las encargadas de administrar justicia, sin que sean válidas las rebeldías injustificadas, que traen aparejada la violación al acceso a la justicia a la parte contraria del juicio, y en este caso en particular al propio menor involucrado. De igual manera, el juez destacó que el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Veracruz, establece entre sus hipótesis para hacer cumplir las determinaciones judiciales el auxilio de la fuerza pública y el cateo, pero ninguna de ellas cumple con la finalidad de concientizar a la desobediente del mandato. Respecto a auxilio de la fuerza pública, en el cumplimiento de la medida de convivencia fijada, esto es, hacer comparecer a la madre con elementos de seguridad, el juez la desestimó como adecuada, ya que de decretarse se violentaría el derecho del menor involucrado, ya que la medida de apremio referida implicaría para el menor, privación (aunque momentánea) de su libertad personal, pues tal medida se materializaría necesariamente en él, por lo que no sólo puede causarle una afectación en su salud mental al no contar con la capacidad para comprender la situación, sino que también lo expondría a sufrir daño corporal, en caso de que la madre a la quien se requiera su presentación para la convivencia oponga resistencia. En el mismo sentido resulta la medida de la fuerza pública para la elaboración de las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas, aunado a un evento de esa naturaleza, podría causar un muy probablemente efecto en el resultado de las evaluaciones. En relación con el cateo por escrito, el juez determinó que resulta improcedente en el supuesto, pues ningún efecto práctico traería para el menor, como principal protagónico para la convivencia fijada. En ese sentido, al haberse verificado la medida de apremio de multa, sin que sean aplicables las concernientes a auxilio de la fuerza pública y el cateo, lo ajustado a derecho es inclinarse por la privación de la libertad, entendiendo que la misma se ha justificado por la rebeldía de Guadalupe Mugica Palacios, con la finalidad de que concientice sobre la importancia y relevancia en el procedimiento de la diligencia que se busca, además de ser ejemplificativa. Por otro lado, respecto a la gravedad de la sanción, el juez puntualizó que de los antecedentes descritos en párrafos anteriores, ha quedado de manifiesto que pese que ha sido notificada y requerida en diversas ocasiones, a efecto de que comparezca a la convivencia familiar y a la realización de los evaluaciones psicológicas y socioeconómicas, la aquí quejosa ha reincidente en desobedecer las órdenes judiciales y, con su conducta se ha provocado el retraso de procedimiento, quedando pendiente únicamente se verifique la convivencia provisional y la realización de la evaluaciones, trayendo como consecuencia la violación al derecho de acceso a la justicia pronta y expedita que establece el artículo 17 constitucional a los aquí demandantes, así como el impedir sistemáticamente el derecho de su menor hijo a mantener la relación personal con su abuelos paternos, máxime si consideramos que el padre no ha estado presente en la vida del infante. Circunstancia significativa que da nota de la conducta dolosa de Guadalupe Mugica Palacios, es el hecho de que en diversas ocasiones ha comparecido ante el juzgado responsable a recibir las cantidades de dinero que consignaran los actores Sady Violeta Torres Álvarez y Francisco Javier Peña Hernández en el rubro de alimentos a favor de su nieto, es decir, Guadalupe Mugica Palacios, sí ha aceptado el numerario económico de la familia paterna extensa de su hijo, sin embargo no ha mostrado responsabilidad con su hijo para permitir un acercamiento con sus abuelos, sin que medie justificación razonable. Y por último, respecto a las particularidades de la demandada infractora, el juez señaló que de acuerdo a las actuaciones en el expediente, se advierte estar ante una mujer adulta a cargo de un hijo menor de edad, de clase media, residiendo en una unidad habitacional, que cuenta con los servicios básicos, domicilio que coincide con el proporcionado por la misma demandada mediante identificación que proporcionó en comparecencia ante este juzgado, que cuenta con servicio médico según informe de la Delegación Regional del Seguro Social de esta ciudad, que recibe un ingreso por su trabajo en la empresa TUSCOR LLOYDS U K DE MÉXICO, S.A. DE C.V., que no se advierte que cuente con alguna condición especial física o psicológica que no le permita comprender las diversas fases del proceso, mucho menos padezca de alguna discapacidad física que le dificulte el traslado y no le permita cumplir con la convivencia supervisada o a acudir a las instalaciones del DIF para la realización de la evaluaciones; por lo que se considera que cuenta con la capacidad para entender los hechos que nos ocupan, así como los diversos requerimientos que esta autoridad le ha hecho, que ha mostrado estar informada de la secuela procesal, pues ha acudido a recibir los billetes de depósito que por alimentos le han consignado los accionantes de juicio, que no es mujer ignorante de las instituciones de estado, tratándose de fémina con conocimientos suficientes que le permiten conocer las obligaciones ciudadanas de madre, lo que llevó al juez a considerar que su desobediencia ha sido por demás dolosa en perjuicio de los miembros de su familia, sobre todo de su hijo y de la administración de justicia. Con base en todo lo anteriormente expuesto, el juez responsable, concluyó que la medida de arresto es idónea, es necesaria ante la contumacia de Guadalupe Mugica Palacios, razonable por su condiciones personales y es efectiva para concientizar su deber de comparecer al Centro de Convivencia Familiar del Décimo Séptimo Distrito Judicial, para que se realice la interacción familiar con su abuelos paternos, así como a las instalaciones del DIF Municipal para la realización de las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas con la única finalidad de proveer con base en el interés supremo del menor. En esa tesitura, tomando en consideración que, a pesar de haber requerido a Guadalupe Mugica Palacios, para que compareciera al Centro de Convivencia Familiar de este Distrito Judicial para que permita la interacción de su menor hijo con los abuelos paternos, así como para la realización de las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas por parte del DIF Municipal, evidenciándose una conducta notoriamente rebelde a las disposiciones de ese tribunal, sin exposición de motivos o razones justificables para no acatar lo ordenado, entorpeciendo la secuela procesal del expediente 1226/2017 y la administración de justicia, garantía prevista al gobernado en el artículo 17 Constitucional, violentando los derechos de su menor hijo, previsto en los numerales 4 de la Carta Magna, 1,3,4,5,y,8, de la Convención Sobre los Derechos del Niño, contando este Juzgado Especializado en Materia Familiar con la potestad de utilizar las medidas de apremio establecidas legalmente para hacer cumplir sus determinaciones; el juez le hizo efectivo el apercibimiento decretado en su contra en audiencia de treinta de octubre de dos mil dieciocho y con fundamento en el artículo 53 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles le impusó un arresto a Guadalupe Mugica Palacios de TREINTA Y CUATRO HORAS por desacato a un mandato judicial. Temporalidad que estimó justa y equitativa atendiendo a las circunstancias procesales generales y particulares, a la gravedad de la sanción y a las particularidades de la infractora, las cuales reseñó en párrafos que anteceden. En consecuencia, el juez ordenó girar oficio al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, a fin de que ordene a quien corresponda, localicen, detengan y pongan a disposición de ese juzgado a Guadalupe Mugica Palacios, internándola en el Centro de Reclusión que para tal efecto esa autoridad disponga, y una vez concluido dicho término deberá poner en inmediata libertad informando a ese tribunal sobre su cumplimiento, respetando en todo momento sus derechos humanos. Asimismo, el juez responsable dictó una serie de medidas que deberá observar quien tenga a cargo ejecutar la orden del arresto, en el caso de que Guadalupe Mugica Palacios, se encuentre al momento del arresto en compañía de su menor hijo, a la cual deberán preguntar y concederle el derecho para que de viva voz indique bajo el cuidado de quién podrá quedarse el menor durante las horas que dura la medida de apremio, ello maximizando el derecho del menor de edad involucrado. Por otro lado, en cuanto hace a la diversa autoridad responsable ejecutora Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante oficio SSP/DGJ/CDP/AMP/1347/2021, de veintiséis octubre de la presente anualidad, signado por el Director General Jurídico y Representante Legal del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, remitido vía correo electrónico oficial, informó a este órgano jurisdiccional que a través del diverso SSP/DGJ/CDP/AMP/1346/2021, exhortó al Subsecretario de Operaciones adscrito a esa Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, a efecto de que conmine al personal bajo su mano al cumplimiento de la ejecutoria dictada en este asunto, para lo cual deberá dejar sin efectos la orden de arresto girada mediante oficio SSP/DGJ/AFP/487/2020 de cuatro de febrero de dos mil veinte, con motivo de la solicitud de auxilio de la fuerza pública, requerida por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, ordenada dentro del expediente 1226/2017, únicamente en la parte relativa a la imposición de las medidas de apremio consistentes en la privación de la libertad de Guadalupe Mugica Palacios, por el término de treinta y seis horas. En ese contexto, se aprecia que el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo dictada en autos, dejó insubsistente el auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 1226/2017 de su índice, en el que se hizo efectiva la orden de arresto por treinta y seis horas decretado contra la aquí quejosa, y con libertad de jurisdicción, emitió uno nuevo en el que consideró necesario imponer nuevamente un arresto como medida de apremio, explicando los motivos por los cuales es la más idónea, necesaria, razonable y efectiva para que la quejosa cumpla con la obligación de acudir junto con el menor involucrado, a la realización de los estudios psicológicos y socioeconómicos ordenados, justificando los motivos y razones respecto de la temporalidad de la duración de la medida dentro del parámetro establecido entre una hora como mínimo y treinta y seis horas como máximo. Asimismo, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, dejó sin efectos el acto de ejecución que se le atribuyó, consistente en la orden de arresto girada mediante oficio SSP/DGJ/AFP/487/2020 de cuatro de febrero de dos mil veinte, en la parte relativa a la imposición de la medida de apremio de privación de la libertad de Guadalupe Mugica Palacios, por el término de treinta y seis horas Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafo de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General . Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
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Boca del Río, Veracruz, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó notificar a las partes quejosa y tercero interesada del auto de misma data, por el cual se les da vista por el plazo de tres días con las constancias remitidas por la autoridad responsable con las cuales considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; esto a efecto de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Así mismo del auto admisorio se advierte que Guadalupe Mugica Palacios, parte quejosa en el presente asunto, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones la vía electrónica, no obstante, de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el apartado de notificaciones judiciales del juicio de amparo 398/2021, se aprecia que la constancia de notificación correspondiente no fue generada por el sistema, tal como se muestra a continuación: En tales condiciones, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento para el efecto de notificar por la vía electrónica a Guadalupe Mugica Palacios, el proveído de cinco de noviembre del año en curso, dictado en el presente asunto. Como se encuentra ordenado en líneas que antecede se notifica a la parte quejosa el proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, mismo que a la letra dice: Del estado procesal de los autos, se advierte que mediante proveído de veintiocho de octubre de la presente anualidad, se tuvo a la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, remitiendo vía correo electrónico oficial, las constancias con las que considera haber dado cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en proveído de veintidós y veinticinco de octubre del actual, se reservó dar vista respecto de lo informado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Veracruz, Veracruz, hasta en tanto la diversa responsable remitiera las constancias que acreditaran el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo cual ya ocurrió. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercero interesada, con los oficios con registros 16092, 16208 y 16674, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
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