Guadalupe Moreno Trujillo
Expediente 861/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 861/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/07/2019
Partes del expediente
- Guadalupe Moreno Trujillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Acató fallo protector...archívese expediente asunto totalmente concluido...susceptible depuración...asunto no de relevancia documental
- Principal
*AUTORIDAD REMITE CONSTANCIAS... DESE VISTA A LA PARTE QUEJOSA...
- Principal
Zapopan, Jalisco, cinco de junio de dos mil diecinueve. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto citado al rubro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el veintitrés de enero dos mil dieciocho, Fermaca Pipeline de Occidente, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por conducto de su representante legal Karina Ortega González, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se precisarán en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señaló que los actos reclamados son violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno conoció de la demanda este juzgado; en acuerdo de veinticinco de enero dos mil dieciocho (fojas 37 a 40), se admitió a trámite; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien se abstuvo de formular alegato ministerial; se fijó día y hora para la audiencia constitucional, misma que inició a las once horas con cuarenta minutos del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho (foja 57) y el veintisiete de marzo siguiente se emitió la sentencia definitiva (fojas 58 a 66), en la que se determinó negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. CUARTO. Reposición del procedimiento. Inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en su contra, al que se dio trámite en acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho (foja 70) y del cual correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de toca de revisión principal 158/2018; el que se resolvió mediante ejecutoria de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho (fojas 133 a 144), en la cual se determinó reponer el procedimiento a efecto de que previo a la admisión de la demanda de amparo, se requiriera a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado los artículos 105 de la Ley de Hidrocarburos y 75 de su reglamento y, en caso de ser así, indicara a las autoridades a las que les atribuía dichos actos. La citada sentencia se recibió en proveído de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho (fojas 145 y 146), en el cual, en acatamiento a lo resuelto por el órgano colegiado, se requirió a la parte quejosa a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo; el acuerdo citado se notificó a la citada parte el treinta de octubre siguiente (foja 149); sin embargo, al no haberse manifestado al respecto, el trece de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo únicamente por lo que respecta a la autoridad inicialmente señalada como responsable, a saber, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Quince (foja 152) y, se fijó data y hora para la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52, 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De un análisis realizado al escrito inicial de demanda, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que el acto reclamado al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Quince, es: La resolución de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente 886/2017, en la cual se declaró improcedente la solicitud de validación de contrato de arrendamiento, celebrado entre la sociedad quejosa y el tercero interesado. No pasa desapercibido que en su escrito de demanda hubiere precisado que la resolución que reclama, que declaró improcedente la solicitud de validación de convenio, data del ocho de diciembre de dos mil diecisiete; sin embargo, de un análisis realizado en su integridad a dicho ocurso, así como a la totalidad de actuaciones que integran el presente juicio de amaro, incluyendo el cuaderno de pruebas formado con las actuaciones que integran el expediente natural, es inconcuso que la resolución reclamada data del veintitrés de noviembre de la aludida anualidad; aclaración que se realiza en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Quince, no obstante que al rendir su informe justificado haya manifestado lo contrario (foja 162), toda vez que del contenido del mismo se advierte que expuso argumentos tendentes a justificar la constitucionalidad de tal acto; motivo por el cual se desvirtúa la negativa y se tiene como cierto el acto reclamado. Sirve de apoyo la Tesis de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Máxime que la certeza de los actos se corrobora con las actuaciones que integran el juicio natural 886/2017, remitidas por el tribunal responsable en apoyo al informe justificado que rindió previo a la reposición del procedimiento en este juicio, con las que se ordenó la formación de un cuaderno de pruebas mediante acuerdo de seis de febrero del año en curso (foja 47), y en donde obra la resolución reclamada, pronunciada el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2º. CUARTO. Causas de improcedencia. Al no existir causales de improcedencia que las partes hayan hecho valer o que se adviertan de oficio por este juzgador, lo que procede es analizar la constitucionalidad o no del acto reclamado. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Los motivos de queja hechos valer por el impetrante de amparo, son por un lado infundados e inoperantes por otro, y por ende, insuficientes para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado. En un primer motivo de inconformidad, se alega que la resolución reclamada es ilegal pues el tribunal agrario responsable, aplicó retroactivamente en perjuicio de la quejosa la jurisprudencia 85/2017 (10a), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue publicada el cuatro de agosto del dos mil diecisiete, siendo que su demanda la promovió con argumentos considerados legales aplicables y vigentes, que derivan de la jurisprudencia emitida por el Pleno del Decimoséptimo Circuito, PC.XVII.J/5C(10A) de rubro: "HIDROCARBUROS. EL PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY RELATIVA PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO", la cual fue publicada con anterioridad, esto es, desde el once de noviembre de dos mil dieciséis. Por lo que estima se violó el principio de irretroactividad establecido por el artículo 217, último párrafo. Como se anticipó, dicho argumento deviene infundado. Para llegar a la anterior determinación se estima necesario tener en consideración el diverso criterio jurisprudencial 2a./J. 199/2016 (10a.), emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo al citado principio, la jurisprudencia puede aplicarse a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, siempre y cuando ello no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio de las personas, como acontece cuando: (I) al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; (II) antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emite una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y (III) la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables. De ahí que si el gobernado orientó su proceder jurídico o estrategia legal conforme a una jurisprudencia anterior, siguiendo los lineamientos expresamente establecidos en ésta -ya sea para acceder a una instancia jurisdiccional, para plantear y acreditar sus pretensiones, excepciones o defensas o, en general, para llevar a cabo alguna actuación jurídica-, no es dable que la sustitución o modificación de ese criterio jurisprudencial afecte situaciones legales definidas, pues ello conllevaría corromper la seguridad jurídica del justiciable, así como la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos, con lo cual, se transgrediría el principio de irretroactividad tutelado en el artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo". De dicho criterio jurisprudencial se advierte que en relación al principio de irretroactividad, la jurisprudencia puede aplicarse a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, siempre y cuando ello no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio de las personas, como acontece cuando: Al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; Antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emite una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y La aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables. Además, en ese criterio la Segunda Sala expuso, si el gobernado orientó su proceder jurídico o estrategia legal conforme a una jurisprudencia anterior, siguiendo los lineamientos expresamente establecidos en ésta, ya sea para acceder a una instancia jurisdiccional, para plantear y acreditar sus pretensiones, excepciones o defensas o, en general, para llevar a cabo alguna actuación jurídica, no sería dable que la sustitución o modificación de ese criterio jurisprudencial afecte situaciones legales definidas, pues ello conllevaría corromper la seguridad jurídica del justiciable, así como la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos, con lo cual, se transgrediría el principio de irretroactividad tutelado en el artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo. De lo anterior, se tiene que la Superioridad previó -entre otros- como supuesto para que opere la transgresión al principio de irretroactividad tutelado en el artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo, que al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional. En ese orden de ideas, sigue verificar la temporalidad de vigencia respecto la jurisprudencia en la cual dice la moral quejosa dice se apoyó para plantear su estrategia jurídica, la cual es del rubro y texto siguiente: "HIDROCARBUROS. EL PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY RELATIVA PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO. Conforme al precepto indicado, el acuerdo alcanzado en cualquier tiempo entre las partes deberá presentarse por el asignatario o contratista ante el Juez de Distrito en Materia Civil o el Tribunal Unitario Agrario competente, a efecto de ser validado, dándole el carácter de cosa juzgada; a su vez, el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos señala el deber de presentar el referido acuerdo de voluntades para su validación dentro de los 30 días naturales siguientes a que se haya suscrito; sin embargo, al ser este último un cuerpo normativo derivado de la facultad reglamentaria en favor del Ejecutivo Federal contenida en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede imponer un mayor requisito, como lo sería la fijación de una temporalidad que no fue establecida en la propia ley que reglamenta; estimar lo contrario, contravendría la teleología de la legislación que regula, la cual privilegia y procura que los acuerdos voluntarios celebrados por las partes en cualquier tiempo lleguen al escrutinio de las autoridades competentes a efecto de su validación. Máxime que el artículo 75 en todo caso es una norma imperfecta, pues impone una obligación a los asignatarios y contratistas sin contener sanción alguna en caso de incumplimiento, lo cual implica que ese dispositivo no puede servir de fundamento para desechar el escrito tendente a iniciar el procedimiento de validación, por lo que resulta procedente su admisión aun cuando no fuera presentado dentro de los 30 días aludidos. Conclusión a la que se arriba a fin de brindar funcionalidad, racionalidad y operatividad en el sistema jurídico, en concordancia con la intencionalidad de la implementación de los procedimientos establecidos en la Ley de Hidrocarburos cuya finalidad es darle fluidez y celeridad a los acuerdos económicos que permita dotar de plena vida a la reforma energética, sin soslayar los derechos de los propietarios o poseedores de tierras, dentro del marco constitucional, además para que grupos en desventaja no vean mermado su interés o derecho, producto de la asimetría de poder entre los intervinientes". Dicho criterio jurisprudencial, emitido por el Pleno del Decimoséptimo Circuito, se identifica con el número PC.XVII. J/5 C (10a.), y fue publicado el viernes once de noviembre de dos mil dieciséis, a las diez horas con veintidós minutos en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes catorce de noviembre de dos mil dieciséis, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Además, resulta necesario destacar que esa jurisprudencia fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 49/2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivó precisamente la tesis jurisprudencial 2a./J. 85/2017 (10a.) de título: "HIDROCARBUROS. EL ACUERDO DE USO Y OCUPACIÓN SUPERFICIAL PARA SU EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN, DEBE PRESENTARSE DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU CELEBRACIÓN, PARA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL PUEDA DOTARLO DEL CARÁCTER DE COSA JUZGADA", la cual fue divulgada desde el viernes cuatro de agosto de dos mil diecisiete, a las diez horas con doce minutos, en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes siete de agosto de dos mil diecisiete, para los efectos previstos en el punto séptimo del citado Acuerdo General Plenario 19/2013. Ahora bien, en el caso, en análisis de las constancias que forman los autos del juicio agrario de origen, las cuales las cuales fueron previamente valoradas a la luz de los artículos 129, 197, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte la parte quejosa presentó su demanda de jurisdicción voluntaria ante el tribunal agrario responsable el seis de noviembre de dos mil diecisiete (reverso foja 13 del cuaderno de pruebas). Ante ese panorama, lo infundado del concepto de violación deriva del hecho de que, contrario a lo aseverado por la parte quejosa, al seis de noviembre de dos mil diecisiete, data en que presentó la demanda de jurisdicción voluntaria ante el tribunal agrario responsable, la jurisprudencia emitida por el Pleno del Decimoséptimo Circuito PC.XVII.J/5C(10A) de rubro: "HIDROCARBUROS. EL PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY RELATIVA PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO", no se encontraba vigente, pues como se acaba de demostrar, ésta carecía de aplicación, al haber sido superada por la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 49/2017 que fue divulgada con posterioridad a ésta empero, con antelación a la presentación a la solicitud del quejoso, pes esta fue publicada desde el viernes cuatro de agosto de dos mil diecisiete en el Semanario Judicial de la Federación, y por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes siete de agosto de dos mil diecisiete. Por tanto, no se ubica en el supuesto previsto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recién analizado para que opere la transgresión al principio de irretroactividad tutelado en el artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo, relativo a que al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional. De ahí lo infundado de su concepto de violación. Sumado a lo expuesto, incluso en el supuesto de que la moral quejosa hubiere exhibido la demanda de jurisdicción voluntaria ante el Tribunal Agrario responsable cuando dicha jurisprudencia se encontraba vigente, tampoco en ese caso, la aplicación de la tesis jurisprudencial 2a./J. 85/2017 (10a.), en que se apoyó el tribunal responsable, cuyo título es: "HIDROCARBUROS. EL ACUERDO DE USO Y OCUPACIÓN SUPERFICIAL PARA SU EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN, DEBE PRESENTARSE DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU CELEBRACIÓN, PARA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL PUEDA DOTARLO DEL CARÁCTER DE COSA JUZGADA", pugnaría con el contenido del artículo 217 de la Ley de Amparo, ni con la interpretación que de éste efectuó la propia Segunda Sala del más Alto Tribunal en la jurisprudencia transcrita en párrafos anteriores, de epígrafe: "JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO". Lo anterior, ya que en la ejecutoria del último criterio referido se precisa que cuando los jueces y tribunales del país -en sus ámbitos de competencia respectiva- se enfrenten a la existencia de un criterio jurisprudencial que resultaba aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional, y con posterioridad, entra en vigor una jurisprudencia emitida por un órgano judicial de distinta jerarquía que la contraríe, la determinación de la aplicabilidad de la jurisprudencia no se rige entonces por el principio de irretroactividad, sino por el de jerarquía o fuerza vinculante que detentan, prevaleciendo desde luego, aquella que tenga un grado superior conforme a la estructura orgánica de los tribunales federales que se encuentra establecida en el sistema jurídico mexicano. En dicha ejecutoria también se sostuvo que, por ende, la prohibición de aplicar de manera retroactiva la jurisprudencia en perjuicio de las personas, no tiene el alcance de que los órganos jurisdiccionales respectivos, al resolver los casos que les son presentados, dejen de observar un criterio jurisprudencial del Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en su lugar, apliquen un criterio vinculante que haya sido emitido de manera anterior por algún órgano inferior, como lo es un Pleno de Circuito o un Tribunal Colegiado de Circuito. La Segunda Sala añadió que ello era así, porque el principio de irretroactividad de la jurisprudencia únicamente tiene un ámbito de aplicación horizontal esto es, en un mismo plano jurisdiccional y no de verticalidad, de tal suerte que, conforme al orden jerárquico o grado de fuerza vinculante de esta figura que se encuentra reconocido en el sistema jurídico mexicano y a fin de no generar incertidumbre respecto a este punto para los casos futuros, se debe estar a las reglas siguientes: La aplicación de la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia que resulte aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional, únicamente podría ser retroactiva en relación con otro criterio vinculante que haya sido emitido previamente por el propio Tribunal Pleno del Alto Tribunal y que se vea superado, modificado o abandonado por aquélla. La jurisprudencia emitida por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente podría ser retroactiva respecto a un criterio jurisprudencial anterior de la Sala respectiva y que se ha visto superado, modificado o abandono por la entrada en vigor de aquélla. La jurisprudencia emitida por los Plenos de Circuito solamente puede considerarse retroactiva en relación con un criterio vinculante que haya sido emitido por el propio Pleno de Circuito respectivo, y que ha sido superado, modificado o abandonado por aquélla. Finalmente, la jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados, solamente será considerada como retroactiva respecto de un criterio jurisprudencial emitido por el propio Tribunal Colegiado y que se encuentra superado, modificado o abandonado por la entrada en vigor de aquélla. Por estas razones, la Segunda Sala concluyó que la aplicación de la jurisprudencia no podría resultar retroactiva respecto a otro criterio vinculante que, aunque se refiera al mismo punto jurídico, haya sido emitido por un órgano de distinta jerarquía; pues, en tales casos, es el grado de obligatoriedad de los criterios -conforme al ámbito de los distintos órdenes o niveles del órgano del que emanan-, lo que determina qué criterio jurisprudencial debe prevalecer para resolver la contienda jurisdiccional respectiva. Atento a lo anteriormente expuesto, es que aun en el supuesto en que la moral quejosa hubiere presentado la demanda de jurisdicción voluntaria ante el Tribunal Agrario responsable cuando la jurisprudencia PC.XVII.J/5C(10A) de rubro: "HIDROCARBUROS. EL PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY RELATIVA PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO", se encontraba vigente, (lo que no sucedió) la aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 85/2017 (10a.), en que se apoyó el Tribunal responsable, de título: "HIDROCARBUROS. EL ACUERDO DE USO Y OCUPACIÓN SUPERFICIAL PARA SU EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN, DEBE PRESENTARSE DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU CELEBRACIÓN, PARA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL PUEDA DOTARLO DEL CARÁCTER DE COSA JUZGADA", tampoco violentaría el principio de irretroactividad de la jurisprudencia, en relación con la diversa PC.XVII.J/5C(10ª) emitida por el Pleno del Decimoséptimo circuito. Lo anterior, pues al tratarse de criterios jurisprudenciales de distinta jerarquía, debe aplicarse al caso concreto aquel que cuente con una fuerza vinculante superior, esto es, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en observancia al principio de verticalidad o jerarquía de la jurisprudencia, previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo. En un segundo concepto de violación, la parte quejosa expone que contrario a lo razonado por el Tribunal Agrario responsable, los artículos 105 de la Ley de Hidrocarburos, así como el 75 de su reglamento, no resultan aplicables al procedimiento de origen, pues la legislación que rige su actividad no establece alguna limitante en tiempo para presentar ante su escrutinio un acuerdo de voluntades. Aunado a que ese reglamento se sobrepone a la propia ley, pues el ejecutivo se excedió en sus facultades al establecer un límite de tiempo para la presentación a validación de un acuerdo de voluntades para el otorgamiento de uso y ocupación superficial en materia de hidrocarburos, pues va más allá de lo que la misma ley estipula. Añade que ese artículo 75, en todo caso, resulta ser una norma imperfecta, pues impone una obligación a los asignatarios y contratistas sin contener sanción alguna en caso de incumplimiento. Resulta inoperante ese motivo de inconformidad. El artículo 217 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". Conforme al precepto transcrito, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de observancia obligatoria para este Juzgado de Distrito. Al respecto la jurisprudencia 2a./J. 85/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de rubro y texto: "HIDROCARBUROS. EL ACUERDO DE USO Y OCUPACIÓN SUPERFICIAL PARA SU EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN, DEBE PRESENTARSE DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU CELEBRACIÓN, PARA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL PUEDA DOTARLO DEL CARÁCTER DE COSA JUZGADA. Conforme al artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, el acuerdo alcanzado en materia de uso y ocupación superficial para la exploración y extracción de hidrocarburos se presentará ante el Juez de Distrito en Materia Civil o el Tribunal Unitario Agrario competente, lo que no constituye una mera formalidad, pues el artículo es categórico al señalar que el órgano jurisdiccional lo validará, es decir, la autoridad está facultada para analizar las particularidades del asunto y el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables; por tanto, sólo en el caso de que el órgano jurisdiccional haya validado el acuerdo alcanzado, éste podrá adquirir el carácter de cosa juzgada. Para tal fin, la propia ley faculta al juzgador para analizar el resto de las disposiciones normativas aplicables en la materia, entre las cuales se encuentra el artículo 75 del Reglamento de la ley indicada, que exige la presentación del acuerdo dentro de los 30 días naturales siguientes a su suscripción. Así, la exigencia de un plazo responde a la idea de que exista el mayor grado de seguridad jurídica posible por la importancia de la materia, así como a la finalidad de que el órgano jurisdiccional analice el acuerdo alcanzado dentro de un plazo cercano a su celebración, lo que presupone la subsistencia de las circunstancias que lo suscitaron. De igual forma, la presentación del acuerdo en el plazo mencionado permite que se publique un extracto en un periódico de circulación local -o de ser el caso, en los lugares más visibles del ejido respectivo-, para que los terceros que puedan verse perjudicados acudan ante el órgano jurisdiccional y aleguen lo que a su derecho convenga; esto es, la normativa pretende que el estudio de validación se efectúe de manera cercana a la fecha en que se alcanzó el acuerdo, para evitar una potencial afectación a terceros de manera prolongada. Así las cosas, al no presentarse el convenio alcanzado dentro del plazo citado, el órgano jurisdiccional no podrá validarlo y, en consecuencia, no podrá dotarle del carácter de cosa juzgada". Conforme al criterio en cita, la Segunda Sala del Alto Tribunal, estableció que en atención al artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, el acuerdo alcanzado en materia de uso y ocupación superficial para la exploración y extracción de hidrocarburos se presentará ante el Juez de Distrito en Materia Civil o el Tribunal Unitario Agrario competente, lo que dijo no constituye una mera formalidad, pues el artículo es categórico al señalar que el órgano jurisdiccional lo validará. Es decir, la autoridad está facultada para analizar las particularidades del asunto y el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables; por tanto, sólo en el caso de que el órgano jurisdiccional haya validado el acuerdo alcanzado, éste podrá adquirir el carácter de cosa juzgada. Continuó exponiendo, que para tal fin, la propia ley faculta al juzgador para analizar el resto de las disposiciones normativas aplicables en la materia, entre las cuales se encuentra el artículo 75 del Reglamento de la ley indicada, que exige la presentación del acuerdo dentro de los 30 días naturales siguientes a su suscripción, por lo cual la exigencia de un plazo responde a la idea de que exista el mayor grado de seguridad jurídica posible por la importancia de la materia, así como a la finalidad de que el órgano jurisdiccional analice el acuerdo alcanzado dentro de un plazo cercano a su celebración, lo que presupone la subsistencia de las circunstancias que lo suscitaron. Además, expuso que la presentación del acuerdo en el plazo mencionado (30 días naturales siguientes a su suscripción) permite que se publique un extracto en un periódico de circulación local -o de ser el caso, en los lugares más visibles del ejido respectivo-, para que los terceros que puedan verse perjudicados acudan ante el órgano jurisdiccional y aleguen lo que a su derecho convenga; esto es, explicó que la normativa pretende que el estudio de validación se efectúe de manera cercana a la fecha en que se alcanzó el acuerdo, para evitar una potencial afectación a terceros de manera prolongada. Por lo cual concluyó que al no presentarse el convenio alcanzado dentro del plazo citado (30 días naturales siguientes a su suscripción), el órgano jurisdiccional no podrá validarlo y, en consecuencia, no podrá dotarle del carácter de cosa juzgada; de ahí que al existir jurisprudencia que resuelve la cuestión planteada, el concepto de violación sintetizado debe desestimarse. Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias 1a./J. 14/97 y XVII.1o.C.T. J/9 (10a.), emitidas de manera respectiva por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, que son del tenor siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado". "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. RESULTA INNECESARIO SU ANÁLISIS, CUANDO SOBRE EL TEMA DE FONDO PLANTEADO EN LOS MISMOS YA EXISTE JURISPRUDENCIA. Resultan inoperantes los conceptos de violación y, por ende, innecesario su análisis, en los que en relación con el fondo del asunto planteado en ellos, ya existe jurisprudencia que es obligatoria en su observancia y aplicación para la autoridad responsable, que la constriñe a resolver en el mismo sentido fijado en esa jurisprudencia, por lo que, en todo caso, con su aplicación se da respuesta integral al tema de fondo planteado; luego, si esa jurisprudencia es contraria a los intereses de la quejosa, ningún beneficio obtendría ésta el que se le otorgare la protección constitucional para que el tribunal de apelación estudiara lo planteado en la demanda, así como en los agravios que se hicieron valer en relación con el tema de fondo que es similar al contenido en dicha jurisprudencia, pues por virtud de su obligatoriedad, tendría que resolver en el mismo sentido establecido en ella". Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fermaca Pipeline de Occidente, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, contra el acto y la autoridad precisados en el considerando segundo, por los fundamentos y los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; quien actúa y firma con el licenciado Kavdxary Youdvary González Macedo, secretario que autoriza y además certifica que las promociones que, en su caso, generaron la presente resolución, y la resolución misma, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. LAPT/KYGM
- Principal
Zapopan, Jalisco, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Visto el oficio que suscriben el Gerente de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores de la Delegación Jalisco, mediante el cual, remite copias de la respuesta otorgada a la petición de la quejosa, presentada el dieciocho y veinte de abril de dos mil dieciocho, con lo que pretenden cumplir con la ejecutoria de amparo. En consecuencia, dese vista a la parte quejosa y córrase traslado con copia del comunicado que se recibe y su anexo, para que dentro del término de tres días de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, manifieste lo que en derecho corresponda, respecto del cumplimiento que la responsable a la ejecutoria de amparo dice dar, en el entendido de que con o sin el desahogo de la vista otorgada, este órgano jurisdiccional emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia está o no cumplida, si incurrió en exceso o defecto, o si hay una imposibilidad para cumplirla. En el entendido de que, de declararse no cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo, se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito competente, como establece en lo conducente, el artículo 193 de la ley de la materia. Notifíquese; y, córrase traslado a la quejosa con copias simples de este acuerdo y anexo allegado por la autoridad responsable, debiendo asentar constancia.
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