Guadalupe Morales Silva

Expediente 600/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
600/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
02/06/2023

Partes del expediente

  • Guadalupe Morales Silva

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, dos de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que Guadalupe Morales Silva, no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el veintitrés de mayo del año en curso (fojas 35 a 41), en el cual se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, requiérase a las partes para que dentro del término de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, comparezcan en el local de este órgano jurisdiccional en día y hora hábil debidamente identificadas, a efecto de recoger los documentos originales que en su caso hubieren allegado a este asunto, previa constancia de recibo que se deje en autos; apercibidas que de no hacerlo en el plazo indicado éstos serán destruidos, de conformidad con el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa Guadalupe Morales Silva, a través del cual, en cumplimiento a la prevención que le fuera formulada en proveído de doce de mayo de dos mil veintitrés (fojas 11 a 14), manifiesta bajo protesta de decir verdad, que sí compareció al expediente 177/2022, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio, promovido por Francisco Javier, Janette y Azeneth, de apellidos Pérez Álvarez, en su contra, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad. A continuación, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a efectuar el análisis correspondiente de la misma. Dicho numeral establece, que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa sobre el particular, la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Efectivamente, en el ocurso de demanda, en lo que interesa, la quejosa señaló como actos reclamados: "LA EJECUCIÓN FORZOSA Y DESALOJO QUE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES PRETENDEN HACER EN MI CONTRA SOBRE MI PROPIEDAD UBICADA EN CALLE MAKNES NÚMERO 74 ENTRE CALLE KARIM Y CALLE HASSAN CON CÓDIGO POSTAL 87345 DEL FRACCIONAMIENTO CASA BLANCA, EN LA MANZANA 6, LOTE 2, CON UNA SUPERFICIE DE 102.00 (CIENTO DOS METROS CUADRADOS) Y CON 60.00 (SESENTA METROS CUADRADOS) DE CONSTRUCCIÓN, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE EN 6.00 METROS CON CALLE MAKNES, AL SUR EN 6.00 METROS CON LOTE 39, AL ORIENTE EN 17.00 METROS CON LOTE 3 Y AL PONIENTE EN 17.00 METROS CON LOTE 1. DE ESTA CIUDAD DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS. ASÍ MISMO, RECLAMO DE LAS AUTORIDADES ANTERIORMENTE SEÑALADAS, TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTUACIONES PRACTICADAS DENTRO DEL EXPEDIENTE 177/2022. RELATIVOS AL JUICIO ORDINARIO CIVIL REIVINDICATORIO, QUE SE LLEVA EN EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL DE ESTA CIUDAD DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS, PROMOVIDO POR FRANCISCO JAVIER, JANETTE Y AZENETH DE APELLIDOS PÉREZ ÁLVAREZ, EN CONTRA DE LA SUSCRITA GUADALUPE MORALES SILVA, YA QUE AFECTAN A LA QUEJOSA Y SOLICITO SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." Para proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda en estudio, es necesario transcribir en su parte conducente los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que por su orden, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De las normas transcritas, se advierte que en el procedimiento de ejecución de sentencias o de remates, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución dictada. La finalidad de la disposición normativa es la de no entorpecer el procedimiento de cumplimiento de sentencias definitivas, al ser una cuestión de orden público, dado que la sociedad está interesada en que prevalezca el estado de derecho mediante el íntegro acatamiento de las resoluciones de los tribunales. El artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, busca que el juicio de amparo no se convierta en un medio legal para entorpecer los procedimientos de ejecución o remate ya que ello contravendría el espíritu del artículo 17 constitucional que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. Como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia aludida, en virtud de que en el presente caso, la parte quejosa reclama el auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, emitido en el expediente 177/2022, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio, promovido por Francisco Javier, Janette y Azeneth, de apellidos Pérez Álvarez, en su contra, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad, en el cual se le requiere para que dentro del término de cinco días, dé entrega en forma voluntaria del bien inmueble motivo del presente asunto, apercibida que en caso de no hacerlo, se procederá conforme a las reglas de la ejecución forzosa. Dicho auto le causa agravio, en virtud de que la quejosa, en su escrito de aclaración de demanda, aduce que no le fue notificado, sino que se enteró hasta el veinte de abril de dos mil veintitrés, cuando al salir de su casa, se encontró tirada una hoja en donde se transcribió el acuerdo en cita. Como pudo verse, según los antecedentes proporcionados por la parte quejosa, el juicio natural se encuentra en la fase de ejecución y, como se explicó, de conformidad con el comentado artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos que se dictan en esa fase, tal como acontece en el caso a estudio, el juicio de amparo solo se puede promover en contra de la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, juicio de amparo en el que se podrán reclamar las demás violaciones que se hayan cometido durante ese procedimiento de ejecución que, en su caso, hayan dejado sin defensa a la quejosa, mientras que, el acto principal que reclama la peticionaria de amparo si bien forma parte de la ejecución, lo cierto es que no es la última resolución dictada en esa fase. En efecto, la expresión "última resolución" a que se refiere el numeral 107 anteriormente indicado, es entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, lo cual no acontece en el presente asunto, en virtud de que el auto que aquí combate, en donde se le requiere la entrega voluntaria del bien inmueble motivo del juicio, no es el último dictado en la fase de ejecución, ni puede equiparse a éste, pues no se trata de la resolución en la cual se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia y tampoco se declara la imposibilidad para darle cumplimiento. En ese orden de ideas, es claro que el acto reclamado a través de la demanda de garantías que nos ocupa, no encuadra en el concepto de "última resolución", indispensable para la procedencia del amparo indirecto, aún y cuando también se reclame la falta de notificación del mismo, pues se insiste, se tratan de posibles violaciones cometidas durante la etapa de ejecución, que como ya se dijo, deben reclamarse al verificarse la última resolución dentro de la misma, previo el agotamiento de los medios de defensa que la propia ley que regula ese tipo de procedimientos, establece para cada caso en particular. Al respecto, resulta aplicable el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitido con motivo de la contradicción de tesis 40/2009, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Quinto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, registrada bajo el número 28/2010, consultable en la página 60, del tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 164639, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Así como el diverso criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la jurisprudencia número 21, visible en la página 511, del tomo XI, del mes de Junio de 2000, materia civil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "ORDEN DE LANZAMIENTO CONTRA DEMANDADO QUE FUE OÍDO EN JUICIO. NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. La orden de lanzamiento constituye una consecuencia directa e inmediata de la sentencia que es cosa juzgada y que emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido, en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad. Conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, por última resolución se entiende en forma genérica la que declara cumplida la sentencia o convenio que tienen la calidad de cosa juzgada como culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa, con las formalidades esenciales del procedimiento; o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla, y acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica, resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia que es cosa juzgada; resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones o que resuelven una cuestión que guarda autonomía de la ejecución, y otros actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto, o una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia o convenio que es cosa juzgada. De ahí que por la naturaleza propia de cada una de esas resoluciones o autos que pueden dictarse en el periodo de ejecución, distintos al de remate, y también por la afectación a la libertad que pueda darse en el caso del arresto, o a un derecho sustantivo, porque la resolución o auto modifique, extinga un derecho o constituya una obligación sustantiva que sea distinta a la que fue objeto de controversia y tenga la calidad de cosa juzgada, como son las medidas de apremio, entre otras, es posible diferenciar cuándo se está ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución o bien que por su naturaleza autónoma a lo que ya es cosa juzgada, que crea, o modifica o extingue un derecho en ese procedimiento, deba ser analizada en el juicio de garantías." Notas: Esta tesis interrumpe el criterio sustentado en la jurisprudencia I.3o.C. J/16, del propio tribunal de rubro: "ARRENDAMIENTO. LANZAMIENTO, AUTO QUE DECRETA EL, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA.", publicada con el número 448 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, página 311. También se considera aplicable el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Sexto Circuito, en la jurisprudencia registrada bajo el número 253, consultable en la página 1331, del tomo XXI, Mayo de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo." De igual manera, se invoca la Jurisprudencia P./J.32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y uno, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En otro orden de ideas, la quejosa, en su demanda de garantías, también reclamó todas y una de las actuaciones practicadas dentro del expediente 177/2022, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio, promovido por Francisco Javier, Janette y Azeneth, de apellidos Pérez Álvarez, en su contra, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad, puesto que tiene los documentos necesarios que comprueban la legítima propiedad y posesión que tiene en relación al bien inmueble relacionado con el mismo. Empero, quien esto resuelve, establece que dicho motivo de reclamo también deviene improcedente, en virtud de que en el juicio de origen, según los antecedentes que se vertieron, ya existe una sentencia ejecutoriada, pues como pudo verse, el mismo está en la etapa de ejecución; esto es, existe cosa juzgada. De ahí que no exista la posibilidad que este Juzgador analice las violaciones que según a su consideración se verificaron en un asunto del que fue parte, por haber comparecido al mismo a defender sus derechos, así como la constitucionalidad de la sentencia ejecutoriada que se emitió dentro del mismo, puesto que dentro del mismo ya existe cosa juzgada. En efecto, si la quejosa consideraba que dentro del expediente de origen, no se analizaron correctamente las pruebas que se ofrecieron, al haber sido parte dentro del mismo, estuvo en aptitud de interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia emitida dentro de dicho procedimiento; y, para el caso de que sí lo hubiera hecho y la misma le resultó adversa, debió promover el juicio de amparo directo en contra de la ejecutoria que se emitió dentro del expediente de origen, cuyo conocimiento correspondería, en todo caso, al Tribunal Colegiado correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Y, en el supuesto, que todo eso se hubiese hecho valer dentro de dicho procedimiento, este Juzgado de Distrito, como se dijo, no podría realizar un pronunciamiento en torno a las violaciones que, según su parecer, se originaron dentro de la integración y sentencia dictada dentro del procedimiento de origen, al existir cosa juzgada. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia número 10, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1303, Materia Común, Novena Época, con número de registro digital: 185612, que dice: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO. El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." Consecuentemente, este tribunal advierte que en el caso, en relación con los actos reclamados por Guadalupe Morales Silva, se actualizan las causas manifiestas e indudables de improcedencia anteriormente establecidas; por ende, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por la referida Morales Silva, en contra de los actos que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis I.1o.A. J/4, visible en la página 890, Tomo VII, Abril de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, doce de mayo de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda presentado por la quejosa ********************; regístrese en el libro de gobierno que para juicios de garantías se lleva en este Tribunal, bajo el número 600/2023-I, que cronológicamente le corresponde. Ahora bien, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, de la que se advierte que como autoridades responsables y actos reclamados, se señaló lo siguiente: Autoridades responsables: 1. Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado. 2. Secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado. 3. Actuarios adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado. Todas con sede en esta localidad. Actos reclamados: "LA EJECUCIÓN FORZOSA Y DESALOJO QUE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES PRETENDEN HACER EN MI CONTRA SOBRE MI PROPIEDAD UBICADA EN CALLE MAKNES NÚMERO 74 ENTRE CALLE KARIM Y CALLE HASSAN CON CÓDIGO POSTAL 87345 DEL FRACCIONAMIENTO CASA BLANCA, EN LA MANZANA 6, LOTE 2, CON UNA SUPERFICIE DE 102.00 (CIENTO DOS METROS CUADRADOS) Y CON 60.00 (SESENTA METROS CUADRADOS) DE CONSTRUCCIÓN, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE EN 6.00 METROS CON CALLE MAKNES, AL SUR EN 6.00 METROS CON LOTE 39, AL ORIENTE EN 17.00 METROS CON LOTE 3 Y AL PONIENTE EN 17.00 METROS CON LOTE 1. DE ESTA CIUDAD DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS. ASÍ MISMO, RECLAMO DE LAS AUTORIDADES ANTERIORMENTE SEÑALADAS, TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTUACIONES PRACTICADAS DENTRO DEL EXPEDIENTE 177/2022. RELATIVOS AL JUICIO ORDINARIO CIVIL REIVINDICATORIO, QUE SE LLEVA EN EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL DE ESTA CIUDAD DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS, PROMOVIDO POR ********************, EN CONTRA DE LA SUSCRITA ********************, YA QUE AFECTAN A LA QUEJOSA Y SOLICITO SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." De igual forma, en el capítulo correspondiente a los antecedentes del acto reclamado, precisó lo siguiente: 1.- Que la suscrita ********************, soy propietaria del LOTE DE TERRENO URBANO CON CASA HABITACIÓN UBICADO EN CALLE MAKNES NÚMERO 74 ENTRE CALLE KARIM Y CALLE HASSAN C.P. 87345 DEL FRACCIONAMIENTO CASA BLANCA EN LA MANZANA 6, LOTE 2 CON UNA SUPERFICIE DE TERRENO 102.00 METROS CUADRADOS Y CON 60.00 (METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN, DE ESTA CIUDAD DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS. Mismo, que adquirí, en virtud de que mi difunto esposo ********************, me HEREDÓ, otorgándome un Testamento sobre la propiedad en mención, De esta manera la suscrita quejosa ********************, Promoví JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO A BIENES DE MI DIFUNTO ESPOSO ********************, en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado de esta Ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, en el expediente número 46/2020. Así mismo, y mediante resolución de fecha ocho de Diciembre del 2020-Dos mil veinte, En el Punto Resolutivo TERCERO, se me declara como heredera universal, TRANSCRIBIENDO EL RESOLUTIVO TERCERO: En consecuencia, atendiendo la última voluntad del autor de la herencia, se declara como única y universal heredera a ******************** y como albacea y ejecutor testamentario de su sucesión a ********************, a quien se le tendrá como tal, previa aceptación y protesta del cargo conferido ante la presencia judicial. Así mismo, manifiesto que mi difunto esposo ********************, adquirió la propiedad en mención, estando legalmente casada con la suscrita ********************. Y otorgando Testamento a mi favor. Permitiéndome anexar ACTA DE NACIMIENTO DE LA SUSCRITA ********************, Asentada en la Oficialía 2, Libro 17, Acta No.3230, con fecha de registro 26/07/1976. Así mismo, anexo ACTA DE MATRIMONIO entre la suscrita y ********************, Asentada en la Oficialía 2 del Registro Civil de esta Ciudad, Acta No.450, Libro 3, Foja 450, con fecha de registro 23/04/2015. Así como Acta de Defunción de mi difunto Esposo ********************, asentada en la Oficialía 1, Acta No.262, Libro 2, con fecha de registro el 11/07/2019. Así mismo, y en su momento procesal oportuno presentaré copia certificada de la RESOLUCIÓN DEL JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO. CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 46/2020. DEL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR DE ESTA CIUDAD. Para efecto de justificar mi dicho. 2. Así mismo, manifiesto que tuvo conocimiento de los Actos Reclamados, el día 20 de Abril del 2023, cuando salí de mi domicilio y me encontré tirada una hoja simple del juzgado Primero Civil, en el que dice SE REQUIERE A ******************** PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE CINCO DÍAS DÉ ENTREGA VOLUNTARIA DEL BIEN INMUEBLE DE MI PROPIEDAD, EN CASO DE NO HACERLO SE PROCEDERÁ CONFORME A LAS REGLAS DE LA EJECUCIÓN FORZOSA. Manifestando que la suscrita quejosa tengo los documentos necesarios para comprobar la propiedad y posesión del inmueble, no entiendo el motivo por lo que dicha autoridad Ejecutora dictó el acuerdo donde se pretende ejercer Ejecución forzosa y despojarme del inmueble de mi propiedad. POR ESE MOTIVO, ACUDO A ESE ÓRGANO FEDERAL, A EFECTO DE PEDIR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN YA QUE SE ME QUIERE DESALOJAR Y EJERCITAR LA EJECUCIÓN FORZOSA DE MI PROPIEDAD QUE ME HEREDÓ MI DIFUNTO ESPOSO." Como puede verse, la quejosa reclama de las autoridades que señaló como responsables, la orden de entrega voluntaria de un bien de su propiedad, emitido dentro del expediente 177/2022, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio, promovido por ********************, de apellidos ********************, en su contra, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad; de igual forma, el apercibimiento que le fue realizado, en el sentido de que si no lo realiza, se procederá conforme a las reglas de la ejecución forzosa. Sin embargo, omitió precisar hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados que sirven de fundamento a los conceptos de violación que precisó, pues aún y cuando en el capítulo correspondiente indicó una serie de acontecimientos, los mismos son insuficientes para decidir sobre la admisión o desechamiento de la demanda de garantías que nos ocupa. Esto es así, puesto que la parte quejosa no aclaró si fue parte del juicio ordinario civil reivindicatorio que señaló; esto es, si se apersonó al mismo a defender sus intereses; o, bien, si comparece al juicio constitucional que nos ocupa, en su carácter de tercera extraña a dicho procedimiento; es decir, si lo que reclama es la falta o el ilegal emplazamiento que se le hizo al expediente de origen, que la dejaron sin defensa. Luego entonces, para que este Tribunal se encuentre en posibilidades de analizar sobre la procedencia de lo reclamado en los términos en que se hace la petición; evitar una posible variación a su pretensión, al establecer de facto un acto que no desea señalar; y, como consecuencia de ello, que las autoridades señaladas como responsables tengan certeza del o los actos que se les reprochan, es indispensable que lo reclamado sea claro y preciso, para poder establecer la relación procesal. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número, XX.57 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochocientos setenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III de Marzo de mil novecientos noventa y seis, correspondiente a la Novena Época, que literalmente dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la oscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." En atención a lo anterior, en términos del artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, previo a emitir resolución respecto a la admisión de la demanda de amparo, se previene a la promovente, para que dentro del término de cinco días, y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, aclare: a) Si fue parte del juicio ordinario civil reivindicatorio que señaló; esto es, si se apersonó al mismo a defender sus intereses; o, bien, si comparece al juicio constitucional que nos ocupa, en su carácter de tercera extraña a dicho procedimiento; es decir, si lo que reclama es la falta o el ilegal emplazamiento que se le hizo al expediente de origen, que la dejaron sin defensa. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada su demanda de garantías, en términos del referido numeral 114 de la ley de la materia en vigor. Finalmente, téngase a la parte agraviada señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda, y como autorizadas para el único efecto de oírlas y recibirlas a las profesionistas que menciona, hasta en tanto demuestren ante este Tribunal Federal, contar con cédula profesional, debidamente registrada ante el Poder Judicial de la Federación, que las acredite como licenciadas en derecho. Notifíquese personalmente.Así lo acuerda y firma el Juez Francisco Javier Cavazos Argüelles, Titular del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe. JuanPa

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