Guadalupe Montes Rojas
Expediente 1014/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1014/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Guadalupe Montes Rojas
- GUADALUPE MONTES ROJAS y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete por el que se tuvo por no interpuesta la demanda de amparo, no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.
- Principal
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: Visto el estado que guardan los autos, en los que aparece que el promovente Guadalupe Montes Rojas, no dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de doce de septiembre de dos mil diecisiete, toda vez que no cumplió con lo dispuesto en el artículo 114, fracción II, en relación con el artículo 108 fracción I y IV de la Ley de Amparo, esto es, no preciso lo establecido en dicho auto: 1.-El carácter que ostenta dentro del toca penal 52/207 del índice del Juzgado Penal de Cholula, Puebla, esto es, el de parte inculpada o agraviada o representante de alguna de éstas últimas o cualquier otra. 2.-Indique si dicha personalidad se encuentra reconocida ante el Juez responsable, así como si se ha apersonado dentro de dicho toca penal o proceso de origen. 3.-De no estar reconocida su personalidad ante el Juez de origen exhibir las constancias que acrediten la misma ante este Juzgado Federal. En tales condiciones, al no haber hecho manifestación alguna al respecto se le hace efectivo el apercibimiento con el que se le previno por auto de doce de septiembre de dos mil diecisiete, y, con fundamento en el artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA la demanda de garantías correspondiente al amparo número 1014/2017. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
RADICACIÓN Téngase por recepcionada la demanda de amparo promovida por GUADALUPE MONTES ROJAS, contra los actos del JUEZ DE LO PENAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1014/2017. PREVENCIÓN Ahora bien, vista la demanda de amparo de cuenta se advierte que es promovida por GUADALUPE MONTES ROJAS; sin que se desprenda el carácter que ostenta dicha promovente dentro del toca penal 52/2017, generador del acto reclamado lo que la torna de irregular. En tales condiciones ante dicha omisión y a fin de acordar lo conducente respecto de la procedencia de la demanda de amparo que se provee con fundamento en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, SE PREVIENE a la citada promovente para que dentro del término de CINCO días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, cumpla con lo que dispone el artículo 6° y 108, fracción I y IV de la Ley de Amparo; esto es, precise bajo protesta de decir verdad, como parte de los antecedentes del acto reclamado lo siguiente: 1.-El carácter que ostenta dentro del toca penal 52/207 del índice del Juzgado Penal de Cholula, Puebla, esto es, el de parte inculpada o agraviada o representante de alguna de éstas últimas o cualquier otra. 2.-Indique si dicha personalidad se encuentra reconocida ante el Juez responsable, así como si se ha apersonado dentro de dicho toca penal o proceso de origen. 3.-De no estar reconocida su personalidad ante el Juez de origen exhibir las constancias que acrediten la misma ante este Juzgado Federal. Lo anterior, en razón de que siendo la personalidad un presupuesto procesal de análisis oficioso debe examinarse al momento de analizar el escrito de demanda; debiendo adjuntar tres copias del escrito aclaratorio y del precitado documento, para correr los traslados correspondientes, conforme lo dispuesto en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis P./J. 43/96 visible en la página 48 del Tomo IV, correspondiente al mes de julio de 1996 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y que es del tenor literal siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL y PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER, para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." APERCIBIMIENTO Apercíbase a la parte quejosa, que de no cumplir con lo ordenado en el tiempo fijado se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales, y como autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Karina Jiménez Domínguez y con las restricciones que el mismo numeral prevé respecto de los diversos autorizados, por no contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. PRECISIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, que establece como obligaciones del quejoso, entre otras, la de señalar con precisión las autoridades responsables -tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de la Materia-, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes en este juicio, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o bien, corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, a instancia de la parte quejosa, tomando en consideración que le corresponde a la misma estar al pendiente de la tramitación de su asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
- Principal
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: RADICACIÓN Téngase por recepcionada la demanda de amparo promovida por GUADALUPE MONTES ROJAS, contra los actos del JUEZ DE LO PENAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1014/2017. PREVENCIÓN Ahora bien, vista la demanda de amparo de cuenta se advierte que es promovida por GUADALUPE MONTES ROJAS; sin que se desprenda el carácter que ostenta dicha promovente dentro del toca penal 52/2017, generador del acto reclamado lo que la torna de irregular. En tales condiciones ante dicha omisión y a fin de acordar lo conducente respecto de la procedencia de la demanda de amparo que se provee con fundamento en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, SE PREVIENE a la citada promovente para que dentro del término de CINCO días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, cumpla con lo que dispone el artículo 6° y 108, fracción I y IV de la Ley de Amparo; esto es, precise bajo protesta de decir verdad, como parte de los antecedentes del acto reclamado lo siguiente: 1.-El carácter que ostenta dentro del toca penal 52/207 del índice del Juzgado Penal de Cholula, Puebla, esto es, el de parte inculpada o agraviada o representante de alguna de éstas últimas o cualquier otra. 2.-Indique si dicha personalidad se encuentra reconocida ante el Juez responsable, así como si se ha apersonado dentro de dicho toca penal o proceso de origen. 3.-De no estar reconocida su personalidad ante el Juez de origen exhibir las constancias que acrediten la misma ante este Juzgado Federal. Lo anterior, en razón de que siendo la personalidad un presupuesto procesal de análisis oficioso debe examinarse al momento de analizar el escrito de demanda; debiendo adjuntar tres copias del escrito aclaratorio y del precitado documento, para correr los traslados correspondientes, conforme lo dispuesto en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis P./J. 43/96 visible en la página 48 del Tomo IV, correspondiente al mes de julio de 1996 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y que es del tenor literal siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL y PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER, para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." APERCIBIMIENTO Apercíbase a la parte quejosa, que de no cumplir con lo ordenado en el tiempo fijado se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales, y como autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Karina Jiménez Domínguez y con las restricciones que el mismo numeral prevé respecto de los diversos autorizados, por no contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. PRECISIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, que establece como obligaciones del quejoso, entre otras, la de señalar con precisión las autoridades responsables -tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de la Materia-, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes en este juicio, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o bien, corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, a instancia de la parte quejosa, tomando en consideración que le corresponde a la misma estar al pendiente de la tramitación de su asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
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