Guadalupe Millan Torres

Expediente 1681/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 22 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1681/2019
Año
2019
Actuaciones
22
Última actuación
12/08/2021

Partes del expediente

  • Guadalupe Millan Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de doce de agosto de dos mil veintiuno Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".Efectos del amparo. En las relatadas consideraciones, al resultar fundados los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es conceder el amparo solicitado por Guadalupe Millán Torres, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho realice lo siguiente: En relación con la prueba testimonial a cargo de Mariano García Arellano y Samantha García Ortega, ofrecida por la parte actora, en caso de no haberlo hecho, deberá señalar fecha para su desahogo, y notificar a las partes que deban tener injerencia en dicha diligencia, o en su defecto, declarar la imposibilidad para ello o la deserción de la misma. Por cuanto a la testimonial a cargo de Maribel Ocampo Hernández, Melody Ivonn Zamudio Solís y Cristina Martínez Bahena, ofrecido por la parte demandada Pluvia Román Medina, señalada para el diecisiete de marzo de dos mil veinte, deberá notificar a las partes que intervendrán en la referida diligencia, o bien, declarar la imposibilidad para ello o la deserción de la misma. Por cuanto a la ratificación de contenido de la carta de recomendación signada por Pluvia Román Medina, ofrecida por la parte actora deberá señalar fecha para su desahogo; lo anterior, toda vez que la misma iba llevarse a cabo al concluir la prueba testimonial a cargo de Pluvia Román Medina, sin embargo la autoridad responsable fue omisa en hacerlo. Ahora bien, a fin de evitar diferimientos innecesarios, deberá notificar oportunamente a las partes que deban tener intervención en la diligencia de ratificación de contenido, o en su defecto, declarar la imposibilidad para ello o bien, la deserción de la misma. Deberá girar los oficios correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que se encuentren en aptitud de rendir los informes de autoridad a su cargo, ofrecidos por las partes, y lo conmine con la medida de apremio que legalmente corresponda; asimismo, de ser el caso, deberá hacer efectivo el apercibimiento decretado a fin de lograr el desahogo de esas probanzas; o bien, provea sobre la imposibilidad que tiene para ello. Finalmente, por cuanto a la confesional a cargo de Guadalupe Millán Torres, ofrecida por las partes demandadas Fulgencio Román Fernández y Sara Medina Castillo, deberá señalar nueva fecha para su desahogo; lo anterior, toda vez que la misma iba llevarse a cabo al concluir la prueba confesional a cargo de la justiciable, ofrecida por Pluvia Román Medina, sin embargo la autoridad responsable fue omisa en hacerlo. Del mismo modo, con el propósito de evitar diferimientos innecesarios, deberá notificar oportunamente a las partes que deban tener intervención en la confesional de mérito, o en su defecto, declarar la imposibilidad para ello o bien, la deserción de la misma. Se considerará cumplida la presente sentencia concesoria una vez que la autoridad responsable acredite el acatamiento a los efectos señalados en los párrafos que preceden, momento en el que habrá subsanado el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele la quejosa en el presente juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la presente sentencia amparadora.". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que la prueba de informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue desahogada por auto de veinticuatro de marzo dos mil veintiuno, por cuanto a la testimonial a cargo de Mariano García Arellano y Samantha García Ortega, ofrecida por la parte actora, mediante diligencias de ocho de abril de dos mil veintiuno se declaró la deserción de dicha probanza, así también, por lo que hace a la prueba de ratificación de contenido de la carta de recomendación a cargo de Pluvia Román Medina, ofrecida por la parte actora, mediante diligencia de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, fue desahogada, así también, la testimonial a cargo de Maribel Ocampo Hernández, Melody Ivonn Zamudio Solís y Cristina Martínez Bahena, ofrecido por la parte demandada Pluvia Román Medina, mediante diligencia de quince de junio de dos mil veintiuno, fue desahogada, finalmente, la prueba confesional a cargo de Guadalupe Millán Torres, ofrecida por las partes demandadas Fulgencio Román Fernández y Sara Medina Castillo, fue desahogada el trece de abril de dos mil veintiuno, todo ello, desahogado en el juicio laboral 01/406/2015; constancia con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, pues acreditó haber realizado las gestiones necesarias y procedió a declarar desierta una probanza por lo motivos indicados por la Junta responsable y desahogó las demás pruebas admitidas y faltantes por desahogar en los autos del juicio laboral 01/406/2015, tal como quedó señalado en párrafos que anteceden y fue indicado en la ejecutoria de amparo. Por ello este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable realizara las gestiones a efecto de desahogar las pruebas faltantes por desahogar las cuales fueron ofrecidas por las partes o declarar su imposibilidad para su desahogo. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, acreditó que por lo que hace a la prueba de informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue desahogada por auto de veinticuatro de marzo dos mil veintiuno, por cuanto a la testimonial a cargo de Mariano García Arellano y Samantha García Ortega, ofrecida por la parte actora, mediante diligencias de ocho de abril de dos mil veintiuno se declaró la deserción de dicha probanza, así también, por lo que hace a la prueba de ratificación de contenido de la carta de recomendación a cargo de Pluvia Román Medina, ofrecida por la parte actora, mediante diligencia de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, fue desahogada, así también, la testimonial a cargo de Maribel Ocampo Hernández, Melody Ivonn Zamudio Solís y Cristina Martínez Bahena, ofrecido por la parte demandada Pluvia Román Medina, mediante diligencia de quince de junio de dos mil veintiuno, fue desahogada, finalmente, la prueba confesional a cargo de Guadalupe Millán Torres, ofrecida por las partes demandadas Fulgencio Román Fernández y Sara Medina Castillo, fue desahogada el trece de abril de dos mil veintiuno, todo ello, desahogado en el juicio laboral 01/406/2015. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de agosto de dos mil veintiuno Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".Efectos del amparo. En las relatadas consideraciones, al resultar fundados los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es conceder el amparo solicitado por Guadalupe Millán Torres, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho realice lo siguiente: En relación con la prueba testimonial a cargo de Mariano García Arellano y Samantha García Ortega, ofrecida por la parte actora, en caso de no haberlo hecho, deberá señalar fecha para su desahogo, y notificar a las partes que deban tener injerencia en dicha diligencia, o en su defecto, declarar la imposibilidad para ello o la deserción de la misma. Por cuanto a la testimonial a cargo de Maribel Ocampo Hernández, Melody Ivonn Zamudio Solís y Cristina Martínez Bahena, ofrecido por la parte demandada Pluvia Román Medina, señalada para el diecisiete de marzo de dos mil veinte, deberá notificar a las partes que intervendrán en la referida diligencia, o bien, declarar la imposibilidad para ello o la deserción de la misma. Por cuanto a la ratificación de contenido de la carta de recomendación signada por Pluvia Román Medina, ofrecida por la parte actora deberá señalar fecha para su desahogo; lo anterior, toda vez que la misma iba llevarse a cabo al concluir la prueba testimonial a cargo de Pluvia Román Medina, sin embargo la autoridad responsable fue omisa en hacerlo. Ahora bien, a fin de evitar diferimientos innecesarios, deberá notificar oportunamente a las partes que deban tener intervención en la diligencia de ratificación de contenido, o en su defecto, declarar la imposibilidad para ello o bien, la deserción de la misma. Deberá girar los oficios correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que se encuentren en aptitud de rendir los informes de autoridad a su cargo, ofrecidos por las partes, y lo conmine con la medida de apremio que legalmente corresponda; asimismo, de ser el caso, deberá hacer efectivo el apercibimiento decretado a fin de lograr el desahogo de esas probanzas; o bien, provea sobre la imposibilidad que tiene para ello. Finalmente, por cuanto a la confesional a cargo de Guadalupe Millán Torres, ofrecida por las partes demandadas Fulgencio Román Fernández y Sara Medina Castillo, deberá señalar nueva fecha para su desahogo; lo anterior, toda vez que la misma iba llevarse a cabo al concluir la prueba confesional a cargo de la justiciable, ofrecida por Pluvia Román Medina, sin embargo la autoridad responsable fue omisa en hacerlo. Del mismo modo, con el propósito de evitar diferimientos innecesarios, deberá notificar oportunamente a las partes que deban tener intervención en la confesional de mérito, o en su defecto, declarar la imposibilidad para ello o bien, la deserción de la misma. Se considerará cumplida la presente sentencia concesoria una vez que la autoridad responsable acredite el acatamiento a los efectos señalados en los párrafos que preceden, momento en el que habrá subsanado el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele la quejosa en el presente juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la presente sentencia amparadora.". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que la prueba de informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue desahogada por auto de veinticuatro de marzo dos mil veintiuno, por cuanto a la testimonial a cargo de Mariano García Arellano y Samantha García Ortega, ofrecida por la parte actora, mediante diligencias de ocho de abril de dos mil veintiuno se declaró la deserción de dicha probanza, así también, por lo que hace a la prueba de ratificación de contenido de la carta de recomendación a cargo de Pluvia Román Medina, ofrecida por la parte actora, mediante diligencia de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, fue desahogada, así también, la testimonial a cargo de Maribel Ocampo Hernández, Melody Ivonn Zamudio Solís y Cristina Martínez Bahena, ofrecido por la parte demandada Pluvia Román Medina, mediante diligencia de quince de junio de dos mil veintiuno, fue desahogada, finalmente, la prueba confesional a cargo de Guadalupe Millán Torres, ofrecida por las partes demandadas Fulgencio Román Fernández y Sara Medina Castillo, fue desahogada el trece de abril de dos mil veintiuno, todo ello, desahogado en el juicio laboral 01/406/2015; constancia con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, pues acreditó haber realizado las gestiones necesarias y procedió a declarar desierta una probanza por lo motivos indicados por la Junta responsable y desahogó las demás pruebas admitidas y faltantes por desahogar en los autos del juicio laboral 01/406/2015, tal como quedó señalado en párrafos que anteceden y fue indicado en la ejecutoria de amparo. Por ello este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable realizara las gestiones a efecto de desahogar las pruebas faltantes por desahogar las cuales fueron ofrecidas por las partes o declarar su imposibilidad para su desahogo. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, acreditó que por lo que hace a la prueba de informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue desahogada por auto de veinticuatro de marzo dos mil veintiuno, por cuanto a la testimonial a cargo de Mariano García Arellano y Samantha García Ortega, ofrecida por la parte actora, mediante diligencias de ocho de abril de dos mil veintiuno se declaró la deserción de dicha probanza, así también, por lo que hace a la prueba de ratificación de contenido de la carta de recomendación a cargo de Pluvia Román Medina, ofrecida por la parte actora, mediante diligencia de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, fue desahogada, así también, la testimonial a cargo de Maribel Ocampo Hernández, Melody Ivonn Zamudio Solís y Cristina Martínez Bahena, ofrecido por la parte demandada Pluvia Román Medina, mediante diligencia de quince de junio de dos mil veintiuno, fue desahogada, finalmente, la prueba confesional a cargo de Guadalupe Millán Torres, ofrecida por las partes demandadas Fulgencio Román Fernández y Sara Medina Castillo, fue desahogada el trece de abril de dos mil veintiuno, todo ello, desahogado en el juicio laboral 01/406/2015. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Iván Hernández Flores, Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa las gestiones que realiza en el expediente 01/406/15-II, de su índice, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite copia de la audiencia testimonial de quince de junio de dos mil veintiuno; al respecto, se tiene por hecha la comunicación anterior para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que mediante auto de diecisiete de junio del año en curso, se dio vista a las partes con su contenido, por lo que deberá de estarse a lo ahí acordado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Iván Hernández Flores, Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa las gestiones que realiza en el expediente 01/406/15-II, de su índice, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite copia de audiencia testimonial de quince de junio de dos mil veintiuno, remitiendo copia certificada de la misma; al respecto, se tiene por hecha la comunicación anterior para los efectos legales a que haya lugar y por acreditadas las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta, así como con las documentales que fueron acordadas en autos de veintidós de marzo, nueve, quince y treinta de abril, todos de dos mil veintiuno, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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