Guadalupe Medina Diaz
Expediente 51/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 51/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Guadalupe Medina Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, a seis de abril de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta con evidencia criptográfica de Orquidea Noriega Corona, adscrita al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual, remite el testimonio de la resolución pronunciada mediante veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en el recurso de queja número 67/2022. Se hace del conocimiento de las partes que la superioridad resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido, aunque por las razones precisadas en esta resolución." Acúsese el recibo de estilo correspondiente y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese vía electrónica al promovente. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio en que el Apoderado General para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en atención al requerimiento de uno de febrero del año en curso, hace del conocimiento que se solicitaron a la Dirección General de Administración de Personal, las planillas de cuantificación definitiva, actualizada; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el ocurso de mérito para los efectos legales, téngase por hechas sus manifestaciones y por desahogada la vista de mérito. En ese sentido y en atención a lo manifestado por la autoridad oficiante, se REQUIERE a los DIRECTORES GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO y de ASUNTOS JURÍDICOS, AMBOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para que dentro del ámbito de sus atribuciones, dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, realicen lo siguiente: a) Acrediten que se emitió la planilla de cuantificación definitiva, actualizada de la cantidad a pagar al quejoso por concepto de veinte días de salario por cada año de servicio. b) Hecho lo anterior, deberán exhibir ante este Juzgado de Distrito copia certificada de las constancias con las que así lo acrediten. Asimismo, con fundamento en los artículos 192, tercer párrafo y 194, ambos de la Ley de Amparo, se requiere; al Secretario de Seguridad Ciudadana como superior jerárquico del Director General de Asuntos Jurídicos y al Oficial Mayor, en su calidad de superior jerárquico del Director General de Administración de Personal, los últimos cuatro dependientes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en términos del último artículo citado se encuentran obligados a ejercer sobre las citadas autoridades poder o mando para obligarlas a coadyuvar en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 57/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, Novena Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, visible en la página: 144, de rubro siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO.". En el entendido que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo; con el apercibimiento a todas las autoridades requeridas de que en caso de no hacerlo así, sin causa justificada se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 ambos de la Ley de Amparo, Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, se les impondrá una multa equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización vigente. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley ya citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior se determina, toda vez que con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el diez de enero de dos mil veintidós, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Vista la promoción signada de manera electrónica en que la Directora General de Amparos Contra Actos Administrativos en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, solicita que las notificaciones en el presenta asunto se realicen por medio de oficio y se le expida copia simple de la resolución emitida en el recurso de reclamación 18/2021. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos, tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien atento a la solicitud de la autoridad oficiante, dígasele que a la fecha las notificaciones al Secretario de Hacienda y Crédito Público se han realizado en términos de lo establecido por los artículo 26, fracción II y 28 de la Ley de Amparo. Por otra parte, derivado de la escasez de recursos materiales con que cuenta éste juzgado y a fin de contribuir al ahorro de los mismos, dígasele que la resolución de la cual solicita copias, está a disposición para su consultada vía electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), o bien, de estimarlo necesario, proporcione un correo electrónico oficial, al cual pueda ser enviado el archivo electrónico respectivo. Asimismo, dado que en términos de lo previsto en el artículo 9 de la Ley de Amparo, designó delegados de su parte, dígasele que cualquiera de ellos puede acudir a las instalaciones de éste juzgado para reproducir por cualquier medio electrónico, tales como cámara fotográfica y/o escáner, la ejecutoria citada. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3o.C.725 C de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. (Registro: 167,640, Novena Época, Tribunales de Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Marzo de 2009, página: 2847). Con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de las autoridades citadas a las personas que menciona. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, del citado ordenamiento, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.
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