Guadalupe Martínez Rojas
Expediente 282/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 282/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 25/05/2018
Partes del expediente
- Guadalupe Martínez Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad de México, a veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto de nueve de mayo del año en curso, que en lo conducente dice: "Ciudad de México, a nueve de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa, mediante el cual desahoga la prevención formulada. Al respecto, visto el contenido de dicho ocurso, se advierte la quejosa, atendiendo a la causa de pedir, controvierte el siguiente acto: * El dictamen de tránsito terrestre, de veintiocho de octubre de dos mil diecisiete, emitido por Jorge Fuentes Pérez, perito adscrito a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Sin que en el caso sea procedente tener como acto reclamado el que ".SE VIGILE EL QUEHACER DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO con el fin de que NO SE VIOLE EN MI PERJUICIO EL CONTENIDO DEL ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL", pues el juicio de amparo no tiene como objetivo "vigilar" las actuaciones de las autoridades, sino analizar la legalidad de los actos u omisiones de estas últimas que pudieran trasgredir derechos fundamentales de los gobernados, pues así se advierte de la fracción I del artículo 103 de la Constitución Federal. Establecido lo anterior, este juzgado considera que debe desecharse de plano la demanda, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". Previamente a exponer las razones por las que se considera acreditada la causal de improcedencia invocada, es necesario establecer que de conformidad con el artículo 5º, fracción II, de la ley de la materia, el carácter de autoridad responsable, sólo puede atribuírsele a aquella que, de manera unilateral, en la que subsista una relación de supra a subordinación con el gobernado, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En relación con lo anterior, en el específico aspecto de lo que debe entenderse por autoridad, es aplicable la jurisprudencia identificada con el orden 479, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal de justicia del país, consultable en la página 520 del Apéndice al Semanario de Judicial de la Federación, 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte -SCJN Cuarta Sección- Partes en el juicio de amparo, cuyo título es: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". En ese contexto, en el caso, el perito señalado como responsable no tiene el carácter de autoridad responsable, pues el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad dispone que los servicios periciales actuarán bajo la autoridad y mando inmediato o directo del Ministerio Público, sin perjuicio de la autonomía técnica e independencia de criterio que les corresponde en el estudio de los asuntos que se sometan a su consideración y dictamen, de lo que se obtiene que la opinión que llegaran a emitir los peritos, al constituir un dato de prueba, sujeto a valoración, no podría considerarse un acto emitido de manera unilateral, que creara alguna situación jurídica para los gobernados, dado que no vincula a la autoridad ministerial o judicial para que resuelva en determinado sentido. Esto último tiene sustento en la tesis 2a. CXXIX/99 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal de Justicia de la Nación, consultable en la página 583 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época, Tomo X, Octubre de 1999, que dispone: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO CONSTITUYE EL DICTAMEN DEL DIRECTOR GENERAL DE LO CONTENCIOSO Y CONSULTIVO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Como el dictamen que rinde el director general de lo Contencioso y Consultivo de la Procuraduría General de la República al oficial mayor, informando que un elemento de seguridad no aprobó la pericial poligráfica en términos de los artículos 11 bis-1, 11 bis-2 y 11 bis-3 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es una simple opinión tendiente a hacer de su conocimiento, la existencia de una situación jurídica o fáctica determinada, para que el oficial mayor dicte la resolución que en derecho proceda, es claro que dicho dictamen no obliga unilateralmente y, por tanto, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque está sujeto a que sea acogido o no por la autoridad administrativa mencionada". Es importante establecer que el carácter de autoridad responsable que la promovente de amparo pretendió atribuir al perito supracitado no es procedente que derive de la existencia del acto reclamado, sino de que el mismo, se insiste, pueda generar una afectación a la esfera jurídica de la quejosa. Esta última consideración tiene apoyo en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 1619 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Febrero de 2007, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL AMPARO, ESE CARÁCTER NO DERIVA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO". Con base en lo expuesto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda."
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