Guadalupe Martínez García
Expediente 2225/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2225/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/01/2023
Partes del expediente
- Guadalupe Martínez García
Actuaciones
- Principal
..Escrito. El tercero interesado .., realiza lo siguiente. Solicita se le notifique el acuerdo que le recayó a su escrito presentado el treinta de marzo de dos mil veintidós. Designa autorizada. Señala un correo electrónico y un número telefónico. ..Acuerdo Indíquese al promovente que mediante proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se acordó lo conducente a su escrito que refiere, el cual se ordenó notificar mediante lista, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que el mismo no amerita una personal. No obstante lo anterior, toda vez que tiene reconocida personalidad dentro del juicio de amparo en que se actúa, quedan los autos a su disposición en la secretaría que conoce del asunto, para su debida consulta. En la inteligencia de que por acuerdo de cinco de abril de dos mil veintidós, se aclaró lo relativo al nombre del tercero interesado. En el entendido que podrá acudir a imponerse de los autos de lunes a viernes, en un horario comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. Notificaciones electrónicas. El promovente solicita que las notificaciones derivadas del presente juicio se le realicen a través del correo electrónico y número telefónico, que señala pero no proporciona usuario. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y en los diversos 35, 36, 37, 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, no es procedente que se le notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, conforme a las reglas establecidas en el Capítulo Cuarto del Título Primero de la Ley de Amparo, toda vez que no proporciona usuario que se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Datos de contacto. Empero, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico que señala, a través de los cuales se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse, y de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como como autorizada en términos restringidos a la persona que indica por así haberlo solicitado. Notifíquese. ..
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de enero de dos mil veintitrés. Petición. La autoridad responsable, Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla: a.- Rinde(n) su(s) informe(s) justificado(s); y, b.- Ofrece(n) prueba(s). Fundamentación. Artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Acuerdo y/o motivación. Trámite y vista. Se tiene(n) por rendido(s) el(los) informe(s) justificado(s). Prueba(s). Se admite(n) la(s) prueba(s) ofrecida(s). Litis constitucional. Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: A.- Parte quejosa. ******************** B.- Terceros interesados. 1. ******************** 2. ******************** C.- Autoridad responsable. Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. D.- Acto(s) reclamado(s). 1. La omisión de dar cuenta con el incidente de personalidad dentro del juicio laboral de origen. 2. La omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de las pruebas periciales ofrecidas en la audiencia de inspección ocular, llevada a cabo el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, dentro del juicio laboral ********************, de su índice. Sobreseimiento por inexistencia del acto. Del estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, consistente en la omisión de dar cuenta con el incidente de falta de planteado contra los apoderados de la demandada interpuestos en la misma audiencia. Causa de sobreseimiento. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Hipótesis normativas. La ratio del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo conduce a concluir que el legislador estableció la posibilidad de decretar el sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto ante 2 escenarios y momentos procesales distintos, es decir: 1.- Fuera de audiencia. Durante el trámite e integración del juicio de amparo indirecto y, por ende, fuera de la audiencia constitucional, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Esta hipótesis está sujeta a la condición sine qua non de que esté plenamente demostrado que no existe el acto reclamado, de modo que no exista posibilidad alguna de que el quejoso desvirtué la negativa del acto cuestionado. 2.- En la audiencia. Al momento de celebrar la audiencia constitucional trifásica de pruebas, alegatos y sentencia, cuando no se probare su existencia en ese acto. Caso concreto. A. En relación a la omisión de dar cuenta con el incidente de personalidad dentro del juicio laboral ********************, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, manifestó y acreditó que en resolución de seis de enero de dos mil diecisiete, declaró infundado dicho incidente, y lo notificó personalmente el quince de enero de dos mil diecisiete. En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que en seis de enero de dos mil diecisiete, se declaró infundado dicho incidente, de lo anterior se advierte la inexistencia del acto reclamado en esta instancia. Acorde con lo expuesto, resulta conveniente destacar que la calificación sobre la existencia o no de los actos reclamados deriva también de atender a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que se debe verificar si al momento en que se instó al Tribunal de Amparo, existía o no un acto de autoridad susceptible de ser examinado en cuanto a su constitucionalidad, puesto que es en ese instante cuando tiene que existir el acto reclamado, ya que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, y no probables o contingentes. En esa medida, de la papeleta de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, se advierte que este juicio de amparo se promovió el ocho de enero de dos mil veintidós. Por su parte, de las constancias remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe con justificación permite establecer que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la petición de la parte quejosa ya había sido atendida el quince de enero de dos mil diecisiete, por lo que la omisión que se le reclama es inexistente. De lo anterior se colige que al promoverse la demanda de amparo la omisión atribuida a la autoridad responsable no existía. Al respecto es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J. 3/94, cuyo texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Por tanto, queda claramente demostrado que no existe el acto reclamado y el quejoso no aportó los medios de prueba para desvirtuar su inexistencia. B. Por otra parte, respecto a la omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de las pruebas periciales ofrecidas en la audiencia de inspección ocular, llevada a cabo el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, dentro del juicio laboral ********************, de su índice, la autoridad responsable, manifiesta y acredita que en auto de tres de enero de dos mil veintitrés, requirió a la parte demandada para que exhibiera la documentación exhibida el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, a fin de perfeccionara la prueba pericial de grafoscosopía ofrecida. Lo que sustenta la inexistencia del acto reclamado. Al respecto, la jurisprudencia 99/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido que enseguida se citan, establece que el órgano jurisdiccional al resolver sobre la existencia del acto reclamado que tiene el carácter de omisivo está obligado a analizar si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 104/2018, entre la sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Penal del Segundo Circuito cuya parte conducente se transcribirá más adelante resolvió el once de julio de dos mil dieciocho por unanimidad de cuatro votos que tratándose de actos de omisión, a efecto de adquirir convicción de su existencia, es pertinente que en este capítulo, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable. Es decir, si estaba en condiciones de emitir una actuación, porque al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar esa circunstancia (si la autoridad podía o no emitir una determinación) para obtener certeza sobre la existencia del acto. Amén de que tal verificación debe hacerse al estudiar la existencia del acto. Las consideraciones de la ejecutoria en comento, en la parte conducente, disponen: ".VI. Estudio de contradicción. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar - ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa". Tal ejecutoria dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 59, octubre de 2018, tomo I, página 926, que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Por consiguiente, toda vez que si la parte quejosa reclama la omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de las pruebas periciales ofrecidas en la audiencia de inspección ocular, llevada a cabo el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, dentro del juicio laboral ********************, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla; y, la autoridad responsable acreditó que mediante auto de tres de enero de dos mil veintitrés requirió diversas constancias a fin de proveer lo relativo a dicho medio probatorio, es evidente que a la fecha los autos del juicio laboral de origen no guardan el estado procesal necesario para que la autoridad responsable señale día y hora para el desahogo de la pericial referida. Por tanto, queda claramente demostrado que no existe el acto reclamado a la autoridad y no hay posibilidad alguna de que la quejosa desvirtúe la inexistencia, en función de que la autoridad responsable a la fecha de la presentación de la demanda de amparo no se encontraba en posibilidades de subsanar la omisión reclamada, dada la etapa procesal en la que se encontraba el juicio laboral. Conclusión. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado precisado, procede sobreseer fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 69, agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, Décima Época, intitulada: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de diciembre de dos mil veintidós. Estado procesal. Del estado procesal que guardan los presentes autos y de las certificaciones de cuenta se advierte que el nueve de diciembre de dos mil veintidós, se recibió la promoción con la cual se dará cuenta más adelante. Suspensión en el suministro de energía eléctrica en todo el Circuito. Como se advierte de la certificación de cuenta, mediante circular AR-PUE/65/2022, de doce de diciembre de dos mil veintidós, el Administrador Regional en Puebla de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, informó la suspensión en el suministro de energía eléctrica en todo el Circuito, que afectó el adecuado funcionamiento y labor en el Edificio Sede del Consejo de la Judicatura Federal en Puebla, imposibilitando la labor jurisdiccional de este juzgado de Distrito, lo cual atiende a una causa de fuerza mayor para el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de este Sexto Circuito. Suspensión de labores ante la imposibilidad de funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de este Sexto Circuito y declaración de día inhábil por causa de fuerza mayor. Atento a lo anterior, mediante oficio de doce de diciembre de dos mil veintidós, los titulares del Sexto Circuito, a través de la Coordinadora de Magistrados del Sexto Circuito y del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla y de la Coordinadora de Jueces de Distrito del Sexto Circuito, del Centro de Justicia Penal Federal y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Puebla, en atención a la circular antes referida, con fundamento en los artículos 9, fracciones XIII y XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, informaron al Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la suspensión de labores respecto del doce de diciembre de dos mil veintidós, por causas de fuerza mayor, por lo que no correrán los términos de ley. En ese tenor, se tiene como día inhábil el doce de diciembre de dos mil veintidós, lo cual deberá de hacerse del conocimiento de los justiciables, en el presente juicio. Recepción de promoción. Al respecto, se precisa que el nueve de diciembre de dos mil veintidós, se recibió la promoción que en el acto se acuerda; sin embargo, la situación por la cual se acuerda en esta data, no constituye un desacato a las formalidades esenciales previstas en la Ley de Amparo, pues como se precisó en párrafos que anteceden, el doce de diciembre de dos mil veintidós, en el cual dicha promoción tuvo que ser acordada, se declaró inhábil por causa de fuerza mayor, de conformidad con lo previsto en la última parte del artículo 19 de la referida legislación reglamentaria. Máxime que el presente acuerdo no constituye una regularización de procedimiento, en términos del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, que imponga la necesidad de hacer del conocimiento de manera personal a las partes este proveído, toda vez que surgió ante una circunstancia de fuerza mayor inimputable a este órgano jurisdiccional. En ese tenor, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese a los presentes autos el oficio el siguiente: Oficio. La Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, da a conocer la ejecutoria dictada el uno de diciembre de dos mil veintidós, en el impedimento ******************** de su índice, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: Acuse de recibo. Acúsese de inmediato el recibo de estilo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), y agréguese a la brevedad la constancia de su envío al expediente electrónico y físico en que se actúa. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 21 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.
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