Guadalupe Martinez Barroso

Expediente 1076/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1076/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
24/01/2019

Partes del expediente

  • Guadalupe Martinez Barroso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de siete de enero de dos mil diecinueve, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las constancias que remitió el 1. Agente del Ministerio Público en funciones de Titular de la Mesa única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de Investigación Especializada de Sistema Tradicional, con sede en la ciudad de Puebla (en su denominación correcta), como justificación a su informe (foja 22), y con las que se ordenó formar el anexo uno, devuélvanse las mismas, sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable mencionada se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de dichas constancias. Finalmente, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Guadalupe Martínez Barroso, contra del acto precisado en el considerando segundo, reclamado al agente del Ministerio Público en funciones de Titular de la Mesa Única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de Investigación Especializada de Sistema Tradicional, con sede en la ciudad de Puebla (en su denominación correcta), por las consideraciones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Intégrese a sus autos, el oficio signado por el Agente del Ministerio Público en funciones de Titular por periodo vacacional (Jorge Antonio Hernández Sucilla), con el que en cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano de control constitucional en proveído de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, devuelve a este juzgado debidamente certificadas las copias correspondientes a la averiguación previa 2788/2012/SPCHO. En consecuencia, téngase a la autoridad oficiante dando cumplimiento al requerimiento efectuado en autos del presente juicio de garantías Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en relación directa con el numeral 117 de la misma legislación, téngase a la autoridad responsable antes referida ofreciendo como prueba la documental que anexa a su oficio de cuenta, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento procesal oportuno; esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. Y, dado el cuantioso número de fojas de las constancias que remite la autoridad oficiante, fórmese el cuaderno de prueba I del presente juicio para la mejor facilidad de su manejo, respetando folio, sello y rúbrica del mismo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público en funciones del Titular de la Mesa Única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de investigación Especializada de Sistemas Tradicional, en su denominación correcta; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Ahora, tomando en consideración que las constancias que remite la autoridad oficiante adjuntas a su informe de cuenta aparece que estas no se encuentran certificadas devuélvanse las mismas, a efecto de que dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de la notificación del presente proveído proceda a certificar las mismas y las devuelva a este órgano control constitucional a efecto de que surtan sus efectos legales procedentes, en la inteligencia que subsiste el apercibimiento con el que fue conminado en proveído de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. En consecuencia, dado que fueron señaladas las nueve horas con diez minutos del dieciocho de diciembre del actual (foja 7vuelta), para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, dado lo acordado en párrafos precedentes; y, al ser un hecho notorio que no mediará el término a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan las partes del contenido del informe que en esta propia fecha se acuerda; esto es, que deberán mediar por lo menos ocho días entre su notificación y la fecha para su celebración, por lo que, no se encuentra debidamente integrado el presente asunto, llegada la fecha antes citada. En razón de lo anterior, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal procede diferirla anticipadamente, señalándose para tal efecto las diez horas con diez minutos del siete de enero de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal, misma que a continuación se reproduce: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten.

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