Guadalupe Martínez Barrera
Expediente 112/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 112/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 23/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Guadalupe Martínez Barrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto el estado de autos se advierte que en proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, entre otras cuestiones se ordenó el archivo de este expediente como asunto definitivamente concluido; por tanto, devuélvase al Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el tomo de prueba consistente en copia certificada del expediente administrativo 021/R/2016, de su índice, que remitió en apoyo a su informe justificado, lo anterior, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de mayo de dos mil veintidós. Estado de los autos. De la certificación de cuenta se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia en que se sobreseyó en este juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en cuanto a la valoración de este expediente se determina encuadra en el supuesto a que se refiere el artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo que: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgador así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción; d) Remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de mayo de dos mil veintidós. Estado de los autos. Del estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional, y fue negada la suspensión definitiva, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del criterio de la Dirección General de Archivo y Documentación CUADERNO INCIDENTAL. ES DEPURABLE CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA O LA DEFINITIVA Y PROVISIONAL Y DESTRUIBLE CUANDO SE CONCEDE SÓLO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 112/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el uno de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, ******************** por propio derecho, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por conducto de su representante legal, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Director Administrativo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Oficialía Mayor del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Director Financiero del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Director Administrativo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; que hizo consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades señaladas como ordenadoras reclamo: a).- Emisora de la Ley: 1.- del H. Congreso Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, reclamo: todas y cada una de las etapas del proceso legislativo que culminó con la elaboración del artículo 78 de la Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, en el expediente ********************, del índice del área de responsabilidades del órgano interno de control de ese instituto, seguido en mi contra, para AFECTAR y/o CANCELAR mi SALARIO QUINCENAL y demás PRESTACIONES y dejarme sin el DERECHO al MÍNIMO VITAL de la suscrita. b).- Promulgadora de la Ley: 2.- Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Reclamo: la iniciativa, promulgación y publicación del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado y Municipios de Oaxaca. c).- Ordenadoras del acto: reclamo; 1.- LA ORDEN VERBAL para la afectación y/o cancelación de mi salario y demás prestaciones a pretexto del expediente administrativo disciplinario No. ********************, del índice del área de responsabilidades del órgano interno de control de ese instituto, seguido en mi contra. 2.- Los actos de MOBING LABORAL, DISCRIMINACIÓN y ACOSO LABORAL, por no pertenecer a un grupo político determinado de las preferencias de los titulares de esas autoridades. 3.- Los actos de VIOLENCIA LABORAL, para doblegarme y acceder a sus pretenciones políticas y contrarias a mis intereses laborales. d).- De la autoridad EJECUTORA reclamo: 1.- La aplicación en el acto que reclamo, del artículo 78° de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, en el expediente ********************, del índice del área de responsabilidades del órgano interno de control de ese instituto, seguido en mi contra, para AFECTAR y/o CANCELAR mi SALARIO QUINCENAL y demás PRESTACIONES y dejarme sin el DERECHO al MÍNIMO VITAL de la suscrita. 2.- LA EJECUCIÓN MATERIAL, para haber CANCELADO y/o AFECTARME en mi SALARIO." Actos que estima violan los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. La demanda fue turnada a este Juzgado Tercero de Distrito, asignándole el número de expediente 112/2022, en la que en tres de febrero de dos mil veintidós, se realizó requerimiento a la quejosa, al que dio cumplimiento manifestando lo siguiente: "Que el acto en concreto de aplicación que reclama del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, lo es la orden verbal de la autoridad responsable de afectar su salario y que el estado procesal que guarda el expediente ********************, del índice del Área de Responsabilidades del Órgano de Control Interno del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, que se encuentra pendiente de resolución el recurso de revocación que interpuso en su contra, ante la sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca." En proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables y se otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; señalándose día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por Acuerdo General 45/2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: Del Congreso Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Todas y cada de las etapas del proceso legislativo que culminaron con la elaboración del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca. Del Director General, Director Administrativo, Oficialía Mayor, Director Financiero, y Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control, todas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. La orden de afectación o cancelación de su salario y demás prestaciones que percibe como docente en la Escuela Primaria Vespertina ********************de ********************, Oaxaca, con motivo de la resolución de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente administrativo disciplinario número ******************** del índice del área de responsabilidades del órgano interno de control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en el que se le impone como sanción la inhabilitación por un año para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público del Estado o Municipio de Oaxaca, ordenándose su ejecución inmediata en términos del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Jefe de Departamento de Asuntos Relativos a Controversias y Encargado del Departamento de Juicios de Amparo de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca, por instrucciones del Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, en su carácter de representante del Gobernador del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto, respecto de la promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, del Decreto número 67, por medio del cual se expidió la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca. Por su parte, la Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la LXV, Legislatura del Congreso del Estado, en su carácter de representante legal del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en su informe niega el acto que se le atribuye; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, toda vez que en el mismo indica que mediante Decreto número 67 de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se expidió la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, del que forma parte el artículo 78 reclamado. De igual forma, del contenido de los informes justificados rendidos por el Apoderado Legal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en representación del Encargado del Despacho de la Dirección General, Oficial Mayor, Director Financiero y Director Administrativo del referido Instituto, y la Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se advierte la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las documentales que al efecto remitieron con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de garantías es un presupuesto procesal de orden público que debe ser examinado de oficio y de manera preferente a la cuestión de fondo, lo aleguen o no las partes, como lo establece el artículo 61 de la Ley de Amparo. Previo al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, deben analizarse las causales de improcedencia que hagan valer las partes o que de oficio se adviertan, atento a lo establecido por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia número 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, que dice: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, este órgano jurisdiccional considera que respecto al acto reclamado consistente en la orden de afectación o cancelación de su salario y demás prestaciones que percibe como docente en la Escuela Primaria Vespertina ********************de ********************, Oaxaca, con motivo de la sanción impuesta en el expediente administrativo disciplinario número ******************** del índice del área de responsabilidades del órgano interno de control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, el que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; ..." Esta causal de improcedencia, se actualiza cuando concurren las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer se esté tramitando simultáneamente con el juicio de amparo, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del acto contra el cual se solicita amparo. Por tanto, basta con que éste se haya pronunciado sobre la admisión de dicho recurso para determinar que está en trámite un medio ordinario de defensa y, por ende, que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el indicado precepto, independientemente de que el tribunal de alzada deba pronunciarse en definitiva sobre su procedencia y, en su caso, respecto de las cuestiones de fondo planteadas, pues de lo contrario, los juicios de garantías quedarían paralizados mientras no existiera pronunciamiento del tribunal de alzada y su resolución estaría condicionada a lo que se determinara en éste. En el caso concreto, la quejosa promovió el presente juicio de amparo reclamando la orden de afectación o cancelación de su salario y demás prestaciones que percibe como docente en la Escuela Primaria Vespertina ********************de ********************, Oaxaca, con motivo de la sanción impuesta en el expediente administrativo disciplinario número ******************** del índice del área de responsabilidades del órgano interno de control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Y del contenido de las documentales remitidas por las autoridades responsables dependientes del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se advierte lo siguiente: Ante el área de responsabilidades del órgano interno de control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se tramita el expediente administrativo de responsabilidad ********************, en contra de la aquí quejosa ********************por la presunta comisión de faltas administrativas consistentes en la prestación indebida del servicio a la educación. En resolución de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente administrativo de responsabilidad ********************, del índice del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se impuso a la aquí quejosa ********************la sanción consistente en la inhabilitación por un año, para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público del Estado o Municipio de Oaxaca. Inconforme con dicha determinación la quejosa interpuso recurso de revocación ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por lo que, en resolución de trece de marzo de dos mil veinte, dicho órgano confirmó la resolución impugnada. Asimismo, en contra de la anterior resolución, interpuso demanda de nulidad ante la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, la cual quedó radicada con el número ********************, sin que a la fecha obre dato alguno correspondiente al fallo recaído a dicha demanda. Demanda de nulidad que se encuentra en trámite como así se advierte de las constancias de autos y la que puede tener por efecto confirmar, modificar o revocar la resolución emitida por el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en el que se impuso a la quejosa la sanción consistente en la inhabilitación por un año, para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público del Estado o Municipio de Oaxaca. En ese entendido, es improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra la orden de afectación o cancelación del salario de la quejosa y demás prestaciones que percibe como docente en la Escuela Primaria Vespertina ********************de ********************, Oaxaca, con motivo de la sanción impuesta en el expediente administrativo disciplinario número ******************** del índice del área de responsabilidades del órgano interno de control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, al encontrarse en trámite un recurso idóneo interpuesto directamente por la quejosa. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 144/2000, Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15 del Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Ahora, respecto al diverso acto reclamado consistente en todas y cada de las etapas del proceso legislativo que culminaron con la elaboración del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, y del que la quejosa manifestó que el acto de aplicación de la misma es la resolución que le impone como sanción la inhabilitación por un año, para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público del Estado o Municipio de Oaxaca, el que está pendiente de quedar firme, al haberse interpuesto en su contra demanda de nulidad y que aún está en trámite. Así pues, al estar condicionada la norma impugnada a la realización de diversos actos concretos de aplicación, será hasta ese momento en que la quejosa podrá cuestionar su constitucionalidad, haciendo valer los razonamientos pertinentes, pues debe resaltarse que no basta con afirmar que se está en los supuestos de la norma, sino que debe existir un acto concreto de aplicación que permita conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 3748, Tomo II, Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Procedencia del amparo indirecto contra leyes del Apéndice 1917-Septiembre 2011, del rubro y texto siguientes: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio." Por lo que, al no acreditarse el acto concreto de aplicación del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, es inconcuso que por el momento no es factible analizar su constitucionalidad o no, pues debe decirse que no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos. Resulta aplicable al caso, la tesis emitida por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 19, Tomo 70, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO EL SOBRESEIMIENTO CONTRA EL ACTO DE APLICACION, DETERMINA EL RELATIVO A LA LEY: Cuando no se impugna la ley por ser autoaplicativa, esto es, a raíz de su sola vigencia, sino por actos concretos de aplicación, y se sobresee el juicio respecto de éstos, el sobreseimiento debe comprender también la ley, porque desaparecidos los actos de ejecución, no tiene por qué examinarse la constitucionalidad de ésta". Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61, de la Ley de Amparo, impone sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, del mismo ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************contra los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de este fallo, por las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.
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