Guadalupe Manríquez Alarcón
Expediente 1163/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1163/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Guadalupe Manríquez Alarcón
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que trascurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio, por el que se desechó la demanda con que se formó este expediente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional. Destrucción del juicio principal. Con fundamento en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General antes citado, toda vez que se desechó la demanda que dio origen a este asunto y que dicha determinación causó estado, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, toda vez que este asunto no es de relevancia documental como lo dispone el numeral 15 del citado acuerdo.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE VEITNISÉIS DE NOVIEMRBE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acuerdo: Agréguese el escrito signado por Guadalupe Manríquez Alarcón, en atención a su contenido se provee: Téngase al promovente desahogando la prevención formulada en proveído de dieciséis de noviembre del presente año. Marco legal del desechamiento. Considerando que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y contenido: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Fijación del acto reclamado Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda se colige que la quejosa reclama, la determinación de dos de octubre de dos mil veintiuno, en el cual la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, declina competencia para conocer del juicio laboral 8607/2020/M7, a favor de la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, promovido por Guadalupe Manríquez Alarcón. Determinación de la cual, aduce la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, desconoce si la Junta Especial a favor de quien se remitió la competencia para conocer del asunto, ya realizó algún pronunciamiento, señalando que no se le ha practicado ninguna notificación al respecto y que incluso ha ido a preguntar a la oficialía de dicha junta en donde no se le ha proporcionado información en relación al trámite o radicación de la competencia declinada. Lo que significa que aún no se producen todas las consecuencias del acto reclamado y, por tanto, no hay una afectación personal y directa a la esfera de derechos del impetrante. Causal de improcedencia. En el presente caso, esto es respecto del acto reclamado precisado, se estima actualizada, de manera notoria y evidente, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación en el 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. Tales numerales a la letra disponen: Marco Jurídico. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [..] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto;" Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en materia de Trabajo y el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito, determinó lo siguiente: ". los actos de autoridad que determinan declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, deben entenderse referidos aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, en el caso de la competencia por declinatoria, o bien, cuando el órgano requerido se inhibe del conocimiento de un asunto, en el caso evidentemente de la competencia por inhibitoria, por ser ese el momento cuando se producen todas las consecuencias del acto reclamado y cuando, en todo caso se afectaría personal y directamente la esfera de derechos del interesado. De tal manera que la propuesta que está a su consideración, es en el sentido de que la procedencia prevista en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, requiere que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia produzca una afectación real y actual a la esfera del interesado, lo que acontece cuando el acto es definitivo." Al respecto emitió la jurisprudencia siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Como puede verse, el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en el criterio citado, determinó que si bien el legislador en el numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, ello no era dable interpretarlo literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, considerando el más alto tribunal que interpretando ese numeral acorde con la Constitución Federal, con el fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, concluyó que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta, o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto, porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada. Así, se puede concluir que el criterio adoptado por nuestro más alto tribunal, en relación a la procedencia del juicio de amparo biinstancial, en tratándose de autoridades que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, se actualiza hasta la última resolución con carácter de definitiva, que se pronuncie conforme al trámite previsto y regulado por la legislación ordinaria. Caso concreto. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado en este asunto determinación de dos de octubre de dos mil veintiuno, en el cual la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, declina competencia para conocer del juicio laboral 8607/2020/M7, a favor de la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, promovido por Guadalupe Manríquez Alarcón, aún no tiene el carácter de definitiva y, por ende, no causa a la parte quejosa una afectación real y directa, ni tampoco se trata de actos de imposible reparación, en razón de que no se tiene la certeza de que la autoridad que, se considera, tiene competencia para conocer del asunto la haya aceptado, lo que significa que aún no se producen todas las consecuencias del acto reclamado y, por tanto, no hay una afectación personal y directa a la esfera de derechos del impetrante. Decisión. En esa medida, y atendiendo al criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia transcrita, el juicio de amparo que nos ocupa, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie, la causal de improcedencia a que se refieren los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo; y por ende, con apoyo en el artículo 113 de la propia legislación, se desecha la demanda de plano. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese el escrito signado por Guadalupe Manríquez Alarcón, en atención a su contenido se provee: Téngase al promovente desahogando la prevención formulada en proveído de dieciséis de noviembre del presente año. Marco legal del desechamiento. Considerando que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y contenido: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Fijación del acto reclamado Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda se colige que la quejosa reclama, la determinación de dos de octubre de dos mil veintiuno, en el cual la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, declina competencia para conocer del juicio laboral 8607/2020/M7, a favor de la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, promovido por Guadalupe Manríquez Alarcón. Determinación de la cual, aduce la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, desconoce si la Junta Especial a favor de quien se remitió la competencia para conocer del asunto, ya realizó algún pronunciamiento, señalando que no se le ha practicado ninguna notificación al respecto y que incluso ha ido a preguntar a la oficialía de dicha junta en donde no se le ha proporcionado información en relación al trámite o radicación de la competencia declinada. Lo que significa que aún no se producen todas las consecuencias del acto reclamado y, por tanto, no hay una afectación personal y directa a la esfera de derechos del impetrante. Causal de improcedencia. En el presente caso, esto es respecto del acto reclamado precisado, se estima actualizada, de manera notoria y evidente, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación en el 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. Tales numerales a la letra disponen: Marco Jurídico. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [..] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto;" Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en materia de Trabajo y el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito, determinó lo siguiente: ". los actos de autoridad que determinan declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, deben entenderse referidos aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, en el caso de la competencia por declinatoria, o bien, cuando el órgano requerido se inhibe del conocimiento de un asunto, en el caso evidentemente de la competencia por inhibitoria, por ser ese el momento cuando se producen todas las consecuencias del acto reclamado y cuando, en todo caso se afectaría personal y directamente la esfera de derechos del interesado. De tal manera que la propuesta que está a su consideración, es en el sentido de que la procedencia prevista en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, requiere que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia produzca una afectación real y actual a la esfera del interesado, lo que acontece cuando el acto es definitivo." Al respecto emitió la jurisprudencia siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Como puede verse, el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en el criterio citado, determinó que si bien el legislador en el numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, ello no era dable interpretarlo literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, considerando el más alto tribunal que interpretando ese numeral acorde con la Constitución Federal, con el fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, concluyó que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta, o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto, porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada. Así, se puede concluir que el criterio adoptado por nuestro más alto tribunal, en relación a la procedencia del juicio de amparo biinstancial, en tratándose de autoridades que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, se actualiza hasta la última resolución con carácter de definitiva, que se pronuncie conforme al trámite previsto y regulado por la legislación ordinaria. Caso concreto. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado en este asunto determinación de dos de octubre de dos mil veintiuno, en el cual la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, declina competencia para conocer del juicio laboral 8607/2020/M7, a favor de la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, promovido por Guadalupe Manríquez Alarcón, aún no tiene el carácter de definitiva y, por ende, no causa a la parte quejosa una afectación real y directa, ni tampoco se trata de actos de imposible reparación, en razón de que no se tiene la certeza de que la autoridad que, se considera, tiene competencia para conocer del asunto la haya aceptado, lo que significa que aún no se producen todas las consecuencias del acto reclamado y, por tanto, no hay una afectación personal y directa a la esfera de derechos del impetrante. Decisión. En esa medida, y atendiendo al criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia transcrita, el juicio de amparo que nos ocupa, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie, la causal de improcedencia a que se refieren los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo; y por ende, con apoyo en el artículo 113 de la propia legislación, se desecha la demanda de plano. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno que en lo conducente dice: Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de veinte de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesado con el oficio y anexo remitidos por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por los cuales informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha se hayan manifestado al respecto. En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado, por lo que este Juzgado Federal procede a resolver de oficio, si la referida ejecutoria se encuentra o no cumplida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida totalmente la ejecutoria de amparo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Asimismo, de autos se advierte que, las partes no exhibieron documentos que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Capítulo Séptimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el once de agosto de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa el amparo y la protección solicitados, y que dicha determinación ha sido cumplida, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental. Notifíquese personalmente.
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