Guadalupe Maldonado Alatorre
Expediente 2229/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2229/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 09/05/2019
Partes del expediente
- Guadalupe Maldonado Alatorre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Juzgado Federal (fojas 86 a 88), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Luego, mediante proveído de veintiséis de marzo de la presente anualidad (foja 89), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación y anexo, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó a la parte quejosa el once de abril del presente año (foja 118); por tal motivo, el término de tres días otorgado a dicha parte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al día de hoy ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hubiere efectuado alguna manifestación. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese tenor, se tiene que por sentencia terminada de engrosar por el Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, dentro del presente sumario constitucional, el veintitrés de enero de dos mil diecinueve (fojas 68 a 85), se determinó conceder a ***************, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.) Por su parte, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, en relación con el artículo 23, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, a fin de que se restituya a la quejosa en el goce de sus derechos fundamentales y las cosas vuelvan al estado en que se encontraban hasta antes de la aludida violación. [.] Por este motivo, los efectos de la concesión del amparo consisten en que las autoridades responsables desincorporen de la esfera jurídica de la quejosa Guadalupe Maldonado Alatorre lo previsto por el numeral 23, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho y se abstengan de aplicar tal porción normativa en el presente o en el futuro, hasta que no se modifique la normativa de mérito. [.] En todo caso, ante una norma tributaria que otorga un tratamiento fiscal injustificadamente diferenciado, la eventual concesión de la protección constitucional consistente en que ".el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima." supone que la propia norma declarada inconstitucional establezca un monto mínimo como pago por el derecho en cuestión; lo cual, en el caso no ocurre porque el artículo 23 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho no prevé expresamente una cuota mínima a pagar, de forma general, para todos los supuestos por la expedición o revalidación de la expedición de permisos para la producción, almacenamiento, distribución, enajenación y consumo de bebidas alcohólicas, sino que establece un sistema de cálculo que, en su totalidad, determina la tarifa del derecho sobre elementos ajenos al costo del servicio prestado por el Estado. [.] Expuesto lo anterior, se concluye la inaplicabilidad total de la carga contributiva impuesta a la quejosa por el pago de derecho correspondiente al refrendo anual en el ramo de alcoholes, en razón de que el precepto 23, fracción XXIII de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, no contempla expresamente una cuota mínima a pagar para recalcular la contribución, aunado a la afectación de un elemento esencial del mecanismo tributario como es el caso de la tarifa. [.] Ahora bien, analizado lo anterior y sin perjuicio del sobreseimiento decretado en el presente juicio, la Secretaría de Administración y Finanzas Tepic, en el ámbito de su competencia, devolverá al quejoso la cantidad de $9,560.25 (nueve mil quinientos sesenta 25/100 moneda nacional) amparada en el recibo de quince de octubre de dos mil dieciocho (folio 10)...". Resolución que causó ejecutoria mediante proveído de veintisiete de febrero de la presente anualidad (fojas 74 a 76). Por tanto, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito. En cumplimiento a ello, mediante oficio DJC/1363/2019 y anexos recibidos en la oficialía de partes de este juzgado el veinticinco de marzo del año en que se actúa (fojas 86 a 88), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que el veintiuno de marzo del año actual, entregó a la parte quejosa un cheque valioso por $**********. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el quince de octubre de dos mil dieciocho (foja 10), y se puso a disposición de la quejosa un cheque por la cantidad precisada en el párrafo anterior el cinco del presente año (82), mismo que se recogió el veintiuno de marzo siguiente (foja 87); por lo que el periodo de actualización comprende del mes de octubre del año pasado al mes de marzo del año actual. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de septiembre de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero del presente año fue de 103.079 y para el mes de septiembre del año pasado fue de 100.917 de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas 1.02142354. Al respecto, es pertinente mencionar que la cantidad que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa era de $*********. En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización (1.02142354), por la cantidad que debía ser reintegrada por concepto del derecho en comento, a saber: *******, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de ********; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $204.81 (doscientos cuatro pesos 81/100 moneda nacional). Por tanto, si la autoridad devolvió a la parte quejosa un cheque valioso por $9,764.75 (nueve mil setecientos sesenta y cuatro pesos 75/100 moneda nacional) y el monto la contribución actualizada a la fecha de su pago, es por la cantidad de ********, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado, sin que pase inadvertido que hacen falta $0.31 (treinta y uno centavos), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizaría tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectué la parte quejosa, con el propósito de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, por una parte se sobreseyó y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Juzgado Federal (fojas 86 a 88), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Luego, mediante proveído de veintiséis de marzo de la presente anualidad (foja 89), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación y anexo, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó a la parte quejosa el once de abril del presente año (foja 118); por tal motivo, el término de tres días otorgado a dicha parte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al día de hoy ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hubiere efectuado alguna manifestación. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese tenor, se tiene que por sentencia terminada de engrosar por el Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, dentro del presente sumario constitucional, el veintitrés de enero de dos mil diecinueve (fojas 68 a 85), se determinó conceder a ***************, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.) Por su parte, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, en relación con el artículo 23, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, a fin de que se restituya a la quejosa en el goce de sus derechos fundamentales y las cosas vuelvan al estado en que se encontraban hasta antes de la aludida violación. [.] Por este motivo, los efectos de la concesión del amparo consisten en que las autoridades responsables desincorporen de la esfera jurídica de la quejosa Guadalupe Maldonado Alatorre lo previsto por el numeral 23, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho y se abstengan de aplicar tal porción normativa en el presente o en el futuro, hasta que no se modifique la normativa de mérito. [.] En todo caso, ante una norma tributaria que otorga un tratamiento fiscal injustificadamente diferenciado, la eventual concesión de la protección constitucional consistente en que ".el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima." supone que la propia norma declarada inconstitucional establezca un monto mínimo como pago por el derecho en cuestión; lo cual, en el caso no ocurre porque el artículo 23 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho no prevé expresamente una cuota mínima a pagar, de forma general, para todos los supuestos por la expedición o revalidación de la expedición de permisos para la producción, almacenamiento, distribución, enajenación y consumo de bebidas alcohólicas, sino que establece un sistema de cálculo que, en su totalidad, determina la tarifa del derecho sobre elementos ajenos al costo del servicio prestado por el Estado. [.] Expuesto lo anterior, se concluye la inaplicabilidad total de la carga contributiva impuesta a la quejosa por el pago de derecho correspondiente al refrendo anual en el ramo de alcoholes, en razón de que el precepto 23, fracción XXIII de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, no contempla expresamente una cuota mínima a pagar para recalcular la contribución, aunado a la afectación de un elemento esencial del mecanismo tributario como es el caso de la tarifa. [.] Ahora bien, analizado lo anterior y sin perjuicio del sobreseimiento decretado en el presente juicio, la Secretaría de Administración y Finanzas Tepic, en el ámbito de su competencia, devolverá al quejoso la cantidad de $9,560.25 (nueve mil quinientos sesenta 25/100 moneda nacional) amparada en el recibo de quince de octubre de dos mil dieciocho (folio 10)...". Resolución que causó ejecutoria mediante proveído de veintisiete de febrero de la presente anualidad (fojas 74 a 76). Por tanto, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito. En cumplimiento a ello, mediante oficio DJC/1363/2019 y anexos recibidos en la oficialía de partes de este juzgado el veinticinco de marzo del año en que se actúa (fojas 86 a 88), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que el veintiuno de marzo del año actual, entregó a la parte quejosa un cheque valioso por $**********. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el quince de octubre de dos mil dieciocho (foja 10), y se puso a disposición de la quejosa un cheque por la cantidad precisada en el párrafo anterior el cinco del presente año (82), mismo que se recogió el veintiuno de marzo siguiente (foja 87); por lo que el periodo de actualización comprende del mes de octubre del año pasado al mes de marzo del año actual. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de septiembre de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero del presente año fue de 103.079 y para el mes de septiembre del año pasado fue de 100.917 de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas 1.02142354. Al respecto, es pertinente mencionar que la cantidad que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa era de $*********. En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización (1.02142354), por la cantidad que debía ser reintegrada por concepto del derecho en comento, a saber: *******, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de ********; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $204.81 (doscientos cuatro pesos 81/100 moneda nacional). Por tanto, si la autoridad devolvió a la parte quejosa un cheque valioso por $9,764.75 (nueve mil setecientos sesenta y cuatro pesos 75/100 moneda nacional) y el monto la contribución actualizada a la fecha de su pago, es por la cantidad de ********, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado, sin que pase inadvertido que hacen falta $0.31 (treinta y uno centavos), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizaría tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectué la parte quejosa, con el propósito de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, por una parte se sobreseyó y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por **********, en su carácter de Delegada de las autoridades responsables dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexos que acompaña, a través del cual, en cumplimiento al fallo protector concedido, refiere haber entregado a la parte quejosa un cheque de fecha cinco de marzo de dos mil diecinueve, valioso por la cantidad de **********, del cual anexa copia a su comunicado de mérito, de cuyo contenido se advierte una firma al calce que aparentemente resulta ser de la parte quejosa; asimismo, acompaña copia de la credencial de elector. En consecuencia, al tenor del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dése vista a la parte quejosa, con el comunicado de mérito y anexos que acompaña, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, con apercibimiento de que en caso de no hacer expresión alguna al respecto, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos, se hará pronunciamiento en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por **********, en su carácter de Delegada de las autoridades responsables dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexos que acompaña, a través del cual, en cumplimiento al fallo protector concedido, refiere haber entregado a la parte quejosa un cheque de fecha cinco de marzo de dos mil diecinueve, valioso por la cantidad de **********, del cual anexa copia a su comunicado de mérito, de cuyo contenido se advierte una firma al calce que aparentemente resulta ser de la parte quejosa; asimismo, acompaña copia de la credencial de elector. En consecuencia, al tenor del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dése vista a la parte quejosa, con el comunicado de mérito y anexos que acompaña, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, con apercibimiento de que en caso de no hacer expresión alguna al respecto, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos, se hará pronunciamiento en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
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